En Chile, a pesar del gobierno, el medio ambiente es prioridad

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

El Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e Ipsos emitieron los resultados de una encuesta nacional de medio ambiente y cambio climático. Parte importante de lo que esta encuesta nos muestra es que la preocupación por la protección del medio ambiente sigue siendo muy relevante para los chilenos y que, incluso habiendo elegido un gobierno que pretendían más eficaz en materia de seguridad, no olvidan que la cuestión ambiental sigue siendo parte de las labores fundamentales del Estado. 

Para la mayoría de las personas, de manera muy esperable, este valor fundamental se representa no solamente como una cuestión abstracta o de futuro, sino que en la afectación cotidiana que un 61% de los encuestados asegura tener en su vida producto de la crisis climática.

Por otro lado, y si bien el vínculo no está hecho de manera precisa, para un 42%, el alza en el costo de la vida es uno de los problemas principales que deben estar en la agenda pública y en ello la protección ambiental tiene mucho que decir. La crisis climática y ecológica, la falta de medidas de adaptación y la mala gestión de los eventos climáticos extremos tienen un efecto sobre los precios, especialmente de cuestiones básicas como los alimentos. Por otro lado, continuar con la transición energética y hacerla justa es esencial para salir de la dependencia impuesta por los países petroleros, cuya narrativa actual apuesta precisamente por ralentizar esta transición que, completamente desplegada, debería significar una disminución en los costos de energía y transporte para las personas. En efecto, cuando se pregunta sobre las prioridades ambientales que debería tener el gobierno actual, la masificación de la energía solar residencial, precisamente para disminuir las cuentas de luz, aparece con un 42% de las preferencias.

Adicionalmente, la mayoría de las personas entiende que un empuje a la producción económica no debiera hacerse contra la protección ambiental. Y, en efecto, un 77% de los encuestados consideran que los proyectos de inversión deben ajustarse a las regulaciones actuales, o estas podrían modificarse solo en cuanto no signifiquen retrocesos para la protección del medio ambiente del país. Mismo porcentaje que comparte una importante preocupación por la calidad del aire, donde se  esperan soluciones como el aumento de las áreas verdes  los parques urbanos, mayor fiscalización a las industrias que exceden los límites de emisión, así como la prohibición los usos de leña húmeda o sin certificación, mientras se subsidia la reconversión de calefacciones a leña por sistemas eléctricos o de gas.

Ninguna de las cosas anteriormente mencionadas aparece entre las acciones del gobierno, que ha retirado decretos que apuntan a mejorar la calidad del aire, bloqueado proyectos que aumentan las áreas verdes y parques urbanos, dado señales confusas en materia de transición energética (favoreciendo el gas, por ejemplo) y en general despreciado una adecuada gestión ambiental. Incluso el presidente se ha prestado para dar declaraciones altisonantes y llenas de ignorancia en este sentido, diciendo que no podemos tener protegidos humedales que no le sirven a nadie, cuando un 82% de las personas creen que los humedales urbanos deben protegerse porque saben que cumplen roles para el ecosistema y para la protección del entorno frente a las inundaciones.

Por último, estos números nos muestran un panorama mucho más esperanzador para la protección de la salud y la vida de las personas, así como del patrimonio ambiental del país. Si bien la elección presidencial favoreció a un proyecto que no tiene a la protección ambiental entre sus prioridades, ello no obsta que la ciudadanía espere que la gestión pública sí esté alineada con ciertos valores que son de carácter nacional. Es por lo mismo esperable que el gobierno ajuste sus modos de funcionamiento y que, en lugar de dar pie a gustitos ideológicos de algunos de sus miembros y seguidores, sea digno portador de la responsabilidad que está en sus manos, priorizando la protección del futuro de Chile, que es su gente y su medio ambiente. 

Publicada en El Desconcierto – 30/08/26

La visita de Al Gore y la tarea pendiente

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

SEÑOR DIRECTOR:

La protección de la habitabilidad de nuestro territorio requiere un mínimo de conciencia respecto de los daños que las actividades humanas producen en el medio ambiente. Dicha conciencia no es automática, existen poderes e ideologías que prefieren nublar esa realidad para empujar sus agendas.

Pese a ello, hay hitos que logran instalarse en la conversación pública. Uno de esos momentos sucedió hace 20 años, con el estreno del documental de Al Gore “Una verdad incómoda”. En este aniversario, el propio Gore ha elegido Santiago como sede para liderar la 63ª edición del Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality Project, entre el 9 y el 11 de julio.

Chile es sede regional porque suele presentarse como referente en mitigación climática, destacado por el propio Gore. Ese prestigio proviene de políticas de Estado que generan estabilidad. Esta estabilidad exige fortalecimiento institucional permanente, algo hoy frágil, frente a intentos por horadar los procedimientos y remover las pocas posibilidades de comunidades para representar sus posiciones frente a proyectos de inversión.

Pero además, una gestión ambiental exitosa no se mide solo en paneles o turbinas instaladas, sino en la capacidad de respetar los derechos fundamentales y proteger el patrimonio ambiental cuando los intereses económicos los desafían.

Formar nuevos liderazgos, con esfuerzos como este entrenamiento, es clave. Pero necesitan también instituciones y marcos legales adecuados para que no todo quede en discurso. Ojalá esta visita sea también una invitación a fortalecer la justicia ambiental en Chile, y no solo la nostalgia de un documental que incomodó en su momento, como hoy parece incomodar que las personas ejerzan sus derechos básicos en materia ambiental.

Carta al director publicada en La Tercera – 04/07/26

Conferencia climática de Bonn cierra con avances limitados y tensiones por el financiamiento para adaptación

La instancia, realizada entre el 8 y 18 de junio, también permitió avances parciales en el Programa de Trabajo de Transición Justa, con la aprobación de un texto que incorpora propuestas de la sociedad civil sobre el diseño de un futuro mecanismo.

Luego de diez días de negociaciones en Bonn, Alemania, la conferencia intersesional SB64 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) cerró con avances acotados y varios asuntos pendientes para la próxima COP31, que se realizará a fines de año en Antalya, Turquía. Aunque se registraron progresos en materias como transición justa, persistieron desacuerdos en temas clave como adaptación y financiamiento climático, evidenciando las dificultades que siguen enfrentando los países para avanzar al ritmo que exige la crisis climática.

Las reuniones intersesionales de Bonn son una instancia clave dentro del proceso de negociaciones climáticas a escala global, ya que es allí donde los equipos técnicos de los países avanzan en los borradores de los textos que posteriormente serán discutidos en las Conferencias de las Partes (COP). Según Felipe Pino, coordinador de Programa en ONG FIMA, pese a su carácter técnico, estos espacios también reflejan disputas políticas entre distintos grupos negociadores, hoy marcadas tanto por las históricas diferencias entre el norte y el sur global sobre las estrategias de acción climática, como por las actuales tensiones geopolíticas y su estrecha vinculación con la extracción, comercio y quema de combustibles fósiles.

Para Pino, los resultados de Bonn muestran que las negociaciones climáticas continúan fuertemente condicionadas por estas diferencias, las que podrían incidir en el nivel de ambición que se alcance durante la COP31.

Adaptación y financiamiento: el principal nudo de la negociación

Uno de los temas que concentró mayores tensiones fue la adaptación al cambio climático, particularmente respecto del financiamiento destinado a que los países más vulnerables puedan enfrentar los impactos ya inevitables del calentamiento global.

Las negociaciones no lograron acordar un texto base para continuar el trabajo en esta materia, debido a desacuerdos sobre la inclusión de una referencia explícita a la necesidad de triplicar el financiamiento para adaptación. Mientras los países en desarrollo insistieron en incorporar este compromiso, los países desarrollados se mostraron reticentes a respaldarlo.

La falta de consenso terminó activando la denominada “Regla 16” del reglamento de la Convención, una señal de estancamiento en las negociaciones que dejó sin acuerdo un texto base para continuar el trabajo en esta área. El desacuerdo volvió a poner en evidencia las tensiones entre países desarrollados y en desarrollo respecto de las responsabilidades y recursos necesarios para enfrentar los impactos de la crisis climática, en un contexto en que la adaptación se perfila como uno de los temas críticos tanto para la COP31 en Turquía como para la COP32 en Etiopía. 

Transición justa e implementación

Pese a los desacuerdos, Bonn también dejó algunos avances concretos. Uno de ellos fue la aprobación de un texto dentro del Programa de Trabajo de Transición Justa, considerado uno de los espacios clave para discutir cómo avanzar hacia economías bajas en carbono sin profundizar desigualdades sociales ni afectar a las comunidades y trabajadores vinculados a industrias intensivas en emisiones.

La propuesta aprobada incorpora diversas recomendaciones impulsadas por organizaciones de la sociedad civil respecto de las funciones que debería cumplir un futuro Mecanismo de Transición Justa (bautizado por la sociedad civil como el Belém-Antalya Mechanism o BAM), aunque todavía quedaron pendientes definiciones relevantes sobre su diseño, financiamiento y funcionamiento.

En términos generales, el debate sobre transición justa refleja la necesidad de avanzar simultáneamente en acción climática y justicia social dentro de las negociaciones internacionales, especialmente en un contexto donde los países mantienen diferencias significativas sobre el ritmo y las responsabilidades de la transición.

Sociedad civil y desafíos para la COP31

La participación de organizaciones de la sociedad civil es considerada clave para aportar conocimiento técnico, monitorear el desarrollo de las negociaciones y representar las preocupaciones de comunidades y territorios afectados por la crisis climática.

“Estar presentes en Bonn permite seguir de cerca la elaboración de los textos que luego se votan en las COP, identificar puntos críticos en materias como financiamiento, adaptación o transición justa, y visibilizar las brechas que muchas veces no quedan reflejadas en los acuerdos finales. La sociedad civil cumple un rol clave al mantener el foco en la ambición climática y en la justicia de las decisiones que se adoptan en estos espacios”, señaló Felipe Pino. 

Bonn dejó varios asuntos pendientes para la próxima Conferencia de las Partes, entre ellos destrabar las discusiones sobre adaptación, avanzar en mecanismos efectivos de transición justa y fortalecer los compromisos de financiamiento climático por parte de los países desarrollados. Más allá de los acuerdos alcanzados, la conferencia evidenció la distancia que aún existe entre los compromisos climáticos internacionales y las medidas necesarias para implementarlos, un desafío que marcará las negociaciones de la COP31 en Turquía. 

Dichos de la ministra del Medio Ambiente

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo en ONG FIMA e Ismaela Magliotto, directora de Gestión ONG Uno Punto Cinco.
CARTA A LA DIRECTORA:

En una reciente entrevista en televisión, Francisca Toledo, Ministra de Medio Ambiente, se mostró dubitativa en torno a conocimientos científicos básicos relacionados con el cambio climático. Más allá de su desconocimiento, el trabajo que aceptó, y cuyas bases están en la ley, obligan al Ministerio a actuar en beneficio del país, sus habitantes y su medio ambiente, haciéndose cargo de la crisis climática. Aunque ella misma así lo reconoció, hoy existen acciones que no apuntan en ese sentido.

Es el caso de la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. El reglamento y conformación de dicho espacio forma parte de los famosos “43 decretos” retirados por el Ministerio de Medio Ambiente para una teórica revisión que solo ha significado una demora en el despliegue de políticas ambientales urgentes, en lo que constituye una inactividad reglamentaria deliberada.

Mientras la crisis climática avanza y sigue dañando territorios, vidas y la economía del país, sería esperable que este Ministerio entendiera también la urgencia de desplegar las herramientas de la ley. Entre ellas, un elemento importante es la conformación de organismos participativos en que los distintos sectores sociales pueden converger en la búsqueda de soluciones para Chile.

Publicada en The Clinic – 03/06/26

 

Responsabilidades de los Estados en la crisis climática: libro clave ya está disponible en español

La publicación es un proyecto colectivo que reúne aportes de más de diez académicos de diversas regiones del mundo que analizan las obligaciones jurídicas de los Estados frente a la crisis climática y sus impactos en los derechos humanos.

Septiembre, 2025. Las recientes opiniones consultivas, tanto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reflejan que la crisis ambiental y climática requiere respuestas globales urgentes, y han puesto sobre la mesa las responsabilidades de los Estados frente a los impactos del cambio climático en los derechos humanos. En este contexto es que ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile (CDA) presentan la versión en español del libro “Responsabilidades de los Estados en la Crisis Climática: Normas Legales y Litigio Global”.

La publicación fue presentada originalmente en inglés en octubre del año pasado en La Haya, en el marco de las audiencias de la CIJ sobre la opinión consultiva solicitada por Vanuatu. Su versión en español fue lanzada recientemente en un evento en Santiago de Chile que reunió a Andrea Lucas del Heidelberg Center para América Latina, Pilar Moraga del CDA, Vicente Velasco de la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, y Ezio Costa de ONG FIMA, quienes compartieron sus reflexiones sobre justicia climática.

A lo largo de sus capítulos, el texto aborda temas como la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas por el cambio climático, la necesidad de reconocer la naturaleza como sujeto de protección, y el rol de los tribunales —nacionales e internacionales— en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad climática.

Al respecto, Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señala que este libro reúne debates más urgentes que nunca, porque “muestran cómo el derecho internacional puede y debe responder frente a la crisis climática. Precisamente en esa dirección van lo que han señalado la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son grandes noticias porque construyen muros de protección frente al fenómeno desregulatorio que enfrentamos hoy.”

Este libro busca ser más que una publicación meramente académica, entregando herramientas prácticas para estudiantes, profesionales y activistas que trabajan por la justicia climática. Para esto, en paralelo se desarrolló un curso MOOC (Massive Open Online Course) gratuito en la plataforma Udemy, que permite profundizar en los contenidos y explorar cómo el litigio climático puede impulsar transformaciones institucionales y sociales a través de dos módulos: “Legal Standards and Global Litigation” y “Climate Action through Advisory Opinions and More”.

Puedes descargar el libro en su versión digital en español aquí y en inglés aquí.

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

A pesar de que parezca una herejía en estos tiempos, una multiplicidad de factores de la vida social deberían llevarnos a cuestionarnos el paradigma del crecimiento económico como elemento central de nuestra existencia conjunta. Indicador irremplazable del éxito del devenir de los países desde la mitad del siglo XX, esta métrica contiene inexorablemente un problema en sí mismo: pensar que el crecimiento infinito de la economía es posible, pues este se basa en la explotación de elementos materiales que son limitados, al igual que el sistema biofísico que conforman y que es el planeta donde habitamos.

Las ideas que lo retan no son para nada nuevas. Desde el famoso Límites del Crecimiento de 1972, varias nociones vienen siendo presentadas de manera consistente. La alarma no proviene solamente del hecho de que estemos sobrepasando seis de los nueve límites biofísicos del planeta y poniendo en riesgo nuestra existencia en el proceso, sino también del hecho de que tener un funcionamiento social dependiente del crecimiento económico es un riesgo adicional para la estabilidad de los países, ya que este crecimiento es cada vez más complicado.

El National Bureau of Economic Research ha estimado una pérdida del 12% del PIB global por cada 1 °C de temperatura promedio en la Tierra. Por ahora, incluso si los países cumplen con sus compromisos climáticos, para fines de siglo estaremos en un escenario en que el planeta estará cercano a los 3 °C de aumento de la temperatura, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), con el correspondiente impacto en términos de PIB. Gran parte de estos costos tienen que ver con los daños directos de los eventos climáticos extremos como inundaciones, huracanes, incendios y demás. No perdamos de vista que estos números contienen miles de muertes, no simplemente una pérdida material. En relación con la distribución de la pérdida, los últimos estudios cifran una afectación del 20% del PIB para los países de América Latina (en relación con un escenario sin crisis climática), midiendo hasta 2049. Para terminar este cóctel, podríamos agregar el gravísimo problema de distribución del crecimiento económico a nivel mundial. Un 54% es capturado por el 1% más rico, y un 70% por el 5% más rico. Son cifras que deberían aparecer a diario en nuestras pantallas para recordarnos para quién están trabajando los Gobiernos y nosotros mismos.

En este escenario, se vuelve cada vez más importante considerar teorías económicas alternativas que nos permitan cumplir con el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestros países, sin tener al crecimiento como eje central de ello. Y en esa misma comprensión, algunos de los principales autores de estas teorías alternativas han reunido esfuerzos para dar forma a las bases del pensamiento del postcrecimiento, publicados en la revista The Lancet. Se trata de una forma de pensar en la economía que pretende fijar su objetivo en el bienestar de las personas dentro de los límites de la naturaleza. El desafío no es fácil porque hoy el crecimiento no es solamente una fijación ideológica, es un componente esencial de la organización económica y social.

El postcrecimiento destaca la existencia de modelos macroeconómicos ecológicos que permiten pensar en el funcionamiento de economías estables sin depender del PIB, evaluar políticas públicas dentro de los límites planetarios y construir una estructura de empleo, inversión y bienestar social que no dependa del crecimiento constante. Para mi sorpresa, una cuestión esencial para que estos modelos funcionen es disminuir las horas de trabajo, junto con otras cuestiones más expandidas como los impuestos a los recursos naturales y al carbono, los servicios públicos universales y las ayudas económicas a los grupos vulnerables.

Por otro lado, se releva el desarrollo de estrategias para reducir la dependencia del crecimiento, con una batería de políticas que apuntan en ese sentido y que incluyen los impuestos a la riqueza, la inversión pública en desarrollo de industrias que operen dentro de los límites ecológicos y garantías laborales. Por supuesto, estas estrategias pueden tener algunas falencias y hay que explorarlas y mejorarlas, pero en este necesario debate también es conveniente intentar reducir el ruido del dogmatismo económico y de la defensa política de los intereses de grandes acumulaciones de capital.

En tercer lugar, los autores de estas teorías, también han levantado evidencia sobre la posibilidad de lograr bienestar para las personas (y desarrollo) dentro de los límites planetarios. Sin sorpresa alguna, la clave en esto es la redistribución de la riqueza y, entre otras cosas, se ha modelado que sin excesos – como viajar en jet privado a la boda de un amigo multimillonario en Venecia -, sería posible tener buenos estándares de uso energético para 10.000 millones de personas sin sobrepasar los 1,5 °C de aumento de la temperatura global, en línea con el Acuerdo de París.

Por supuesto, la manera en que estas políticas deberían implementarse difiere entre el norte y el sur global, a propósito de las diferencias actuales de nuestras economías y de la falta de evidencia empírica. Ese no es el único vacío en la literatura, como los propios autores de estas teorías reconocen, invitando a la investigación de un campo que, afortunadamente, avanza de manera decidida.

Mientras continuamos en camino hacia el caos climático y desde el ambientalismo o ecologismo se ponen los esfuerzos en frenar la destrucción y salvar vidas, convendría mirar con atención el surgimiento de alternativas realistas y democráticas para la organización social y económica. Pensar un futuro posible es necesario para darnos sentido y esperanza.

Columna publicada en América Futura de El País – 03/07/25

Ganar perdiendo: cómo un agricultor peruano trae esperanzas a la justicia climática

  • Por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA
El caso de Saúl contra RWE trae esperanzas en un mundo donde el derecho es aplastado junto con la dignidad de las personas y los pueblos.

Una ola de rocas, agua y hielo, más alta que un edificio y a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora bajó rugiendo por la montaña en una mañana de diciembre de 1941, destruyendo parcialmente la ciudad de Huaraz, en Perú, y llevándose con ella a 5.000 personas que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar frente a la sorpresa del aluvión. La Palcacocha, una laguna glaciar ubicada en la montaña sobre la ciudad, había colapsado esa mañana por el desprendimiento de una gran lengua del glaciar, provocando este aluvión que técnicamente es conocido como “fenómeno GLOF”.

Huaraz prometió conservar en su memoria ambiental la existencia de este riesgo, para evitar que este fenómeno volviera a llevarse con él las vidas de sus habitantes. Con lo que no contaban en ese entonces es con que la Tierra ya estaba calentándose de manera acelerada producto de las emisiones antropogénicas, y que los glaciares empezarían a tener un ciclo de vida más inestable, con derretimiento acelerado y fenómenos más difíciles de predecir.

¿Cómo hacerle frente a este riesgo? ¿Cómo detener el calentamiento del planeta, para evitar este (y muchos otros) desastres climáticos? Esta pregunta, urgente para muchos, movilizó a la comunidad local que representada por Luciano Saúl Lliuya llegó a la conclusión de que debía demandar a los culpables. Y en la búsqueda de responsabilidades, dio con la investigación de los Carbon Majors, un levantamiento de información que muestra a las principales empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de la crisis climática. Una base de datos que contiene las responsabilidades de estas emisiones, desde 1958 hasta la fecha.

Y fue así como decidieron partir por demandar a uno de ellos, la empresa alemana RWE, emisora de poco menos de un 0,5% de los gases totales que están causando la crisis climática. Y no se deje engañar por el porcentaje o piense que “entonces todos somos responsables de la crisis”, pues ese pequeño 0,5% equivale aproximadamente a 300 millones de automóviles siendo utilizados por 10 años.

La tarea no era simple. La regulación internacional del cambio climático ha diluido las responsabilidades de quienes más se beneficiaron de esta crisis, especialmente las empresas. Pero eso debía terminar, porque el derecho, desde hace milenios, exige que quien causa un daño lo repare y deje de causarlo. Luciano Saúl Lliuya demandó a RWE en los tribunales alemanes precisamente usando una antigua regla de posesión, contenida en el artículo 1004 del Código Civil Alemán, que permite a cualquier persona pedir medidas a un juez para evitar la interferencia con su propiedad. El demandante, además de ser un líder social de Huaraz, tiene una pequeña propiedad expuesta a nuevos fenómenos GLOF.

Las dudas de los juristas no se hicieron esperar. Argumentaron que esta no es una regla pensada para la crisis climática, que los emisores no son responsables de los daños de la crisis climática y que esto está siendo solucionado (¡vaya que no!) por los países en los acuerdos internacionales. Respuestas insatisfactorias no sólo para quien ha sufrido un evento climático extremo, sino para cualquier que esté atento a lo que estos fenómenos van a seguir causando en nuestro planeta.

El día 28 de mayo llegó el fallo de segunda instancia. Luciano Saúl Lliuya perdió el juicio por cuestiones de hecho y no será indemnizado. Pero tanto él como todas las personas del planeta, hemos ganado con esta derrota. El tribunal fue claro en establecer que las responsabilidades existen, que hay prueba suficiente (hace años) de que la crisis climática está causada por las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones han sido principalmente provenientes de los carbon majors (entre los cuales, está RWE) y que el derecho civil vigente, muy similar en casi todo el mundo occidental, sí tiene soluciones para este tipo de problemas, pues no es admisible que los causantes de un daño de esta magnitud, que se han beneficiado enormemente con las actividades que las han llevado a causar ese daño, no sean responsables del mismo.

Con esto se abre un nuevo camino a la justicia ambiental y climática que es luz de esperanzas en un mundo que ha sido dominado por una narrativa de imposición del más fuerte y donde el derecho y la justicia parecían estar siendo aplastadas junto con la dignidad de las personas y los pueblos. Nuestro trabajo será saber seguir esa luz y cuidarlo, sabiendo que el camino intentará ser clausurado. La ruidosa ola de la crisis climática se abalanza sobre nosotros y, gracias a la memoria ambiental de Huaraz, la tozuda constancia de Luciano Saúl Lliuya, y la adecuada lectura del derecho que han hecho los jueces alemanes, pareciera que ahora tenemos una vía que puede ayudar a detenerla.

Columna publicada en la sección América Futura de El País –  31/05/25.

Coordinador Jurídico de FIMA participa como consejero del CNDT

Desde agosto de 2024, Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA, es parte del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), organismo que asesora al Presidente en políticas de desarrollo urbano, rural y ordenamiento territorial. Con su participación en subcomisiones temáticas, busca aportar en protección ambiental, participación y gobernanza.

Ante la creciente complejidad de los desafíos territoriales en Chile, repensar la planificación urbana y rural se vuelve necesario. El país enfrenta problemáticas que van desde el incremento de familias residiendo en campamentos, la ocupación de áreas expuestas a desastres naturales hasta la proliferación descontrolada de parcelaciones rurales, entre otras. Este escenario exige políticas públicas que reconozcan la diversidad de realidades en cada zona, promuevan la descentralización y abran espacios de diálogo para la construcción de soluciones integrales.

En este contexto, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) fue creado en 2023 como un organismo que reúne a 49 integrantes del sector público, la academia, gremios y la sociedad civil, con el fin de asesorar al Presidente de la República para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT). Para ello, la discusión en el CNDT apunta a generar instrumentos y herramientas que consideren la singularidad de cada región, permitiendo decisiones acordes a cada territorio.

 
El rol de ONG FIMA

Tras un proceso electoral de 2024, ONG FIMA, en conjunto con la Fundación Basura, fue elegida como parte de las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en las discusiones y subcomisiones del CNDT.

Para el trabajo de ONG FIMA, ser parte  de este espacio es de gran importancia, especialmente en los debates que abordan la actualización de políticas de desarrollo urbano y  estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, la participación de Marcos Emilfork, apunta a  contribuir a que las políticas territoriales integren los retos ambientales y climáticos, sin desvirtuar el enfoque en la sostenibilidad y la equidad.

“Estamos trabajando desde hace un par de meses en subcomisiones temáticas. Son ocho y ONG FIMA participa en la subcomisión relacionada a temas ambientales y en otra subcomisión relacionada a temas de participación y gobernanza, donde justamente la idea es elaborar, definir objetivos generales, específicos y lineamientos para concretizar estas políticas y que puedan ser operativas a lo largo de los años”, explica Marcos Emilfork.

Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y consejero del CNDT

Entre las prioridades de estas subcomisiones se encuentra la protección de ecosistemas, gestión sostenible de recursos y promoción de una gobernanza inclusiva. Para ello, los diversos actores trabajan en la creación de herramientas que respondan a los conflictos territoriales derivados de fenómenos como el cambio climático y el desorden en el desarrollo rural.

Desafíos y proyecciones

Por otra parte, uno de los mayores retos del CNDT es la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que desde su creación en 2014 no ha integrado adecuadamente temas como el cambio climático, la mitigación ante desastres o la integración entre áreas urbanas y rurales. Al respecto, ONG FIMA busca contribuir a esta revisión, reconociendo que la planificación debe adaptarse a las realidades actuales para ser efectiva.

“Se espera poder terminar el trabajo de actualización y definición de objetivos y lineamientos asociados a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Probablemente después pasaremos a discutir lo mismo en torno a la Política Nacional de Desarrollo Rural y la idea en definitiva sería lograr documentos consistentes. Políticas que estén legitimadas por cada uno de los estamentos, gremios y finalmente consejeros quienes son los que discuten y participan en esta instancia para lograr en definitiva que los espacios de toma de decisiones y también reformas legislativas y normativas necesarias puedan ser ajustadas conforme a estos lineamientos”, puntualiza el abogado.

El trabajo del CNDT y de sus integrantes es un esfuerzo para avanzar hacia una planificación territorial que sea equitativa, descentralizada y sostenible, atendiendo las diversas realidades de las comunidades a lo largo del país. 

Transición energética y derechos humanos: comunidades exponen ante la CIDH las vulneraciones por la extracción de litio

El 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar las vulneraciones asociadas a la extracción de minerales como el litio. Se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

La transición energética, fundamental en la lucha contra el cambio climático, ha impulsado una demanda creciente de minerales críticos como el litio, que se utiliza en la fabricación de baterías para energías renovables. Sin embargo, esta transición ha tenido un costo significativo para las comunidades de América Latina, donde la explotación de estos recursos ha generado graves consecuencias sociales y ambientales. 

Ante esta problemática, organizaciones de la Alianza Humedales Andinos solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar estos impactos y solicitar recomendaciones específicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos. La instancia se llevó a cabo el 15 de noviembre, donde se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA, abrió la jornada ante la CIDH, destacando los desafíos y contradicciones que enfrenta América Latina en el contexto de la transición energética. Pino subrayó cómo, en lugar de fortalecer las economías de las comunidades afectadas, los proyectos de extracción de minerales están debilitando la regulación ambiental y limitando la participación local, abriendo espacio para la explotación desmedida por parte de empresas transnacionales.

“Los efectos de la crisis climática ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente, en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia”, comentó.

Además, el abogado explicó que a medida que se posicionan proyectos de transición energética, también se multiplican las voces que demandan una “transición justa”. “Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso”, añadió.

Impacto de la extracción de litio en Chile

Diversos testimonios expusieron cómo las actividades extractivas han afectado sus ecosistemas y sus formas de vida. Un ejemplo desde Chile, fue la intervención de Lady Sandon, originaria del pueblo Atacameño Lickanantay y representante de la Comunidad Atacameña de Coyo, ubicada en la cuenca del Salar de Atacama, quien relató los impactos de la sobreexplotación del agua en su territorio, especialmente debido a la extracción de litio, y cómo las políticas estatales y privadas están vulnerando los derechos de su comunidad.

“Lo que está pasando en nuestros territorios es por incumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno a través de Corfo, porque se están vulnerando nuestros derechos en post de extraer litio que es agua salada. Además, donde no llega el Estado, llega el privado, ofreciendo solucionar los servicios básicos, como salud, educación, agua potable, energía, como moneda de cambio por el territorio. Empresas como SQM, Albemarle y Codelco, a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora el agua de nuestro abuelo salar”, afirmó Sandon.

Asimismo, agregó que la Estrategia Nacional del Litio es un claro ejemplo de la falta de igualdad de condiciones y acceso a la información en los procesos de consulta indígena. “Para el mundo occidental son recursos, en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tienen la espiritualidad del pueblo, con importancia para el mundo global tenemos la ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos, son claves para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestros derechos”, concluyó. 

Testimonios en Latinoamérica

Además de los testimonios de Chile, se compartieron otras preocupantes historias de vulneraciones de derechos humanos y ambientales provocadas por la extracción de minerales críticos en diferentes países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se expuso cómo las comunidades han sufrido desplazamientos forzados debido a la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

“Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación”, manifestó Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

En Argentina, regiones como el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y la Cuenca de Salinas Grandes han sido escenario de impactos devastadores. En el primero, la extracción masiva ha secado ríos y humedales, mientras que en Salinas Grandes, más de 38 comunidades indígenas ven amenazada su supervivencia debido a la contaminación y la disputa por los recursos hídricos. Pese a la riqueza de recursos naturales, las comunidades denuncian que estas actividades no solo dañan el ambiente, sino que agravan desigualdades y violan sus derechos, mientras el Estado prioriza las inversiones extranjeras por sobre la protección del territorio.

Verónica Chávez, integrante de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes, resume la situación: “Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias, está en peligro. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral”. 

Finalmente, la situación en Bolivia es igual de alarmante. El Salar de Uyuni, el mayor del mundo, alberga unos 21 millones de toneladas de litio, lo que lo posiciona como un centro clave para la explotación de este mineral. Adicionalmente, existen otros 26 salares reservados por norma para esta actividad. Aunque la extracción estatal del litio inició formalmente en 2024, ya se han invertido más de 1.000 millones de dólares en proyectos durante más de una década. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como problemas de corrupción y la firma de acuerdos con empresas rusas y chinas sin consultar a las comunidades locales. Esto, además, se combina con el impacto ambiental significativo de la extracción, que implica la retirada de millones de metros cúbicos de agua, amenazando los frágiles ecosistemas del altiplano. 

«Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción de litio recién este año ya desde hace 12 años el propio estado boliviano viene vulnerando derechos: Se han realizado 2 ‘denominadas consultas públicas’ el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas, elaboradas sin información precisa existente, sin responder a las preguntas y preocupaciones de los participantes. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de sus vertientes y pozos”, detalló Oscar Campanini, director e investigador del Centro de Documentación e Información, Bolivia. 

Llamado a la acción: Recomendaciones urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de emitir recomendaciones a los Estados para proteger los derechos humanos. En este sentido se espera que emita un informe con recomendaciones para abordar las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de litio en América Latina y también organice «visitas in loco» para documentar las violaciones de derechos humanos en los países afectados. 

Estas acciones serían clave para que los Estados adopten medidas eficaces que protejan a las comunidades y sus ecosistemas, promoviendo un desarrollo que respete tanto los derechos humanos como el medioambiente. La audiencia frente a la CIDH marca un hito en la lucha por una transición energética que proteja los ecosistemas y respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

Revisa la audiencia aquí

¿Qué es la Alianza de Humedales Andinos?

Su objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, ONG Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. 

Conoce más de la Alianza aquí.

Surfeando la ola de las COPs: los océanos lo conectan todo

  • Felipe Cárcamo, analista de Programa en ONG FIMA

Quienes saben surfear entienden que el ritmo de las olas es cambiante. Aferrado a la tabla, observando el océano, se decide qué ola tomar o dejar pasar, calculando la dirección. Y de pronto, sin buscarlo, ya estás de pie, deslizándote por el mar… Por el ritmo del océano, mirando al horizonte, puedes ver con claridad lo que se avecina.

Este año ha sido decisivo en la gestión de las crisis ecológicas que afectan el océano. Actualmente navegamos entre tres Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, dedicadas a tres convenciones diferentes de la ONU. Cada una tiene un orden del día diferente, pero también varios elementos en común. Entre ellos, el océano destaca como un tema transversal y potencialmente unificador.

Pero a pesar de su importancia central, hay un déficit de atención al océano y sus tres crisis. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad en los mares ya se están manifestando en la subida del nivel del mar, temperaturas récord del agua, cambios en las precipitaciones, acidificación y desoxigenación de los océanos y declive de los ecosistemas.

Tres reuniones de la ONU dominan la agenda medioambiental de fin de año: la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Colombia, la COP29 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Azerbaiyán y la COP16 de la Convención de Lucha contra la Desertificación en Arabia Saudita. ¿Recibirá el océano la atención que requiere?

Octubre | Biodiversidad, COP16 | Cali

En 2022, las partes del Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (KMGBF, por sus siglas en inglés) fijaron el objetivo de proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030. A mitad de camino, se reunieron en Cali, Colombia, el mes pasado, donde quedó claro que la protección mundial de los océanos está muy lejos de este objetivo.

Otro tratado de la ONU será un elemento clave para alcanzar este objetivo: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Fuera de Jurisdicción Nacional, también conocido como Tratado de Alta Mar. Una vez ratificado por 60 países —actualmente solo lo han hecho 14, y muy recientemente se ha sumado Francia—, permitirá establecer zonas marinas protegidas en alta mar, los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Su protección complementará los esfuerzos por alcanzar el objetivo del 30% del KMGBF.

La protección de los océanos se ve reforzada por otros instrumentos internacionales negociados en los últimos años: el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (MERP) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, orientados a combatir la pesca ilegal y promover la sostenibilidad marina.

El financiamiento, sin embargo, siguió siendo un desafío central y pendiente en la COP16 de Cali.

La Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS) afirma que es necesario establecer el flujo de financiación destinado específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad en cada país. La red afirma que los recursos financieros actualmente disponibles son insuficientes y que la crítica situación de los mercados de deuda en los países del Sur Global está desviando fondos que podrían combatir el cambio climático al pago de intereses. REDFIS también afirma que se necesitan mecanismos más eficaces para canalizar los fondos directamente a quienes protegen la naturaleza, en particular las comunidades locales, los pueblos indígenas y los afrodescendientes que gestionan las zonas marinas.

Noviembre | Cambio climático, COP29 | Bakú

Es de esperar que un informe reciente indique un punto de inflexión para que los debates sobre el cambio climático incorporen suficientemente el océano. Recopilado por los facilitadores del “diálogo sobre los océanos” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el reporte subraya la necesidad de sinergias entre diversos marcos multilaterales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica fuera de las Jurisdicciones Nacionales y el Marco Mundial sobre la Diversidad Biológica. El informe destaca que esta colaboración es fundamental para el éxito de las políticas nacionales sobre cambio climático, incluidas las de adaptación y mitigación.

Un tema central de la COP29 será cómo poner en práctica los compromisos climáticos. El informe del diálogo sobre los océanos insta a los países a unificar sus esfuerzos para evitar la duplicación y reforzar la acción colectiva sobre los océanos. La financiación de los compromisos climáticos de los países en desarrollo ocupará un lugar destacado.

Para América Latina, es crucial establecer un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) que defina un nivel de apoyo internacional para la financiación climática que apoye efectivamente a los países en desarrollo en la protección de sus aguas. Además, los países deben integrar a los océanos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y en sus Planes Nacionales de Adaptación para 2025. Ambos objetivos detallan los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono y adaptarse al cambio climático.

La tecnología se está convirtiendo en un tema controvertido cuando las preocupaciones oceánicas se encuentran con el cambio climático, sobre todo en dos ámbitos. El primero es la geoingeniería para el secuestro de carbono marino, supervisada por la Organización Marítima Internacional de la ONU. Las consecuencias de estas tecnologías están aún por demostrarse. Podrían aumentar la absorción de dióxido de carbono por parte de los océanos, pero también podrían no marcar una diferencia significativa y dañar aún más a estos ecosistemas ya afectados.

El segundo ámbito es la explotación minera de los fondos marinos, supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. A algunos expertos les preocupa que esto pueda perturbar el secuestro de carbono en las profundidades, mientras que sus defensores afirman que es una fuente vital de elementos necesarios para la transición verde. Algunos países, entre ellos varios latinoamericanos, promueven una moratoria. Esto permitiría seguir investigando científicamente estos ecosistemas poco conocidos de las profundidades, aplicando el principio de precaución ante posibles impactos ambientales.

Para lograr avances significativos en la protección de los océanos en Bakú, es necesario llegar a un acuerdo sobre cambios concretos en todos los ámbitos mencionados.

Diciembre | Desertificación, COP16 | Riad

La conexión entre la tierra y el océano es de especial relevancia para la tercera COP de 2024: en Arabia Saudita, los miembros de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se reunirán para celebrar su decimosexta conferencia.

Al abordar la intensificación de las sequías, la convención subraya la necesidad de alinear los esfuerzos con las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El enfoque de la convención es holístico: destaca la interrelación de los ecosistemas terrestres y marinos, y fomenta un desarrollo que refuerce su resiliencia. También reconoce que las presiones sobre los ecosistemas oceánicos y los recursos hídricos están íntimamente ligadas a la necesidad de garantizar alimentos y agua para millones de personas.

Este año ha estado marcado por ciclones devastadores y un calentamiento oceánico sin precedentes, lo que nos alerta sobre el rol fundamental de los océanos en el clima y la biodiversidad. La “simultaneidad” de estas tres COP ofrece una oportunidad única para generar sinergias efectivas entre los espacios multilaterales.

Resulta esperanzador constatar que detrás de cada decisión política siempre existe una lucha activista incesante, conformada por comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, movilizadas por la protección de los océanos.

Como saben los surfistas, hace falta equilibrio para subir a la tabla. Domar las olas del cambio exige un triple equilibrio: guiarse por los conocimientos científicos y locales, tomar medidas permanentes que sean contundentes y tener una gran ambición en la labor de mitigar el cambio climático. Hagámoslo bien y, antes de que nos demos cuenta, estaremos de pie, surfeando sobre el mar.

Publicada en Dialogue Earth – 08/11/24