Informe publicado por ONG FIMA que documenta y analiza la lucha de las comunidades locales, particularmente las comunidades Kawésqar, contra la expansión de la industria salmonera en la región de Magallanes, Chile.
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“Poder Ambiental” es un sitio web que busca entregar información legal en palabras sencillas para quienes quieren cuidar el medio ambiente.
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En una reciente decisión judicial, se ha acogido el recurso de protección presentado por vecinas y vecinos en contra de la Municipalidad de Vichuquén, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, respecto al cierre de la desembocadura del Estero Llico, ordenando a dejar sin efecto el cierre artificial y abstenerse de repetir la acción sin las autorizaciones legales correspondientes.
Mayo, 2024. Durante años, la cuenca del Vichuquén ha sido escenario de denuncias por cierres ilegales en la desembocadura del Estero Llico. Desde el año 2014 se han registrado bloqueos con maquinaria pesada y relleno de arena con el objetivo de evitar que ingrese agua marina por el estero, buscando que el agua del lago Vichuquén mantenga su caudal estable. Para abordar los conflictos que esto generaba en la comunidad, se conformó una mesa técnica compuesta por la Dirección de Obras Portuarias de la Región del Maule, la Dirección de Aguas Región del Maule, la Armada de Chile, la Municipalidad de Vichuquén, y sociedad civil, el año 2015, del cual emana el “Protocolo de apertura y cierre desembocadura del Estero Llico”, sin embargo, se ha cuestionado su efectividad ya que, a la fecha, no han logrado resolver de manera efectiva los problemas.
Recientemente, en octubre de 2023, la Municipalidad de Vichuquén ejecutó nuevamente el cierre de manera ilegal, utilizando una barrera artificial que impide el flujo natural del agua. Estas acciones no solo infringen normativas ambientales y de aguas, sino que también tienen consecuencias directas en el ecosistema, como el aumento de material orgánico en el Estero Llico, lo cual podría estar relacionado con el manejo deficiente de aguas servidas y representa una amenaza para la biodiversidad del humedal y la población.
Producto de este último evento, el año xxx vecinas y vecinos de la zona acudieron a ONG FIMA para que les represente en la interposición de un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Vichuquén, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas. El 30 de abril, la Corte de Apelaciones de Talca dictó una sentencia en la que se se acoge el recurso, fundamentando su decisión en la ilegalidad y arbitrariedad del cierre realizado por la Municipalidad de Vichuquén, y ordenando a dejar sin efecto el cierre y prohibiendo la realización de esta acción en el futuro sin las autorizaciones legales correspondientes.
El proyecto, que se lleva a cabo gracias a un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, beneficiará a las comunas de Algarrobo, Putaendo, Quilpué, Catemu, Viña del Mar y Cartagena.
Según el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del Instituto de Derechos Humanos (INDH), 21 de ellos se han reportado en la Región de Valparaíso, de los cuales 16 se encuentran activos y otros tres en estado latente. Esto la convierte en la región con el mayor número de conflictos socioambientales del país.
En este contexto, ONG FIMA inició el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, cuyo fin es la capacitación y asesoramiento a municipios de la Región de Valparaíso en materia de reparación ambiental. El proyecto inició en marzo de 2023 gracias al financiamiento de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso y durante el 2024 beneficiará a las comunas de Algarrobo, Putaendo, Quilpué, Catemu, Viña del Mar y Cartagena.
“El objetivo del programa es dejar capacidad instalada en los municipios que forman parte, para que puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales que existen en sus territorios” explicó Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del proyecto. “A la vez, se busca incentivar las instancias de encuentro entre el municipio y los habitantes del territorio para tratar estos temas, para lo cual estaremos desarrollando talleres abiertos a la comunidad”.
En concreto, la implementación de este programa incluirá sesiones virtuales de capacitación en derecho ambiental para los funcionarios y funcionarias municipales participantes, talleres abiertos a la comunidad y la realización de informes de diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona. Adicionalmente, se está desarrollando una plataforma web gratuita que contendrá insumos sobre las competencias municipales en materia ambiental, instrumentos de planificación ecológica, entre otros.
“Esta plataforma tendrá el nombre de Poder Ambiental y buscará facilitar el acceso a herramientas legales para la protección del medio ambiente, así como servir de base para la generación de una comunidad en línea que se apoye y discuta sobre temáticas ambientales”, señaló Felipe Perillán.
Durante el 2023, este mismo programa se llevó a cabo en otras seis comunas de la región: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio. Al finalizar el trabajo con estas comunas, se les entregó una minuta de estrategia jurídica para que pudieran decidir autónomamente de qué forma abordar los conflictos socioambientales presentes en sus territorios.
Convocatoria para postular talleres presenciales para la USocioambiental 2024.
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El Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA) da inicio a proceso de información pública de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2 perteneciente a Engie Energía Chile S.A. El procedimiento contemplado en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, establece la posibilidad de revisar una RCA, por el titular de un proyecto como por parte del afectado. “Cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado”. La solicitud apunta a la revisión de variaciones sustantivas en la calidad del aire y agua marina, así como afectaciones a la macrofauna y la abundancia de especies en la zona.
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Está abierta la convocatoria para registrarse como asistente a la PreCOP de la Sociedad Civil de Escazú.
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Nuevo informe de ONG FIMA que revela las tensiones entre la actividad salmonera y los objetivos de conservación en la Reserva Nacional Kawésqar.
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Décima versión del curso de Derecho y Política Ambiental de ONG FIMA, el cual estuvo dirigido a funcionarios públicos de la región de Antofagasta.
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Tras más de dos años de lucha socio ambiental y judicial se logró un acuerdo trascendental entre la comunidad, municipalidad de San Antonio, el Ministerio de Medio Ambiente y EPSA para la protección y preservación del sistema de lagunas ubicados en Llolleo.
La conciliación fue firmada este martes 27 de noviembre entre la Municipalidad de San Antonio, las partes reclamantes (entre ellas la organización Ojos de Mar, vecinos y la asociación indígena Calaucán), terceros coadyuvantes, el Consejo de Defensa del Estado – en representación del Ministerio del Medio Ambiente- y EPSA. Con esto, la autoridad ambiental deberá retrotraer el proceso a la etapa de evaluación técnica de la solicitud, realizar nuevas campañas y determinar, en un plazo de cinco meses, un nuevo polígono de protección. En el documento, también se establece un Comité encargado de la gobernanza del Humedal Urbano Ojos de Mar, presidido por la Municipalidad de San Antonio, quienes también se comprometen a dictar una Ordenanza General de Humedales Urbanos para la comuna, dentro de los primeros seis meses una vez declarada la protección. Por su parte, la empresa portuaria se comprometió, entre otras cosas, a financiar estudios de investigación para la protección del humedal, la verificación de las descargas de agua; instalar letreros informativos para las personas que visiten el área; coordinar el rescate de fauna; efectuar capacitaciones; y generar mesas de trabajo con la municipalidad y organizaciones comunitarias, en tanto no sea conformado el Comité de Gobernanza y Gestión, además de efectuar cambios en las luminarias para no afectar a la fauna existente en el lugar.
Representantes de la comunidad defensora del medio ambiente expresaron su satisfacción y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. “Estamos satisfechas con este proceso, que no fue fácil, pero aquí se demuestra que el diálogo puede resultar en soluciones beneficiosas para el territorio y su biodiversidad, este es un primer paso y estaremos atentos a que los compromisos establecidos se cumplan en los plazos acordados ”, señala Liliana Plaza – Fundación Ojos de Mar.
Un largo camino para la protección de Fiu y otras especies
En San Antonio conviven una larga tradición portuaria con una comunidad empoderada y agotada del creciente deterioro ambiental de la comuna, quienes hicieron de las lagunas Ojos de Mar, en Llolleo, un emblema para demostrar que otro tipo de vida también es posible. Observando las múltiples interacciones y especies que dependen de este frágil ecosistema, decidieron ingresar un expediente para solicitar su protección en el marco de la ley 21.202 que busca proteger los humedales urbanos.
Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó la solicitud de declaratoria de humedal urbano para el sistema de lagunas Ojos de Mar, ubicadas en la localidad de Llolleo en la comuna de San Antonio. Este hito marcó un antes y un después para la comunidad, quienes convencidos de la enorme relevancia ambiental de estos ecosistemas y ante la amenaza que significaba la expansión del puerto de San Antonio, EPSA, reclamaron al Segundo Tribunal Ambiental. Fue en esta instancia en que se convocó a las partes, Municipio, Comunidad, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado y Empresa Portuaria, para acudir a una resolución alternativa de conflictos, en este caso, someterse a un procedimiento de conciliación.
“Este acuerdo es un hito para la región, pero también para la institucionalidad de nuestro país. Si bien, Ojos de Mar fue el primer humedal urbano en ser rechazado en Chile, hoy es el primer humedal urbano que va a contar con un comité de gobernanza que es representativo tanto de organizaciones ambientales locales, como de organizaciones indígenas de la comuna, la empresa y la municipalidad de San Antonio.”señala Macarena Martinic abogada de la ONG FIMA, organización que representó a la comunidad reclamante durante todo el proceso.
La conciliación lograda integra importantes acciones y actividades que se enmarcan en 3 ejes estratégicos:
El primer eje se centra en lograr una delimitación precisa del humedal urbano a través de la ejecución de nuevas campañas en terreno y la incorporación de criterios técnicos y jurisprudenciales actualizados. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente en el marco de una nueva resolución que reconozca a los Ojos de mar como Humedal Urbano.
El segundo eje se enfoca en la gobernanza del humedal. Se acordó establecer un comité encargado de la gobernanza y gestión del humedal liderado por la Municipalidad y conformada por EPSA, instituciones académicas, sociedad civil, pueblos originarios y el MMA. Esta instancia será responsable del seguimiento, control y toma de decisiones relacionadas con la administración y gestión del Humedal Urbano.
El tercer eje se relaciona con la implementación de una serie de medidas que abordarán las amenazas presentes y futuras que enfrenta el humedal. Estas medidas se implementarán en el corto, mediano y largo plazo, previa visación de la instancia de gestión liderada por el municipio, y que se actualizarán en función de los conocimientos técnicos disponibles.
Con relación a las medidas de protección acordadas, para Francisco Sanhueza – Chile Ambiental, estas son muy relevantes, debido a que “las decisiones de protección, conservación y restauración tendrán la flexibilidad suficiente para adaptarse en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, en base al conocimiento generado en el mismo humedal a partir de los estudios técnicos que acuerde la mesa de gobernanza”.