Menos permisos, más claridad

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Hay algo de cierto en los reclamos de las industrias respecto de la cantidad de permisos que se requieren para hacer proyectos en Chile. Nuestra legislación ha sido muy permisiva y bajo la pretensión de que todo riesgo es controlable, ha optado por estos títulos de intervención en lugar de efectivamente los derechos de las personas y el bien común y, por lo tanto, prohibir derechamente que se hagan ciertas actividades que atentan contra ellos.

Para la certeza jurídica de todos, sería óptimo que se establecieran derechamente prohibiciones en el futuro. Existirían menos riesgos para todos y menos permisos que pedir.

Por ejemplo, podríamos partir por prohibir que se construya en áreas protegidas y humedales urbanos, aprovechando la discusión sobre la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en lugar de hacer un enrevesado trámite para cumplir condiciones que, de lo que se puede ver en los diarios, son muy complejas para los promotores de proyectos.

Agreguemos a eso que, en general, esas condiciones son muy poco fiables para la protección del bien jurídico en cuestión, cosa que genera una mayor conflictividad. 

Pero para que esto suceda, la próxima vez que tengamos una discusión sobre cómo proteger el medio ambiente y otros bienes jurídicos, tendría que existir voluntad para aceptar que no es no.

Carta al Director publicada en El Mercurio – Viernes 12 de abril

Gestión del agua

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Llevamos décadas hablando de las deficiencias del país en materia de gestión de aguas y realizando diagnósticos que nos señalan una y otra vez dónde se radican nuestras dificultades: la necesidad de un órgano que reúna competencias públicas y ordene las directrices, así como la necesidad de una gobernanza de cuencas efectiva. Falencias que desafían las comprensiones más esenciales sobre la regulación en materia de aguas, pero que en Chile no han podido ser incorporadas. En parte, por la obstrucción permanente ejercida por los grandes propietarios del agua, cuya posición privilegiada respecto de un bien supuestamente nacional no sólo los pone en un control económico de los territorios en que desarrollan sus actividades, sino que también en control político, dada la ausencia de gestión pública. La certeza cede sólo en favor de algunos; mientras el país se sigue secando y, como siempre, son las personas en situaciones más vulnerables y el medio ambiente quienes cargan con los costos de la nación.

Carta al director publicada en La Segunda – 22 de marzo 2024

La necesidad de una mirada integral y ecológica en la Zonificación del Borde Costero de Magallanes

La claridad de las respuestas que dé -o que no dé- el proceso, servirán como ejemplo para el resto de las regiones que a nivel nacional aún no cuentan con una Zonificación del Uso del Borde Costero, pudiendo contribuir a su posicionamiento como una política útil, que sea un ejemplo a nivel nacional.

A lo largo de su historia, Magallanes ha experimentado grandes procesos industriales que han moldeado el territorio y modos de vida de la región.

No obstante, los pocos instrumentos y políticas existentes en la región no han logrado regular de manera efectiva y responsable esta industrialización, y por lo tanto, su instalación se ha hecho sin considerar la diversidad geográfica, cultural, ambiental e histórica que coexiste en este espacio, ni sus interrelaciones.

Un ejemplo evidente de esta ausencia de planificación -y de los impactos que esto genera- ha sido la salmonicultura, donde la principal herramienta para prever externalidades de su emplazamiento ha sido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, el SEIA analiza proyectos caso por caso, careciendo de los mecanismos necesarios para abordar el escenario integral y complejo a escala provincial o regional, puesto que ese no es su objetivo ni alcance.

Esta limitación ha resultado en que los efectos de la instalación de industrias no se estén considerando adecuadamente en la toma de decisiones sobre el desarrollo regional. Como consecuencia, los impactos sinérgicos y acumulativos de diversos proyectos han aumentado, contribuyendo al incremento de la conflictividad socioambiental y al deterioro de los ecosistemas que sustentan la vida en Magallanes.

Encontrar una forma de llenar este vacío representa un desafío fundamental para Magallanes, tanto por las industrias en desarrollo como por las que se pretenden instalar. La más reciente de ellas es la producción masiva de hidrógeno para exportación, que contempla la instalación de miles de aerogeneradores, puertos, desalinizadoras, líneas de transmisión y plantas de hidrólisis, utilizando principalmente la estepa y la zona costera de la región. En ese marco, los instrumentos y políticas de ordenamiento territorial emergen como una necesidad para definir las compatibilidades e incompatibilidades de las distintas actividades que se realizan en una misma zona, con el fin de guiar de forma integral el desarrollo de la región.

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Institucionalidad ambiental

Un resultado indeseado del diseño institucional: es únicamente el titular del proyecto quien levanta y entrega la información. El incentivo de manipular los resultados es innegable y tiene como único contrapeso el número de consultas y aclaraciones que sea necesario.

La verdadera solución a las demoras debe pasar por mejores y más confiables estudios y declaraciones de impacto, solo así podrá lograrse el objetivo de la evaluación en menor plazo.

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Por la protección de los Humedales Andinos

Los humedales andinos son ecosistemas muy frágiles que entregan beneficios y servicios ecosistémicos fundamentales para toda la vida sobre la tierra. A través de un complejo proceso hídrico, depuran y acumulan importantes reservas de agua dulce y alimentos, contribuyendo a resguardar sitios de albergue de agua en ambientes muy extremos, permitiendo el desarrollo de formas de vida especializadas. Conservan un alto nivel de endemismo con especies de flora, fauna y microbiota únicas a nivel mundial. A su vez, son una fuente muy importante de secuestro de carbono, lo cual contribuye a mitigar los efectos de la crisis climática.

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Columna de Antonio Pulgar: Más sombras que luces: SQM y su operación en el Salar de Atacama

En el contexto de la discusión de la Estrategia Nacional del Litio, mucho polvo ha levantado el acuerdo entre SQM y Codelco para extraer este mineral en el Salar de Atacama. Las razones se encuentran en que fue un proceso opaco, con poca información sobre su negociación, sin participación ciudadana y con ausencia de consideraciones ambientales.

En paralelo a esta discusión, se desarrolla la evaluación ambiental del proyecto de SQM, irónicamente titulado “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama”, cuyo proceso de participación ciudadana cerró el lunes 22 de enero.

En él se busca la adecuación operacional de la empresa en el salar para asegurar su funcionamiento al año 2030, modificando las condiciones establecidas en la resolución de calificación ambiental del año 2006, a las que se comprometió debido al incumplimiento de su autorización ambiental, por el cual fue investigado en 2016 y que concluyó el 2022. Esta situación tiene origen en las extracciones ilegales, por sobre las cuotas autorizadas, entre 2013 y 2015, afectando el sistema hídrico del salar y las áreas protegidas asociadas de alto valor endémico.

Si bien el proyecto plantea la reducción de extracción de salmuera, ni la evaluación ambiental del proyecto, ni el memorando de entendimiento de las empresas, son claros en la forma en que darán cabida a las consideraciones ambientales que permitirán la subsistencia del ecosistema de humedal andino.

La contradicción es profunda, aseguran la reducción de extracción de salmuera al año 2030, mientras informan que la explotación de carbonato de litio deberá aumentar a una cuota de 300.000 toneladas entre 2025 y 2030. A esto se suma un segundo aumento que se desarrollará entre el periodo 2031-2060, en donde se incrementa a una cuota de la misma dimensión, pero esta vez de explotación anual.

Todo indica que la línea comunicacional de las empresas, apunta a generar la idea de que las tecnologías de extracción directa y reinyección de salmuera serán el futuro sustentable de esta actividad. Pero lo cierto es que ninguna de las propuestas planteadas tiene una aproximación real a las dimensiones de explotación industrial que se proyectan, ni han probado ser efectivas en prevenir sus impactos.

Así, se propone el aumento de la producción de litio a costa de la alteración completa del ciclo ecológico del Salar de Atacama, sin asumir los costos socioambientales que el optimismo por la tecnología oculta.

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Litio en Atacama

En el contexto de la discusión sobre la explotación de litio en el Salar de Atacama, poco se ha reparado en las contradicciones existentes. Por una parte, el proyecto «Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama» de SQM, señala que al 2030, la empresa pretende reducir la extracción de salmuera en el salar. La adecuacion operacional se debe a los compromisos asumidos por la empresa, tras el incumplimiento de su resolución de calificación ambiental, por sobre explotación de sus cuotas entre 2013 y 2015.

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Acuerdo de Escazú, un tratado aún en construcción

Este enero se ha transformado en un momento clave para el primer tratado de derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe. Al cumplirse el tercer año desde la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, la presión por avanzar en su gobernanza e implementación a nivel local y regional se hace cada vez más intensa.

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