Bailando por la eficiencia

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

Estas semanas se han vivido dos realidades paralelas en materia de transportes. Por un lado, masivas manifestaciones provocadas principalmente por el alza en los costos de los combustibles han mantenido cortadas varias carreteras en el país. Por el otro, una ofensiva política de la industria de comercio automotriz en Chile intenta retrasar la implementación de la ley de eficiencia energética, que obliga a vender automóviles nuevos de mayor eficiencia (menos uso de petróleo). La ironía es visible.

No es nuevo que tengamos conflictos sociales provocados por nuestra dependencia del petróleo y, mirando la geopolítica en torno a este y otros combustibles fósiles, no es esperable que la situación cambie a nuestro favor. Durante el siglo XX el mundo se hizo adicto y dependiente de estos combustibles, cuestión que hoy se traduce al mismo tiempo en guerras, desastres climáticos y conflictos internos en los países. Afortunadamente, nuestro territorio ha estado exento de las guerras, pero este año ha sido particularmente intenso en torno a los otros efectos.

En este sentido, tener una ruta de salida para nuestra dependencia parecería lo más lógico si se quiere tomar las cosas en serio y abordarlas no solo en lo inmediato, sino también en el mediano y largo plazo. La Ley Marco de Cambio Climático fija un horizonte de carbono-neutralidad para el año 2050, pero eso se queda corto frente a los desafíos que enfrentamos hoy.

El objetivo, no solo climático, sino también económico y de seguridad, debería ser que abandonemos la dependencia del petróleo en las próximas décadas, para alcanzar la soberanía energética: una soberanía bien planificada, que no debería plantearse solo sobre la base de la sustitución del petróleo por la electricidad de fuentes renovables, sino también sobre la reducción de costos para la población en general y una mayor autonomía en la generación y consumo de energía, para sus distintos usos. Todas son cuestiones que requieren de un esfuerzo colectivo que difícilmente existirá sin la guía y el empuje del Estado, como gestor del interés colectivo.

Los conflictos que se enunciaron al comienzo de esta columna presentan un escenario para que el gobierno avance en una agenda de protección de la soberanía nacional en este sentido, a la vez que contenga el aumento de los costos de vida mientras se implementan medidas para reducirlos.

En el caso del conflicto con los transportistas, es evidente que las primeras medidas tienen que apuntar a reducir los costos de los combustibles, pero sería poco inteligente que las medidas se quedaran ahí, pues volveremos a tener los mismos conflictos una y otra vez, con costos sociales y económicos en cada una de dichas ocasiones. En el mediano plazo, la respuesta está precisamente en el otro conflicto que se enunció y que dice relación con la eficiencia energética.

De acuerdo con lo que establece la ley de eficiencia energética, este año 2026 el Ministerio de Energía debería dictar las resoluciones con los estándares de eficiencia para vehículos pesados nuevos. Una resolución más estricta forzará que los buses y camiones nuevos que se vendan en Chile usen menos petróleo, reduciendo los costos para los transportistas.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía debería mirar con atención la posibilidad de generar mejores condiciones de incentivo para la adquisición de vehículos eléctricos, que hoy tienen beneficios principalmente para flotas empresariales, pero no necesariamente para pequeños propietarios. Es del caso señalar que en China, ya un 50% de los camiones nuevos que se venden, son eléctricos.

Respecto del segundo conflicto que se enunció, la respuesta es evidente: no es aceptable que se retrase la implementación de las metas de eficiencia para automóviles, y una decisión que lo hiciera solo sería en beneficio de algunos importadores, pero en contra del mejor interés de los consumidores, que nos veremos beneficiados por autos que gastan menos combustible y que, por lo tanto, nos generan importantes ahorros a mediano plazo ($250.000.- anuales, de acuerdo a un análisis de uno.cinco).

De nuevo, sin embargo, se extrañan mayores medidas de incentivo a la electromovilidad y a otros tipos de transporte sostenible. La inversión en ciclovías, detenida por el Ministro de Vivienda, es un gran ejemplo de esta falta de visión y algo que requiere ser revertido por el gobierno. Lo mismo pasa con la drástica reducción de presupuesto en materia de electromovilidad, electrificación rural e incentivos a las energías renovables, entre otros.

Así entonces, la coyuntura económica y política le muestra al gobierno un camino claro de beneficio para el país, el que lamentablemente no parece estar siendo seriamente considerado.

Con las carreteras cortadas por un lado y los importadores pidiendo pista por el otro, el gobierno parece más preocupado de que haya que bailar para pasar, que de los asuntos de fondo que podrían mejorar nuestro futuro. Para quienes hablan tanto sobre la necesidad de eficiencia y protección de la soberanía nacional, quizás este sea el momento de poner a prueba ese discurso. Veremos si les da el ritmo.

Publicada en El Desconcierto – 15/11/26

¡Nueva Comunidad FIMA!: un espacio para encontrarnos en torno a la justicia ambiental

Te invitamos a ser parte de este nuevo espacio en el que tendremos espacios de conversación, contenidos que profundicen en las reflexiones, y actividades especialmente creadas para quienes están interesadas/os en comprender y participar de los principales desafíos ambientales del país y el mundo. 

En un contexto marcado por la crisis climática, los conflictos socioambientales y los desafíos de participación ciudadana en la toma de decisiones, la necesidad de contar con espacios de información, reflexión y formación en materia ambiental se vuelve cada vez más relevante.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con personas interesadas en la justicia ambiental y ampliar las oportunidades de aprendizaje e intercambio, desde ONG FIMA hemos estado trabajando en el desarrollo de “Comunidad FIMA”, una iniciativa que será implementada a través de la plataforma Patreon.

La propuesta busca complementar el trabajo de educación, incidencia y difusión que desarrollamos habitualmente, generando instancias que permitan profundizar contenidos, comprender mejor procesos ambientales complejos y fortalecer una comunidad interesada en la defensa del medio ambiente y los territorios.

«La defensa del medio ambiente no solo ocurre en tribunales, procesos administrativos o espacios de incidencia. También se construye compartiendo conocimientos, generando redes y fortaleciendo comunidades comprometidas con la justicia ambiental», comenta Constanza Dougnac, coordinadora de comunicaciones en ONG FIMA.

Entre las actividades consideradas se encuentran boletines periódicos con análisis y contexto sobre temas ambientales de actualidad, materiales de profundización, conversatorios, sesiones de preguntas y respuestas, talleres y otras instancias orientadas a acercar el derecho ambiental a la ciudadanía de manera accesible.

¿Por qué Patreon?

Patreon es una herramienta digital utilizada por organizaciones, medios de comunicación, proyectos culturales y creadores de contenido para construir comunidades en torno a intereses compartidos, facilitando el acceso a contenidos especializados, actividades y espacios de interacción entre quienes forman parte de ellas.

La iniciativa contempla también la publicación de contenidos abiertos, con el propósito de continuar promoviendo el acceso a información ambiental y la participación informada en asuntos de interés público.

¿Cómo sumarse?

Ingresando a www.patreon.com/ongfima tendrás la oportunidad de suscribirte de forma gratuita o de pago, y acceder a distintos contenidos. Mensualmente publicaremos sobre actualidad ambiental, reflexiones, recomendaciones, ilustraciones y más. ¡Y atentos! Porque prontamente lanzaremos un Club de Lectura. 

¡Ayúdanos a crear esta comunidad y a potenciarla! 

 

Lanzan informe de casos sobre Infraestructura Verde y Biodiversidad en el 6° Encuentro Nacional Municipio Verde

La jornada reunió a funcionarias y funcionarios municipales en Peñalolén para compartir experiencias y soluciones frente a la crisis climática y ecológica. Durante el encuentro se presentó el informe “Infraestructura Verde y Biodiversidad: la experiencia desde 4 comunas de Chile”, que recoge aprendizajes de Concón, Hualpén, Peñaflor y Puerto Varas.

Este martes 10 de noviembre, más de 50 funcionarias y funcionarios municipales, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil participaron del 6° Encuentro Nacional Municipio Verde, una instancia organizada por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES Chile) que les convocó con el objetivo de intercambiar experiencias y herramientas para la gestión ambiental local. La actividad fue desarrollada con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén y tuvo lugar en el Centro Cívico y Cultural de San Luis de dicha comuna.

“Los municipios estamos llamados a ser instituciones del cambio”, señaló el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha Manso. “El Encuentro de Municipios Verdes nos muestra diversas realidades porque todos los municipios son distintos, pero podemos ver acciones concretas para poder mejorar la calidad de vida de la gente y defender el medio ambiente. Esto es una lucha del siglo XXI que tenemos que seguir dando y creo que tenemos una enorme responsabilidad para seguir cambiando nuestro planeta”.

Uno de los principales hitos de la jornada fue el lanzamiento del informe Infraestructura Verde y Biodiversidad: la experiencia desde 4 comunas de Chile, el cual analiza las estrategias de gestión municipal en torno a esta temática desarrolladas por las municipalidades de Concón, Hualpén, Peñaflor y Puerto Varas, identificando avances, desafíos y recomendaciones para fortalecer la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

El estudio destaca el rol estratégico de los municipios en la protección del patrimonio natural, pero también identifica las brechas persistentes, como la falta de recursos y equipos técnicos, la presión inmobiliaria e industrial, y las dificultades para integrar la biodiversidad en la planificación territorial. Entre sus recomendaciones, plantea fortalecer la gobernanza local, actualizar los instrumentos de gestión y reconocer los ecosistemas como infraestructura clave para enfrentar los riesgos climáticos.

“Este informe busca destacar las innovaciones municipales en la protección de la biodiversidad de diferentes comunas”, explicó la coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA y del proyecto Municipio Verde, Carolina Palma Correa. “Iniciativas como esta permiten destacar que la protección y conservación se realiza con voluntad política, creatividad y nos demuestra que la protección no puede quedar solo en el papel, sino que hay que crear planes de manejo adecuados para su gestión efectiva.”.

El Encuentro Nacional Municipio Verde también contempló la presentación de la Guía de Herramientas de Gobiernos Locales para la Protección de los Derechos de la Naturaleza en Chile, elaborado en el marco del proyecto internacional Speak4Nature, y un panel de conversación titulado “Soluciones de Infraestructura Verde y Biodiversidad: olas de calor y refugios climáticos”.

Este último contó con la participación del director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Peñalolén, Ricardo Cofré, y Pablo Farías, miembro del equipo de Educación e Investigación Socioambiental de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Mostazal, quienes compartieron sus principales experiencias, visiones y desafíos en la materia.

Municipio Verde, impulsando una gestión ambiental municipal más fuerte en Chile

Por medio de un documento de compromiso de libre suscripción, el proyecto Municipio Verde de ONG FIMA y FES Chile promueve el uso de las facultades ambientales de los gobiernos locales. La iniciativa contempla una hoja de ruta con 10 puntos para avanzar en la gestión municipal e impulsa una red de colaboración que actualmente reúne a 45 comunas, por medio de la cual se generan espacios de formación, intercambio y difusión de experiencias.

Christian Sánchez, director de Proyectos de FES Chile, indicó que “creemos que esta iniciativa cobra cada vez más importancia en términos de está logrando consolidar una red de municipios que están trabajando estos temas, que se van capacitando ellos mismos y van generando redes. Por lo mismo, nos parece que es muy importante lograr que se mantenga en el tiempo”.

Revisa más información sobre Municipio Verde en www.fima.cl/municipio-verde.

Quebradas y tornados

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

Puede sonar extraño, para un extranjero, que tengamos un orgullo tan marcado por ser buenos para resistir desastres naturales. Sin dudas es una particularidad cultural, a la que se suma nuestro oscuro humor en este tipo de eventos, que nos permite sobrellevarlos mientras reímos. Es una particularidad que se vincula con nuestra geografía y con tener un territorio en que tantos eventos son posibles, desde los climáticos hasta los que no lo son, como terremotos y erupciones volcánicas.

Sin embargo, no todos los eventos tienen el mismo alcance, frecuencia y posición en nuestra cultura. Algunos se repiten periódicamente y tienen causas reconocibles, otros son esporádicos e impredecibles. Entre los primeros, debiéramos contar con los aludes que bajan por las quebradas, entre los segundos, con los tornados que avanzan por las llanuras.

Chile es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático (vaya sorpresa). Esa vulnerabilidad está dada por una serie de factores entre los que vale la pena recordar la gran presencia de ecosistemas de montaña. Nuestra realidad de montañeses nos hace más vulnerables por al menos cuatro razones:

  1. La dependencia hídrica de la montaña
  2. El acelerado derretimiento de glaciares
  3. Las pocas posibilidades de adaptación para las especies de montaña
  4. El mayor riesgo de desastres en la montaña

Nuestro paisaje está repleto de quebradas, en ambas cordilleras y también en menor medida en los valles, estos ecosistemas cumplen funciones críticas en el ciclo hídrico, no sólo canalizando los excesos de agua y los deslizamientos en períodos de grandes precipitaciones, sino también permitiendo la recarga de acuíferos, sirviendo como refugios a la biodiversidad e incluso como reguladoras microclimáticas.

Las quebradas son parte de nuestro imaginario y Mistral las dibuja junto con el Aconcagua en el Poema de Chile (Ya se oyen sus cascadas,/ por las espumas blancas / la madre mía baja / y después se va yendo / por faldas y quebradas), pero son parte de un imaginario que hoy se ha modificado, como lo podemos leer en la poeta contemporánea Aida Reyes-Alcalde, de Antofagasta (Las quebradas siempre tan sosegadas / apenas un llanto / mas una lágrima es muerte y es barro / como si al lavar el cerro / ungiera al niño / en el desnudo grito / irresoluto de la madre). A mediados del siglo XX, las quebradas engalanaban las montañas y jugaban con los ríos; hoy son también una fuente de desasosiego.

Los tornados, por su parte, no son más que una imagen cinematográfica en nuestras mentes, un fenómeno ajeno a nuestra chilenidad que no es tan buena para dar vueltas. A pesar de que en la historia han existido algunos pocos documentados, pareciera que la ocasionalidad se ha revertido en la última década, con una aparición cada vez más común de estos eventos, tanto en su formato terrestre (tornado) como marino (tromba).

Se activan las quebradas, giran veloces las columnas de aire y nosotros, pasmados, vemos como aquello que hemos construido se desmorona frente a un clima cambiante y lleno de eventos abruptos. Colegios, universidades, hospitales y viviendas que están destinadas a desarrollar nuestra sociedad y cuidarla, ceden ante el potente paso del agua, la tierra y el viento, empujados por las consecuencias de un modelo extractivo de crecimiento económico.

La crisis climática es el período histórico que nos tocó vivir y espero que no olvidemos nunca que esto no es lo normal, pues recordarla tiene al menos dos efectos necesarios. El primero es que trabajemos para superar sus causas y con ellos disminuir sus efectos a futuro, pues a pesar de los esfuerzos científicos por prever dichos efectos, la realidad nos ha mostrado que estos pueden ser mucho más graves que aquellos que la ciencia alcanza a proyectar. El segundo es que entendamos que todas nuestras construcciones, tanto materiales como culturales y sociales, se han hecho sobre un supuesto de estabilidad que ya no opera de la misma forma, obligándonos a una adaptación colectiva e individual.

Y en este segundo espacio es donde nos toca poner mucha más energía y atención, puesto que mientras nuestro país ha hecho algunos esfuerzos por reducir sus emisiones, no es posible ver los mismos esfuerzos en lo que se refiere a proteger a la población, la economía y la propia naturaleza, frente a los efectos del cambio climático, tanto en su variable de grandes cambios sistémicos, como en su variable de eventos climáticos extremos.

La adaptación es una labor que inevitablemente requiere de una guía colectiva, que debiera ser asumida por el Estado en un país razonable, y que en el caso de Chile encuentra algunos pequeños lineamientos en los planes climáticos, faltando aún por desarrollar decisiones que cumplan efectivamente con estándares de adaptación.

Cuando miramos videos de chilenos reaccionando frente a terremotos y nos enorgullecemos de su calma, lo que estamos viendo es una acción regulatoria profunda, preventiva y responsable que obliga a la construcción con ciertos estándares que nos permiten, en Chile, quedarnos tranquilos frente a temblores que en otros países barren con sus construcciones. Tenemos esos estándares porque sabemos que habrán terremotos y porque colectivamente, luego de varias catástrofes, decidimos que era más importante regular la construcción aunque ello aumentara sus costos, pues creemos que un país desarrollado protege a las personas de que sus viviendas se desplomen sobre ellas cuando tiembla.

Frente a la crisis climática y sus consecuencias, nuestro trabajo es lograr regulaciones que nos permitan estar igualmente tranquilos frente a las lluvias que como lo estamos frente a los terremotos. Al igual que los terremotos, los aludes son una realidad cotidiana y proteger las quebradas es una de las cuestiones mínimas que debemos tener en cuenta. Pero además, ya no podemos olvidar, que dadas ciertas condiciones, en Chile también hay tornados.

Publicada en El Desconcierto – 02/11/26

 

Conoce SURGENCIA, nueva revista de ONG FIMA

La publicación reúne expresiones artísticas y literarias que abordan la relación entre las personas, los territorios y el medioambiente. El proyecto editorial busca abrir nuevos espacios de diálogo sobre justicia climática, acercando estas discusiones a públicos más allá del ámbito jurídico.

Santiago, Chile. Con el propósito de explorar nuevas formas de abordar los desafíos ambientales a través de la creación artística, ONG FIMA presentó el primer número de Surgencia, una revista que propone un encuentro entre el arte, la literatura y el derecho ambiental, poniendo la justicia climática en el centro de la reflexión.

La publicación nace de la convicción de que los desafíos socioambientales no solo requieren respuestas jurídicas y científicas, sino también espacios de expresión capaces de acercar estas problemáticas a la ciudadanía desde otras perspectivas.

Para dar vida a su primera edición, FIMA impulsó un concurso de arte y escritura dirigido a creadores de toda Hispanoamérica, invitándolos a presentar obras relacionadas con la justicia climática. La iniciativa buscó recoger distintas sensibilidades y perspectivas sobre los desafíos ambientales que enfrentan los territorios.

El arte como una nueva forma de abordar la justicia ambiental

A través de Surgencia, FIMA busca ampliar las maneras de comunicar y reflexionar sobre la protección del medioambiente, conectando el conocimiento jurídico con expresiones culturales que permitan abordar la crisis climática desde las experiencias, emociones y realidades de las comunidades.

En este sentido, la revista representa una nueva línea de trabajo para la organización, que complementa su labor de defensa jurídica e incidencia ambiental con herramientas de creación y difusión cultural.

Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, comentó que «el trabajo que hacemos en FIMA, que es un trabajo más bien insurgente, tiene una serie de vinculaciones, creemos nosotros, con la forma en que los y las artistas expresan en sus obras la emocionalidad de estar perdiendo la calidad ambiental y de ver lo que la sociedad hace con la naturaleza. A mí personalmente me conmueve mucho en general eso, y es parte de lo que la revista SURGENCIA quiere relevar».

Una convocatoria que reunió distintas miradas sobre la crisis climática

Uno de los elementos centrales del proyecto fue su convocatoria abierta a creadores de Hispanoamérica, que permitió invitar a personas de distintos territorios a interpretar la justicia climática desde sus propias experiencias y lenguajes artísticos.

Para Esteban Cathalifaud, Ingeniero Ambiental, autor de Fragmentada, y tercer lugar del concurso “Surgencia: Arte y Justicia Climática”, su obra «muestra cómo la intervención humana ha fragmentado la naturaleza, e invitar a reflexionar sobre cómo actualmente no accedemos a la naturaleza tal como es, sino que accedemos un poco a una imagen de ella».

Mientras que Ana Laura Galarza Diez, artista visual, autora de Cuerpo-territorio, y primer lugar del concurso, destaca que «desde el arte hay mucho que puede servir para expandir la sensibilidad y conciencia del cambio urgente que necesitamos hacer».

Un encuentro entre arte, literatura y medioambiente

El lanzamiento de Surgencia se realizó en Jacarandá Bar y Cocina, en el barrio Bellas Artes de Santiago, en un encuentro que reunió a artistas, escritores, colaboradores y personas vinculadas al proyecto editorial.

La jornada contó con diversas expresiones artísticas que acompañaron la presentación de esta primera edición. La música estuvo a cargo de la banda musical Lux Violeta, mientras que la escritora Valún Paillaleve presentó su libro “Detrito del desastre”.

Con esta primera edición, Surgencia busca consolidarse como un espacio de encuentro entre disciplinas, territorios y experiencias, ampliando las posibilidades de expresión y reflexión en torno a la protección del medioambiente.

Humedal Contao: comunidad logra que Tribunal Ambiental ordene a la SMA revisar impactos de salmonera

La comunidad de Contao, en Hualaihué, denunció que un centro de cultivo de salmones se instaló junto a su humedal sin que nadie evaluara sus efectos sobre él. Ahora, la Superintendencia del Medio Ambiente deberá revisar el caso con mayor profundidad.

Cuando baja la marea en Contao, la desembocadura del río deja a la vista un humedal costero que la comunidad conoce bien. Allí nadan cisnes de cuello negro, se asoman toninas y las familias recolectan mariscos de orilla y hierbas medicinales, como lo hicieron generaciones antes. Es un ecosistema que cambia con cada marea, habitado por especies adaptadas a vivir entre el agua dulce y la salada.

“El humedal del río Contao tiene una dualidad: es parte de la desembocadura del río y conforma también la playa del pueblo. Son marismas donde coinciden ambos ecosistemas y que han sido parte de la vida de la comunidad en muchos aspectos: recreativos, alimentarios, paisajísticos, como hábitat de flora, aves y fauna y, hoy, como fuente de iniciativas turísticas sustentables”, cuenta Karen Vargas, tesorera de la Agrupación Eco Voluntarios de Hualaihué.

Sin embargo, pese a su valor cultural y natural, en 2009 la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Los Lagos, aprobó el Centro de Engorda de Salmones Contao, de la empresa Trusal S.A., con capacidad para producir hasta 3.584 toneladas de salmón, sin considerar este humedal. Aunque el proyecto estuvo detenido por años, en 2021 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) lo dio por iniciado formalmente, lo que en la práctica mantuvo vigente el permiso de 2009. A comienzos del 2023 el centro desarrolló su primer ciclo productivo.

Pocas semanas antes, la Municipalidad de Hualaihué había aprobado una ordenanza para proteger los humedales de la comuna, incluído el del río Contao. Por eso, cuando los vecinos vieron los trabajos de este proyecto junto a la desembocadura, encendieron las alertas: el delicado ecosistema que buscaban resguardar tendría ahora una salmonera a su lado.

Una comunidad que no dejó de preguntar

Para los habitantes de Contao, un proyecto evaluado en 2009 debía revisar sus efectos sobre el humedal antes de comenzar a operar 14 años después. Por eso, pidieron dejar sin efecto la decisión del SEA que dio por iniciada su ejecución, primero ante el propio servicio y luego con un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema, ambas acciones sin resultados positivos. Ante esa negativa, entre enero y marzo de 2023, vecinos de Contao y la Agrupación Eco Voluntarios de Hualaihué presentaron 23 denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). En ellas advertían posibles daños a la flora, la fauna y las aves, y afectaciones a la extracción de mariscos y a los usos recreativos del lugar.

Durante la fiscalización, la propia SMA constató que el permiso casi no mencionaba la cercanía con la desembocadura del río. Aun así, en julio de 2025 archivó las denuncias, por lo que frente a esa decisión, y con el patrocinio de ONG FIMA, los denunciantes recurrieron al Tercer Tribunal Ambiental, en Valdivia.

Las señales que la SMA no consideró

El 9 de septiembre de 2026, el Tribunal acogió en parte la reclamación y dejó sin efecto la decisión de la SMA de archivar las denuncias. Su razonamiento fue simple: si la Superintendencia no logró descartar los posibles impactos sobre el humedal, no podía darlos por descartados.

En el expediente, el Tribunal advirtió situaciones. Primero, más materia orgánica de la prevista: la modelación de la propia empresa proyecta más del doble de carbono en el fondo marino que lo estimado en la evaluación de 2009. Segundo, cerca de las jaulas apareció en alta abundancia un gusano marino que indica exceso de materia orgánica. Y tercero, una duda abierta: si el centro y el humedal se conectan por el agua.

“La sentencia establece que la no consideración del humedal Contao puede acarrear potenciales efectos no previstos, especialmente en lo relativo a la acumulación de materia orgánica”, señala Emilfork. El Tribunal también cuestionó que la SMA no respondiera a la medida urgente que pidió la comunidad, como la suspensión temporal del permiso, para resguardar el lugar mientras se investigaba.

Lo que viene

Con el fallo, el procedimiento vuelve a la SMA, que deberá revisar nuevamente las denuncias y responder, con fundamentos, a la solicitud de medidas urgentes. El Tribunal no declaró que el humedal esté dañado ni ordenó sanciones, pero dejó claro que la revisión debe ir más allá de las cifras de producción.

“El camino está claro. La Superintendencia debe recoger los antecedentes que ya constan en el proceso, determinar los impactos no previstos que pudieren estar ocurriendo en el ecosistema estuarino y tomar las medidas que se hagan cargo de ellos”, afirma Emilfork. Según el abogado, eso incluye las medidas urgentes ya solicitadas, la evaluación de esos efectos y un eventual proceso sancionatorio, que podría terminar en multas u otras sanciones, ya que el permiso obliga a la empresa a informar este tipo de impactos, algo que a su juicio no ha ocurrido.

Para la comunidad, la sentencia es un paso importante. “Que el Tribunal haya acogido revisar nuevamente el caso y que la SMA realice acciones se siente como un avance relevante en nuestro objetivo, que no es otra cosa que la protección y conservación del humedal. Ojalá tener claridad de cómo ha cambiado el ecosistema”, concluye Vargas.

¡Chao guías ambientales!

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

En estas semanas de desastres ambientales producidos por el fenómeno del Niño y potenciados por la crisis climática, se han viralizado varias declaraciones del presidente Kast en su época de candidato, en las que denosta la regulación ambiental de diversas formas. Particularmente popular ha sido el audio en que, con sorna, desprecia las guías ambientales señalando que ellas serían un ejercicio que recoge los gustos ideológicos de los funcionarios de turno y que por lo tanto deberíamos deshacernos de ellas.

Es evidente que su desprecio por la regulación ambiental resulta irónico en un momento en que la falta de acciones públicas efectivas deriva en daños a las personas y sus bienes. Y así, los videos de casas inundándose, buses arrastrados por la corriente y barro arrastrando personas por las calles, junto a la voz del presidente de fondo, son una forma mínima de protesta en redes sociales.

Sin embargo, en algo tiene razón el presidente, y como ha sucedido también en otros temas, llega a las conclusiones correctas con un proceso lógico equivocado. Las guías ambientales son una forma de regulación jerárquicamente muy inferior y de cortísimo alcance. No son suficientes para proteger el ambiente, sino un instrumento administrativo del jefe de servicio, un instructivo, una orden en torno a cómo llevar a cabo una determinada acción, en este caso de evaluación ambiental.

Adicionalmente, las guías tienen la debilidad de que pueden ser modificadas por la presión económica o ideológica del gobierno de turno, por lo que por muy bien hechas en términos técnicos que estén en un momento, desde que el palacio es habitado por una persona que prefiere seguir su ideología que mirar la realidad, corremos un importante riesgo.

Pero no son sólo las guías ambientales las que tienen este problema, lo mismo sucede con algunos reglamentos. Y viendo esto, es verdad que deberíamos poner menos confianza en las guías y otros instrumentos de segundo o tercer orden, pues nuestra vida y la integridad del territorio que habitamos no debería depender tan fuertemente de que las autoridades administrativas sean razonables, menos aún en un momento en que llamar la atención parece más importante que hacer las cosas bien y que los procesos políticos están siendo afectados de manera ilegítima por plataformas digitales controladas por un grupo de multimillonarios.

La arbitrariedad de los gobiernos y sus intenciones de favorecer a algunas industrias en desmedro de la seguridad ambiental de las personas ya son posibles de ver en varias iniciativas sin sustento técnico ni beneficios públicos de largo plazo. Entre ellas, quizás las más importantes son los cambios al reglamento del SEIA.

Ya el gobierno pasado terminó su periodo haciendo este tipo de modificaciones y elevó de manera sustancial la exigencia para la reserva de hidrocarburos líquidos o gaseosos, pasando el límite de ingreso obligatorio a la evaluación de 200.000 a 850.000 litros. Eso, con el declarado interés de favorecer a la industria tecnológica, cuyos Data Center ya no siempre requerirán evaluación ambiental.

Sin ningún sustento técnico que acompañe a estas modificaciones, ahora el Ministerio de Medio Ambiente quiere volver a modificar el reglamento en cuestión, buscando multiplicar por ocho el umbral de ingreso para faenas de extracción minera, de tal forma que la exigencia de capacidad extractiva para someterse al SEIA pasaría de 5.000 a 40.000 toneladas cada mes, librando de todo examen ambiental a un amplio sector de la mediana minería que operen bajo ese tope.

De la misma forma, pretende favorecer a la industria inmobiliaria flexibilizando las exigencias relativas a los desarrollos urbanísticos en áreas resguardadas por planes de descontaminación, sustituyendo la regla que ordena evaluar proyectos con superficie de 7 hectáreas o 300 soluciones habitacionales, más que duplicando dicho límite, permitiendo eximir de la evaluación de impacto ambiental a megaproyectos de hasta 14 hectáreas o 700 viviendas en aquellas comunas o zonas saturadas que dispongan de un instrumento de descontaminación atmosférica vigente, bastando para ello la sola aprobación de un plan para compensar emisiones.

¿Pueden las autoridades administrativas modificar normas para favorecer a algunas industrias? ¿Cómo nos cercioramos que no hay captura en esas modificaciones? ¿Cómo nos cercioramos que haya un sustento técnico adecuado y no se tuerzan los objetivos de la ley?

Que no exista evaluación ambiental no solo significa que no haya una previsión efectiva de los riesgos ambientales y que por lo tanto estos aumenten, sino que significa quitar responsabilidades importantes a las empresas que desarrollan estos proyectos, tanto desde el punto de vista de su eventual responsabilidad en el caso de ocurrencia de desastres ambientales, como desde las medidas voluntarias con las que compensan sus impactos, y que terminan siendo claves para el desarrollo de los territorios, en un entramado normativo que ha preferido esa acción directa de compensación antes que generar mayores obligaciones para las empresas.

Y todavía falta lo peor, pues se vienen los reglamentos de la ley de Permisología (Ley N° 21.770, «Marco de Autorizaciones Sectoriales») que autoriza a los diversos organismos administrativos a reducir sus exigencias en materia de autorizaciones, sustituyéndolas por declaraciones juradas y otras técnicas regulatorias de menor entidad. Un regalito de bienvenida que la administración de Boric dejó al gobierno de Kast.

Así, nuevamente se pondrá a prueba la institucionalidad del país y también las palabras del presidente. Si él quería deshacerse de las guías ambientales caprichosas, ahora es su turno para asegurarse de que las nuevas normas administrativas sean un reflejo sólido de la realidad material y los elementos técnico científicos. Por ahora, vamos mal. Más que decirle chao al asunto, el presidente y su gobierno han encontrado en este tipo de regulaciones una manera de favorecer a sus cercanos y darse gustos ideológicos.

Publicada en El Desconcierto – 18/10/26

Manual de Justicia de Policía Local y Medio Ambiente: una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia ambiental

ONG FIMA y CECPAN presentan un nuevo manual que busca acercar a personas, organizaciones y comunidades el conocimiento sobre el rol de los Juzgados de Policía Local en la protección del medio ambiente a nivel comunal.

Los conflictos ambientales también ocurren cerca de donde vivimos: contaminación, microbasurales, daño a humedales, tala de árboles, afectación de espacios naturales o incumplimientos de normas sobre tenencia responsable de animales. Estas son algunas de las situaciones que pueden tener una dimensión local y que, en determinados casos, pueden ser presentadas y tramitadas por los Juzgados de Policía Local (JPL).

Sin embargo, muchas veces existe desconocimiento sobre qué materias pueden abordar estos tribunales, cómo presentar una denuncia o qué antecedentes pueden ayudar a acreditar una infracción. Para contribuir a cerrar esa brecha, ONG FIMA y CECPAN desarrollaron el “Manual de Justicia de Policía Local y Medio Ambiente”, una herramienta práctica y pedagógica orientada a facilitar el acceso a la justicia ambiental en los territorios.

El manual explica, de manera clara y accesible, cómo funcionan los JPL cuando abordan materias ambientales, cuáles son sus competencias, cómo se inicia un procedimiento, qué pruebas pueden ser útiles y cuáles son las distintas etapas de una denuncia. Además, aborda procedimientos específicos vinculados a ámbitos como el uso de suelo y manejo forestal, la protección del agua, el control de la contaminación y las emisiones, la protección de especies y espacios naturales, y el bienestar y tenencia responsable de animales.

La publicación busca ser una guía para la acción ciudadana ambiental, entregando herramientas que permitan a personas y comunidades comprender cuándo pueden recurrir a este juzgado, qué pasos seguir y cómo ejercer sus derechos en el ámbito local.

Lanzamiento del manual

El lanzamiento se realizará este jueves 8 de octubre, de 09:30 a 10:30 horas, en una actividad online vía Zoom. Te invitamos a conocer esta nueva herramienta y a conversar sobre el rol que pueden cumplir los Juzgados de Policía Local en la protección del medio ambiente y los territorios.

Actividad con inscripción previa.

Escudo de las Américas, minerales críticos y el riesgo para la defensa territorial

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

El presidente Kast ha hecho parte a Chile de una dudosa política regional empujada por el régimen de Donald Trump, llamada «escudo de las américas». La iniciativa, además de buscar llamar la atención con una estética de Marvel que la hace parecer una alianza de supervillanos, pretende una colaboración en materias policiales, militares y económicas entre los países miembros.

Hay múltiples razones que generan desconfianza frente a esta «alianza». Podríamos partir del hecho de que el régimen que promueve la alianza mantiene castigos (tarifas y aranceles) sobre todos los demás en base a supuestos débiles y fuera de la legalidad; seguir con preguntarnos quienes en realidad se benefician de esta alianza; continuar con reirnos de la ironía de que los supuestos patriotas y nacionalistas cedan de manera tan débil frente a las presiones de un país extranjero y terminar por lamentarnos del hecho de que este acuerdo debilita aún más las posibilidades de que Chile se desarrolle más allá de su posición como proveedor de materias primas.

Plegándose a la alianza de Trump, Chile y otros países de la región están garantizando que le proveerán de manera estable y segura de minerales críticos, cuestión que significa poner los intereses de dicho país (y especialmente de las industrias que hoy gobiernan junto al régimen) por sobre los intereses de Chile y sus habitantes, cosa especialmente peligrosa para comunidades rurales e indígenas que hagan valer sus derechos para defender el medio ambiente y sus territorios.

Este último punto es especialmente importante, pues si miramos el actuar de EEUU en relación con los países de América Latina en otras oleadas intervencionistas, las cosas comienzan con puntos de supuestos desafíos comunes (seguridad), pero terminan con persecuciones políticas y muerte contra la población local si es que no se aviene a los intereses del país norteamericano, que en este caso pasan fuertemente por la obtención de condiciones ventajosas para la explotación de minerales críticos, hoy los más apetecidos tanto para la transición energética como para las industrias tecnológicas y armamentística.

Así entonces, ya no se vuelve tan inocua la declaración del ministro de defensa en que considera un riesgo para «la soberanía de Chile» la existencia de normas legales que protegen a los pueblos indígenas, ni tampoco tan accidentales los intentos legislativos por impedir a las personas acceder a la justicia ambiental. Al igual que en tantos libros y películas distópicas, pero también al igual que ha sucedido en todo período de colonialismo o neocolonialismo, las poblaciones locales de los lugares donde se encuentran los recursos apetecidos no son vistos como sujetos de derecho en todo su sentido, sino como molestias frente a los deseos de los señores que habitan el poder.

La soberanía de Chile a la que se refería el Ministro Barros y que pareciera guiar las acciones del presidente Kast y del Ministro Pérez-Mackenna (ex-gerente del Holding controlador de la fortuna de la familia Luksic), es precisamente aquella que se está cediendo frente a Estados Unidos, y por lo mismo el riesgo que están viendo es que la sola voluntad gubernamental no sea suficiente para dicha cesión, pues afortunadamente existen una serie de mecanismos internos (incluídos aquellos que provienen de tratados internacionales) que nos permiten a los ciudadanos controlar el uso del poder público, incluso cuando quienes están en el poder son una alianza entre las mayores fortunas del país y quienes controlan temporalmente las instituciones públicas.

Por lo mismo, no sería sorpresivo que en los próximos meses veamos esfuerzos por horadar la soberanía nacional, intentando remover los controles que los ciudadanos tenemos sobre el uso del poder, de manera de que las autoridades electas puedan capturarlo de manera más completa para cederlo luego a los intereses del régimen que hoy gobierna Estados Unidos, y a las empresas que acompañan al poder tanto acá como en el país norteamericano.

Se pone a prueba nuevamente a la institucionalidad de Chile, aquella de la que tanto nos hemos enorgullecido en épocas pasadas, así como también el temple y orgullo de nuestra gente, hoy mirada en menos y como una molestia para los intereses de un régimen extranjero.

Publicada en El Desconcierto – 27/09/26

Defender la defensa: una guía para enfrentar las acciones judiciales que buscan silenciar la participación pública

En un contexto global de crecientes amenazas y ataques contra quienes defienden el medio ambiente, ONG FIMA presenta una guía que aborda las Acciones Judiciales Abusivas contra la Participación Pública (SLAPP) y entrega herramientas para identificarlas y enfrentarlas desde el derecho.

En 2025, al menos 124 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en el mundo, según las cifras más recientes de Global Witness. Con estos casos, el número de personas defensoras asesinadas o desaparecidas desde 2012 asciende a 2.375. 

Sin embargo, los asesinatos son parte de un fenómeno más amplio. Los datos de ALLIED, recopilados en su serie “Uncovering the Hidden Iceberg”, muestran la existencia de múltiples formas de violencia no letal contra personas defensoras indígenas, del territorio y ambientales, entre ellas amenazas, hostigamiento, criminalización y ataques digitales. Estas agresiones pueden preceder a formas más graves de violencia y, por eso, su identificación temprana resulta clave.

Dentro de este escenario se encuentra una forma particular de hostigamiento: las Acciones Judiciales Abusivas contra la Participación Pública, conocidas como SLAPP por su sigla en inglés (Strategic Lawsuits Against Public Participation).

“Las SLAPP son acciones judiciales o administrativas que aparentan ser legítimas, pero cuyo objetivo real es intimidar, desgastar y silenciar a personas u organizaciones que participan o denuncian en asuntos de interés público. De esa manera, estas acciones judiciales abusivas instrumentalizan el sistema de justicia para silenciar voces críticas y restringir la participación pública”, comenta Macarena Martinic, coordinadora de Empoderamiento y Participación Pública de ONG FIMA.

Frente a esta situación, el equipo de ONG FIMA elaboró “Defender la defensa: Guía para la defensa legal de Acciones Judiciales Abusivas contra la Participación Pública o SLAPP”, un documento que busca contribuir a la identificación y defensa frente a este tipo de acciones, con especial atención a quienes ejercen labores de defensa ambiental en Chile.

La publicación fue editada por Macarena Martinic Cristensen y Cristóbal Melo González, y elaborada a partir de distintas fuentes, incluyendo el levantamiento de casos y entrevistas a personas y organizaciones que han enfrentado este tipo de situaciones.

La guía explica cómo identificar una SLAPP, revisa sus principales características y aborda los estándares internacionales que pueden ser relevantes para su defensa. En esta línea, Martinic comenta que “si bien las SLAPP son un fenómeno antiguo y documentado a nivel internacional, en Chile no cuenta con un reconocimiento legal y muy pocas personas saben de qué se trata. Eso complejiza, por supuesto, poder enfrentar y prevenir el fenómeno. Frente a ello, en la publicación se realiza un levantamiento –no exhaustivo– de casos, con el fin de dar cuenta de la presencia del fenómeno en el país y de ciertos elementos comunes que presentan”. 

La guía fue presentada el miércoles 23 de septiembre en la Sala Ricardo Lagos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y fue una oportunidad para conversar sobre los desafíos que plantea este fenómeno y sobre la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para quienes ejercen su derecho a participar, expresarse y defender el medio ambiente. 

El evento, que puedes ver aquí, contó con la participación de Macarena Martinic, coordinadora de Empoderamiento y Participación Pública de ONG FIMA, quien presentó los contenidos de la guía; Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad; Thomas Vogt, profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile; y Cecilia Domínguez, investigadora del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad de Chile. La actividad fue moderada por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile.