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Por Antonio Pulgar Martínez

Coordinador de Estudios de ONG FIMA

La conmemoración del Día de los Derechos Humanos refiere la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, una de las conquistas más importantes para la ciudadanía global. 75 largos años que han visibilizado las luchas y disputas por la dignidad de la vida, pero que no han acabado con las distintas injusticias estructurales que se manifiesta a lo largo de los territorios.

Bajo la consigna de “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, los derechos humanos han permitido la articulación de la sociedad civil para exigir las medidas preventivas y reactivas procedentes que hagan efectivo el funcionamiento del Estado de Derecho, el que debe estar al servicio de la dignidad humana.

En la actualidad, muchos de los casos en donde existen riesgos y amenazas a los derechos humanos de personas o comunidades, dicen relación con los procesos de defensa de la naturaleza y los ecosistemas. Ante un escenario en que la escala global de las dinámicas de producción, distribución y consumo exceden el marco de los Estados-nación, muchas de las amenazas se vinculan directamente con el desarrollo de proyectos extractivistas que ponen en peligro los sistemas de vidas de comunidades cuya voz no es representada en los espacios formales de toma de decisiones. Esto se traduce en una presión constante a estos grupos, los cuales se ven expuestos de manera agravada a amenazas de vulneración de sus derechos. Un ejemplo claro de ello es que el 68% de los asesinatos a defensores ambientales durante los últimos 10 años se han cometido en Latinoamérica, según la más reciente publicación del reporte Global Witness.

En esa disputa por la dignidad de la vida, representada en la protección del medio ambiente, también observamos el cuestionamiento del paradigma imperante que nos ha conducido directamente hacia la crisis planetaria. La manera en que se ha “aprovechado” la naturaleza sin miramientos a la capacidad de carga de sus ecosistemas, ha alterado significativamente sus equilibrios. Así entonces, allí en donde no exista una protección del entorno natural, se hace imposible el ejercicio de los derechos fundamentales.

De esta manera, se hace evidente que el resguardo de la naturaleza y la protección de los derechos humanos encuentran un punto de unión indisoluble. Lo anterior también conlleva  una problemática social de distribución de cargas y beneficios, toda vez que hasta el día de hoy, se concentra la extracción de materias primas -y por ende los daños- en los países menos desarrollados como los del sur global, pero se dejan escurrir los beneficios en otra dirección.

Es por ello que uno de los desafíos más importantes a recordar en este día, dice relación con la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este tratado apunta precisamente a la profundización de la democracia ambiental, facilitando el acceso a la información, participación y justicia de los territorios y comunidades en las decisiones que les afecten, así como el resguardo de las y los defensores ambientales. Esta tarea, debe ser asumida con fuerza por los distintos órganos del Estado, pero no debemos olvidar el rol insoslayable que históricamente han cumplido las comunidades. Defendiendo nuestra casa común, para la dignidad de la vida.

Columna publicada en El Desconcierto – 09/12/2022