Llevamos décadas hablando de las deficiencias del país en materia de gestión de aguas y realizando diagnósticos que nos señalan una y otra vez dónde se radican nuestras dificultades: la necesidad de un órgano que reúna competencias públicas y ordene las directrices, así como la necesidad de una gobernanza de cuencas efectiva. Falencias que desafían las comprensiones más esenciales sobre la regulación en materia de aguas, pero que en Chile no han podido ser incorporadas. En parte, por la obstrucción permanente ejercida por los grandes propietarios del agua, cuya posición privilegiada respecto de un bien supuestamente nacional no sólo los pone en un control económico de los territorios en que desarrollan sus actividades, sino que también en control político, dada la ausencia de gestión pública. La certeza cede sólo en favor de algunos; mientras el país se sigue secando y, como siempre, son las personas en situaciones más vulnerables y el medio ambiente quienes cargan con los costos de la nación.
Carta al director publicada en La Segunda – 22 de marzo 2024
A pesar de que las Juntas de Vigilancia cumplen una función esencial en la gestión de las aguas, también, por su composición, obedecen principalmente a intereses de las personas que tienen derechos de aprovechamiento. Esto significa que la gestión apunta a usos mayoritariamente productivos, sin que se haya regulado cómo debieran considerarse otras variables de relevancia pública, como la protección de las cuencas y la incorporación de los intereses de personas que dependen de ellas pero no tienen derechos de aguas.
El agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto pertenece a la comunidad toda. Por lo mismo, la gestión debe incorporar al Estado, a quienes tienen derechos de agua y también a quienes no lo tienen.
Los consejos de cuenca que se pilotean hoy tienen la virtud de no caer en una solución Estado-céntrica y ser compatibles con los roles que cumplen las Juntas de Vigilancia, mientras se incluye a los demás actores.
La discusión al respecto tiene aspectos virtuosos y levanta puntos interesantes, pero a la vez aparece como una conversación carente de profundidad y claridad. Si el temor es que los usuarios dejen de tener injerencia en la gestión, dicho temor es atendible y sería poco razonable llegar a ese resultado. Pero si la intención es, en un escenario crítico como el actual, mantener la gestión del agua completamente dependiente de quienes se hicieron de derechos de aprovechamiento, dicha razonabilidad se pierde.
El agua, bien nacional de uso público, requiere de una mirada de lo común que no puede depender sólo de sus usuarios, pues razonablemente sus intereses no serán los mismos que aquellos de la comunidad nacional.
Carta al Director publicada en La Segunda – 21/09/23
ONG FIMA publica nuevo informe donde analizan el impacto ambiental de las plantas desalinizadoras en el borde costero, en el contexto de crisis hídrica actual.
La guía, elaborada por ONG FIMA con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), fue presentada durante un taller de gestión hídrica en donde participaron funcionarios municipales de distintas comunas a lo largo de todo Chile.
Fueron un total de 22 municipios y más de 50 funcionarios y funcionarias quienes participaron del primer Taller de Implementación de Municipio Verde, una instancia organizada por ONG FIMA y Fundación Friedrich Ebert (FES) donde se abordaron los principales desafíos que enfrentan las comunas en materia de gestión hídrica.
Durante el Taller, se llevó a cabo el lanzamiento de la Guía para la Elaboración de una Estrategia Hídrica Local (EHL), un documento cuyo objetivo es orientar el proceso para la creación de estas estrategias, promoviendo el uso responsable y sustentable de las aguas, la protección de las cuencas hídricas y el aseguramiento del derecho humano al agua y saneamiento.
“En un contexto de sequía y escasez hídrica como el que enfrenta nuestro país, nos parece que es urgente avanzar en una mejor gestión de las aguas”, señaló Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA. “Los municipios y gobiernos locales son actores fundamentales para esto, por eso esperamos que esta Guía pueda ser una ayuda para todos y todas quienes están involucrados en el manejo de las aguas en sus comunas”.
Según las cifras de la Dirección General de Aguas (DGA), al 17 de septiembre de 2022 había cerca de 4 millones de personasen Chile habitando en comunas bajo decreto de escasez hídrica. Es en este contexto que el documento propone tres etapas para la elaboración de una Estrategia Hídrica: el Diagnóstico, que incluye la caracterización socio-cultural de la comuna y su contexto hídrico, la identificación de las cuencas y un mapeo de actores; el Plan de Acción, donde se definen los instrumentos y herramientas necesarios para concretar la Estrategia; y la Validación, para la cual se sugieren mecanismos internos y externos.
Además del lanzamiento, el Taller de Implementación de Municipio verde contó con la exposición de la Subdirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Maipú, quienes compartieron su experiencia en la elaboración de su Estrategia de Hídrica Local, “Avanzar en torno a la construcción de políticas públicas, tales como la Estrategia Hídrica Local, en conjunto con las vecinas y los vecinos de la comuna, reivindica la gobernanza ambiental dentro del territorio, abriendo espacios de participación y diálogo, que fortalecen la identidad local y amplían la diversidad de perspectivas a considerar”, afirmó Merry Hernández, encargada de la Subdirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Maipú.
Compromiso Municipio Verde
Este Taller se enmarca en la iniciativa “Municipio Verde”, un proyecto de ONG FIMA y FES que, a través de un compromiso de diez puntos firmado por los alcaldes o alcaldesas de las comunas adherentes, busca ayudar a mejorar la gestión ambiental a nivel local. “Las municipalidades se comprometen a aprovechar al máximo sus facultades legales ambientales, por ejemplo, dotándose del personal y los recursos necesarios para avanzar en esta área”, explicó Carolina Palma.
A la fecha, ya hay más de 30 municipios a lo largo de Chile que han adherido al compromiso, entre los que se incluyen Calama, Viña del Mar, Santiago, Talca, Valdivia y Coyhaique. “Nuestro principal objetivo es generar espacios para el intercambio de saberes. En la práctica, lo que se va generando es una red donde los municipios se nutren con las experiencias de otros para así avanzar en la gestión ambiental en sus propias comunas”, destacó Palma.
No hay dudas de que una de las urgencias de nuestro país se relaciona con la escasez hídrica y siendo así, parece razonable que un instrumento normativo tan importante como la nueva Constitución, se haga cargo del asunto. La reciente reforma al Código de aguas hizo una parte de la tarea, por ejemplo, reconociendo el derecho humano al agua y al saneamiento, pero la propuesta constitucional viene a complementar y completar ese avance en las diversas dimensiones del problema hídrico.
Una primera dimensión tiene que ver con la gestión, donde se concentra sobre el 40% de la brecha y del riesgo hídrico, de acuerdo a los estudios de la Fundación Chile. Lo institucional, en este respecto, ha sido también relevado por informes del Banco Mundial e intentado solucionar sin éxito por todos los gobiernos de la última década. La propuesta de nueva Constitución lo aborda cumpliendo las recomendaciones de expertos e informes internacionales, creando una Agencia Nacional del Agua que será autónoma y por lo tanto fuera de los intereses políticos y también los consejos de cuenca que regularán desde la realidad local e integrando a los diversos usuarios del agua.
Una segunda dimensión se relaciona con la protección del ciclo hídrico, para protegerlo en base a la evidencia científica y asegurarnos que siga habiendo agua en las cuencas. Eso requiere conservar los ecosistemas de los que depende ese ciclo, y en este sentido se establece una protección especial para glaciares y cabeceras de cuenca, así como un deber de custodia del Estado respecto de los cuerpos de agua y los bosques.
Este deber de custodia se extiende a todos los bienes naturales comunes, entre los que se categoriza al agua. Haciendo eco de la demanda por terminar con la propiedad sobre las aguas y reconociendo que ellas son de la comunidad que constituye a Chile, esta nueva categoría hace más posible a los organismos pertinentes regular el uso del agua, de forma de asegurar que se cumpla con los objetivos públicos que dependen de ella. Entre estos objetivos se encuentran los usos productivos del agua como la agricultura, la minería y la industria, pero también la protección de la naturaleza y de los derechos de las personas.
Como a veces parece confundirse, que deje de existir propiedad sobre las aguas no significa que deje de poder usarse para sus distintos fines. En la inmensa mayoría de los países del mundo no existe propiedad sobre las aguas, como tampoco la había en el Chile previo a la dictadura, y por supuesto eso no impide el desarrollo de actividades. Lo que sí hace es reconocer que en dichas actividades se está usando un bien que es común y sobre el que, por lo tanto, pesan deberes de cuidado especiales que deberá definir la ley. Por último, las normas transitorias vinieron a aclarar que se mantiene la vigencia de los derechos -ahora autorizaciones- de aguas y que dichas autorizaciones pueden ser transferidas y heredadas.
A pesar de la grave crisis hídrica que atravesamos, la tardanza de soluciones ha sido considerable, lo que está relacionado con resistencias institucionales y privadas que se apoyan en el diseño normativo de la Constitución de 1980 y sus barreras de contención contra los cambios. Un gran aporte de la propuesta de nueva Constitución es derribar esas barreras, devolviendo al agua a su calidad de bien común y propiciando una regulación que proteja su ciclo, asegure el disfrute del derecho humano al agua y permita su uso en actividades productivas para el bienestar del país.
Se invita a toda la comunidad de San Pedro de Atacama, poblados cercanos y visitantes, a participar de una jornada de sensibilización en torno a la importancia del cuidado del agua.
Los glaciares siempre han jugado un rol fundamental en la provisión de agua en nuestro país, pero lo hacen aún más hoy, frente al sombrío futuro en lo que respecta a la severa disminución de las precipitaciones producto del cambio climático. Esta necesidad debe ser traducida en las normas que se dicten al efecto; sea cual sea la figura que se elija, todos los glaciares deben estar protegidos por la ley.
