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Etiqueta: Opinión

El secuestro de la salud ambiental

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

Parapetados bajo viejas convicciones y armados de prejuicios, los nuevos funcionarios del gobierno de José Antonio Kast llegaron una mañana de marzo al Ministerio de Medio Ambiente buscando a los culpables de detener la sacrosanta inversión. -Tonterías ideológicas de abrazadores de árboles- se repetían entre risas al tiempo que tomaban el control de las que serían sus nuevas oficinas llenas de poder. 

Unas horas después y satisfechos de su jornada de carnicería, entregaron la presa que buscaban: 43 decretos pendientes de aprobación en Contraloría, la excusa perfecta para culpar al gobierno anterior de cuestiones imprecisas pero graves, y subirse al carro de un gobierno que necesitaba fabricar una emergencia para partir con un relato de refundación conservadora. ¿Las razones oficiales del retiro? Una tímida e inconsistente idea sobre la necesidad de revisar los actos administrativos, acompañada de una excusa mal hilvanada sobre que alguno de los decretos habría sido de última hora.

No supo el océano del ascenso de dichos señores al arrasar playas y caletas, ni se enteró la lluvia cuando decidió caer con furia sobre tierras yermas y llevarse todo a su paso. Tampoco lo supo don Juan cuando murió por las complicaciones de una enfermedad respiratoria, durante junio de este año. La exposición continua a concentraciones insalubres de MP 2,5 en el aire lo había convertido en una de las más de 3000 personas que mueren anualmente en Santiago producto de este contaminante.

No tengo certeza de si todo esto llegó a oídos de las autoridades que unos meses antes marchaban contentas exhibiendo como trofeos el haber frenado la protección ambiental del país. Tampoco de si aún miran sus escritorios como espacios de poder o ya bajo el peso de los papeles pueden ver que en realidad son estaciones de trabajo para los responsables del funcionamiento adecuado del país. Más de alguna autoridad debe haber tenido una enfermedad respiratoria en este invierno, espero con mejor suerte que don Juan.

Quizás algunos de ellos se pregunten, a estas alturas, de si habrá sido verdad que los decretos retirados eran sueños utópicos de abrazadores de árboles, o si en realidad es parte de la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente buscar mínimos de bienestar para el país y no sólo preocuparse de cómo caerle en gracia a los grandes inversionistas. Tal vez alguno leyó la comunicación que envió el Colegio Médico sobre los decretos en materia de calidad del aire y cayó en cuenta que esa tos permanente no era solo por una nueva cepa de gripe.

Todos los decretos retirados importan, pero el Colegio Médico alertó especialmente sobre dos: la norma de emisión para centrales termoeléctricas a carbón (DS N°8 de 2025) y la actualización de la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino MP2,5 (DS N°3 de 2026), normas que tienen un impacto particularmente sensible debido a sus efectos directos sobre la salud de las personas.

Ambos decretos son el producto de trabajo de varios años (incluso en distintos gobiernos), en que han intervenido especialistas de salud y medio ambiente, la industria, organizaciones sociales y varios organismos del Estado, para llegar a un resultado que seguramente sin ser óptimo, mejora las condiciones del aire y con ello la calidad y las posibilidades de vida de las personas. Ambos procedimientos, de acuerdo con lo que dicta la ley, tuvieron además un proceso de análisis de costos y beneficios concluyendo que en el caso de la Norma de Termoeléctricas indica un beneficio de US$91 millones entre 2025 y 2040 y en el caso de la norma de MP 2,5 generaría beneficios sociales valorizados en US$8.873 millones entre 2026 y 2035. Estos beneficios están calculados en dólares, pero en realidad son vidas humanas y enfermedades que se prevendrían.

Mientras se celebra por los «millones destrabados» de la inversión de grandes empresas y se reclama por la lentitud en los permisos para que esas mismas grandes empresas puedan mejorar sus ganancias, en algún escritorio se apuesta en contra de la vida de miles de personas anónimas, convertidas en costo aceptable de un gobierno que prefiere empujar un relato que le permita acumular poder.

Ya es hora de corregir este rumbo sin sentido. El secuestro de las normas ambientales no le hace bien al país; es contrario a las obligaciones que las autoridades juraron cumplir cuando asumieron en sus puestos y significa más sufrimiento para la población de Chile.

 

Poder ciudadano en materia ambiental

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

El 30 de junio, la mayor coordinadora patronal de Chile (SOFOFA) presentó un informe relacionado con la Participación Ciudadana en los procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación Ambiental. Ese mismo día otras organizaciones gremiales como CPC, CchC y SONAMI lograron una publicación en portada de El Mercurio, mostrándose “alertados” por la judicialización de proyectos de inversión. 

Ambas publicaciones apuntan en un mismo sentido, hacer parecer que el uso de los derechos de acceso en materia ambiental por parte de los ciudadanos es un problema para el país (o más bien para sus inversiones). No es una novedad, considerando que en otras ocasiones también los derechos de los trabajadores, de los estudiantes e incluso de las mujeres han sido tratados de la misma forma por parte de líderes del mundo empresarial.

Haciendo eco de las publicaciones y aprovechando especialmente los casos de estudio, algunos medios de extrema derecha han aprovechado de atacar a las ONG y en especial a la ONG Ojos de Mar y FIMA, a quienes acusaron de usar bots para generar observaciones ciudadanas y también, en un enrevesado argumento, de usar un sitio web de empoderamiento ciudadano como base de acción, lo que se cuestiona por haber contado dicho sitio con financiamiento público en algún momento (pues es un sitio que colabora en el deber del Estado de facilitar el ejercicio de derechos). No tiene mucho sentido dar cuenta del absurdo de esas acusaciones, pues su objetivo no es producir una discusión racional, sino ir sembrando desconfianza en sus lectores, explotando el fanatismo ideológico y el sesgo de confirmación.

Sin embargo, sí tiene mucho sentido dar cuenta de que aquello que parece molestar es la existencia del sitio web poderambiental.cl, un sitio diseñado especialmente para que las personas puedan, sin necesidad de acudir a un abogado/a, conocer sus derechos en materia ambiental y operacionalizarlos, por ejemplo, haciendo observaciones ciudadanas o presentando recursos administrativos cuando corresponda. Próximamente el sitio contará con un motor de IA propio, que hará aún más fácil su uso, y probablemente molestará aún más a quienes creen que las personas deben pasivamente plegarse ante las decisiones que tomen quienes tienen más dinero y poder.

Los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son derechos humanos fundamentales reconocidos en diversos acuerdos internacionales y notablemente en el Acuerdo de Escazú. Pero esos derechos no sólo tienen como función la protección del derecho al ambiente sano y el patrimonio ambiental de Chile, sino que también son esenciales para que los procesos de evaluación se lleven a cabo de manera correcta. De primera, porque el Estado no cuenta con la información que los ciudadanos pueden entregar, pero también porque es mediante el proceso de participación que los proyectos pueden modificarse para hacerse compatibles con los intereses de la ciudadanía y porque los principales fiscalizadores del cumplimiento de la ley son los mismos ciudadanos que entregan su tiempo en beneficio del colectivo.

En materia de participación, las nuevas tecnologías favorecen a los ciudadanos, pero también a evaluadores y titulares de proyectos. Quiéralo o no, la información se ha hecho más disponible y la revisión de documentos mucho más eficiente, cuestión que quita una de las mayores barreras de acceso para los ciudadanos, que era la lectura de documentos muy extensos y en lenguaje técnico. Es esperable que las observaciones ciudadanas se multipliquen y esto es una gran noticia para el funcionamiento institucional y para la democracia. La institucionalidad deberá pronto tomar en cuenta la existencia de estas herramientas y ver las maneras de integrarlas en el proceso.

Mirando las actuaciones coordinadas de los grupos empresariales y sus sectores políticos cercanos en el mundo, es probable que durante los próximos meses continúen las discusiones y publicaciones sobre estas materias, probablemente demonizando a las organizaciones sociales y a los defensores ambientales. Así como se ha llevado un ataque constante en contra de los procedimientos del Estado hechos para proteger los derechos de las personas (a.k.a. permisología), también los propios derechos y quienes los usan, serán asediados.

Desde quienes creemos en la protección del ambiente y de lo común, habrá que hacer aún mayores esfuerzos. Acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y sitios web como poderambiental.cl buscan ayudar en ese sentido, precisamente para construir democracias más sólidas y evitar que los intereses económicos de unos pocos se impongan al bienestar y al futuro del país.

 

Chile está desmantelando la protección del ambiente en nombre de la recuperación económica

  • Por Carolina Palma Correa, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA. 

José Antonio Kast asumió el cargo hace apenas tres meses. Desde entonces, su gobierno ha impulsado una agenda económica que se hace eco del manual de estrategias de otros gobiernos de extrema derecha de América Latina: reducir el Estado, flexibilizar las regulaciones y dar prioridad a la inversión por encima de todo lo demás.

El presidente Kast heredó un país con un historial medioambiental significativo forjado a lo largo de tres décadas. El marco institucional de Chile, aunque imperfecto, se ha ido adaptando progresivamente a los retos a los que se enfrenta.

El país es parte tanto del Acuerdo de Escazú como del Acuerdo de París y lidera las negociaciones para los tratados globales sobre plásticos y alta mar. A nivel nacional, en 2023, la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) consolidó la protección de los ecosistemas del país. En conjunto, todo ello representa el espíritu progresista del país.

Ese legado se encuentra ahora amenazado.

En el breve tiempo transcurrido desde la toma de posesión de Kast el 11 de marzo, su gobierno ha tomado al menos tres medidas alarmantes que amenazan con desmantelar lo que llevó décadas construir, cada una de ellas disfrazada de recuperación económica o eficiencia administrativa.

Se han invalidado decretos ambientales y se han retrasado nuevas áreas protegidas. Los defensores del medio ambiente, entre los que me incluyo, nos hemos quedado consternados ante el ritmo de los cambios.

Retrocesos en la normativa medioambiental

En su segundo día en el cargo, el nuevo gobierno derogó 43 decretos supremos aprobados por el predecesor de Kast, Gabriel Boric. Estos habrían introducido una serie de nuevas medidas de protección medioambiental, entre ellas normas de emisión de contaminantes, la designación de nuevas áreas protegidas y otros instrumentos relacionados con la gestión del cambio climático en Chile.

Con la llegada del invierno, la calidad del aire en las ciudades chilenas ha empeorado, lo que hace aún más urgente la necesidad de establecer unos estándares mínimos, una de las medidas contempladas en uno de los decretos retirados.

El Ministerio de Medio Ambiente ha afirmado que la suspensión de estos decretos forma parte de una “revisión operativa más amplia” y se ha comprometido a volver a presentarlos. Pero solo después de que hayan sido “corregidos”.

Este planteo oculta una realidad importante: estos decretos no fueron redactados de forma aislada por el gobierno anterior. Fueron el resultado de procesos de participación pública en los que participaron comunidades, organizaciones de la sociedad civil y empresas. Tratarlos como borradores administrativos que deben revisarse discretamente ignora los procesos democráticos que hay detrás de ellos. Meses después, solo se han vuelto a presentar seis. La situación de los 30 restantes sigue sin estar clara.

Retrocesos en la gobernanza medioambiental

La Ley General de Marco Ambiental de Chile lleva 32 años en vigor. Con el tiempo, se ha reforzado para ampliar las competencias del Estado tanto en la evaluación ambiental como en la aplicación de la normativa. La gobernanza ambiental se ha integrado en la toma de decisiones a nivel nacional.

Aunque los gobiernos anteriores intentaron reformarla, buscaron alcanzar un consenso sobre cuestiones controvertidas, como la concesión de permisos para inversiones y la evaluación de proyectos.

Kast ha optado por un enfoque diferente. En lugar de buscar el consenso, se han incluido reformas medioambientales de gran alcance en un proyecto de ley “ómnibus” más amplio —el Plan Nacional de Reconstrucción— junto con medidas fiscales y laborales. El proyecto de ley se ha tramitado por la vía rápida en el Congreso, donde el Gobierno cuenta con mayoría.

La agrupación de estas cuestiones dificulta el escrutinio y facilita eludir el debate democrático.

En materia medioambiental, las reformas son explícitamente regresivas. Subordinarían la protección pública a la inversión empresarial de formas que contradicen los principios fundamentales de la Ley Marco.

Concretamente, el plan propone un régimen de seguro estatal que utilizaría fondos públicos para indemnizar a las empresas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental sean anuladas por los tribunales, en la práctica, socializando el coste de las infracciones medioambientales.

También pretende suprimir el recurso de anulación administrativo, un procedimiento mediante el cual las comunidades pueden impugnar los proyectos de desarrollo, y reducir el plazo durante el cual se pueden presentar recursos. El efecto de estos cambios es que sería más fácil eludir la gobernanza ambiental.

Retrocesos en la protección de la biodiversidad

La biodiversidad de Chile es excepcional. Cuenta con una geografía diversa que abarca el desierto más árido del mundo, ecosistemas insulares, valles mediterráneos y cordilleras patagónicas.

Tras más de diez años de debate, finalmente se presentaron propuestas para proteger este ecosistema tan diverso con la creación de la SBAP, que ha fusionado múltiples ámbitos de la gestión de la protección de la naturaleza en un único organismo. Chile cuenta actualmente con más de 160 áreas protegidas oficiales, que representan aproximadamente el 37% de su superficie terrestre y marina. Sobre el papel, la SBAP tiene amplias competencias para la gestión de la biodiversidad en el país.

Se supone que el gobierno de Kast debe continuar esta labor, introduciendo los marcos legales e identificando los sitios que deben protegerse. En cambio, dos proyectos de ley respaldados por el gobierno (el Plan Nacional de Reconstrucción y un proyecto de ley para modificar la SBAP) pretenden ahora lo contrario: frenar la implementación de la SBAP retrasando su reglamentación y la identificación de los sitios prioritarios.

El SBAP es esencial para determinar dónde pueden o no pueden establecerse proyectos de inversión en el país, protegiendo así áreas valiosas y ricas en biodiversidad frente al desarrollo urbanístico. Chile no puede permitirse seguir retrasando su aplicación.

Los logros medioambientales de Chile se han conseguido con gran esfuerzo a lo largo de muchas décadas. Su futuro depende ahora de lo que decida hacer a continuación el gobierno de Kast.

Publicada en Dialogue Earth – 03/07/26

 

 

La visita de Al Gore y la tarea pendiente

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

SEÑOR DIRECTOR:

La protección de la habitabilidad de nuestro territorio requiere un mínimo de conciencia respecto de los daños que las actividades humanas producen en el medio ambiente. Dicha conciencia no es automática, existen poderes e ideologías que prefieren nublar esa realidad para empujar sus agendas.

Pese a ello, hay hitos que logran instalarse en la conversación pública. Uno de esos momentos sucedió hace 20 años, con el estreno del documental de Al Gore “Una verdad incómoda”. En este aniversario, el propio Gore ha elegido Santiago como sede para liderar la 63ª edición del Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality Project, entre el 9 y el 11 de julio.

Chile es sede regional porque suele presentarse como referente en mitigación climática, destacado por el propio Gore. Ese prestigio proviene de políticas de Estado que generan estabilidad. Esta estabilidad exige fortalecimiento institucional permanente, algo hoy frágil, frente a intentos por horadar los procedimientos y remover las pocas posibilidades de comunidades para representar sus posiciones frente a proyectos de inversión.

Pero además, una gestión ambiental exitosa no se mide solo en paneles o turbinas instaladas, sino en la capacidad de respetar los derechos fundamentales y proteger el patrimonio ambiental cuando los intereses económicos los desafían.

Formar nuevos liderazgos, con esfuerzos como este entrenamiento, es clave. Pero necesitan también instituciones y marcos legales adecuados para que no todo quede en discurso. Ojalá esta visita sea también una invitación a fortalecer la justicia ambiental en Chile, y no solo la nostalgia de un documental que incomodó en su momento, como hoy parece incomodar que las personas ejerzan sus derechos básicos en materia ambiental.

Carta al director publicada en La Tercera – 04/07/26

Proyectos privados y conflictos ambientales

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

SEÑOR DIRECTOR: 

Sin perjuicio de las contradicciones lógicas en la alerta levantada por algunas industrias en lo que llaman industria de judicialización, es necesario observar algunos elementos importantes para avanzar en justicia ambiental.

Al igual que para los representantes de las industrias, el asunto es una preocupación para quienes nos dedicamos a la defensa del patrimonio ambiental y de los derechos humanos. La compra de voluntades, la desestabilización social mediante redes sociales, las noticias falsas y la violencia contra las personas defensoras ambientales se mantienen en aumento desde hace años, sin que las autoridades tomen peso al asunto. 

Por lo mismo, quizás es la oportunidad para regular todo esto. Entre las medidas, sería positivo prohibir la resolución de conflictos mediante pagos, a la vez que prohibir también la intervención comunitaria a través de pagos o promesas de dinero para dirigir las voluntades hacia el apoyo o rechazo a una actividad. No sólo en materia ambiental, es urgente sancionar el acoso digital y establecer medidas reales de protección de defensores comunitarios. Asimismo, y como hemos planteado antes, generar procesos de mediación que permitan modificar proyectos para afectar de menor manera a las comunidades. 

Mientras tanto, igualmente importante es no confundir una alerta sobre situaciones indeseables con el derecho de las personas de participar y acceder a la justicia en materia ambiental, ni intentar limitarlos. Desde un punto de vista estrictamente lógico, sería tan absurdo como pensar que el problema es la existencia de un derecho para presentar proyectos de inversión, sin el cual probablemente no habría conflictos. 

Carta al Director publicada en El Mercurio – 02/07/26

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Fauna silvestre y ganado: Más allá de los perros ferales

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA

La discusión del proyecto de ley de caza de perros ferales (Boletines N° 16.962-01 y N° 18.269-01), a la que se ha puesto urgencia en las últimas semanas en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas, aparece como una buena instancia para tener una conversación un poco más profunda sobre la protección de los animales que no son de compañía, sean fauna silvestre, ganado, especies invasoras o animales ferales.

El proyecto en cuestión se fija solamente en estos últimos y particularmente en los perros ferales (que viven en estado silvestre y sin vínculo humano), dados los daños que estarían causando, sobre todo al ganado. Los mismos perros ferales, al igual que otras especies invasoras, causan también daños a la fauna silvestre. No es un misterio para nadie la existencia de estos daños y la necesidad de abordarlos, aunque existe una discusión sobre cuántos de dichos ataques son provocados por animales propiamente ferales y cuantos por perros domésticos actuando sin supervisión de sus dueños.

La discusión anterior no es menor, por cuanto el proyecto de ley lo único que hace es ampliar las posibilidades para que las personas por su propia cuenta den muerte a los perros ferales. Como suele suceder en las mentes de algunas personas, se cree que los problemas se solucionan con medidas aparentemente rápidas y decididamente violentas, ignorando la realidad fáctica.

Si los números que se han expuesto en la discusión legislativa son correctos, la mayoría de los ataques de perros al ganado y a la fauna silvestre provienen de perros que sí tienen dueños, por lo que el problema en realidad no serían los perros ferales, sino que la negligencia de los dueños que provoca daños a sus vecinos y al medio ambiente. Esto es importante porque entonces la caza de perros ferales no puede, en caso alguno, ser una medida efectiva. Vale decir, aunque desapareciera el 100% de los perros ferales, el problema seguiría sucediendo en una medida muy similar.

Tomemos también en consideración que en Chile son otros los mayores riesgos para la fauna silvestre, siendo particularmente importante la pérdida de hábitat por la destrucción de ecosistemas para otros usos, así como los incendios forestales junto a las especies invasoras, entre las cuales se encuentran los perros ferales. Así las cosas, pareciera que abordar estos problemas requiere de un marco de acción que no se está intentando generar y que debe contener por una parte lo relativo a los perros como causantes de daño y por otra al ganado y la fauna silvestre como objetos de protección.

Un marco de acción apropiado necesita medidas de prevención, de respuesta y de gestión, tomando en cuenta las realidades fácticas de estos riesgos y objetos de protección. Por lo mismo, parecería adecuado que un proyecto de ley de este tipo enfrente esas preguntas de alguna manera, lo que implica dos cosas. En el caso de los perros, generar un sistema más fuerte de monitoreo y control de los animales domésticos para evitar las negligencias de sus dueños o hacerlos responsables por ellas.

En materia de protección de fauna silvestre, una ampliación de la protección de humedales y de reglas de ordenamiento territorial (ambas cosas contrarias a los anuncios que han hecho los Ministerios este año) y la aprobación de la ley de incendios forestales podrían ser buenos comienzos. Mientras, en lo que refiere al control de las especies invasoras, es el SBAP el llamado a hacer frente a dicho desafío, cuestión que aún no sucede entre otras cosas por los retrasos que el gobierno actual ha provocado para la implementación del servicio.

Tomando en cuenta la apertura de esta discusión y los objetivos declarados de la discusión legislativa, el camino que se pretende tomar no parece el más auspicioso, existiendo alternativas que podrían tener mejores resultados para la protección de la fauna silvestre y el ganado, sin dar lugar a prácticas crueles de quienes encuentran satisfacción en dar muerte a otro ser vivo.

Publicada en El Desconcierto – 20/06/26

También es bueno celebrar al medio ambiente

  • Por Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA. 

Este viernes, 5 de junio, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, y a pesar de la multiplicidad de problemas por los que atravesamos en la materia, prefiero tomar este espacio para, precisamente, celebrar.

El Día del Medio Ambiente se estableció en 1972, pero es evidente que el pensamiento sobre nuestra relación con la naturaleza es muy previo a ello. Por dar sólo algunos ejemplos, en el año 60 DC aprox, Séneca decía “me atengo a la naturaleza; la sabiduría consiste en no desviarse de ella y adaptarse a su ley y su ejemplo”.

En 1224 Francisco de Asís oraba “Alabado seas, mi Señor, por el hermano Viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento”, y en 1678 la poeta Anne Bradstreet escribía “En la reciente marea otoñal/ cuando al Sol le restaba solo una hora para ocultarse/ los árboles ricamente vestidos, aunque desprovistos de orgullo/ se doraban bajo su cabeza dorada.// Sus hojas y frutos parecían pintados/ de verdes, rojos y amarillos, una mezcla de matices/ Mis sentidos quedaron embelesados ante esta vista deleitable”.

Fíjese que estos ejemplos provienen de valores muy diversos. La sabiduría, la trascendencia y la belleza son reveladas por estos pensadores a través de la naturaleza, como luego harán tantos otros desde tantas disciplinas y culturas diferentes. Sin pretender esencialismo, aquello que llamamos naturaleza, esa interacción constante entre elementos que van conformando la realidad material, es inevitablemente fascinante.

Y dentro del universo, aún más fascinante es la idea de que en una roca que flota en el espacio, pueda vivir una colección de seres basados en carbono que dependen los unos de los otros para continuar su existencia. Este pequeño espacio, tan improbable como impresionante, donde pueden habitar los humanos y todos los otros seres vivos de la Tierra, es, sin dudas, algo que vale la pena celebrar.

Lo celebraba también Jaime Luis Huenún cuando dijo: “Un coipo nada en el sol y tú te recoges en el agua, silencioso. / Son tus orillas el berro y el junco, / y la ancha sombra de los sauces / el destino de tu sombra bajo el agua. / Un pez alza la luz sobre el remanso. / El destello es tu espíritu que se hunde en lo profundo nuevamente”.

¿Es esto lo que se festeja en el día del medio ambiente? No exactamente. Las causas de que este día mundial exista no son muy espectaculares ni hermosas, pues simplemente se celebra la primera reunión mundial para abordar la crisis ambiental, allá por 1972. Una reunión enfocada en los problemas que recién empezábamos a entender y que nos han acompañado desde entonces. Es el nacimiento de la preocupación ambiental en términos jurídicos y políticos.

Celebramos habernos dado cuenta del desastre que estamos causando y quizás eso explique en parte el contenido general de las formas en que ecologistas y ambientalistas nos referimos a las cuestiones ambientales en estos tiempos. No faltan razones, la situación es crítica y a ratos pareciera que el impulso por la acumulación de capital tiene más fuerza que el amor por la vida.

Pero aunque no falten razones para ocuparnos y preocuparnos, vale la pena también poner más seguido sobre la mesa la fascinación por la naturaleza y el bienestar que ella nos trae y puede traernos. Desde escuchar el sonido de un río bajando hasta sentir el olor de la lluvia o el viento fresco en la piel.

Celebremos al medio ambiente, celebremos a la naturaleza y disfrutemos de la posibilidad de estar vivos. Mientras, sigamos buscando la dicha que nos enseñó Elvira Hernández al decir que “es un placer inmenso/la contemplación/de una jaula vacía”. Esta jaula imaginaria que nos ha separado de la naturaleza ya está demasiado oxidada.

Publicada en El Desconcierto – 07/06/26

 

El falso dilema del progreso

  • Por Carolina Palma Correa, coordinadora de Incidencia en ONG FIMA. 

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta efeméride establecida en 1973 nos invita a reflexionar sobre la acción del ser humano en nuestro hogar común. Si imaginamos el estado del medio ambiente hace cincuenta años muchas cosas han cambiado, algunas para bien y otras para mal. En la década de los ’70 éramos la mitad de la población mundial actual y debido a la industrialización, veíamos las grandes metrópolis con severos niveles de contaminación del aire, derrames de petróleo y la ausencia de regulación ambiental.

Esa misma década empezamos por primera vez a consensuar que existía algo así como el cambio climático y que este era causado por acción humana. Esa generación setentera fue la primera que a nivel mundial comenzó a movilizarse por causas ambientales y sin dudas que desde ese puntapié inicial, las cosas han cambiado un poco.

En nuestro país no existían hace 50 años leyes que protegieran nuestros derechos, hoy sí. Chile ha consagrado el derecho a un ambiente sin contaminación a nivel constitucional, ha desarrollado legislación para la evaluación ambiental y ha suscrito acuerdos internacionales en materia climática y ambiental. Sin duda nuestras reglas no son perfectas, todavía convivimos con dolores históricos como las zonas de sacrificio en en diferentes polos energéticos y comunidades completas que han tenido que ser desplazadas o afectadas en su derecho a la salud.

Avanzar entonces al cuidado del medio ambiente en el siglo XXI es seguir aumentando los estándares y no retroceder, ya que eso impacta directamente la salud de niños y niñas, hombres, mujeres y población vulnerable en general como adultos mayores.

Actualmente nos encontramos en esa encrucijada, un poco perdidos en discursos que banalizan el cuidado ambiental y monos de paja que caricaturizan el cuidado ambiental como si las arañas, los pingüinos o las chinchillas no tuvieran un rol en el equilibrio ecosistémico que permite la vida en el planeta, para aplicar un discurso que pone en contraposición la protección de la salud de los y las ciudadanos/as con la generación de empleo y de desarrollo. Estamos atrapados en esas narrativas. De esa forma, el año pasado se tramitó la reforma a los permisos sectoriales.

Ahora, los proyectos de ley de reforma a la institucionalidad ambiental y el plan de reconstrucción amenazan con quitarnos herramientas para proteger nuestra salud y el lugar donde vivimos. El medio ambiente es la base que sostiene nuestras sociedades, pero en lugar de buscar mejores formas de conciliar su protección con el crecimiento económico, estamos optando por retroceder. En cincuenta años más, el desarrollo no se medirá en cuántas trabas eliminamos, sino en cuántas vidas se pierden producto del daño que hemos hecho al planeta.

Publicada en Cooperativa – 05/06/26

 

Dichos de la ministra del Medio Ambiente

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo en ONG FIMA e Ismaela Magliotto, directora de Gestión ONG Uno Punto Cinco.
CARTA A LA DIRECTORA:

En una reciente entrevista en televisión, Francisca Toledo, Ministra de Medio Ambiente, se mostró dubitativa en torno a conocimientos científicos básicos relacionados con el cambio climático. Más allá de su desconocimiento, el trabajo que aceptó, y cuyas bases están en la ley, obligan al Ministerio a actuar en beneficio del país, sus habitantes y su medio ambiente, haciéndose cargo de la crisis climática. Aunque ella misma así lo reconoció, hoy existen acciones que no apuntan en ese sentido.

Es el caso de la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. El reglamento y conformación de dicho espacio forma parte de los famosos “43 decretos” retirados por el Ministerio de Medio Ambiente para una teórica revisión que solo ha significado una demora en el despliegue de políticas ambientales urgentes, en lo que constituye una inactividad reglamentaria deliberada.

Mientras la crisis climática avanza y sigue dañando territorios, vidas y la economía del país, sería esperable que este Ministerio entendiera también la urgencia de desplegar las herramientas de la ley. Entre ellas, un elemento importante es la conformación de organismos participativos en que los distintos sectores sociales pueden converger en la búsqueda de soluciones para Chile.

Publicada en The Clinic – 03/06/26

 

Desafíos para la implementación de la nueva ley de desalinización

  • Por Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA.

El 12 de mayo de 2026, se publicó la Ley N* 21.813 sobre el Uso de Agua de Mar para Desalinización. Doce años de tramitación legislativa respaldan un texto que llega a ordenar una realidad que ya existe: plantas operando bajo un marco normativo fragmentado, proyectos de escala industrial en evaluación ambiental y una actividad que se expande aceleradamente desde el norte hasta territorios insulares y australes, con acceso hídrico precario en un contexto de megasequía que no distingue regiones.

La ley no es un hito menor. Crea por primera vez un régimen concesional específico, establece una Estrategia Nacional de Desalinización, incorpora las plantas industriales al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y define un mecanismo de aporte para el consumo humano. Instrumentos concretos para una actividad que hasta ahora operaba sin ellos.

También establece un conjunto de objetivos centrales para la regulación de la desalinización: el desarrollo sostenible de la actividad, la prioridad al consumo humano, la protección de los ecosistemas costeros y la planificación territorial de su expansión. Sin embargo, lo importante está en el análisis de las condiciones de implementación necesarias para alcanzarlos. En tal sentido, se requiere la dictación de un reglamento dentro del primer año de vigencia, que deberá navegar entre algunos problemas institucionales que es necesario abordar, y que darán cuenta de si se podrán alcanzar o no las promesas de este nuevo marco regulatorio.

El primer problema institucional que debe ser develado es el rol que la ley asigna a los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos por Cuencas como referente de compatibilidad para las concesiones de desalinización —instrumentos de planificación hídrica territorial que el Código de Aguas reformado en 2022 exige para las 101 cuencas del país—. A la fecha ninguno de esos planes existe. Y si bien el artículo cuarto transitorio trata de otorgar una solución mediante la utilización de otros estudios de la DGA, el problema es que convierte la excepción en regla. Los estudios previos a la reforma del año 2022 son meramente indicativos, no contienen todos los elementos ordenados por la ley respecto de los planes estratégicos ni el efecto que buscó tanto la reforma del Código como la Ley Marco de Cambio Climático. Así, toda la primera generación de concesiones a 30 años, renovables hasta 60 años, podría hipotecar cualquier decisión de mediano y largo plazo para la gestión hídrica integrada de cuencas y territorios costeros.

El segundo problema tiene relación con la idoneidad del mecanismo establecido para velar por el derecho humano al agua, particularmente en territorios con déficits en la cobertura de servicios sanitarios rurales. La ley establece en su artículo 9” que la Dirección General de Aguas podrá incluir -como condición de otorgamiento- un aporte de hasta el 5% de la capacidad de producción para consumo humano y saneamiento en proyectos cuya finalidad principal no sea esa. El problema es que se trata de una facultad y no de una obligación, lo que significa que su activación depende de una decisión administrativa caso a caso y no deun mandato legal exigible. Su implementación efectiva queda además condicionada a la existencia de un operador de servicio sanitario rural con capacidad real de recibir y distribuir ese aporte, sin considerar las dificultades existentes para el funcionamiento de dichos operadores.

El tercer problema es ambiental. Son conocidos los impactos en ecosistemas costeros de la desalinización como actividad industrial: la salmuera de descarga tiene alta concentración de contaminantes cuyo efecto en la biodiversidad y las comunidades humanas está ampliamente documentado. La ley faculta al Ministerio del Medio Ambiente a dictar una norma de emisión para las sales de descarga, pero no lo obliga, recayendo esa decisión en la voluntad política.. Las normas de emisión funcionan como un parámetro de concentración máxima de contaminantes que se pueden descargar al ambiente y son utilizadas por la autoridad como parámetro general en la evaluación de proyectos. Así, el problema queda sin resolver mientras no se dicte una norma de emisión, ya que no contaremos con el estándar técnico general que permita evaluar correctamente el impacto de esta actividad, mientras en los territorios donde la desalación opera hace dos décadas, ya se reporta el fondo marino «emblanquecido».

Los tres problemas identificados marcan la agenda concreta del proceso de implementación que comienza ahora. La dictación del reglamento, así como la creación de la norma de emisión y los planes estratégicos de cuenca, que deben armonizarse con la futura Estrategia Nacional de Desalinización, son las instancias donde se decide si este nuevo marco regulatorio podrá asegurar el derecho humano de acceso al agua o solo un nuevo orden para una actividad industrial ya en curso. Chile lleva décadas discutiendo cómo gestionar el agua, y la pregunta que esta ley deja abierta es si la desalinización viene a resolver ese problema o a postergarlo.

Publicada en el Diario Constitucional – 27/05/26