
La comunidad de Contao, en Hualaihué, denunció que un centro de cultivo de salmones se instaló junto a su humedal sin que nadie evaluara sus efectos sobre él. Ahora, la Superintendencia del Medio Ambiente deberá revisar el caso con mayor profundidad.
Cuando baja la marea en Contao, la desembocadura del río deja a la vista un humedal costero que la comunidad conoce bien. Allí nadan cisnes de cuello negro, se asoman toninas y las familias recolectan mariscos de orilla y hierbas medicinales, como lo hicieron generaciones antes. Es un ecosistema que cambia con cada marea, habitado por especies adaptadas a vivir entre el agua dulce y la salada.
“El humedal del río Contao tiene una dualidad: es parte de la desembocadura del río y conforma también la playa del pueblo. Son marismas donde coinciden ambos ecosistemas y que han sido parte de la vida de la comunidad en muchos aspectos: recreativos, alimentarios, paisajísticos, como hábitat de flora, aves y fauna y, hoy, como fuente de iniciativas turísticas sustentables”, cuenta Karen Vargas, tesorera de la Agrupación Eco Voluntarios de Hualaihué.
Sin embargo, pese a su valor cultural y natural, en 2009 la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Los Lagos, aprobó el Centro de Engorda de Salmones Contao, de la empresa Trusal S.A., con capacidad para producir hasta 3.584 toneladas de salmón, sin considerar este humedal. Aunque el proyecto estuvo detenido por años, en 2021 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) lo dio por iniciado formalmente, lo que en la práctica mantuvo vigente el permiso de 2009. A comienzos del 2023 el centro desarrolló su primer ciclo productivo.
Pocas semanas antes, la Municipalidad de Hualaihué había aprobado una ordenanza para proteger los humedales de la comuna, incluído el del río Contao. Por eso, cuando los vecinos vieron los trabajos de este proyecto junto a la desembocadura, encendieron las alertas: el delicado ecosistema que buscaban resguardar tendría ahora una salmonera a su lado.
Una comunidad que no dejó de preguntar
Para los habitantes de Contao, un proyecto evaluado en 2009 debía revisar sus efectos sobre el humedal antes de comenzar a operar 14 años después. Por eso, pidieron dejar sin efecto la decisión del SEA que dio por iniciada su ejecución, primero ante el propio servicio y luego con un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema, ambas acciones sin resultados positivos. Ante esa negativa, entre enero y marzo de 2023, vecinos de Contao y la Agrupación Eco Voluntarios de Hualaihué presentaron 23 denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En ellas advertían posibles daños a la flora, la fauna y las aves, y afectaciones a la extracción de mariscos y a los usos recreativos del lugar.
Durante la fiscalización, la propia SMA constató que el permiso casi no mencionaba la cercanía con la desembocadura del río. Aun así, en julio de 2025 archivó las denuncias, por lo que frente a esa decisión, y con el patrocinio de ONG FIMA, los denunciantes recurrieron al Tercer Tribunal Ambiental, en Valdivia.
Las señales que la SMA no consideró
El 9 de septiembre de 2026, el Tribunal acogió en parte la reclamación y dejó sin efecto la decisión de la SMA de archivar las denuncias. Su razonamiento fue simple: si la Superintendencia no logró descartar los posibles impactos sobre el humedal, no podía darlos por descartados.
En el expediente, el Tribunal advirtió situaciones. Primero, más materia orgánica de la prevista: la modelación de la propia empresa proyecta más del doble de carbono en el fondo marino que lo estimado en la evaluación de 2009. Segundo, cerca de las jaulas apareció en alta abundancia un gusano marino que indica exceso de materia orgánica. Y tercero, una duda abierta: si el centro y el humedal se conectan por el agua.
“La sentencia establece que la no consideración del humedal Contao puede acarrear potenciales efectos no previstos, especialmente en lo relativo a la acumulación de materia orgánica”, señala Emilfork. El Tribunal también cuestionó que la SMA no respondiera a la medida urgente que pidió la comunidad, como la suspensión temporal del permiso, para resguardar el lugar mientras se investigaba.
Lo que viene
Con el fallo, el procedimiento vuelve a la SMA, que deberá revisar nuevamente las denuncias y responder, con fundamentos, a la solicitud de medidas urgentes. El Tribunal no declaró que el humedal esté dañado ni ordenó sanciones, pero dejó claro que la revisión debe ir más allá de las cifras de producción.
“El camino está claro. La Superintendencia debe recoger los antecedentes que ya constan en el proceso, determinar los impactos no previstos que pudieren estar ocurriendo en el ecosistema estuarino y tomar las medidas que se hagan cargo de ellos”, afirma Emilfork. Según el abogado, eso incluye las medidas urgentes ya solicitadas, la evaluación de esos efectos y un eventual proceso sancionatorio, que podría terminar en multas u otras sanciones, ya que el permiso obliga a la empresa a informar este tipo de impactos, algo que a su juicio no ha ocurrido.
Para la comunidad, la sentencia es un paso importante. “Que el Tribunal haya acogido revisar nuevamente el caso y que la SMA realice acciones se siente como un avance relevante en nuestro objetivo, que no es otra cosa que la protección y conservación del humedal. Ojalá tener claridad de cómo ha cambiado el ecosistema”, concluye Vargas.





