- Por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA
El caso de Saúl contra RWE trae esperanzas en un mundo donde el derecho es aplastado junto con la dignidad de las personas y los pueblos.
Una ola de rocas, agua y hielo, más alta que un edificio y a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora bajó rugiendo por la montaña en una mañana de diciembre de 1941, destruyendo parcialmente la ciudad de Huaraz, en Perú, y llevándose con ella a 5.000 personas que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar frente a la sorpresa del aluvión. La Palcacocha, una laguna glaciar ubicada en la montaña sobre la ciudad, había colapsado esa mañana por el desprendimiento de una gran lengua del glaciar, provocando este aluvión que técnicamente es conocido como “fenómeno GLOF”.
Huaraz prometió conservar en su memoria ambiental la existencia de este riesgo, para evitar que este fenómeno volviera a llevarse con él las vidas de sus habitantes. Con lo que no contaban en ese entonces es con que la Tierra ya estaba calentándose de manera acelerada producto de las emisiones antropogénicas, y que los glaciares empezarían a tener un ciclo de vida más inestable, con derretimiento acelerado y fenómenos más difíciles de predecir.
¿Cómo hacerle frente a este riesgo? ¿Cómo detener el calentamiento del planeta, para evitar este (y muchos otros) desastres climáticos? Esta pregunta, urgente para muchos, movilizó a la comunidad local que representada por Luciano Saúl Lliuya llegó a la conclusión de que debía demandar a los culpables. Y en la búsqueda de responsabilidades, dio con la investigación de los Carbon Majors, un levantamiento de información que muestra a las principales empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de la crisis climática. Una base de datos que contiene las responsabilidades de estas emisiones, desde 1958 hasta la fecha.
Y fue así como decidieron partir por demandar a uno de ellos, la empresa alemana RWE, emisora de poco menos de un 0,5% de los gases totales que están causando la crisis climática. Y no se deje engañar por el porcentaje o piense que “entonces todos somos responsables de la crisis”, pues ese pequeño 0,5% equivale aproximadamente a 300 millones de automóviles siendo utilizados por 10 años.
La tarea no era simple. La regulación internacional del cambio climático ha diluido las responsabilidades de quienes más se beneficiaron de esta crisis, especialmente las empresas. Pero eso debía terminar, porque el derecho, desde hace milenios, exige que quien causa un daño lo repare y deje de causarlo. Luciano Saúl Lliuya demandó a RWE en los tribunales alemanes precisamente usando una antigua regla de posesión, contenida en el artículo 1004 del Código Civil Alemán, que permite a cualquier persona pedir medidas a un juez para evitar la interferencia con su propiedad. El demandante, además de ser un líder social de Huaraz, tiene una pequeña propiedad expuesta a nuevos fenómenos GLOF.
Las dudas de los juristas no se hicieron esperar. Argumentaron que esta no es una regla pensada para la crisis climática, que los emisores no son responsables de los daños de la crisis climática y que esto está siendo solucionado (¡vaya que no!) por los países en los acuerdos internacionales. Respuestas insatisfactorias no sólo para quien ha sufrido un evento climático extremo, sino para cualquier que esté atento a lo que estos fenómenos van a seguir causando en nuestro planeta.
El día 28 de mayo llegó el fallo de segunda instancia. Luciano Saúl Lliuya perdió el juicio por cuestiones de hecho y no será indemnizado. Pero tanto él como todas las personas del planeta, hemos ganado con esta derrota. El tribunal fue claro en establecer que las responsabilidades existen, que hay prueba suficiente (hace años) de que la crisis climática está causada por las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones han sido principalmente provenientes de los carbon majors (entre los cuales, está RWE) y que el derecho civil vigente, muy similar en casi todo el mundo occidental, sí tiene soluciones para este tipo de problemas, pues no es admisible que los causantes de un daño de esta magnitud, que se han beneficiado enormemente con las actividades que las han llevado a causar ese daño, no sean responsables del mismo.
Con esto se abre un nuevo camino a la justicia ambiental y climática que es luz de esperanzas en un mundo que ha sido dominado por una narrativa de imposición del más fuerte y donde el derecho y la justicia parecían estar siendo aplastadas junto con la dignidad de las personas y los pueblos. Nuestro trabajo será saber seguir esa luz y cuidarlo, sabiendo que el camino intentará ser clausurado. La ruidosa ola de la crisis climática se abalanza sobre nosotros y, gracias a la memoria ambiental de Huaraz, la tozuda constancia de Luciano Saúl Lliuya, y la adecuada lectura del derecho que han hecho los jueces alemanes, pareciera que ahora tenemos una vía que puede ayudar a detenerla.
Columna publicada en la sección América Futura de El País – 31/05/25.
