Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA
Hay algo de cierto en los reclamos de las industrias respecto de la cantidad de permisos que se requieren para hacer proyectos en Chile. Nuestra legislación ha sido muy permisiva y bajo la pretensión de que todo riesgo es controlable, ha optado por estos títulos de intervención en lugar de efectivamente los derechos de las personas y el bien común y, por lo tanto, prohibir derechamente que se hagan ciertas actividades que atentan contra ellos.
Para la certeza jurídica de todos, sería óptimo que se establecieran derechamente prohibiciones en el futuro. Existirían menos riesgos para todos y menos permisos que pedir.
Por ejemplo, podríamos partir por prohibir que se construya en áreas protegidas y humedales urbanos, aprovechando la discusión sobre la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en lugar de hacer un enrevesado trámite para cumplir condiciones que, de lo que se puede ver en los diarios, son muy complejas para los promotores de proyectos.
Agreguemos a eso que, en general, esas condiciones son muy poco fiables para la protección del bien jurídico en cuestión, cosa que genera una mayor conflictividad.
Pero para que esto suceda, la próxima vez que tengamos una discusión sobre cómo proteger el medio ambiente y otros bienes jurídicos, tendría que existir voluntad para aceptar que no es no.
Carta al Director publicada en El Mercurio – Viernes 12 de abril
