Reforma ley 19300: 200 organizaciones de todo Chile llaman a bajar urgencia de ley de “permisología”

En una declaración apoyada por un amplio espectro de agrupaciones ambientales y territoriales, los firmantes indican las principales deficiencias del proyecto, el cual en lugar de proteger el medio ambiente es situado como un traje a la medida para los inversionistas

Luego de meses en que la narrativa de la “permisología” permeara toda la discusión política, económica y ambiental del país, el gobierno envió al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente – más conocida como 19300 – , la que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.

En la declaración, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalan que “el proyecto, que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, haciendo énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma acarreará. 

“Este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país. Genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo, y por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia, y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, señala Ezio Costa, Abogado y Director Ejecutivo de ONG FIMA.

En el documento se identifican 10 puntos como los más perjudiciales de la reforma, entre los que se encuentran el fin del principio preventivo en la evaluación de proyectos; aceleración de tramitación de proyectos elegidos discrecionalmente con el criterio político del gobierno de turno; creación de una estamento del Estado destinado a revisar y aprobar las reclamaciones de privados; se eleva el rol del Servicio de Evaluación Ambiental, dándole a éste la posibilidad de modificar sus observaciones para responder a un criterio economicista por sobre el de otros estamentos especializados. 

Por su parte, Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, señala, “El gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la ‘permisología’ contra la cual protestan ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales en Chile, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio. El propósito central de nuestro sistema ambiental es proteger el medio ambiente y, con ello, la salud de las personas y el patrimonio ambiental; por lo tanto, no podemos retroceder en sus estándares”, 

Larraín enfatiza que, “para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece dispuesto a asumir”.

Por otra parte, desde el mundo ambiental, se detecta la renuncia del gobierno a su propia propuesta en pos de las presiones del empresariado y la oposición. Al respecto, la declaración denuncia, entre otras: relega la participación local en la evaluación ambiental de proyecto, con indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Evaluación Ambiental; Deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original; Se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación. 

La declaración culmina con un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, insta al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues constituye un retroceso respecto a la legislación vigente. 

Revisa la declaración completa con firmas:

Declaración

Ley para la Naturaleza: una oportunidad para reconectar con los territorios

Por Felipe Perillán, abogado de Incidencia en ONG FIMA

En los últimos años, Chile ha demostrado un compromiso creciente con la protección del medio ambiente y la conservación de su biodiversidad. Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una deuda histórica respecto de nuestra institucionalidad ambiental. Esta ley constituye un avance sustantivo en materia de conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas y creación de herramientas para dicho fin. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho camino por recorrer, estando pendiente la elaboración, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de reglamentos que establece la denominada “Ley para la Naturaleza”, así como la determinación de los nuevos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, la reclasificación y homologación de las áreas protegidas existentes, entre otras materias.

Estando aún pendiente el inicio de varios de estos procesos, es preocupante la poca difusión que el Ministerio ha dado a dos de estos: i) la determinación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales de Biodiversidad cuyo proceso de recepción de antecedentes para la macro zona norte ya concluyó, para la la macro zona centro se encuentra abierto hasta el 16 de junio y el de la macro zona sur aún no inicia y ii) la elaboración del reglamento de compensaciones de biodiversidad, para el cual se recibirán antecedentes hasta el 5 de agosto. Estos procesos son fundamentales para la instalación de la nueva institucionalidad, pues influirán directamente en la creación de instrumentos clave que operativizarán la ley. 

El primero de los procesos mencionados tiene una directa relación respecto de la forma en que los organismos del Estado con competencias ambientales tratan los sitios identificados como prioritarios de cara a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, siendo actualmente de mayor relevancia y considerados como tales los considerados en la Estrategia Nacional. Actualmente existen 350 sitios prioritarios de los cuales sólo 64 de ellos se encuentran reconocidos en la Estrategia Nacional, haciendo infructuoso el trabajo de levantamiento de información y destinación de recursos a nivel regional para la identificación de los 286 sitios restantes. Esta nueva identificación de sitios prioritarios en el marco del proceso de planificación ecológica que mandata la ley viene a determinar cuáles serán los que pasarán a regirse por los efectos de la nueva legislación y, por ende, podrán ser objeto de los distintos instrumentos de conservación que con ella se incorporan y gozarán de protección ante las infracciones establecidas. El segundo proceso mencionado apunta a la elaboración de un reglamento que definirá criterios y estándares a efectos de determinar, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias que se proyecta que produzcan los proyectos o actividades en evaluación ambiental, los que deberán cumplir con las reglas para la compensación específicamente en materia de biodiversidad.

Como lo mandata el Acuerdo de Escazú, adoptado por Chile, es esencial que se promueva una amplia participación ciudadana, no solo para la aportación de antecedentes sino también para las consultas públicas necesarias en el futuro. Escazú establece claros estándares de información y participación que deben ser respetados. No cumplir con estos estándares significaría no solo un incumplimiento del acuerdo, sino también una oportunidad perdida para fortalecer la gobernanza ambiental en el país.

En el mismo sentido debemos recordar la importancia de cumplir con las metas N° 21 y 22 del Marco Mundial de la Biodiversidad adoptado en la COP 15 de la Convención de Diversidad Biológica, del que Chile es parte y que van en la misma línea que Escazú. La meta N° 21 se enfoca en asegurar que los mejores datos, información y conocimientos estén disponibles para los encargados de la toma de decisiones, los profesionales y el público. Esto es esencial para una gobernanza eficaz y equitativa, y para una gestión integrada y participativa de la diversidad biológica. Asimismo, destaca la necesidad de mejorar la comunicación, la educación, la investigación y la gestión de los conocimientos, respetando siempre los conocimientos tradicionales y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con su consentimiento libre, previo e informado.

La meta N° 22, por su parte, subraya la importancia de lograr una participación y representación plena, equitativa, inclusiva y efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad en la toma de decisiones. También enfatiza el acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.

Es fundamental que el gobierno aproveche esta oportunidad para marcar una diferencia en la manera en que se toman las decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. La generación de procesos transparentes y participativos no solo reforzará la confianza pública, sino que también asegurará que las políticas y reglamentos desarrollados sean más robustos y eficaces. Para ello se requiere que la difusión de los procesos iniciados se lleve a cabo por medios adecuados y efectivos, siendo insuficiente su mera publicación en el Diario Oficial. Necesitamos la participación tanto de las comunidades locales como de la comunidad científica a fin de que esta nueva regulación pueda tener bases sólidas.

Instamos al Ministerio de Medio Ambiente a redoblar sus esfuerzos en la facilitación de información, generación de mecanismos de participación idóneos y difusión de estos importantes procesos y a cumplir con los estándares internacionales que hemos adoptado. Es momento de que el compromiso con la conservación de la biodiversidad se refleje no solo en palabras, sino en acciones concretas y transparentes.

Columna de opinión publicada en Ladera Sur – 13/06/24

¡Plazo extendido! | Período de participación pública de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Termoeléctrica Mejillones 2

El Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA) da inicio a proceso de información pública de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2 perteneciente a Engie Energía Chile S.A. El procedimiento contemplado en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, establece la posibilidad de revisar una RCA, por el titular de un proyecto como por parte del afectado. “Cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado”. La solicitud apunta a la revisión de variaciones sustantivas en la calidad del aire y agua marina, así como afectaciones a la macrofauna y la abundancia de especies en la zona.

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PreCOP of Civil Society of Escazú: Register as an attendee!

The PreCOP of Escazú, a crucial event on the road to COP3 of the Escazú Agreement, will take place on April 19 and 20, 2024 at the Centro Cultural de España, located at Av. Providencia 927, Santiago, Chile.

This meeting is a space for dialogue and collaboration aimed at building bridges between defenders of human rights and nature, citizens, leaders, experts, civil society organizations, authorities and communities committed to environmental protection and environmental democracy in Latin America and the Caribbean. It seeks to foster collaboration and the strengthening of alliances and capacities to address the environmental challenges we face as a region, and is an opportunity to participate in crucial dialogues and be an active part of the change towards a more sustainable future.

We invite all interested people to register as attendees and participate in the different events that will take place. To register, you only need to fill out a form.

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For more information about the PreCOP of Escazú and how to participate, we invite you to go to www.fima.cl/precop-escazu. Join us in this important step towards building an environmentally just and sustainable future for all. Your participation makes a difference!

Also, if you wish to contribute as a volunteer in the realization of this important event, we invite you to complete this form.

¿Cómo vecinos y vecinas pueden contribuir en la fiscalización ambiental? Talleres en la región de Valparaíso enseñarán a hacer denuncias ciudadanas

En el marco del proyecto de ONG FIMA “Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, financiado a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso, se realizarán una serie de denuncias ciudadanas y fiscalización ambiental

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Victoria Ambiental para San Antonio: Comunidad logra que los Ojos de Mar avancen hacia ser considerados humedal urbano

Tras más de dos años de lucha socio ambiental y judicial se logró un acuerdo trascendental entre la comunidad, municipalidad de San Antonio, el Ministerio de Medio Ambiente y EPSA para la protección y preservación del sistema de lagunas ubicados en Llolleo.

La conciliación fue firmada este martes 27 de noviembre entre la Municipalidad de San Antonio, las partes reclamantes (entre ellas la organización Ojos de Mar, vecinos y la asociación indígena Calaucán), terceros coadyuvantes, el Consejo de Defensa del Estado – en representación del Ministerio del Medio Ambiente- y EPSA. Con esto, la autoridad ambiental deberá retrotraer el proceso a la etapa de evaluación técnica de la solicitud, realizar nuevas campañas y determinar, en un plazo de cinco meses, un nuevo polígono de protección. En el documento, también se establece un Comité encargado de la gobernanza del Humedal Urbano Ojos de Mar, presidido por la Municipalidad de San Antonio, quienes también se comprometen a dictar una Ordenanza General de Humedales Urbanos para la comuna, dentro de los primeros seis meses una vez declarada la protección. Por su parte, la empresa portuaria se comprometió, entre otras cosas, a financiar estudios de investigación para la protección del humedal, la verificación de las descargas de agua; instalar letreros informativos para las personas que visiten el área; coordinar el rescate de fauna; efectuar capacitaciones; y generar mesas de trabajo con la municipalidad y organizaciones comunitarias, en tanto no sea conformado el Comité de Gobernanza y Gestión, además de efectuar cambios en las luminarias para no afectar a la fauna existente en el lugar.

Representantes de la comunidad defensora del medio ambiente expresaron su satisfacción y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. “Estamos satisfechas con este proceso, que no fue fácil, pero aquí se demuestra que el diálogo puede resultar en soluciones beneficiosas para el territorio y su biodiversidad, este es un primer paso y estaremos atentos a que los compromisos establecidos se cumplan en los plazos acordados ”, señala Liliana Plaza – Fundación Ojos de Mar.

Un largo camino para la protección de Fiu y otras especies

En San Antonio conviven una larga tradición portuaria con una comunidad empoderada y agotada del creciente deterioro ambiental de la comuna, quienes hicieron de las lagunas Ojos de Mar, en Llolleo, un emblema para demostrar que otro tipo de vida también es posible. Observando las múltiples interacciones y especies que dependen de este frágil ecosistema, decidieron ingresar un expediente para solicitar su protección en el marco de la ley 21.202 que busca proteger los humedales urbanos.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó la solicitud de declaratoria de humedal urbano para el sistema de lagunas Ojos de Mar, ubicadas en la localidad de Llolleo en la comuna de San Antonio. Este hito marcó un antes y un después para la comunidad, quienes convencidos de la enorme relevancia ambiental de estos ecosistemas y ante la amenaza que significaba la expansión del puerto de San Antonio, EPSA, reclamaron al Segundo Tribunal Ambiental. Fue en esta instancia en que se convocó a las partes, Municipio, Comunidad, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado y Empresa Portuaria, para acudir a una resolución alternativa de conflictos, en este caso, someterse a un procedimiento de conciliación.

“Este acuerdo es un hito para la región, pero también para la institucionalidad de nuestro país. Si bien, Ojos de Mar fue el primer humedal urbano en ser rechazado en Chile, hoy es el primer humedal urbano que va a contar con un comité de gobernanza que es representativo tanto de organizaciones ambientales locales, como de organizaciones indígenas de la comuna, la empresa y la municipalidad de San Antonio.”señala Macarena Martinic abogada de la ONG FIMA, organización que representó a la comunidad reclamante durante todo el proceso.

La conciliación lograda integra importantes acciones y actividades que se enmarcan en 3 ejes estratégicos:

El primer eje se centra en lograr una delimitación precisa del humedal urbano a través de la ejecución de nuevas campañas en terreno y la incorporación de criterios técnicos y jurisprudenciales actualizados. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente en el marco de una nueva resolución que reconozca a los Ojos de mar como Humedal Urbano.

El segundo eje se enfoca en la gobernanza del humedal. Se acordó establecer un comité encargado de la gobernanza y gestión del humedal liderado por la Municipalidad y conformada por EPSA, instituciones académicas, sociedad civil, pueblos originarios y el MMA. Esta instancia será responsable del seguimiento, control y toma de decisiones relacionadas con la administración y gestión del Humedal Urbano.

El tercer eje se relaciona con la implementación de una serie de medidas que abordarán las amenazas presentes y futuras que enfrenta el humedal. Estas medidas se implementarán en el corto, mediano y largo plazo, previa visación de la instancia de gestión liderada por el municipio, y que se actualizarán en función de los conocimientos técnicos disponibles.

Con relación a las medidas de protección acordadas, para Francisco Sanhueza – Chile Ambiental, estas son muy relevantes, debido a que “las decisiones de protección, conservación y restauración tendrán la flexibilidad suficiente para adaptarse en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, en base al conocimiento generado en el mismo humedal a partir de los estudios técnicos que acuerde la mesa de gobernanza”.