Victoria Ambiental para San Antonio: Comunidad logra que los Ojos de Mar avancen hacia ser considerados humedal urbano

Tras más de dos años de lucha socio ambiental y judicial se logró un acuerdo trascendental entre la comunidad, municipalidad de San Antonio, el Ministerio de Medio Ambiente y EPSA para la protección y preservación del sistema de lagunas ubicados en Llolleo.

La conciliación fue firmada este martes 27 de noviembre entre la Municipalidad de San Antonio, las partes reclamantes (entre ellas la organización Ojos de Mar, vecinos y la asociación indígena Calaucán), terceros coadyuvantes, el Consejo de Defensa del Estado – en representación del Ministerio del Medio Ambiente- y EPSA. Con esto, la autoridad ambiental deberá retrotraer el proceso a la etapa de evaluación técnica de la solicitud, realizar nuevas campañas y determinar, en un plazo de cinco meses, un nuevo polígono de protección. En el documento, también se establece un Comité encargado de la gobernanza del Humedal Urbano Ojos de Mar, presidido por la Municipalidad de San Antonio, quienes también se comprometen a dictar una Ordenanza General de Humedales Urbanos para la comuna, dentro de los primeros seis meses una vez declarada la protección. Por su parte, la empresa portuaria se comprometió, entre otras cosas, a financiar estudios de investigación para la protección del humedal, la verificación de las descargas de agua; instalar letreros informativos para las personas que visiten el área; coordinar el rescate de fauna; efectuar capacitaciones; y generar mesas de trabajo con la municipalidad y organizaciones comunitarias, en tanto no sea conformado el Comité de Gobernanza y Gestión, además de efectuar cambios en las luminarias para no afectar a la fauna existente en el lugar.

Representantes de la comunidad defensora del medio ambiente expresaron su satisfacción y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. “Estamos satisfechas con este proceso, que no fue fácil, pero aquí se demuestra que el diálogo puede resultar en soluciones beneficiosas para el territorio y su biodiversidad, este es un primer paso y estaremos atentos a que los compromisos establecidos se cumplan en los plazos acordados ”, señala Liliana Plaza – Fundación Ojos de Mar.

Un largo camino para la protección de Fiu y otras especies

En San Antonio conviven una larga tradición portuaria con una comunidad empoderada y agotada del creciente deterioro ambiental de la comuna, quienes hicieron de las lagunas Ojos de Mar, en Llolleo, un emblema para demostrar que otro tipo de vida también es posible. Observando las múltiples interacciones y especies que dependen de este frágil ecosistema, decidieron ingresar un expediente para solicitar su protección en el marco de la ley 21.202 que busca proteger los humedales urbanos.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó la solicitud de declaratoria de humedal urbano para el sistema de lagunas Ojos de Mar, ubicadas en la localidad de Llolleo en la comuna de San Antonio. Este hito marcó un antes y un después para la comunidad, quienes convencidos de la enorme relevancia ambiental de estos ecosistemas y ante la amenaza que significaba la expansión del puerto de San Antonio, EPSA, reclamaron al Segundo Tribunal Ambiental. Fue en esta instancia en que se convocó a las partes, Municipio, Comunidad, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado y Empresa Portuaria, para acudir a una resolución alternativa de conflictos, en este caso, someterse a un procedimiento de conciliación.

“Este acuerdo es un hito para la región, pero también para la institucionalidad de nuestro país. Si bien, Ojos de Mar fue el primer humedal urbano en ser rechazado en Chile, hoy es el primer humedal urbano que va a contar con un comité de gobernanza que es representativo tanto de organizaciones ambientales locales, como de organizaciones indígenas de la comuna, la empresa y la municipalidad de San Antonio.”señala Macarena Martinic abogada de la ONG FIMA, organización que representó a la comunidad reclamante durante todo el proceso.

La conciliación lograda integra importantes acciones y actividades que se enmarcan en 3 ejes estratégicos:

El primer eje se centra en lograr una delimitación precisa del humedal urbano a través de la ejecución de nuevas campañas en terreno y la incorporación de criterios técnicos y jurisprudenciales actualizados. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente en el marco de una nueva resolución que reconozca a los Ojos de mar como Humedal Urbano.

El segundo eje se enfoca en la gobernanza del humedal. Se acordó establecer un comité encargado de la gobernanza y gestión del humedal liderado por la Municipalidad y conformada por EPSA, instituciones académicas, sociedad civil, pueblos originarios y el MMA. Esta instancia será responsable del seguimiento, control y toma de decisiones relacionadas con la administración y gestión del Humedal Urbano.

El tercer eje se relaciona con la implementación de una serie de medidas que abordarán las amenazas presentes y futuras que enfrenta el humedal. Estas medidas se implementarán en el corto, mediano y largo plazo, previa visación de la instancia de gestión liderada por el municipio, y que se actualizarán en función de los conocimientos técnicos disponibles.

Con relación a las medidas de protección acordadas, para Francisco Sanhueza – Chile Ambiental, estas son muy relevantes, debido a que “las decisiones de protección, conservación y restauración tendrán la flexibilidad suficiente para adaptarse en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, en base al conocimiento generado en el mismo humedal a partir de los estudios técnicos que acuerde la mesa de gobernanza”.

Nuevo triunfo en la Reserva Nacional Kawésqar: Tribunal Ambiental impide por quinta vez la instalación de una nueva salmonera en su interior

El fallo reconoce los impactos sinérgicos que este proyecto tendría al sumarse a otros dos centros que ya se encuentran autorizados al interior del área protegida y, por lo mismo, señala que es imposible estimar los verdaderos impactos de la actividad.

El centro de engorda de salmones “Estero Pérez de Arce”, perteneciente a la empresa Acuícola Cordillera Ltda., no podrá operar dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes. Esto debido a que, por quinta vez consecutiva, el Tribunal Ambiental falló en concordancia con la legislación chilena que vela porque los proyectos económicos no dañen el medio ambiente.

Estos precedentes se deben a la incansable resistencia de personas naturales y comunidades Kawésqar, en especial, las Comunidades Indígena Aswal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Indígena Atap e Indígena Residente Río Primero, quienes con el apoyo de la ONG FIMA, AIDA y Greenpeace, han llevado las causas ante el Tercer Tribunal Ambiental, que ha fallado para impedir las instalaciones de los centros dentro de esta área protegida. El actual caso se suma a otras cuatro RCA invalidadas, tres de ellas de la empresa de capitales noruegos Nova Austral y otra de Blumar S.A., empresa perteneciente a una de las siete familias que han sido llamadas “dueñas del mar”.

Para el Tribunal Ambiental, el SEA habría faltado a su deber de evaluar los impactos acumulativos o sinérgicos que se pueden producir por la cercanía del proyecto con otros dos: el centro de engorda “Colo Colo”, del mismo titular, y el centro de engorda “Leucotón”, de la empresa Blumar S.A. Los impactos que el centro podría implicar para el paisaje, por las navegaciones asociadas y producto de la liberación de sedimentos al mar, no pueden evaluarse de manera aislada, sino que debe considerarse la sinergia entre ellos. Como consecuencia, el Tribunal estimó que no es posible determinar adecuadamente los reales impactos que produciría el centro de engorda “Estero Pérez de Arce”, cuestión grave si se considera que podría afectar los objetos de protección de una zona declarada Reserva Nacional.

“Esta es la quinta sentencia de este tipo que observamos. Todas dan cuenta de algo que ya habíamos advertido: los centros de engorda salmoneros que pretenden operar al interior de la Reserva Nacional Kawésqar fueron deficientemente evaluados y nada permite determinar que no producirán impactos irreversibles en un área protegida de una fragilidad y singularidad ecosistémica a nivel mundial” señala Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA.

Desde AIDA Florencia Ortúzar, abogada Senior indica: “celebramos esta seguidilla de decisiones en sintonía con la legislación ambiental y con el sentido de protección que debe regir en un sitio que ha sido declarado Reserva Nacional. Un proyecto que no ha sido correctamente evaluado no puede permitirse y mucho menos en una zona de altísimo valor ambiental como es el territorio Kawésqar.”

“Este es un nuevo y anhelado triunfo por la efectiva protección de la Reserva Nacional Kawésqar, donde las comunidades demuestran su valentía por salvaguardar sus territorios frente a la expansión de la salmonicultura. Esperamos que los precedentes que marca el tribunal ambiental sean considerados dentro de próximas evaluaciones, y se rechacen los proyectos que amenazan la salud de ecosistemas tan únicos y relevantes, como son los fiordos y canales patagónicos” comenta Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace.


Te invitamos a leer la columna de opinión «Salmones en áreas protegidas, chanchos en misa» escrita por Macarena Martinic de ONG FIMA; Florencia Ortúzar y Cristina Lux de AIDA; y Estefanía González de Greenpeace. LEER AQUÍ

Proyecto Alba: Dan inicio a proceso de participación ciudadana solicitada por comunidades

El proyecto termo solar busca convertir las centrales 1 y 2 de la termoeléctrica Angamos en Mejillones a un sistema de sales solares fundidas

Inicialmente, el proyecto ingresó al sistema de evaluación ambiental por medio de una declaración de impacto ambiental (DIA), por lo que fueron los vecinos de Mejillones quienes tuvieron que exigir la apertura de este proceso de participación ciudadana para poder ingresar sus comentarios y dudas respecto, instancia que fue otorgada a partir de este martes 10 de enero y que contempla 20 días hábiles, es decir, estará disponible hasta el día 6 de febrero.

Si bien para la comunidad es importante terminar con la generación a base de carbón, también es muy necesario que esta reconversión se haga tomando en cuenta un proceso de transición justa en el que se expliquen todos los alcances e impactos que este sistema pudiera generar  tanto ambientales como sociales.

“Los habitantes de Mejillones hemos vivido muchos años sin ser escuchados y en el constante riesgo que genera ser el sector con la mayor cantidad de centrales termoeléctricas del país. Por lo cual valoramos de forma positiva el reemplazo de la Central Termoeléctrica Angamos, pero esto no se puede realizar sin que la comunidad tenga todos los antecedentes del proyecto y pueda plantear sus legítimas dudas”. Agrega que “estamos muy contentos de que se inicie este proceso de participación ciudadana que tuvimos que solicitar debido a que ingresó por Declaración de Impacto Ambiental. Esperamos que toda la comunidad ingrese y haga sus preguntas en el proceso y participe en las instancias de información que se desarrollen”, señala Manuel Carvajal de la organización Despierta Mejillones.

De qué se trata

La planta contempla utilizar el mismo espacio físico en el que se encuentran hoy las centrales termoeléctricas Angamos 1 y 2 para la producción de energía eléctrica a partir de energía solar. Para esto se utilizarían sales solares que, al ser calentadas, permiten para evaporar agua. Este vapor será usado en la generación de energía eléctrica al circular a través de una turbina.
Esta última etapa funcionaría de la misma forma que una central termoeléctrica clásica, siendo la única diferencia el origen de la energía que permite evaporar el agua. Por una parte, el proyecto Alba contempla el uso de energía eléctrica para calentar las sales solares, mientras que en el caso de una termoeléctrica convencional, ésta se origina por un proceso de combustión cuya materia prima puede ser, por ejemplo, combustibles fósiles como el carbón o biomasa

Qué y quiénes pueden hacer observaciones

“Pueden participar de este proceso todas las personas jurídicas y naturales, no importa que no vivan en el territorio donde se emplaza el proyecto” explica Marcos Emilfork, Coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA

Para participar, las personas puede hacerlo electrónicamente ingresando al Portal de Participación Ciudadana en sea.gob.cl o por escrito en la oficina del SEA en la región de Antofagasta  (Oficina de Partes SEA, Dirección Regional de Antofagasta: República de Croacia N° 0336, Antofagasta)

Respecto a los temas que se pueden observar, “estos no tienen limitaciones en tanto tengan relación con el proyecto mismo. Es así, como por ejemplo se puede preguntar por infraestructura que se utilizará, terreno en que se implementará, riesgos climáticos o para los ecosistemas que se puedan producir, fuerza de trabajo que requerirá, medidas previstas para evitar accidentes, etc.” agrega el abogado de ONG FIMA. 

Para saber más sobre cómo y quién puede hacer una observación ciudadana, puedes ingresar a este link de la web Poder Ambiental.

¡Ya se encuentra disponible la Revista Justicia Ambiental N°14!

ONG FIMA, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Revista Justicia Ambiental, con la cual se busca contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del derecho ambiental en Chile.

Diciembre 2022. La Participación Ciudadana, los efectos de la salmonicultura y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), son algunos de los temas incluidos en la edición n° 14 de la Revista Justicia Ambiental, publicación de ONG FIMA y la Fundación Heinrich Böll que ya se encuentra disponible en formato digital.

El lanzamiento de la Revista se realizó el 22 de diciembre en la sede de la Fundación Heinrich Boll, y contó con la exposición del abogado, doctor en derecho y ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano.

En esta ocasión, Antonio Pulgar, coordinador del área de Estudios de ONG FIMA, y Nicole Mansuy, investigadora del área de Estudios de ONG FIMA, fueron los encargados de escribir la editorial, donde se aborda la evolución y los desafíos actuales del derecho ambiental tanto en el nivel nacional como internacional a 50 años de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo.

Entre los contenidos de la revista, se incluyeron cuatro artículos seleccionados a través de una convocatoria abierta, los cuales son: “¿Función ecológica de la propiedad en Chile?: análisis teórico y comparativo con miras a su incorporación en la nueva Constitución”, por Sofía Rivera y Alejandro Ramírez; “La participación ciudadana ambiental: fundamentos e importancia para legitimación de decisiones”, por Claudio Alhmabra; “Resignificando a los municipios: la garantía institucional de la autonomía y el interés legítimo”, de Aníbal Acevedo; y “Los sistemas de gestión de la Ley N° 20.920, su implementación normativa y el caso de los sistemas no domiciliarios y los consumidores industriales”, por Jorge Canals y Javiera Estenssoro.

Adicionalmente, se incluye el comentario de jurisprudencia de Diego Lillo, “Acuicultura y anaerobismo: algunas consideraciones sobre el sistema de respuestas dispuesto en la normativa chilena. Comentario a la sentencia de causa rol R-19-2020 del Tercer Tribunal Ambiental”.

La Revista Justicia Ambiental N°14 finaliza con tres informes del área de Estudios de ONG FIMA, redactados en el marco del proceso constituyente que tuvo lugar durante 2021 y 2022: “Hacia una Constitución Ecológica: Acceso a la Justicia Ambiental”; “Ordenamiento territorial en la propuesta de Nueva Constitución” y “Agencias reguladoras independientes en materia ambiental”.

Puedes encontrar esta y todas las versiones anteriores en www.revistajusticiaambiental.cl

SEA cierra la puerta a pretensiones de Anglo American para limitar participación ciudadana

La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que oficia como secretaría del Comité de Ministros, resolvió rechazar el recurso de reposición presentado por la empresa Anglo American, en el que pedía excluir siete reclamaciones ciudadanas presentadas por comunidades y organizaciones ambientales.

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