Escudo de las Américas, minerales críticos y el riesgo para la defensa territorial

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

El presidente Kast ha hecho parte a Chile de una dudosa política regional empujada por el régimen de Donald Trump, llamada «escudo de las américas». La iniciativa, además de buscar llamar la atención con una estética de Marvel que la hace parecer una alianza de supervillanos, pretende una colaboración en materias policiales, militares y económicas entre los países miembros.

Hay múltiples razones que generan desconfianza frente a esta «alianza». Podríamos partir del hecho de que el régimen que promueve la alianza mantiene castigos (tarifas y aranceles) sobre todos los demás en base a supuestos débiles y fuera de la legalidad; seguir con preguntarnos quienes en realidad se benefician de esta alianza; continuar con reirnos de la ironía de que los supuestos patriotas y nacionalistas cedan de manera tan débil frente a las presiones de un país extranjero y terminar por lamentarnos del hecho de que este acuerdo debilita aún más las posibilidades de que Chile se desarrolle más allá de su posición como proveedor de materias primas.

Plegándose a la alianza de Trump, Chile y otros países de la región están garantizando que le proveerán de manera estable y segura de minerales críticos, cuestión que significa poner los intereses de dicho país (y especialmente de las industrias que hoy gobiernan junto al régimen) por sobre los intereses de Chile y sus habitantes, cosa especialmente peligrosa para comunidades rurales e indígenas que hagan valer sus derechos para defender el medio ambiente y sus territorios.

Este último punto es especialmente importante, pues si miramos el actuar de EEUU en relación con los países de América Latina en otras oleadas intervencionistas, las cosas comienzan con puntos de supuestos desafíos comunes (seguridad), pero terminan con persecuciones políticas y muerte contra la población local si es que no se aviene a los intereses del país norteamericano, que en este caso pasan fuertemente por la obtención de condiciones ventajosas para la explotación de minerales críticos, hoy los más apetecidos tanto para la transición energética como para las industrias tecnológicas y armamentística.

Así entonces, ya no se vuelve tan inocua la declaración del ministro de defensa en que considera un riesgo para «la soberanía de Chile» la existencia de normas legales que protegen a los pueblos indígenas, ni tampoco tan accidentales los intentos legislativos por impedir a las personas acceder a la justicia ambiental. Al igual que en tantos libros y películas distópicas, pero también al igual que ha sucedido en todo período de colonialismo o neocolonialismo, las poblaciones locales de los lugares donde se encuentran los recursos apetecidos no son vistos como sujetos de derecho en todo su sentido, sino como molestias frente a los deseos de los señores que habitan el poder.

La soberanía de Chile a la que se refería el Ministro Barros y que pareciera guiar las acciones del presidente Kast y del Ministro Pérez-Mackenna (ex-gerente del Holding controlador de la fortuna de la familia Luksic), es precisamente aquella que se está cediendo frente a Estados Unidos, y por lo mismo el riesgo que están viendo es que la sola voluntad gubernamental no sea suficiente para dicha cesión, pues afortunadamente existen una serie de mecanismos internos (incluídos aquellos que provienen de tratados internacionales) que nos permiten a los ciudadanos controlar el uso del poder público, incluso cuando quienes están en el poder son una alianza entre las mayores fortunas del país y quienes controlan temporalmente las instituciones públicas.

Por lo mismo, no sería sorpresivo que en los próximos meses veamos esfuerzos por horadar la soberanía nacional, intentando remover los controles que los ciudadanos tenemos sobre el uso del poder, de manera de que las autoridades electas puedan capturarlo de manera más completa para cederlo luego a los intereses del régimen que hoy gobierna Estados Unidos, y a las empresas que acompañan al poder tanto acá como en el país norteamericano.

Se pone a prueba nuevamente a la institucionalidad de Chile, aquella de la que tanto nos hemos enorgullecido en épocas pasadas, así como también el temple y orgullo de nuestra gente, hoy mirada en menos y como una molestia para los intereses de un régimen extranjero.

Publicada en El Desconcierto – 27/09/26

 

Defender la defensa: una guía para enfrentar las acciones judiciales que buscan silenciar la participación pública

En un contexto global de crecientes amenazas y ataques contra quienes defienden el medio ambiente, ONG FIMA presenta una guía que aborda las Acciones Judiciales Abusivas contra la Participación Pública (SLAPP) y entrega herramientas para identificarlas y enfrentarlas desde el derecho.

En 2025, al menos 124 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en el mundo, según las cifras más recientes de Global Witness. Con estos casos, el número de personas defensoras asesinadas o desaparecidas desde 2012 asciende a 2.375. 

Sin embargo, los asesinatos son parte de un fenómeno más amplio. Los datos de ALLIED, recopilados en su serie “Uncovering the Hidden Iceberg”, muestran la existencia de múltiples formas de violencia no letal contra personas defensoras indígenas, del territorio y ambientales, entre ellas amenazas, hostigamiento, criminalización y ataques digitales. Estas agresiones pueden preceder a formas más graves de violencia y, por eso, su identificación temprana resulta clave.

Dentro de este escenario se encuentra una forma particular de hostigamiento: las Acciones Judiciales Abusivas contra la Participación Pública, conocidas como SLAPP por su sigla en inglés (Strategic Lawsuits Against Public Participation).

“Las SLAPP son acciones judiciales o administrativas que aparentan ser legítimas, pero cuyo objetivo real es intimidar, desgastar y silenciar a personas u organizaciones que participan o denuncian en asuntos de interés público. De esa manera, estas acciones judiciales abusivas instrumentalizan el sistema de justicia para silenciar voces críticas y restringir la participación pública”, comenta Macarena Martinic, coordinadora de Empoderamiento y Participación Pública de ONG FIMA.

Frente a esta situación, el equipo de ONG FIMA elaboró “Defender la defensa: Guía para la defensa legal de Acciones Judiciales Abusivas contra la Participación Pública o SLAPP”, un documento que busca contribuir a la identificación y defensa frente a este tipo de acciones, con especial atención a quienes ejercen labores de defensa ambiental en Chile.

La publicación fue editada por Macarena Martinic Cristensen y Cristóbal Melo González, y elaborada a partir de distintas fuentes, incluyendo el levantamiento de casos y entrevistas a personas y organizaciones que han enfrentado este tipo de situaciones.

La guía explica cómo identificar una SLAPP, revisa sus principales características y aborda los estándares internacionales que pueden ser relevantes para su defensa. En esta línea, Martinic comenta que “si bien las SLAPP son un fenómeno antiguo y documentado a nivel internacional, en Chile no cuenta con un reconocimiento legal y muy pocas personas saben de qué se trata. Eso complejiza, por supuesto, poder enfrentar y prevenir el fenómeno. Frente a ello, en la publicación se realiza un levantamiento –no exhaustivo– de casos, con el fin de dar cuenta de la presencia del fenómeno en el país y de ciertos elementos comunes que presentan”. 

La guía fue presentada el miércoles 23 de septiembre en la Sala Ricardo Lagos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y fue una oportunidad para conversar sobre los desafíos que plantea este fenómeno y sobre la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para quienes ejercen su derecho a participar, expresarse y defender el medio ambiente. 

El evento, que puedes ver aquí, contó con la participación de Macarena Martinic, coordinadora de Empoderamiento y Participación Pública de ONG FIMA, quien presentó los contenidos de la guía; Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad; Thomas Vogt, profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile; y Cecilia Domínguez, investigadora del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad de Chile. La actividad fue moderada por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile.

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Kast insiste con debilitar la legislación ambiental

  • Por Carolina Palma, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA e integrante de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, y Vicente Andrade, encargado legislativo en ONG FIMA. 

En agosto, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable una de las medidas más polémicas de la megarreforma del Gobierno: la indemnización a empresas cuyas resoluciones de calificación ambiental fueran anuladas por los tribunales. Pero el fallo rechazó también otra disposición, menos comentada y fundamental para esta discusión, y es la que restringía quiénes podían reclamar judicialmente por errores en la evaluación ambiental. En síntesis, el TC nos recordó que el acceso a la justicia ambiental forma parte del bloque de constitucionalidad a través del Acuerdo de Escazú: no es una cortesía legislativa, sino una garantía que el Estado no puede vaciar por la vía de una mayoría circunstancial.

Sería lógico pensar que ese golpe dejaría alguna lección. No fue así. Semanas después, en la discusión de la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Ejecutivo ha insistido con debilitar la legislación ambiental. La indicación en cuestión modifica el artículo 42 de la ley orgánica de la SMA, la norma que regula los Programas de Cumplimiento. Estos programas son un mecanismo pensado para que una empresa que infringe la normativa ambiental pueda corregir su conducta antes de que se le apliquen sanciones más duras. La propuesta del Gobierno establece que mientras el programa esté vigente, en trámite o en ejecución, no se podrá presentar la acción judicial por daño ambiental.

¿Qué significa eso en la práctica? Que el Estado y la ciudadanía quedarían imposibilitadas de demandar durante todo ese período. Y no es poco tiempo. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó ante la Comisión de Medioambiente del Senado que en promedio pasan 1.025 días, casi tres años, entre que vence el plazo para presentar un Programa de Cumplimiento y se declara que este fracasó. Casi tres años en que la acción judicial por daño ambiental quedaría suspendida.

El CDE no es un actor menor en esta discusión. Es uno de los tres legitimados para demandar por daño ambiental y ha llevado una parte importante de las causas ante los Tribunales Ambientales, con una tasa de éxito de 96% en los casos. Las reparaciones que ha obtenido por esa vía no son simbólicas: el humedal artificial del río Cruces, avaluado en US$10 millones; la conciliación con Escondida, Albemarle y Zaldívar por el acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, de entre US$90 y 100 millones. Nada de eso se logra por la vía puramente administrativa.

El Gobierno reitera la lógica de las normas ambientales rechazadas por el Tribunal Constitucional. Cuando una empresa incumple la normativa ambiental, ya sea porque contaminó de más o porque le anularon su permiso, el diseño que propone el gobierno de Kast apuesta a blindarla de las consecuencias, ya sea con recursos del Estado o cerrándole la puerta a quienes podrían demandar.

La institucionalidad ambiental chilena se construyó sobre la idea de que el daño al medio ambiente tiene que tener una respuesta judicial efectiva, no solo administrativa. Cada vez que el gobierno intenta debilitar esa respuesta, ya sea premiando a la empresa infractora o restringiendo el acceso a la justicia, se aleja de esa idea fundacional. El Tribunal Constitucional ya fijó un límite. Esperemos que el Senado pueda reaccionar a tiempo esta vez.

Publicada en Cooperativa – 28/09/26

Tres ranitas, dos Araucarias y un Spa para las chinchillas

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

El Environmental Performance Index es un instrumento creado por la Universidad de Yale y que evalúa una serie de variables ambientales de los países, estableciendo un ranking para cada una de ellas. Chile tiene una posición mediana a nivel mundial (41 de 180), siendo destacado en América Latina, pero muestra mucha disparidad en sus evaluaciones según variable, teniendo algunos áreas de alto puntaje, como el agua potable urbana, y otras de muy mal desempeño, como en calidad de aire, contaminación por la agroindustria y protección de especies.

En este último aspecto, especialmente complejas son la posiciones en «índice de lista roja» (149 de 180) y protección de especies terrestres (135 de 180). La primera variable refiere a la protección frente al riesgo de extinción y la segunda a la adecuación entre las áreas protegidas y el rango de distribución de las especies terrestres. La distancia entre la posición general y la que tenemos en estas variables en específico merece un análisis desde diversas perspectivas.

Es cierto que hay un problema de instrumentos normativos y de gestión. Ya en 2005 la evaluación de desempeño de la OCDE nos advertía con nuestras falencias en esta materia, y luego de más de una década de discusión, recién tenemos un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que no ha logrado completar su implementación.

Hasta hoy, buena parte de lo que hoy regula la relación entre las personas y la fauna silvestre depende de acuerdos internacionales y se sigue ordenado en torno a leyes desactualizadas, como la ley de caza y la torcida aplicación de las autorizaciones de captura con fines supuestamente científicos. Pero reducir el problema a estas ausencias normativas es quedarse corto. Chile podría llenar cada uno de esos vacíos legales y seguir tomando, en la práctica, las mismas decisiones que hoy explican el mal desempeño.

Porque el problema no es solo la falta de reglas específicamente aplicables a las especies, sino el lugar que ocupa la protección de especies cuando esas reglas existen y hay que aplicarlas frente a otro interés en juego. Ahí es donde se nota que la protección de especies no está a la altura del resto de las prioridades ambientales del país y basta con mirar cuántas veces se autoriza una intervención sobre el hábitat de una especie con el argumento de que el beneficio económico (no calculado) de cualquier proyecto es más importante que el hábitat de esa especie (cualquiera que sea). Esa lógica traslada la protección de biodiversidad al umbral de la extinción, y deja fuera exactamente lo que un sistema de protección de especies debería cubrir antes de llegar a ese punto.

La obligación de proteger especies tampoco puede agotarse en las gestiones de un servicio público, sino que es una obligación transversal. La pregunta que vale la pena hacerse frente a cada proyecto es si existe un umbral mínimo de protección que el Estado está dispuesto a exigir con independencia de quién lo pida y de qué tan rentable sea la actividad. En el mismo sentido, escuchar a quienes conocen el estado real de esas poblaciones, los especialistas que llevan años monitoreando en terreno, debiera ser parte estructural de esa decisión.

Pero se vuelve muy complejo que los organismos públicos tomen seriamente sus obligaciones en este respecto cuando tanto las élites económicas como los representantes del gobierno hacen gala de su desprecio hacia la biodiversidad en cada oportunidad que tienen. En un uso falaz de las obligaciones de protección de la biodiversidad, se le suele apuntar como un obstáculo y usar como elemento discursivo para denostar la evaluación ambiental. Así, tristemente algunas especies como naranjillos, araucarias, ranitas, pinguinos, arañas y chinchillas, que no han hecho nada más que existir y con ello contribuir a los ciclos de la naturaleza, se han convertido de repente en blanco de discursos de odio por parte de personas en posiciones de poder.

Lo extraño es que esto no parece ser parte de la cultura nacional, que en general valora de manera muy positiva a las especies y que incluso se llena de orgullo con ellas, en elementos como el himno, el escudo y una serie de menciones en el saber popular. Quizás estos discursos, por tanto, sea un efecto de la crispación política general, pues al igual como sucede en otras áreas, el direccionamiento de la frustración de una parte de la población hacia blancos débiles como son las especies vegetales y animales, funciona como un discurso fácil y de aparente eficacia política, pero que termina dañando al país.

¿Es posible concebir a Chile sin su biodiversidad? Aprovechando las fiestas patrias, me parece un buen momento para hacer un llamado a la reflexión sobre el trato que damos a las especies no humanas en el territorio nacional y a retomar nuestra tradición de valorarlas positivamente. Quizás con un poco más de calma discursiva y completando la implementación de la normativa pendiente, podamos algún día decir con orgullo que somos un asilo, no sólo contra la opresión, sino también contra la extinción.

Publicada en El Desconcierto – 15/09/26

Buscamos: Procurador/a Judicial

Buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a estudiante de Derecho de 3° o 4° año, con interés en el litigio ambiental y la defensa de los derechos humanos. La convocatoria está abierta hasta el 24 de septiembre.

Septiembre, 2026. En ONG FIMA estamos buscando un/a Procurador/a Judicial para integrarse a nuestro equipo de Acceso a la Justicia Ambiental, área que lleva los litigios y procedimientos administrativos de la organización en materias ambientales, de derecho administrativo, civiles y otras relacionadas.

La persona seleccionada tendrá la oportunidad de participar en el seguimiento y gestión de causas y procedimientos ante tribunales y órganos de la Administración del Estado, además de apoyar la preparación de escritos judiciales y administrativos, minutas, informes, presentaciones y otros documentos vinculados a los casos en tramitación. También deberá realizar diversos trámites ante tribunales, organismos públicos y privados, municipalidades, el Servicio de Impuestos Internos y bancos, entre otras instituciones.

Buscamos a una persona con motivación por la justicia ambiental y por formar parte de ONG FIMA, organizada, proactiva y con capacidad para trabajar tanto de manera autónoma como en equipo. Se valoran especialmente la gestión del tiempo, la comunicación asertiva, la flexibilidad, la capacidad para resolver problemas y la disposición al aprendizaje continuo.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de Derecho que cursen 3° o 4° año, con manejo de contenidos de derecho procesal, ambiental y público.

📅 Inicio: 12 de octubre de 2026.
🕐 Jornada: 22 horas semanales, distribuidas en 5 días, con horario a convenir entre las 9:00 y las 19:00 horas. Los lunes la jornada será remota y el resto de los días presencial.
📄 Duración: contrato inicial de 3 meses de prueba, con posterior renovación por un año. Se espera un compromiso de permanencia de al menos un año.

Postula completando el formulario hasta el 24 de septiembre.

Postula aquí

Otro invierno respirando un aire que nos enferma

  • Por Carolina Palma Correa, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA. 

A solo un día de asumir, el gobierno tomó una de sus primeras decisiones polémicas. El Ministerio del Medio Ambiente retiró 43 decretos que se encontraban en tramitación en la Contraloría.

Los decretos abarcan diversas temáticas, entre ellas, normas, planes de descontaminación y distintos reglamentos en torno a la regulación del agua, el aire, la biodiversidad y el cambio climático. Todos ellos esperaban su trámite final después de largo tiempo de tramitación, pero ahora están en pausa. Hoy quisiera resaltar la importancia de dos en particular: la Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino (MP2,5) y la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. 

El invierno se aproxima a su fin, sin embargo, nos ha dejado momentos críticos de mala calidad de aire. En distintas ocasiones, ciudades de nuestro país como Santiago, Coyhaique, Nacimiento, Cochrane o Pitrufquén se han posicionado como las con peor calidad de aire a nivel mundial, según la plataforma IQAir. Esto no es noticia, porque lamentablemente sucede todos los años y nos hemos acostumbrado a respirar aire de mala calidad. Sin embargo, es nuestro deber como ciudadanía exigir a las autoridades normativas que nos ayuden a respirar un mejor aire. 

Las Normas de Calidad para Material Particulado Fino 2,5 y la Norma de Termoeléctricas sin duda que son instrumentos útiles para descontaminar nuestros cielos, ya que su objetivo es proteger la salud de las personas, estableciendo nuevos límites de contaminación a nivel nacional y en comunas específicas del país. En concreto, con una nueva norma de material particulado fino MP2,5 elevaremos los estándares de lo que consideramos contaminación, y aunque nos incomode, tendríamos más días de calidad de aire malo o regular, ya que estaríamos siendo honestos con lo que realmente ocurre, que es que superamos con creces la norma. 

Por otro lado, si tuviéramos operativa la norma de termoeléctricas, esto implicaría que de las 46 unidades generadoras de energía, 7 incumplirían la norma por material particulado, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.

Lamentablemente nos hemos acostumbrado a la mala calidad del aire en invierno, sin embargo, respirar contaminación nos enferma. Con la Norma de Material Particulado Fino PM2,5 no sólo reducirían las hospitalizaciones, en base a una reducción de 8.409 casos de enfermedades estimadas, sino que también podríamos evitar 14.660 muertes prematuras en 10 años, es decir, 1.466 muertes evitadas al año. Lo mismo ocurre con la Norma de Termoeléctricas, donde se podrían evitar 104 hospitalizaciones y 116 muertes prematuras en este mismo periodo. Los beneficios se verían directamente relacionados a las regiones Metropolitana, Biobío y la Región del Maule, abarcando las regiones más pobladas de nuestro país. 

El proceso de actualización de normas como estas requiere tiempo, recursos económicos y sobre todo recursos humanos con distintas visiones: de empresas, sociedad civil, comunidades, académicos y gremios que participaron en esta actualización y muchas veces comprende el mandato de más de un gobierno. 

La norma de emisiones para centrales termoeléctricas, por ejemplo, acumula 15 años sin actualización desde su puesta en marcha en 2011. Por lo mismo, no parecen razonables los argumentos de la ministra Toledo, al haber retirado estos decretos de su toma de razón. A pesar del fin del invierno, el inicio de  la primavera y las fiestas patrias, no podemos dormirnos en los laureles: debemos exigirle al gobierno que devuelva los decretos, para que no pase otro año donde el vital hecho de respirar puede enfermarnos.

Publicada en Cooperativa – 10/09/26

33 organizaciones sociales anuncian el Festival Ciudadano UNE, encabezado por Cristóbal Briceño y el Coro Ciudadano Ochagavía, dirigido por Nicole

La jornada gratuita y abierta a personas de todas las edades se realizará el sábado 3 de octubre en la Plaza Central del GAM, con talleres, exposiciones, música en vivo y un collage colectivo gigante, además de nuevas actividades que serán anunciadas próximamente.

33 organizaciones de la sociedad civil se unirán para realizar el Festival Ciudadano UNE, una jornada gratuita y abierta a toda la ciudadanía que se desarrollará el próximo sábado 3 de octubre, en la Plaza Central del Centro Gabriela Mistral (GAM). La actividad busca acercar a la ciudadanía a las ONG, mostrando que detrás de muchas mejoras concretas en la vida cotidiana hay organizaciones dedicadas a hacerlas posibles y que, unidas, forman parte del tejido que sostiene una sociedad más justa, participativa y con derechos.

El festival es parte de “La Fuerza que Nos Une”, una iniciativa colectiva impulsada por 33 organizaciones de la sociedad civil para visibilizar su aporte al bienestar de las personas. Entre ellas se encuentran ONG FIMA, Terram, Observatorio Ciudadano, Amnistía Internacional, Greenpeace, Ciudadanía Inteligente, Fundación Clubes y Humanas, por nombrar solo algunas.

La propuesta es llevar el trabajo de las organizaciones, desde un lenguaje técnico y a veces poco visible, a un espacio cercano, cotidiano y participativo. Por eso, UNE además de ser un lugar para conocer organizaciones y sus causas, será también un espacio de encuentro para participar, crear, escuchar música, conocer nuevas experiencias y compartir con otras personas.

“UNE es una oportunidad para encontrarnos con personas que quizás ya son parte de estas causas sin saberlo. El trabajo de las organizaciones ocurre todos los días junto a las comunidades, pero no siempre se conoce cuánto aporta a la vida cotidiana de las personas. Queremos mostrar ese trabajo, conversar y reconocernos: porque la ciudadanía no es nuestro público, es lo que somos”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones y Redes de ONG FIMA. “Pero queremos hacerlo de una manera entretenida y abierta, para que familias completas puedan participar del espacio con actividades que reflejan el espíritu de las organizaciones”, agrega quien también es parte del directorio de la ONG ambiental.

Programa participativo para todas las personas

La programación de UNE está pensada para que personas de distintas edades puedan participar y disfrutar. En la zona de stands, las organizaciones participantes compartirán sus causas, historias y experiencias, generando espacios de conversación directa con quienes visiten el encuentro.

A esto se sumará una programación cultural interactiva que incluye un Taller de Títeres con Materiales Reciclados, especialmente pensado para niñas y niños, a cargo de Fundación Títeres en Red, y un Taller de Collage Comunitario, dirigido por el artista visual y arteterapeuta Álvaro Agreda, ganador del Premio Arte Joven MAVI-UC, que tendrá como objetivo realizar una obra gigante junto a quienes participen y asistan. 

También habrá una exposición de 40 fotografías submarinas de Fundación Capital Azul, que permitirá conocer la biodiversidad de los Refugios Marinos de la costa de Valparaíso y el rol de la pesca artesanal en su conservación.

Bicicultura también será parte del Festival UNE, con una invitación a llegar pedaleando. “Invitamos a venir en bicicleta y a promover una forma de movilidad más amable con la ciudad y el medioambiente. Les esperamos con biciestacionamientos gratuitos (traigan sus candados) y nuestra unidad móvil ‘Bicicultura Informa’, donde ofreceremos asesoría, orientación y microtalleres abiertos a la comunidad”, señala Amarilis Horta, directora de la organización.

La música será otro de los puntos fuertes de la jornada. Se presentará el Coro Ciudadano Ochagavía, iniciativa cultural y comunitaria de Pedro Aguirre Cerda dirigida por la cantante Nicole, junto a Daniela Guzmán. Al coro se podrán inscribir quienes quieran sumarse y ser parte de los ensayos durante septiembre, para participar de la presentación colectiva del 3 de octubre. La jornada contará también con Cristóbal Briceño, vocalista y compositor de Ases Falsos, quien llegará a UNE en la antesala del esperado regreso de Fother Muckers a los escenarios, tras más de una década y media de interrupción. La banda vuelve con nuevo disco, Así Se Hace, y un show anunciado para octubre.

Estas son solo algunas de las actividades confirmadas. Nuevos números y experiencias serán anunciados próximamente.

Una fuerza que nos une

En todos estos ámbitos existen organizaciones y personas que trabajan diariamente para generar cambios concretos. Muchas veces ese trabajo ocurre de manera silenciosa y no siempre es visible. Las organizaciones de la sociedad civil llegan a espacios donde el Estado o el mercado no siempre alcanzan, trabajan directamente con personas y comunidades, detectan necesidades y desarrollan respuestas desde la experiencia de los propios territorios.

“Hay mucho más de las organizaciones de la sociedad civil presentes en nuestra vida cotidiana de lo que alcanzamos a percibir. Muchas iniciativas, espacios y cambios que hoy damos por sentados son también resultado de personas que se organizaron, levantaron una causa y decidieron actuar. UNE busca justamente acercar esa realidad y que podamos reconocerla”, señala Flavia Liberona, directora de Terram.

Encuentro abierto y gratuito

El Festival Ciudadano UNE se realizará el sábado 3 de octubre, de 11:00 a 20:00 horas, en la Plaza Central del GAM, con entrada gratuita y abierto a personas de todas las edades.

Sábado 3 de octubre de 2026 | 11:00 a 20:00 horas
Plaza Central | Centro Gabriela Mistral (GAM)
Entrada gratuita

Más información y programación en www.eslafuerzaquenosune.cl

Organizaciones que son parte de “La Fuerza que Nos Une”

ONG FIMA · Observatorio Ciudadano · Terram · Greenpeace · Humanas · Amnistía Internacional · Ecosistemas · Fundación Tantí · Uno.Cinco · Ciudadanía Inteligente · Fundación Avina · Derechos Digitales · Fundación Clubes · Bicicultura · Asociación de Consumidores Bicicultura ADC·  Fundación Basura · Fundación Gastronomía Social · Fundación Me Muevo · Fundación Títeres en Red · Oceanósfera · Fundación Capital Azul · Corporación de Estudios y Desarrollo El Norte Grande · Fundación Glaciares Chilenos · Fundación Un Alto en el Desierto · Aka Pacha · Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre en Chile · Fundación Kennedy para la Conservación de Humedales · AIDA · Todo Mejora · Motum · Santuario Empatía · Tremendas.

En Chile, a pesar del gobierno, el medio ambiente es prioridad

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

El Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e Ipsos emitieron los resultados de una encuesta nacional de medio ambiente y cambio climático. Parte importante de lo que esta encuesta nos muestra es que la preocupación por la protección del medio ambiente sigue siendo muy relevante para los chilenos y que, incluso habiendo elegido un gobierno que pretendían más eficaz en materia de seguridad, no olvidan que la cuestión ambiental sigue siendo parte de las labores fundamentales del Estado. 

Para la mayoría de las personas, de manera muy esperable, este valor fundamental se representa no solamente como una cuestión abstracta o de futuro, sino que en la afectación cotidiana que un 61% de los encuestados asegura tener en su vida producto de la crisis climática.

Por otro lado, y si bien el vínculo no está hecho de manera precisa, para un 42%, el alza en el costo de la vida es uno de los problemas principales que deben estar en la agenda pública y en ello la protección ambiental tiene mucho que decir. La crisis climática y ecológica, la falta de medidas de adaptación y la mala gestión de los eventos climáticos extremos tienen un efecto sobre los precios, especialmente de cuestiones básicas como los alimentos. Por otro lado, continuar con la transición energética y hacerla justa es esencial para salir de la dependencia impuesta por los países petroleros, cuya narrativa actual apuesta precisamente por ralentizar esta transición que, completamente desplegada, debería significar una disminución en los costos de energía y transporte para las personas. En efecto, cuando se pregunta sobre las prioridades ambientales que debería tener el gobierno actual, la masificación de la energía solar residencial, precisamente para disminuir las cuentas de luz, aparece con un 42% de las preferencias.

Adicionalmente, la mayoría de las personas entiende que un empuje a la producción económica no debiera hacerse contra la protección ambiental. Y, en efecto, un 77% de los encuestados consideran que los proyectos de inversión deben ajustarse a las regulaciones actuales, o estas podrían modificarse solo en cuanto no signifiquen retrocesos para la protección del medio ambiente del país. Mismo porcentaje que comparte una importante preocupación por la calidad del aire, donde se  esperan soluciones como el aumento de las áreas verdes  los parques urbanos, mayor fiscalización a las industrias que exceden los límites de emisión, así como la prohibición los usos de leña húmeda o sin certificación, mientras se subsidia la reconversión de calefacciones a leña por sistemas eléctricos o de gas.

Ninguna de las cosas anteriormente mencionadas aparece entre las acciones del gobierno, que ha retirado decretos que apuntan a mejorar la calidad del aire, bloqueado proyectos que aumentan las áreas verdes y parques urbanos, dado señales confusas en materia de transición energética (favoreciendo el gas, por ejemplo) y en general despreciado una adecuada gestión ambiental. Incluso el presidente se ha prestado para dar declaraciones altisonantes y llenas de ignorancia en este sentido, diciendo que no podemos tener protegidos humedales que no le sirven a nadie, cuando un 82% de las personas creen que los humedales urbanos deben protegerse porque saben que cumplen roles para el ecosistema y para la protección del entorno frente a las inundaciones.

Por último, estos números nos muestran un panorama mucho más esperanzador para la protección de la salud y la vida de las personas, así como del patrimonio ambiental del país. Si bien la elección presidencial favoreció a un proyecto que no tiene a la protección ambiental entre sus prioridades, ello no obsta que la ciudadanía espere que la gestión pública sí esté alineada con ciertos valores que son de carácter nacional. Es por lo mismo esperable que el gobierno ajuste sus modos de funcionamiento y que, en lugar de dar pie a gustitos ideológicos de algunos de sus miembros y seguidores, sea digno portador de la responsabilidad que está en sus manos, priorizando la protección del futuro de Chile, que es su gente y su medio ambiente. 

Publicada en El Desconcierto – 30/08/26

El eco de la aceleración: nadie espera un tsunami en la montaña

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

Nadie espera un tsunami en la montaña. Tampoco lo esperaban las miles de personas que se encontraban en las riberas de los ríos Lhende, Bhote Koshi y Trishuli en la frontera entre Nepal y China, el 26 de agosto de este año, cuando una ola de barro, piedras, hielo y agua descendió por los valles llevándose todo a su paso. Las imágenes han recorrido el mundo y, junto a ellas, el desconocido concepto de los fenómenos GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), que es el nombre científico para el colapso de los lagos glaciares, un riesgo que ha existido desde siempre, pero que se ha acrecentado por la crisis climática y ecológica.

Es que cuando nos referimos a un lago glaciar, estamos hablando de una masa de agua que está alojada en una especie de embalse de hielo o bajo una gran masa de hielo, con las debilidades que se pueden suponer de dichas estructuras, especialmente en un mundo que se calienta más y más. Si por efecto de la presión del agua, el aumento de la temperatura o cualquier otra causa, llega a romperse la resistencia del hielo en dichos lagos o cae un gran bloque de hielo de golpe, el agua almacenada en ese embalse natural baja rauda por los valles, como sucedió en Nepal, pero antes también, en 2025, en Perú y Suiza, donde el colapso del glaciar Birch produjo un desborde del lago que destruyó el 90% del pueblo alpino de Blatten.

En el caso peruano, el GLOF de 2025 fue en la provincia de Huaraz, que ha sido especialmente asolada por estos fenómenos en la historia y que es protagonista del único caso judicial que se ha llevado de manera transnacional en contra de una empresa de combustibles fósiles en Alemania, acusándola de aumentar el riesgo de la ocurrencia de estos desastres y buscando que pagara parte de las medidas de resguardo para la población. Aunque el caso impulsado por el campesino y guía de montaña Saúl Luciano Lliuya no fue exitoso, dejó una importante jurisprudencia referida a la responsabilidad de estas compañías en el aumento de riesgos producto del derretimiento de glaciares.

Este tipo de eventos es de los más catastróficos para los ecosistemas de montaña y particularmente para un glaciar, no sólo por la destrucción que supone el fenómeno mismo, sino también porque generalmente dan cuenta de la pérdida de calidad previa del ecosistema glaciar mismo, que culmina con el desborde de dichos lagos. Son glaciares que mueren de golpe, en un planeta que amenaza su supervivencia en general.

Pero no es lo mismo la pérdida de un glaciar que con el tiempo va dejando de escurrir por un valle en forma de río, que la generación de un fenómeno GLOF. En ambos casos perderemos ríos, valles habitables, biodiversidad, culturas, bienes materiales y vidas humanas, pero el riesgo que supone un GLOF para la población es mucho más difícil de mitigar y controlar, generando una mayor devastación. Y si bien hay medidas que pueden ponerse en práctica en lugares con este riesgo, de todas formas su existencia es un recordatorio de nuestra impotencia frente a una serie de fenómenos socioambientales extremos y, por lo tanto, la importancia de prevenirlos, no generando condiciones que los hagan más posibles y recurrentes.

Lamentablemente, estamos lejos de esa prevención. La crisis climática mantiene su escalada al ritmo que le imponen los tiempos. Un ritmo acelerado en una lógica principalmente pensada para beneficiar el desarrollo de tecnologías de información y el retorno del capital para los inversionistas, y que, como una riada, se lleva por delante el bienestar social, los derechos de las personas y la protección del entorno. En ese escenario, es probable que sigamos viendo escenas terroríficas como las de Nepal.

Después de todo, el estruendo del tsunami avanzando por los valles y la vista de la gente que corre por sus vidas se asemeja mucho más a nuestro imaginario hollywoodense de las catástrofes del fin del mundo. Quizás en eso radica la horrible atracción que sentimos por ver esos videos y quizás con ello se genere la necesaria alarma pública que las danas, inundaciones, olas de calor y tormentas, con sus miles de muertos, no han logrado generar.

Publicada en El País – 28/08/26

Oferta Laboral: ONG FIMA busca profesional de investigación y análisis ambiental

Buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a profesional con experiencia en teledetección y análisis geoespacial ambiental, para contribuir a procesos de investigación, incidencia pública y litigio ambiental. La convocatoria está abierta hasta el miércoles 9 de septiembre.

Agosto, 2026. En ONG FIMA estamos buscando un/a Profesional de Investigación y Análisis Ambiental que se sume a nuestro trabajo por la justicia ambiental y la protección de los derechos humanos.

La persona seleccionada será parte de un equipo interdisciplinario y tendrá entre sus principales responsabilidades la generación de evidencia territorial y satelital, el desarrollo de análisis geoespaciales y la investigación socioambiental, aportando información y herramientas para fortalecer casos, proyectos e iniciativas de la organización.

El cargo requiere conocimientos y experiencia en teledetección, Sistemas de Información Geográfica (SIG), procesamiento de imágenes satelitales y análisis territorial, además de capacidad para trabajar de manera autónoma y colaborativa.

Buscamos profesionales de Geografía, Ingeniería en Recursos Naturales, Geomática, Geología, Ciencias Ambientales o áreas afines, con motivación por poner sus conocimientos al servicio de la protección del medio ambiente y los derechos humanos.

📅 Postulaciones abiertas hasta el miércoles 9 de septiembre de 2026 a través del formulario.

A continuación puedes revisar las funciones, requisitos y condiciones de la convocatoria y conocer todos los detalles para postular:

Más detalles y postulaciones aquí