Este documento elaborado por el equipo de empoderamiento y participación pública de ONG FIMA, aborda cómo ha sido el proceso de organización y empoderamiento jurídico de la comunidad Kawésqar y de las organizaciones de la sociedad civil frente al agresivo aumento de la industria salmonera en Magallanes.
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Informe publicado por ONG FIMA que documenta y analiza la lucha de las comunidades locales, particularmente las comunidades Kawésqar, contra la expansión de la industria salmonera en la región de Magallanes, Chile.
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La claridad de las respuestas que dé -o que no dé- el proceso, servirán como ejemplo para el resto de las regiones que a nivel nacional aún no cuentan con una Zonificación del Uso del Borde Costero, pudiendo contribuir a su posicionamiento como una política útil, que sea un ejemplo a nivel nacional.
A lo largo de su historia, Magallanes ha experimentado grandes procesos industriales que han moldeado el territorio y modos de vida de la región.
No obstante, los pocos instrumentos y políticas existentes en la región no han logrado regular de manera efectiva y responsable esta industrialización, y por lo tanto, su instalación se ha hecho sin considerar la diversidad geográfica, cultural, ambiental e histórica que coexiste en este espacio, ni sus interrelaciones.
Un ejemplo evidente de esta ausencia de planificación -y de los impactos que esto genera- ha sido la salmonicultura, donde la principal herramienta para prever externalidades de su emplazamiento ha sido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, el SEIA analiza proyectos caso por caso, careciendo de los mecanismos necesarios para abordar el escenario integral y complejo a escala provincial o regional, puesto que ese no es su objetivo ni alcance.
Esta limitación ha resultado en que los efectos de la instalación de industrias no se estén considerando adecuadamente en la toma de decisiones sobre el desarrollo regional. Como consecuencia, los impactos sinérgicos y acumulativos de diversos proyectos han aumentado, contribuyendo al incremento de la conflictividad socioambiental y al deterioro de los ecosistemas que sustentan la vida en Magallanes.
Encontrar una forma de llenar este vacío representa un desafío fundamental para Magallanes, tanto por las industrias en desarrollo como por las que se pretenden instalar. La más reciente de ellas es la producción masiva de hidrógeno para exportación, que contempla la instalación de miles de aerogeneradores, puertos, desalinizadoras, líneas de transmisión y plantas de hidrólisis, utilizando principalmente la estepa y la zona costera de la región. En ese marco, los instrumentos y políticas de ordenamiento territorial emergen como una necesidad para definir las compatibilidades e incompatibilidades de las distintas actividades que se realizan en una misma zona, con el fin de guiar de forma integral el desarrollo de la región.
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Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental.
El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo?
Los reclamos de la comunidad
Con la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace “que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel”, dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los “acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta”.
Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga “sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024”.
Una zona sobreexigida
Dentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura.
A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, “lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades”, afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
“El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.
De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.
“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales”, agrega Barrera.
“Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina”, aporta González.
A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. “¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?”, plantea Barrera.
Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, “no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad”.
Fotografía de portada por Patricio Miranda | Greenpeace Chile
Sentencia del Tribunal Ambiental contra el centro de salmones Colo Colo, propiedad de Acuícola Cordillera.
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Por Ezio Costa Cordella
Director Ejecutivo de ONG FIMA
SEÑOR DIRECTOR:
Recientemente se supo del retiro anticipado del proyecto eólico Faro del Sur en Magallanes, planteado expresamente para la producción de hidrógeno verde (H2V). Primero, es necesario aclarar que el retiro anticipado y voluntario del proyecto no significa que esté rechazado o que no pueda volver a ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental. Sin embargo, es importante reflexionar respecto a la oportunidad y desafíos de la producción de H2V a gran escala en Chile.
Quizás la mayor oportunidad tenga que ver con generar las condiciones de esa nueva industria antes de que ella efectivamente se instale. Regular variables económicas, ambientales y sociales, requiere de una mirada de lo público que se anteponga a las decisiones atomizadas de inversionistas privados. Esa anticipación permitirá mayores niveles de certeza para todos los actores, resguardando los derechos de las personas y el interés nacional, buscando activamente la generación de beneficios sociales en lugar de disponernos pasivamente a la extracción de valor.
Entre las condiciones que deben disponerse se encuentran el modelo de tributación, la eventual participación estatal, la creación de industrias asociadas, la manera en que se beneficiarán las regiones, la planificación territorial y las condiciones ambientales en que se permitirá.
Es importante tener claro que la producción de H2V supone grandes extensiones de terrenos para la generación de energía (solar o eólica), plantas desaladoras, puertos, líneas de transmisión, acueductos y plantas de electrólisis, existiendo muchos impactos asociados que pueden ser prevenidos y mitigados.
Una estrategia que cubra estas variables, que se haga participativamente a nivel nacional y regional, aparece como la primera condición para hacerle frente a los retos y aprovechar de manera razonable una oportunidad de transición económica y ecológica.
El documento elaborado por organizaciones nacionales e internacionales apunta a la incompatibilidad entre este tipo de industria y el objeto de protección de la zona, en la cual, aún sin contar con un plan de manejo establecido, ya existen 57 concesiones salmoneras, 113 en trámite y se han aprobado 6 resoluciones de calificación ambiental luego de la creación de la Reserva.
30 de marzo 2021. Las comunidades Kawésqar, Atap, As Wal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Residentes Río Primero e Inés Caro, entregaron a CONAF un informe técnico elaborado por las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA, que busca aportar información respecto al grave impacto que la industria salmonera genera en los ecosistemas marinos, para ser considerado en el plan de manejo que la entidad de gobierno debe elaborar y ejecutar para dar cumplimiento a la protección de las aguas marinas que conforman la Reserva Nacional Kawésqar.
“Hoy CONAF debe garantizar el cumplimiento de lo que se estableció en la Consulta Indígena y prohibir explícitamente la salmonicultura en el plan de manejo de la Reserva, esta definición es clave para la salud futura de los ecosistemas marinos patagónicos”, explica Estefanía González, Coordinadora de campañas de Greenpeace “La falta de regulación interna que existe sobre las áreas protegidas, ha permitido una interpretación que arbitrariamente le ha abierto la puerta a la instalación de 57 concesiones salmoneras dentro de esta área protegida y más de 1.000 en toda la zona austral, con desastrosas consecuencias expresadas en el daño ambiental provocado por esta industria, hoy la salmonicultura es completamente incompatible con la mantención de ecosistemas marinos sanos.” agrega.
La creación de la Reserva Nacional Kawésqar en 2018 fue un hito clave para la participación de las comunidades y personas de este pueblo originario en la decisión sobre los ecosistemas que componen su territorio ancestral. En esa oportunidad, a través de la consulta indígena se estableció expresamente la necesidad de proteger las aguas y de impedir el desarrollo de actividades como la salmonicultura, considerando la particular situación de fragilidad ecosistémica del área y el legado cultural Kawésqar, firmemente ligado al mar.
En el informe, las organizaciones llegan a la conclusión de que la salmonicultura es una actividad incompatible con los objetivos de protección de las Reservas Nacionales, desde el punto de vista legal y ecosistémico, y en particular con la Reserva Nacional Kawésqar debido a la gran cantidad de riesgos que implica la actividad. Entre los daños que esta industria causa, se encuentran la contaminación biológica al introducir especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las periódicas fugas masivas de salmones y los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino los cuales generan condiciones anaeróbicas y mareas rojas. Todo lo anterior pone en peligro un área marina con una diversidad única en el mundo y que el mismo Estado ha decidido proteger.
“Permitir la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar haría inútil la protección entregada al área. Este punto ha sido reconocido incluso por la dirección nacional de CONAF que al ser consultada en 2019 por la contraloría sobre el cultivo de salmones dentro de áreas protegidas, señaló que de acuerdo con el marco legal vigente nacional e internacional, entre los que se encuentran la “Convención de Washington”, no sería admisible una actividad como la salmonicultura en un área que protege el ecosistema marino”, agrega Victoria Belemmi, abogada de ONG FIMA.
Por su parte, la ONG AIDA presentó un escrito ante la Contraloría General de la República para que esta se pronuncie respecto de la aprobación de un proyecto de ampliación de biomasa de un centro de salmonicultura ubicado en la Reserva Alacalufes, hoy Reserva Nacional Kawésqar, que se encontraba operando en condiciones anaeróbicas.
“La aprobación de este proyecto implicó que se autorizó aumentar la producción de salmones en una zona donde ya había evidencia de que la capacidad de carga del lugar estaba superada. El hecho que el centro estaba ubicado en las aguas bordeando la Reserva Alacalufes (hoy Kawésqar) lo hace aún más grave”, comenta Florencia Ortúzar abogada de la ONG AIDA.
El bajo nivel de oxígeno que afectaba las aguas fue evidenciado por documentación oficial que reconoce la normativa para ese fin – la Caracterización Preliminar del Sitio que el titular del centro presentó para solicitar la ampliación y varios informes preliminares (INFA) que confirmaban la situación-. Con la aprobación, el centro adquirió autorización para casi triplicar su producción original. Subpesca había notado la situación, incluso interponiendo una observación al respecto dentro del proceso. Sin embargo, poco después emitió su pronunciamiento conforme al proyecto. Luego, el SEA aprobó el proyecto mediante RCA.
El Recurso de Reclamación fue presentado por ONG FIMA en representación de la organización ciudadana Alerta Isla Riesco el pasado 8 de noviembre para evitar el uso de explosivos en la extracción de carbón en Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco. Esto, luego de que el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, revirtiera la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Magallanes que, en enero de este año, había rechazado el proyecto, luego de cuatro años y medio de que esta iniciativa se presentase por primera vez.
Al respecto, el Coordinador de Litigios de ONG FIMA, Diego Lillo, señala “El Tercer Tribunal Ambiental ha resuelto concedernos la medida cautelar que fue solicitada en la reclamación, que consiste en la suspensión de los efectos de la resolución que aprobó el proyecto de incorporación de tronaduras”. Aclara que “Si bien, esto no significa que haya un prejuzgamiento del fondo, puesto que aquí queda todo el juicio de por medio para determinar una de las cuestiones en que se basa esta medida cautelar, que es el riesgo para los hallazgos paleontológicos en la Formación Loreto. Lo que sí considera el Tribunal, es que existe un fundamento plausible para nuestro argumento, es decir, la falta de información que se tuvo en el procedimiento para la determinación de este posible impacto; y por otro lado, que el riesgo es de una entidad significativa, que hace necesario palearlo a través de esta medida cautelar”.
A juicio de Alerta Isla Riesco la aprobación de este proyecto “fue una contradicción absoluta, ya que mientras el Estado de Chile declara que el país dejará de usar el carbón como fuente energética, por otro lado permiten el uso de tronaduras en Isla Riesco para hacer viable económicamente la extracción de carbón”. Según la organización, el proyecto no evaluó de forma adecuada los impactos que el uso de explosivos generará en la zona, por lo que la iniciativa debió ser evaluada a través de un Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo pidió la Comisión Regional, y no ser aprobada solo con una Declaración de Impacto Ambiental, que no estudia con profundidad y rigurosidad los impactos que los explosivos podrían generar en la fauna terrestre y marina, en el patrimonio paleobotánico y en la ganadería en la zona, entre otros. Alerta Isla Riesco indicó que les parece una mala señal que “una empresa pueda fragmentar su proyecto para evaluar sus impactos de forma separada y a través de mecanismos menos rigurosos, ya que no le da ninguna garantía a la ciudadanía”. Esto en el contexto de que el puerto de la minera fue aprobado en 2009, Mina Invierno el 2011 y las tronaduras comenzaron su proceso de evaluación el año 2014.
Ahora, queda por delante que el Tribunal escuche a las diferentes partes y determine si empresa puede continuar con este método extractivo.