Empresas y DD.HH.: tres fallas ambientales del proyecto de reconstrucción

  • Por Carolina Palma Correa, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA

Estas últimas semanas los focos del debate político han estado en el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico presentado por el Gobierno. Este proyecto de ley, usando como pretexto la necesidad de reconstrucción tras catástrofes como los megaincendios ocurridos en Valparaíso, Ñuble y Biobío, camufla una de las reformas más regresivas en temas ambientales, con el objetivo de «destrabar» la inversión. Esta apuesta tensiona los estándares nacionales e internacionales en medio ambiente y derechos humanos, y lo que hace es quitar herramientas que las personas ya poseen para protegerse en caso de que un proyecto de inversión esté pasando a llevar sus derechos, al mismo tiempo que le entrega ciegamente mayores beneficios a las empresas.

Si analizamos el proyecto de ley, solamente centrándonos en la propuesta ambiental, a la luz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU, 2011), hay al menos tres fallas evidentes. Estos principios universales básicamente establecen el deber del Estado de proteger los derechos humanos, el de las empresas de respetarlos, y el de ambos de contar con mecanismos de reparación en caso de violación a los derechos humanos. Estos principios son estándares orientativos, pero universalmente reconocidos. Entonces analicemos:

En primer lugar, y lo más polémico ha sido la propuesta de una especie de seguro estatal para proyectos ilegales. Básicamente, se crea un mecanismo de restitución de gastos para empresas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas judicialmente. Significa que el Estado va a compensar a proyectos que no cumplen la ley con fondos públicos, trasladando el riesgo económico del inversionista al Estado. Esto, por lo pronto, contradice el deber del Estado de desincentivar actividades empresariales que vulneren la legalidad ambiental y crea incentivos perversos que benefician a quienes presentan proyectos deficientes. Incluso la Corte Suprema, en su informe al Congreso sobre el proyecto, advirtió este riesgo.

En segundo lugar, se elimina la invalidación administrativa. En palabras simples, se les quita a los ciudadanos un mecanismo de control y reparación para impugnar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), el cual es la única vía administrativa autónoma que existe para reclamar ilegalidades. Esta propuesta atenta directamente contra los derechos de acceso a la justicia que tenemos todos los ciudadanos y el debido proceso. Por otro lado, se reducen los plazos para solicitar la invalidación de permisos sectoriales, imponiendo una carga excesiva a las comunidades afectadas para ejercer su derecho a la defensa. La certeza jurídica es algo que necesita toda la población, no solo las empresas.

Por último, se vulnera la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas en las que tengan participación, lo que se hace evidente particularmente en las modificaciones sobre salmonicultura. La propuesta busca flexibilizar la ya cuestionada Ley de Pesca(1), eliminando por ejemplo el deber de someter a evaluación ambiental cualquier tipo de relocalización de concesiones en la industria del salmón. Esto es particularmente preocupante a la luz de la presión ambiental que genera esta industria y de los casos de vulneración de derechos humanos hacia trabajadores que se han documentado(2).

Si bien la institucionalidad ambiental se puede hacer más eficiente con ciertas mejoras, eso no significa darle carta blanca a cualquier proyecto que prometa inversión, porque el daño ambiental, en la mayoría de los casos, es irreparable. Este proyecto, tal y como está, no apunta a la eficiencia real del sistema porque no fortalece al Servicio de Evaluación Ambiental ni ordena los permisos sectoriales. La certeza jurídica, las regulaciones ambientales y el derecho a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminación no son trabas: son derechos.

(1) Nuevas pruebas de aportes ilegales de las pesqueras a los diputados Sauerbaum y Bobadilla
(2) Impacto ambiental de Salmonicultura en dos aspectos, Siete muertos en un mes: el costo humano de la industria salmonera

Columna publicada en Cooperativa – 18/05/26

Gobernando contra el desarrollo de Chile

  • Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Tómese cinco segundos para pensar país desarrollado. Seguramente lo que aparece es un lugar limpio, tranquilo, seguro, libre y educado. Un país donde se puede acceder a los bienes y servicios de manera adecuada, donde respirar bien, caminar seguro y tener acceso al conocimiento no son privilegios sino condiciones básicas y donde la gente puede proyectar su vida sin que el azar de su origen lo condene. Ese es el país que Chile aspira de manera colectiva, independientemente de quien gobierno o por quien votemos. Sin embargo, las propuestas y señales que ha dado el gobierno del Presidente Kast apuntan exactamente en la dirección contraria.

Cuando pensamos en un país más limpio y cuidado, es difícil no pensar en los modestos avances que hemos tenido en temas como humedales y biodiversidad. Chile tardó décadas en aprobar leyes que les dieran protección mínima, para que hoy esa protección se ponga en cuestión en nombre de la «flexibilización» y el «desbloqueo de la inversión». Se habla nuevamente de permitir construcciones sobre humedales, como si las últimas décadas de evidencia científica y de gestión urbana en el mundo no existieran.

Países como Alemania, que desde 1976 ratificó la Convención de Ramsar y hoy tiene 35 sitios protegidos de importancia internacional, o los Países Bajos que a pesar de ser uno de los territorios más densamente urbanizados del planeta han construido marcos legales y programas de restauración de humedales entienden que estos ecosistemas no son obstáculos al desarrollo: son parte de él. Son los pulmones y los espejos de las ciudades. Son refugios para las personas y la biodiversidad en medio del cemento. Además, construir sobre humedales produce edificaciones estructuralmente más frágiles, propensas a filtraciones, hundimientos y daños que terminan afectando a los mismos compradores que se pretende favorecer. 

Si pensamos en un país menos pobre y con mayor acceso a bienes y servicios, tanto el aumento de los costos de vida como el recorte transversal del 3% a todos los ministerios se aparece rápidamente en el camino. Entre otras cosas, el Ministerio de Vivienda redujo en un 60% los subsidios del Fondo Solidario DS49 para el primer llamado de 2026, el principal mecanismo con que familias vulnerables acceden a una vivienda sin endeudamiento.

Asimismo, se han puesto en duda políticas públicas básicas como la alimentación escolar y se ha afectado el financiamiento de programas para personas en situación de calle, entre otros. Difícilmente podemos creer que esto nos hace avanzar hacia el desarrollo. Un país que no da atención mínima a las personas en situaciones vulnerables, por ejemplo empeorando las circunstancias de personas en situación de calle, no es precisamente un país desarrollado.

Y si pensamos en un país más culto y menos ignorante, no podemos dejar de mirar el desprecio explícito por el conocimiento. El Presidente Kast declaró ante cerca de mil asistentes: «A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno». La frase es reveladora, no solo por lo que dice, sino por lo que ignora. Por poner ejemplos cotidianos, tecnologías como el GPS, el láser y la resonancia magnética surgieron desde investigaciones básicas sin aplicación inmediata.

Asimismo, el funcionamiento institucional se sostiene sobre el conocimiento creado por las ciencias sociales que evalúan, por ejemplo, el impacto que un programa tiene en la población. Por lo demás, la investigación científica financia empleos para estudiantes, técnicos e ingenieros, formando a las personas que luego construyen empresas, políticas públicas y soluciones. Sin embargo, Chile invierte apenas el 0,4% de su PIB en investigación y desarrollo, siendo que el problema estructural de la ciencia en el país no es que sobre plata, es que falta. Un presidente que reduce el valor del conocimiento a su efecto inmediato sobre el empleo no solo revela una mirada miope sobre el desarrollo: Esos libros preciosos, empastados en las bibliotecas, contienen exactamente el tipo de evidencia que este gobierno prefiere ignorar.

Y luego está el proyecto emblema de este gobierno: la reforma tributaria que recorta impuestos a los sectores de mayores ingresos, exime de tributación a las viviendas de mayor valor, y ofrece incentivos adicionales a quienes invierten en empresas, con la promesa de que todo eso se «chorreará» hacia abajo. Este es un argumento viejo y desacreditado. Los recortes tributarios a los ricos no tienen efectos significativos en el crecimiento ni en el empleo, pero sí aumentan la desigualdad de ingresos (Hope & Limberg, 2020), siendo que los efectos positivos sobre los trabajadores son mínimos y concentrados en quienes ya están mejor (Risch, 2023). Darle más a los que más tienen no es una política de desarrollo, sino una mezcla entre fervor ideológico y favores para los amigos. 

Así las cosas, el derrotero que estamos tomando es hacia un país menos limpio, más pobre y más ignorante, pero también más desigual. Chile ya parte de una posición preocupante: según el Banco Mundial, nuestro índice de Gini se sitúa en torno a 0,43, uno de los más altos entre los países de la OCDE y, según el World Inequality Lab, el 1% más rico concentra cerca del 24% del ingreso nacional, lo que ubica a Chile en el puesto 11 entre los países con mayor concentración en ese segmento a nivel mundial. Nuestra pésima posición podría empeorar.

En este escenario, y especialmente tomando en cuenta los encuadres de la discusión pública, se vuelve importante pensar nuevamente el país que queremos y ver cómo las políticas que se impulsan pueden contribuir, o no, en dicho camino. Perseguir un aumento en el crecimiento puede ser un objetivo razonable si se hace de manera correcta, pero ni crecer asegura desarrollarnos, ni lo que se viene impulsando por ahora apunta a mejorar ni una cosa ni la otra. Por ahora, el despliegue gubernamental parece estar  más preocupado de honrar su fervor ideológico y sostener discursos que no se condicen con la realidad, antes que favorecer el bienestar de Chile. 

Columna publicada en El Desconcierto – 11/05/26

Hidrógeno verde: cuando la promesa choca con la realidad

  • Por Carolina Palma, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA

Esta semana hemos presenciado el desplome del hidrógeno verde en nuestro país, industria que se había posicionado como la gran promesa para la transición energética y la diversificación productiva del país, que nos posicionaría como líderes a nivel global. Con miles de millones de dólares en el tapete, los dos proyectos de inversión más emblemáticos en Antofagasta y Magallanes enfrentan hoy retrocesos significativos a propósito de la incertidumbre financiera de esta industria a nivel mundial, bajo los mismos nudos críticos que develamos quienes hemos sido escépticos ante esta solución energética.

Cifras rojas son las que provocaron que AES Andes desistiera de la ejecución del polémico proyecto de hidrógeno verde y amoníaco INNA en Antofagasta, la cual amenazaba con uno de los más importantes centros astronómicos de nuestro país, el Paranal. Aunque esta iniciativa de más de 10 mil millones de dólares tuvo fuerte oposición, sobre todo de científicos, no se llevará a cabo tras el análisis de inversiones de la empresa, la cual se enfocará en el desarrollo de energías renovables. En el extremo austral, en Magallanes, el proyecto HNH Energy, también valorizado en cerca de 11 mil millones de dólares, ha anunciado una pausa y repliegue de inversión en su iniciativa en San Gregorio, debido a la incertidumbre de los capitales internacionales involucrados. Ambos proyectos han sido de los mayores montos sometidos a evaluación ambiental en Chile.

Recordemos que el hidrógeno y el amoníaco verde estaban llamados el eslabón perdido para la descarbonización y la transición energética. Se proyectó como respuesta a las industrias no electrificables (como el acero), transporte marítimo, la aviación y el almacenamiento de energía renovable más allá de las baterías de litio. Por eso el hidrógeno se transformó en política de Estado: el gobierno de Piñera y el actual, generaron la mayor viabilidad institucional posible para su desarrollo, el que prometía darle a Chile el liderazgo en esta industria y la exportación de este commodity, sobre todo hacia Europa. Su rol en la diversificación generó que los ministerios de Economía y Hacienda, junto a la CORFO, establecieran todos sus esfuerzos en el despegue de esta industria. Sin embargo, sabemos que para hacer frente al cambio climático no existen balas de plata.

Desde los movimientos ambientales y climáticos siempre fuimos escépticos ante esta promesa de industrialización verde. Si bien la producción de hidrógeno verde genera ciertamente menor impacto en gases de efecto invernadero, es evidente que esta industria no era inocua para el territorio: se han estudiado impactos severos en biodiversidad y en la demanda de agua que se requeriría para implementar estos megaproyectos de extensiones nunca antes vistas en la evaluación ambiental de nuestro país. Todo por una promesa de mercado altamente especulativa que nunca tuvo asidero en la realidad.

No se trata de negar los usos actuales del hidrógeno y el amoníaco como vectores energéticos en ciertos propósitos productivos. El problema es que sus usos se amplificaron de manera ficticia, con un cierto tecno-optimismo del mercado que no se condice con la realidad. Lamentablemente, todavía falta mucho desarrollo científico para asegurar que un elemento tan volátil, combustible y de difícil transporte se pueda transformar en el combustible carbono-neutral que se prometió. Y así lo han entendido capitales alemanes, españoles y japoneses en distintos proyectos en África y en Latinoamérica.

El sector energético es sin duda una de las industrias más relevantes para el desarrollo humano. Sin energía, no podemos asegurar la actividad económica ni la dignidad humana. Sin embargo, en los últimos 30 años hemos sido testigos de cómo grandes proyectos de inversión (como Hidroaysén) se han impuesto como amenaza: si no se desarrolla esta industria o este proyecto, Chile se queda sin luz. Una narrativa similar se estableció con el hidrógeno verde y su rol en la descarbonización y la diversificación productiva del país.

Aún existen grandes desafíos para asegurar el abastecimiento energético en nuestro país, y los proyectos de inversión son relevantes para aquello. No obstante, el desplome del hidrógeno verde debiera dejarnos una lección de fondo: la política energética de un país no puede construirse sobre promesas de mercado ni especulación, sino sobre planificación, evidencia científica y resguardo efectivo de los territorios.

Columna publicada en Cooperativa – 29/01/26

Candidatos al debe en debate

  • Por Roxana Núñez, experta en Incidencia en Greenpeace Chile; Cristina Lux, abogada senior en AIDA; Sofía Barrera, encargada de litigios en FIMA.

Hace unos días se realizó la segunda edición del Salmon Summit, encuentro organizado por SalmonChile y que en esta oportunidad contó con la presencia de los principales candidatos a la presidencia. Más allá de la evidente falta de autocrítica de esta industria –sobre todo considerando los mediáticos casos de sobreproducción, las múltiples sanciones y fraudes que involucran a algunas de sus empresas–, llaman profundamente la atención los discursos de los aspirantes a La Moneda: mientras un candidato expuso que impulsaría “una profunda desregulación”, otro invitó al sector a “usar la fuerza” para lograr los cambios que demandan.

Aunque comprendemos que buena parte de estos discursos están dirigidos a sus votantes, es fundamental que exista un respeto por las instituciones que nos gobiernan y entender que las regulaciones, aunque perfectibles, existen para proteger los bienes comunes y garantizar operaciones sostenibles social, ambiental y económicamente. En este caso, no debemos olvidar que se trata de una industria particularmente asidua a los incumplimientos, sanciones e, incluso, escándalos. Por eso es aún más grave que los candidatos fueran tan tímidos al exigir (o, en algunos casos, derechamente no lo hicieran) una mayor fiscalización para asegurar el cumplimiento apropiado de la normativa vigente.

Apostar por propuestas que favorezcan la expansión de una industria que pone en riesgo nuestras áreas protegidas e indígenas, pretende disminuir la fiscalización de sus prácticas y, aparentemente, busca desprestigiar a quienes demandan el cumplimiento de la ley habla de una profunda falta de amor y respeto por el país y da cuenta de una grave incomprensión sobre la dignidad del cargo al que aspiran.

Publicada en El Llanquihue – 11/08/25

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

A pesar de que parezca una herejía en estos tiempos, una multiplicidad de factores de la vida social deberían llevarnos a cuestionarnos el paradigma del crecimiento económico como elemento central de nuestra existencia conjunta. Indicador irremplazable del éxito del devenir de los países desde la mitad del siglo XX, esta métrica contiene inexorablemente un problema en sí mismo: pensar que el crecimiento infinito de la economía es posible, pues este se basa en la explotación de elementos materiales que son limitados, al igual que el sistema biofísico que conforman y que es el planeta donde habitamos.

Las ideas que lo retan no son para nada nuevas. Desde el famoso Límites del Crecimiento de 1972, varias nociones vienen siendo presentadas de manera consistente. La alarma no proviene solamente del hecho de que estemos sobrepasando seis de los nueve límites biofísicos del planeta y poniendo en riesgo nuestra existencia en el proceso, sino también del hecho de que tener un funcionamiento social dependiente del crecimiento económico es un riesgo adicional para la estabilidad de los países, ya que este crecimiento es cada vez más complicado.

El National Bureau of Economic Research ha estimado una pérdida del 12% del PIB global por cada 1 °C de temperatura promedio en la Tierra. Por ahora, incluso si los países cumplen con sus compromisos climáticos, para fines de siglo estaremos en un escenario en que el planeta estará cercano a los 3 °C de aumento de la temperatura, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), con el correspondiente impacto en términos de PIB. Gran parte de estos costos tienen que ver con los daños directos de los eventos climáticos extremos como inundaciones, huracanes, incendios y demás. No perdamos de vista que estos números contienen miles de muertes, no simplemente una pérdida material. En relación con la distribución de la pérdida, los últimos estudios cifran una afectación del 20% del PIB para los países de América Latina (en relación con un escenario sin crisis climática), midiendo hasta 2049. Para terminar este cóctel, podríamos agregar el gravísimo problema de distribución del crecimiento económico a nivel mundial. Un 54% es capturado por el 1% más rico, y un 70% por el 5% más rico. Son cifras que deberían aparecer a diario en nuestras pantallas para recordarnos para quién están trabajando los Gobiernos y nosotros mismos.

En este escenario, se vuelve cada vez más importante considerar teorías económicas alternativas que nos permitan cumplir con el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestros países, sin tener al crecimiento como eje central de ello. Y en esa misma comprensión, algunos de los principales autores de estas teorías alternativas han reunido esfuerzos para dar forma a las bases del pensamiento del postcrecimiento, publicados en la revista The Lancet. Se trata de una forma de pensar en la economía que pretende fijar su objetivo en el bienestar de las personas dentro de los límites de la naturaleza. El desafío no es fácil porque hoy el crecimiento no es solamente una fijación ideológica, es un componente esencial de la organización económica y social.

El postcrecimiento destaca la existencia de modelos macroeconómicos ecológicos que permiten pensar en el funcionamiento de economías estables sin depender del PIB, evaluar políticas públicas dentro de los límites planetarios y construir una estructura de empleo, inversión y bienestar social que no dependa del crecimiento constante. Para mi sorpresa, una cuestión esencial para que estos modelos funcionen es disminuir las horas de trabajo, junto con otras cuestiones más expandidas como los impuestos a los recursos naturales y al carbono, los servicios públicos universales y las ayudas económicas a los grupos vulnerables.

Por otro lado, se releva el desarrollo de estrategias para reducir la dependencia del crecimiento, con una batería de políticas que apuntan en ese sentido y que incluyen los impuestos a la riqueza, la inversión pública en desarrollo de industrias que operen dentro de los límites ecológicos y garantías laborales. Por supuesto, estas estrategias pueden tener algunas falencias y hay que explorarlas y mejorarlas, pero en este necesario debate también es conveniente intentar reducir el ruido del dogmatismo económico y de la defensa política de los intereses de grandes acumulaciones de capital.

En tercer lugar, los autores de estas teorías, también han levantado evidencia sobre la posibilidad de lograr bienestar para las personas (y desarrollo) dentro de los límites planetarios. Sin sorpresa alguna, la clave en esto es la redistribución de la riqueza y, entre otras cosas, se ha modelado que sin excesos – como viajar en jet privado a la boda de un amigo multimillonario en Venecia -, sería posible tener buenos estándares de uso energético para 10.000 millones de personas sin sobrepasar los 1,5 °C de aumento de la temperatura global, en línea con el Acuerdo de París.

Por supuesto, la manera en que estas políticas deberían implementarse difiere entre el norte y el sur global, a propósito de las diferencias actuales de nuestras economías y de la falta de evidencia empírica. Ese no es el único vacío en la literatura, como los propios autores de estas teorías reconocen, invitando a la investigación de un campo que, afortunadamente, avanza de manera decidida.

Mientras continuamos en camino hacia el caos climático y desde el ambientalismo o ecologismo se ponen los esfuerzos en frenar la destrucción y salvar vidas, convendría mirar con atención el surgimiento de alternativas realistas y democráticas para la organización social y económica. Pensar un futuro posible es necesario para darnos sentido y esperanza.

Columna publicada en América Futura de El País – 03/07/25

UNOC3: la línea azul que conecta Francia, Brasil y el mundo

  • Por Macarena Martinic, coordinadora de empoderamiento y participación pública en ONG FIMA; y Felipe Cárcamo, analista de programa en ONG FIMA.

Esta semana, Niza se convertirá en el epicentro de la política oceánica global. A orillas del mar Mediterráneo, se está celebrando la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), una instancia que marcará el ritmo de los compromisos internacionales por el futuro del mar.

Su lema, “Trabajando juntos por una gestión sostenible de los océanos”, no podría ser más pertinente: en plena cuenta regresiva hacia 2030, la UNOC3 busca articular ciencia, política y acción concreta para enfrentar el deterioro acelerado de los océanos del mundo.

El programa oficial contempla diez paneles temáticos que abordan grandes desafíos de la gobernanza marina: desde la restauración de ecosistemas costeros y profundos, la reducción de la contaminación y el impulso a la pesca artesanal, hasta la promoción de economías oceánicas sostenibles, el financiamiento azul y la aplicación del derecho internacional reflejado en la Convención del Mar (UNCLOS). La diversidad y profundidad de estos temas reflejan que el futuro del océano está directamente vinculado con la justicia climática y social.

Aunque la Declaración Final de UNOC3 no será jurídicamente vinculante, su borrador ya apunta a compromisos concretos en restauración de ecosistemas, financiamiento azul y cumplimiento del Tratado de Alta Mar (BBNJ por sus siglas en inglés), que podrían marcar el rumbo hacia la próxima Conferencia de las partes de Cambio Climático de Belém 2025. De esta manera, la conferencia se perfila también como una etapa decisiva en la carrera por ratificar y poner en marcha el nuevo Tratado de Alta Mar, el cual, pese a los llamados políticos para que entre en vigor antes de la COP 30, todavía necesita ser ratificado por 29 países más.

Línea azul

La idea de una “línea azul” que conecte Niza con Belém ya ha sido adoptada por líderes globales. En diciembre de 2024, los presidentes Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron la declaración conjunta “De Niza a Belém”, comprometiéndose a avanzar en gobernanza oceánica, descarbonización marítima y ratificación del tratado BBNJ. Meses después, desde Valparaíso, Chile y Francia reforzaron ese compromiso con una declaración propia, apuntando al liderazgo conjunto para proteger la alta mar y combatir la pesca ilegal.

Pero estas señales diplomáticas deben ser valoradas con realismo. La brecha entre las declaraciones y la acción efectiva es aún demasiado amplia. Alta mar, que representa más del 60% del océano global, sigue siendo un territorio con reglas débiles o nulas, gobernado por intereses fragmentados y con graves déficits de fiscalización. Las Áreas Marinas Protegidas carecen, en la mayoría de los casos, de presupuesto suficiente y monitoreo.

Y la presión industrial sobre los océanos no cesa: minería submarina, expansión portuaria sin evaluación ambiental estratégica, proyectos energéticos en el océano, entre otros, avanzan sin normas claras ni mecanismos de justicia ambiental.

Latinoamérica juega un rol decisivo

La región posee vastas zonas marinas bajo jurisdicción nacional y un capital ecológico incomparable. Países como Chile y Costa Rica ya han ratificado el Tratado BBNJ. México, Perú, Colombia, Argentina y otros, avanzan a distintas velocidades, convirtiendo a la articulación en nuestro gran desafío.

Necesitamos un bloque regional que impulse la implementación de este nuevo tratado con criterios de justicia ambiental, participación pública y de pueblos indígenas, y equidad intergeneracional.

Chile, en particular, tiene una oportunidad histórica. Además de ser uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Alta Mar, ha postulado oficialmente para albergar la Secretaría permanente del mismo en la ciudad de Valparaíso, “la joya del Pacífico”. Esta decisión, si se acompaña de coherencia interna, podría posicionar al país como líder global en política oceánica. Pero ese liderazgo no puede convivir con la expansión de industrias contaminantes en zonas costeras, ni con una visión de “industrialización verde” que ignora los límites ecológicos y sociales del mar. Ser sede del tratado requiere algo más que voluntad: exige coherencia.

Columna publicada en Biobío Chile – 11/06/25

Ganar perdiendo: cómo un agricultor peruano trae esperanzas a la justicia climática

  • Por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA
El caso de Saúl contra RWE trae esperanzas en un mundo donde el derecho es aplastado junto con la dignidad de las personas y los pueblos.

Una ola de rocas, agua y hielo, más alta que un edificio y a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora bajó rugiendo por la montaña en una mañana de diciembre de 1941, destruyendo parcialmente la ciudad de Huaraz, en Perú, y llevándose con ella a 5.000 personas que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar frente a la sorpresa del aluvión. La Palcacocha, una laguna glaciar ubicada en la montaña sobre la ciudad, había colapsado esa mañana por el desprendimiento de una gran lengua del glaciar, provocando este aluvión que técnicamente es conocido como “fenómeno GLOF”.

Huaraz prometió conservar en su memoria ambiental la existencia de este riesgo, para evitar que este fenómeno volviera a llevarse con él las vidas de sus habitantes. Con lo que no contaban en ese entonces es con que la Tierra ya estaba calentándose de manera acelerada producto de las emisiones antropogénicas, y que los glaciares empezarían a tener un ciclo de vida más inestable, con derretimiento acelerado y fenómenos más difíciles de predecir.

¿Cómo hacerle frente a este riesgo? ¿Cómo detener el calentamiento del planeta, para evitar este (y muchos otros) desastres climáticos? Esta pregunta, urgente para muchos, movilizó a la comunidad local que representada por Luciano Saúl Lliuya llegó a la conclusión de que debía demandar a los culpables. Y en la búsqueda de responsabilidades, dio con la investigación de los Carbon Majors, un levantamiento de información que muestra a las principales empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de la crisis climática. Una base de datos que contiene las responsabilidades de estas emisiones, desde 1958 hasta la fecha.

Y fue así como decidieron partir por demandar a uno de ellos, la empresa alemana RWE, emisora de poco menos de un 0,5% de los gases totales que están causando la crisis climática. Y no se deje engañar por el porcentaje o piense que “entonces todos somos responsables de la crisis”, pues ese pequeño 0,5% equivale aproximadamente a 300 millones de automóviles siendo utilizados por 10 años.

La tarea no era simple. La regulación internacional del cambio climático ha diluido las responsabilidades de quienes más se beneficiaron de esta crisis, especialmente las empresas. Pero eso debía terminar, porque el derecho, desde hace milenios, exige que quien causa un daño lo repare y deje de causarlo. Luciano Saúl Lliuya demandó a RWE en los tribunales alemanes precisamente usando una antigua regla de posesión, contenida en el artículo 1004 del Código Civil Alemán, que permite a cualquier persona pedir medidas a un juez para evitar la interferencia con su propiedad. El demandante, además de ser un líder social de Huaraz, tiene una pequeña propiedad expuesta a nuevos fenómenos GLOF.

Las dudas de los juristas no se hicieron esperar. Argumentaron que esta no es una regla pensada para la crisis climática, que los emisores no son responsables de los daños de la crisis climática y que esto está siendo solucionado (¡vaya que no!) por los países en los acuerdos internacionales. Respuestas insatisfactorias no sólo para quien ha sufrido un evento climático extremo, sino para cualquier que esté atento a lo que estos fenómenos van a seguir causando en nuestro planeta.

El día 28 de mayo llegó el fallo de segunda instancia. Luciano Saúl Lliuya perdió el juicio por cuestiones de hecho y no será indemnizado. Pero tanto él como todas las personas del planeta, hemos ganado con esta derrota. El tribunal fue claro en establecer que las responsabilidades existen, que hay prueba suficiente (hace años) de que la crisis climática está causada por las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones han sido principalmente provenientes de los carbon majors (entre los cuales, está RWE) y que el derecho civil vigente, muy similar en casi todo el mundo occidental, sí tiene soluciones para este tipo de problemas, pues no es admisible que los causantes de un daño de esta magnitud, que se han beneficiado enormemente con las actividades que las han llevado a causar ese daño, no sean responsables del mismo.

Con esto se abre un nuevo camino a la justicia ambiental y climática que es luz de esperanzas en un mundo que ha sido dominado por una narrativa de imposición del más fuerte y donde el derecho y la justicia parecían estar siendo aplastadas junto con la dignidad de las personas y los pueblos. Nuestro trabajo será saber seguir esa luz y cuidarlo, sabiendo que el camino intentará ser clausurado. La ruidosa ola de la crisis climática se abalanza sobre nosotros y, gracias a la memoria ambiental de Huaraz, la tozuda constancia de Luciano Saúl Lliuya, y la adecuada lectura del derecho que han hecho los jueces alemanes, pareciera que ahora tenemos una vía que puede ayudar a detenerla.

Columna publicada en la sección América Futura de El País –  31/05/25.

Construir democracia

Por Ezio Costa, (ONG FIMA), Flavia Liberon (Fundación Terram), Hernando Silva (Observatorio Ciudadano), Matías Asún (Greenpeace), Liesbeth van der Meer (Oceana), Florencia Ortúzar (AIDA), Erwin Sandoval (CODESA), Juan Pablo Orrego (ONG Ecosistemas), Sara Larraín (Chile Sustentable).

Señor Director:

El cuerpo Crónica para el Futuro publicado en “El Mercurio” el 16 de mayo representa un ataque frontal a las organizaciones de la sociedad civil que cumplimos también un rol para la profundización de la democracia, la defensa del interés público, del medioambiente y de los derechos humanos.

Nuestros esfuerzos, y el de las comunidades con las que trabajamos y, en algunos casos, somos parte, están orientados a promover el desarrollo del país con justicia ambiental, impulsando el respeto a la legislación vigente, reconociendo un contexto de crisis climática y de desigualdad social; no a oponernos a proyectos.

En un sistema democrático, las personas y comunidades que son afectadas por las decisiones de la autoridad o privados tienen derecho a ser escuchadas y a utilizar las herramientas legales que como sociedad hemos acordado para el acceso efectivo a la justicia. Entendemos que algunos inversionistas vean estas como impedimentos para el desarrollo de sus iniciativas productivas, pero este ejercicio democrático nos permite vivir en armonía y balancear el interés económico con la protección de la naturaleza.

Por último, estamos de acuerdo con lo afirmado en su editorial: “hacer prevalecer el bien de la sociedad en su conjunto y no los intereses de quienes espuriamente pretenden hablar en nombre de ella”. Actualmente, existen presiones del mundo empresarial en búsqueda de flexibilizar el conjunto de leyes para facilitar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, descartando la evidencia científica y la problemática ambiental; nuestro compromiso es que esos aspectos no queden ajenos a una discusión tan relevante en nuestro país.

Carta publicada en El Mercurio – 21/05/25

Lago Vichuquén

  • Por Sofía Barrera, encargada de litigios de ONG FIMA, y Luciano González, abogado de ONG FIMA.

Señor Director,

El reciente bloom de algas en el lago Vichuquén revela una crisis de gobernanza en el manejo de la barra del estero Llico, crucial para el equilibrio ecológico de la cuenca. Este estero permite la intrusión de agua salada y el drenaje al océano, formando naturalmente una barra de arena que regula este flujo. Sin embargo, en los últimos 20 años, se ha intervenido artificialmente la barra sin considerar los impactos ambientales ni los riesgos para la población, incluyendo inundaciones con agua contaminada de una planta de tratamiento cercana, sancionada por incumplimientos ambientales.

En 2015, la Contraloría señaló la falta de cumplimiento de organismos públicos y se elaboró un protocolo de apertura y cierre, sin respetar procesos formales ni considerar impactos ambientales, comunitarios o climáticos. Esta omisión llevó a un recurso de protección, acogido por la Corte de Apelaciones de Talca, prohibiendo intervenciones sin evaluación de riesgos.

Uno de los argumentos que entregamos fue que precisamente el cierre artificial del estero podía generar episodios de eutrofización. Hoy, el estero está cerrado ilegalmente desde diciembre de 2024, lo que facilita la acumulación de materia orgánica y, por consecuencia, la eutrofización, como ya ha pasado anteriormente en 2016 y 2023.

¿Cuántas veces más deberá repetirse esta historia para que las autoridades actúen con responsabilidad? Esto no es un accidente ni una fatalidad natural, sino el reflejo de una gobernanza ausente, arrastrada por intereses que poco o nada tienen que ver con la protección del medio ambiente. En plena crisis climática y de biodiversidad, seguir operando a espaldas de la naturaleza no solo es negligente, es imperdonable.

Carta al Director publicada en La Tercera – 05/05/25

Conmemoramos pero no protegemos

Reflexión por Karla Vargas, Encargada de Procesos Territoriales en ONG FIMA.

Este 21 de marzo, se celebró por primera vez el Día Mundial de los Glaciares, en el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, proclamado por la ONU. La iniciativa busca visibilizar el papel crucial que estos juegan en la seguridad hídrica mundial, concientizar sobre el complejo escenario en que se encuentran, y reconocer su importancia para todas las formas de vida.

Chile, atravesado por la Cordillera de los Andes, alberga innumerables glaciares altamente sensibles a los efectos del cambio climático y a los impactos de la actividad humana.

Hace sentido que la política internacional aborde esta problemática lanzando un llamado transversal a gobiernos y sociedad civil para conmemorar esta fecha. Así, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y BB.NN del Senado, con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, apoyó la idea de declarar y adherir oficialmente al documento, para incluirlo como una efeméride nacional.

Sin embargo, mientras se acepta esta invitación, en la práctica, las decisiones políticas y económicas se alejan de su protección. Esto nos lleva a la pregunta de si será posible reconciliar la conmemoración de un día y año dedicado a los glaciares con la realidad de los proyectos que comprometen su supervivencia.

Un ejemplo claro de esta paradoja es la aprobación de la expansión de la mina Los Bronces en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, proyecto que pone en riesgo una decena de glaciares y que ha generado graves afectaciones en la cordillera, acentuado la inseguridad hídrica en las regiones con mayor población del país.