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Etiqueta: Decretos Ambientales

Otro invierno respirando un aire que nos enferma

  • Por Carolina Palma Correa, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA. 

A solo un día de asumir, el gobierno tomó una de sus primeras decisiones polémicas. El Ministerio del Medio Ambiente retiró 43 decretos que se encontraban en tramitación en la Contraloría.

Los decretos abarcan diversas temáticas, entre ellas, normas, planes de descontaminación y distintos reglamentos en torno a la regulación del agua, el aire, la biodiversidad y el cambio climático. Todos ellos esperaban su trámite final después de largo tiempo de tramitación, pero ahora están en pausa. Hoy quisiera resaltar la importancia de dos en particular: la Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino (MP2,5) y la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. 

El invierno se aproxima a su fin, sin embargo, nos ha dejado momentos críticos de mala calidad de aire. En distintas ocasiones, ciudades de nuestro país como Santiago, Coyhaique, Nacimiento, Cochrane o Pitrufquén se han posicionado como las con peor calidad de aire a nivel mundial, según la plataforma IQAir. Esto no es noticia, porque lamentablemente sucede todos los años y nos hemos acostumbrado a respirar aire de mala calidad. Sin embargo, es nuestro deber como ciudadanía exigir a las autoridades normativas que nos ayuden a respirar un mejor aire. 

Las Normas de Calidad para Material Particulado Fino 2,5 y la Norma de Termoeléctricas sin duda que son instrumentos útiles para descontaminar nuestros cielos, ya que su objetivo es proteger la salud de las personas, estableciendo nuevos límites de contaminación a nivel nacional y en comunas específicas del país. En concreto, con una nueva norma de material particulado fino MP2,5 elevaremos los estándares de lo que consideramos contaminación, y aunque nos incomode, tendríamos más días de calidad de aire malo o regular, ya que estaríamos siendo honestos con lo que realmente ocurre, que es que superamos con creces la norma. 

Por otro lado, si tuviéramos operativa la norma de termoeléctricas, esto implicaría que de las 46 unidades generadoras de energía, 7 incumplirían la norma por material particulado, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.

Lamentablemente nos hemos acostumbrado a la mala calidad del aire en invierno, sin embargo, respirar contaminación nos enferma. Con la Norma de Material Particulado Fino PM2,5 no sólo reducirían las hospitalizaciones, en base a una reducción de 8.409 casos de enfermedades estimadas, sino que también podríamos evitar 14.660 muertes prematuras en 10 años, es decir, 1.466 muertes evitadas al año. Lo mismo ocurre con la Norma de Termoeléctricas, donde se podrían evitar 104 hospitalizaciones y 116 muertes prematuras en este mismo periodo. Los beneficios se verían directamente relacionados a las regiones Metropolitana, Biobío y la Región del Maule, abarcando las regiones más pobladas de nuestro país. 

El proceso de actualización de normas como estas requiere tiempo, recursos económicos y sobre todo recursos humanos con distintas visiones: de empresas, sociedad civil, comunidades, académicos y gremios que participaron en esta actualización y muchas veces comprende el mandato de más de un gobierno. 

La norma de emisiones para centrales termoeléctricas, por ejemplo, acumula 15 años sin actualización desde su puesta en marcha en 2011. Por lo mismo, no parecen razonables los argumentos de la ministra Toledo, al haber retirado estos decretos de su toma de razón. A pesar del fin del invierno, el inicio de  la primavera y las fiestas patrias, no podemos dormirnos en los laureles: debemos exigirle al gobierno que devuelva los decretos, para que no pase otro año donde el vital hecho de respirar puede enfermarnos.

Publicada en Cooperativa – 10/09/26

El secuestro de la salud ambiental

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

Parapetados bajo viejas convicciones y armados de prejuicios, los nuevos funcionarios del gobierno de José Antonio Kast llegaron una mañana de marzo al Ministerio de Medio Ambiente buscando a los culpables de detener la sacrosanta inversión. -Tonterías ideológicas de abrazadores de árboles- se repetían entre risas al tiempo que tomaban el control de las que serían sus nuevas oficinas llenas de poder. 

Unas horas después y satisfechos de su jornada de carnicería, entregaron la presa que buscaban: 43 decretos pendientes de aprobación en Contraloría, la excusa perfecta para culpar al gobierno anterior de cuestiones imprecisas pero graves, y subirse al carro de un gobierno que necesitaba fabricar una emergencia para partir con un relato de refundación conservadora. ¿Las razones oficiales del retiro? Una tímida e inconsistente idea sobre la necesidad de revisar los actos administrativos, acompañada de una excusa mal hilvanada sobre que alguno de los decretos habría sido de última hora.

No supo el océano del ascenso de dichos señores al arrasar playas y caletas, ni se enteró la lluvia cuando decidió caer con furia sobre tierras yermas y llevarse todo a su paso. Tampoco lo supo don Juan cuando murió por las complicaciones de una enfermedad respiratoria, durante junio de este año. La exposición continua a concentraciones insalubres de MP 2,5 en el aire lo había convertido en una de las más de 3000 personas que mueren anualmente en Santiago producto de este contaminante.

No tengo certeza de si todo esto llegó a oídos de las autoridades que unos meses antes marchaban contentas exhibiendo como trofeos el haber frenado la protección ambiental del país. Tampoco de si aún miran sus escritorios como espacios de poder o ya bajo el peso de los papeles pueden ver que en realidad son estaciones de trabajo para los responsables del funcionamiento adecuado del país. Más de alguna autoridad debe haber tenido una enfermedad respiratoria en este invierno, espero con mejor suerte que don Juan.

Quizás algunos de ellos se pregunten, a estas alturas, de si habrá sido verdad que los decretos retirados eran sueños utópicos de abrazadores de árboles, o si en realidad es parte de la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente buscar mínimos de bienestar para el país y no sólo preocuparse de cómo caerle en gracia a los grandes inversionistas. Tal vez alguno leyó la comunicación que envió el Colegio Médico sobre los decretos en materia de calidad del aire y cayó en cuenta que esa tos permanente no era solo por una nueva cepa de gripe.

Todos los decretos retirados importan, pero el Colegio Médico alertó especialmente sobre dos: la norma de emisión para centrales termoeléctricas a carbón (DS N°8 de 2025) y la actualización de la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino MP2,5 (DS N°3 de 2026), normas que tienen un impacto particularmente sensible debido a sus efectos directos sobre la salud de las personas.

Ambos decretos son el producto de trabajo de varios años (incluso en distintos gobiernos), en que han intervenido especialistas de salud y medio ambiente, la industria, organizaciones sociales y varios organismos del Estado, para llegar a un resultado que seguramente sin ser óptimo, mejora las condiciones del aire y con ello la calidad y las posibilidades de vida de las personas. Ambos procedimientos, de acuerdo con lo que dicta la ley, tuvieron además un proceso de análisis de costos y beneficios concluyendo que en el caso de la Norma de Termoeléctricas indica un beneficio de US$91 millones entre 2025 y 2040 y en el caso de la norma de MP 2,5 generaría beneficios sociales valorizados en US$8.873 millones entre 2026 y 2035. Estos beneficios están calculados en dólares, pero en realidad son vidas humanas y enfermedades que se prevendrían.

Mientras se celebra por los «millones destrabados» de la inversión de grandes empresas y se reclama por la lentitud en los permisos para que esas mismas grandes empresas puedan mejorar sus ganancias, en algún escritorio se apuesta en contra de la vida de miles de personas anónimas, convertidas en costo aceptable de un gobierno que prefiere empujar un relato que le permita acumular poder.

Ya es hora de corregir este rumbo sin sentido. El secuestro de las normas ambientales no le hace bien al país; es contrario a las obligaciones que las autoridades juraron cumplir cuando asumieron en sus puestos y significa más sufrimiento para la población de Chile.