En Chile, a pesar del gobierno, el medio ambiente es prioridad

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. 

El Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e Ipsos emitieron los resultados de una encuesta nacional de medio ambiente y cambio climático. Parte importante de lo que esta encuesta nos muestra es que la preocupación por la protección del medio ambiente sigue siendo muy relevante para los chilenos y que, incluso habiendo elegido un gobierno que pretendían más eficaz en materia de seguridad, no olvidan que la cuestión ambiental sigue siendo parte de las labores fundamentales del Estado. 

Para la mayoría de las personas, de manera muy esperable, este valor fundamental se representa no solamente como una cuestión abstracta o de futuro, sino que en la afectación cotidiana que un 61% de los encuestados asegura tener en su vida producto de la crisis climática.

Por otro lado, y si bien el vínculo no está hecho de manera precisa, para un 42%, el alza en el costo de la vida es uno de los problemas principales que deben estar en la agenda pública y en ello la protección ambiental tiene mucho que decir. La crisis climática y ecológica, la falta de medidas de adaptación y la mala gestión de los eventos climáticos extremos tienen un efecto sobre los precios, especialmente de cuestiones básicas como los alimentos. Por otro lado, continuar con la transición energética y hacerla justa es esencial para salir de la dependencia impuesta por los países petroleros, cuya narrativa actual apuesta precisamente por ralentizar esta transición que, completamente desplegada, debería significar una disminución en los costos de energía y transporte para las personas. En efecto, cuando se pregunta sobre las prioridades ambientales que debería tener el gobierno actual, la masificación de la energía solar residencial, precisamente para disminuir las cuentas de luz, aparece con un 42% de las preferencias.

Adicionalmente, la mayoría de las personas entiende que un empuje a la producción económica no debiera hacerse contra la protección ambiental. Y, en efecto, un 77% de los encuestados consideran que los proyectos de inversión deben ajustarse a las regulaciones actuales, o estas podrían modificarse solo en cuanto no signifiquen retrocesos para la protección del medio ambiente del país. Mismo porcentaje que comparte una importante preocupación por la calidad del aire, donde se  esperan soluciones como el aumento de las áreas verdes  los parques urbanos, mayor fiscalización a las industrias que exceden los límites de emisión, así como la prohibición los usos de leña húmeda o sin certificación, mientras se subsidia la reconversión de calefacciones a leña por sistemas eléctricos o de gas.

Ninguna de las cosas anteriormente mencionadas aparece entre las acciones del gobierno, que ha retirado decretos que apuntan a mejorar la calidad del aire, bloqueado proyectos que aumentan las áreas verdes y parques urbanos, dado señales confusas en materia de transición energética (favoreciendo el gas, por ejemplo) y en general despreciado una adecuada gestión ambiental. Incluso el presidente se ha prestado para dar declaraciones altisonantes y llenas de ignorancia en este sentido, diciendo que no podemos tener protegidos humedales que no le sirven a nadie, cuando un 82% de las personas creen que los humedales urbanos deben protegerse porque saben que cumplen roles para el ecosistema y para la protección del entorno frente a las inundaciones.

Por último, estos números nos muestran un panorama mucho más esperanzador para la protección de la salud y la vida de las personas, así como del patrimonio ambiental del país. Si bien la elección presidencial favoreció a un proyecto que no tiene a la protección ambiental entre sus prioridades, ello no obsta que la ciudadanía espere que la gestión pública sí esté alineada con ciertos valores que son de carácter nacional. Es por lo mismo esperable que el gobierno ajuste sus modos de funcionamiento y que, en lugar de dar pie a gustitos ideológicos de algunos de sus miembros y seguidores, sea digno portador de la responsabilidad que está en sus manos, priorizando la protección del futuro de Chile, que es su gente y su medio ambiente. 

Publicada en El Desconcierto – 30/08/26

¡Súmate al “Compromiso Municipio Verde”!

Por medio de un documento de libre suscripción para los y las candidatas a alcaldes y alcaldesas, la ONG FIMA en conjunto con Fundación Friedrich Ebert (FES) busca que las próximas autoridades locales se comprometan con diez puntos que ejecutarán durante su periodo en la municipalidad para mejorar la gestión ambiental local

Los gobiernos locales son grandes agentes de cambio para combatir la actual crisis climática y ecológica, además al implementar mejoras en esta materia se impacta directa y positivamente la vida de los habitantes de cada comuna. Por este motivo, desde ONG FIMA y FES hemos elaborado el «Compromiso municipio Verde», un documento de diez puntos a los cuales los alcaldes y alcaldesas de las distintas municipalidades del país pueden comprometerse a cumplir para así mejorar sus planes en materia ambiental.

El compromiso establece -entre otras cosas-  la creación de una unidad ambiental municipal, la ejecución de programas de educación ambiental para los y las vecinas, la implementación de los distintos órganos de participación ciudadana como los Comité Ambientales Comunales y el uso de la Ley de Humedales Urbanos (Ley 21.202) para proteger los humedales de la comuna, si así corresponde.

Para hacerse parte de este compromiso, los y las candidatas a alguna alcaldía, solo deben descargar el documento, firmarlo y luego sacarse una foto junto a este, además de completar este formulario: formulario.

Para suscribir el compromiso, solo debes descargarlo aquí:Compromiso Municipio Verde (1)

Y luego rellenar este formulario

FIMA presenta informe «Discusión sobre Medio Ambiente en el marco de una nueva constitución»

Descargar informe

El 7 de marzo de este año la expresidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la Constitución de 1980. En éste se verifican algunos cambios en cuanto a la protección del medio ambiente, principalmente, en torno a los deberes del Estado, agregando en su artículo tercero, el “deber especial” de protección del medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural.

En este contexto, el proyecto de Ley de nueva Constitución presentado al Congreso levanta múltiples inquietudes. Por un lado, si esta nueva redacción recoge de manera adecuada las preocupaciones ciudadanas en materia ambiental que surgieron en la etapa participativa, y por otro, cuál será el destino final de este proceso considerando que hubo un cambio reciente de Gobierno que genera ciertas incertidumbres en esta materia.

Para eso junto a la colaboración de la Fundación Heinrich Böll se ha generado el proyecto denominado “Discusión Derecho a un Medio Ambiente Sano en la Nueva Constitución”, el cual busca involucrar a representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia en la discusión sobre cómo debe resguardarse este derecho en un eventual proceso de reforma constitucional, con miras a difundir los resultados de esta discusión, generar propuestas e incidir en un cambio en este sentido.

Este informe reúne las apreciaciones recogidas en dos talleres de discusión en torno a la protección del medio ambiente en una potencial nueva Constitución, discutiendo tanto las problemáticas señaladas como la nueva propuesta del gobierno de la ex presidenta Bachelet.

Entre los temas analizados, se encuentran:

  • Redacción actual del artículo 19 N° 8 de la Constitución, que regula la garantía a un medio ambiente libre de contaminación, es el carácter restrictivo del concepto de “medio ambiente libre de contaminación” que excluye bajo esta formulación otras
    hipótesis de alteración del medio ambiente y que lo definen de manera negativa, como “lo que no es” o lo que “no debe ser”, en lugar de definir cómo debe ser el ambiente adecuado para la vida.
  • Bajo la actual garantía del artículo 19 de la Constitución y del derecho a “vivir” en un medio ambiente libre de contaminación se concibe un derecho de carácter individual “de la persona”, excluyendo la posibilidad de entender este derecho como perteneciente a la colectividad toda e incluso a las futuras generaciones. También se plantea la discusión sobre la posibilidad de proteger en este derecho a la naturaleza como un sujeto en sí mismo, como lo han reconocido otras legislaciones.
  • Se identifican algunos obstáculos en la formulación de la acción cautelar que ampara este derecho, es decir, en cuanto a los requisitos más restringidos que presenta el recurso de protección en esta materia, en comparación con otros derechos lo que dificulta el acceso a la justicia y agrava los conflictos ambientales existentes en nuestro país. En un periodo en que el cambio constitucional ha sido propuesto, y ya ha pasado a ser concebido como necesario para la población, hacernos cargo de los problemas que a la protección del medio ambiente atañen es un deber que no sólo recae en el Estado, sino también en las organizaciones sociales y civiles que se dedican a esto.

24 de julio: Conversatorio «Medio Ambiente en el marco de una nueva constitución»

Conversatorio de presentación del informe: «Discusión sobre medio ambiente en el marco de una nueva constitución», elaborado por ONG FIMA y Heinrich -Böll- Stiftung Cono Sur.

Expositores: 

  • Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo de ONG FIMA.
  • Dominique Hervé, Directora Programa Derecho y Política Ambiental de la Facultad de Derecho UDP.
  • Ingrid Wehr, Directora de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

Inscripciones: 
https://goo.gl/forms/MTSUb1sOYlFFCZCQ2

Conversatorio medio ambiente en el marco de una nueva constitución