Mejillones: Corte Suprema ordena revisar calificación ambiental de termoeléctrica Angamos

La sentencia acoge la apelación presentada por vecinos y vecinas de Mejillones y mandata al Servicio de Evaluación Ambiental a incorporar las variaciones en el ambiente provocadas por el cambio climático en el proceso de revisión actual de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

Abril, 2022. La Corte Suprema ha ordenado corregir la Resolución de Calificación Ambiental de la Central Termoeléctrica Angamos, aprobada en 2007, acogiendo así el recurso presentado por vecinos de Mejillones en 2020 contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La variable de cambio climático no fue contemplada por la autoridad ni el tutelar al inicio del proyecto, por lo que desde la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Mejillones, Agrupación Juvenil de Batucada Axe Tim Baue, representados pory ONG FIMA, presentaron un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ratificando el criterio del SEA e indicando que la revisión de RCA no alcanza a materias que no fueron consideradas en la evaluación ambiental del proyecto.

El proceso de revisión se inició durante el año pasado por el SEA, pero estaba acotado a variables relativas al medio marino, excluyendo las variables de aire. Ante esto, se solicitó que se incluyera dicho componente, debido a que es allí donde se manifiestan los cambios en el ambiente terrestre provocados por el cambio climático.

 Para Marcos Emilfork, abogado de ONG FIMA, “esta decisión va en línea con los compromisos internacionales que Chile ha adquirido en la materia en los últimos años, en cuanto a que es imperativo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que están aumentando la temperatura de la Tierra, al punto de hacer impracticable el ejercicio de los derechos humanos ambientales”.

En su fallo, el máximo tribunal señala que el mecanismo es procedente en casos que se busca regular situaciones que no fueron previstas anteriormente, como es la variable del cambio climático. Es así como ordenó al SEA a iniciar el análisis respecto del componente atmósfera, considerando los elementos que han variado en el ambiente terrestre causados por el cambio climático, desde el inicio de su ejecución en 2007, hasta la fecha.

Este fallo permitirá a los vecinos de Mejillones pedir la regulación de los impactos de la Central sobre el aire y la salud de las personas, y que se encuentran asociados al cambio climático. “Por décadas el Estado de Chile ha vulnerado los derechos fundamentales de los habitantes de Mejillones, pero hoy se sienta un precedente positivo. Esto nos llena de energía para seguir luchando en contra de las empresas que han contaminado por años este lugar”, indica Manuel Carvajal, operador turístico de Mejillones y recurrente en la causa.

Solicitan que Contraloría se pronuncie sobre legalidad de funcionamiento de Central Termoeléctrica Mejillones

En la región hoy en día existen nueve centrales a carbón, siendo esta una de las más antiguas y cuyos impactos nunca fueron correctamente evaluados afectando gravemente la salud y la vida de las personas.

30 de julio 2020 – La acción es presentada por las agrupaciones Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Mejillones, Agrupación Juvenil de Batucada Axe Tim Baue, y ONG FIMA, con el objeto de que el órgano contralor se pronuncie sobre la legalidad de funcionamiento de la unidad a carbón propiedad de Engie, toda vez que esta obtuvo su aprobación ambiental en 1995, antes de que entrara en funcionamiento el reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de 1997, que puso mayores exigencias al ingreso de este tipo de generadoras.

“La Central opera en virtud de una resolución de calificación ambiental que es anterior a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que en su otorgamiento no hubo una evaluación de impactos propiamente tal, es decir, no se estudió la línea de base, no se predijeron todos los impactos ni se establecieron medidas de mitigación, compensación ni reparación. Un proyecto en estas circunstancias se encuentra gozando prácticamente de un derecho adquirido de funcionar, cuestión que ni la Ley 19.300 ni los sucesivos reglamentos del SEIA, ni la naturaleza jurídica de la RCA permiten. Por este motivo, creemos que es urgente que Contraloría se pronuncie respecto a la necesidad de que el proyecto se ajuste al cumplimiento de la normativa vigente. En caso de que contraloría determinara la ilegalidad, entonces, según nuestro entendimiento, lo lógico sería que al menos se abriera un procedimiento de revisión ya sea a partir del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 o de las reglas generales del derecho administrativo”, explica Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA.

En las sucesivas reformas que ha sufrido la institucionalidad para la evaluación de proyectos, se han incorporado nuevas exigencias como la realización de un estudio detallado de línea de base, predecir sus impactos y riesgos que conlleva, así como presentar un plan de medidas que mitigue, repare o compense ese impacto, entre otros, todos aspectos que no se evaluaron en esta unidad.

Para las agrupaciones de Mejillones, localidad considerada como “zona de sacrificio” según el informe del INDH de 2012, es urgente acelerar el proceso de cierre de esta planta, ya que se encuentra obsoleta y no cumple con los estándares mínimos para asegurar la correcta convivencia con la población.

“Como habitantes de una zona de sacrificio, creemos que instancias como estas, nos dan la oportunidad de buscar justicia y visibilizar las problemáticas que compartimos con otros territorios. Cabe señalar que Mejillones es una de las ciudades con más centrales termoeléctricas de Chile y nueve de ellas son a base de carbón”, explica Manuel Carvajal, vocero Axe Tim Baue y miembro de la coordinadora Despierta Mejillones.

De esta manera, desde la localidad ponen en cuestionamiento el rol que ejerce el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual ha permitido la instalación indiscriminada de industrias contaminantes en la región, sin evaluar los efectos sinérgicos que estos tienen.

“Hoy en día, sabemos que existen numerosos estudios que demuestran el daño que las termoeléctricas provocan a la salud y el medio ambiente, también nos damos cuenta de que existe un problema bastante serio a la hora de evaluar los proyectos ambientales en Chile. Nosotros vemos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental más como un aliado de las empresas que un ente evaluador y es necesario una mejor o reestructuración de este sistema que tome en cuenta factores importantes a la hora de la evaluación, por ejemplo el cambio climático y la participación real de los habitantes de los territorios. Con este escrito que presentamos a Contraloría, tenemos la esperanza de sentar un precedente a nivel local, tenemos estudios que demuestran el daño al medio ambiente, es por ello que ahora vamos por la justicia”, puntualiza Carvajal.

Por otra parte, es importante destacar que a nivel internacional en materia de cambio climático, nuestro país es parte del Acuerdo de París, en el cual los Estados se comprometen a evitar el aumento de las temperaturas a nivel global por sobre los 2ºC y una vez alcanzado, ir reduciéndolo cada vez más. Además, recientemente el gobierno presentó su NDC 2020, en el cual se fija una meta de neutralidad de carbono al año 2050, consistente en absorber tanto dióxido de carbono (CO2) como el que genera. Siendo imperante, terminar cuanto antes con todas las centrales a carbón que operan en Chile.

 

Huasco: Presentan Recurso de Protección para paralizar unidades 1y 2 de Central Guacolda

La acción busca que AES GENER genere un plan de mitigación para su termoeléctrica a carbón, acorde a la situación de contaminación en la que se encuentra la provincia de Huasco, actualmente declarada zona de latencia.

En representación de vecinos de la comuna de Huasco, ONG FIMA presentó un Recurso de Protección contra las unidades más antiguas de la Central Termoeléctrica Guacolda, propiedad de AES Gener. Estas funcionan desde 1995, previo a la entrada en vigencia del reglamento que regula el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y por lo tanto su evaluación ambiental no tuvo los estándares adecuados.

“En rigor, estas centrales, se aprobaron antes de que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) estuviera funcionando, y esto implica que su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) carece de el contenido técnico ambiental que tienen las RCA posteriores al reglamento”, explica Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA.

En ese contexto, explica que Guacolda se benefició del sistema de ventanilla única que funcionaba antes para el ingreso de los proyectos y por lo tanto no tuvo que predecir sus impactos y “sobre todo, no tuvo que fijar medidas de mitigación, compensación y reparación. En este sentido, estimamos que un impacto como emitir contaminantes a la atmósfera tiene que ser objeto de estas medidas”

Actualmente, la localidad de Huasco se encuentra declarada zona de latencia por los altos índices de contaminación atmosférica con los que diariamente conviven sus habitantes. Al utilizar la combustión de carbón, Guacolda genera un gran impacto la emisión de contaminantes atmosféricos, como: dióxido de carbono (CO2); material particulado (MP10); dióxido de azufre (SO2); óxidos de nitrógeno (NOx) y metales pesados como el mercurio (Hg), vanadio (V), níquel (Ni) y plomo (Pb). Estos contaminantes suponen una vulneración de los derechos de las personas que habitan en el lugar, que ven expuesta su vida, su salud y su medio ambiente a un nivel dañino de contaminantes.

“Al estar contaminando la atmósfera sin que exista un título legítimo como hubiera sido una RCA con un plan de medidas de compensación, lo que está haciendo Guacolda es apropiarse del aire que es un bien común, para ejercer actos posesorios de forma arbitraria y finalmente disminuir el derecho que tiene todo el resto de la comunidad sobre esos bienes comunes”, agrega Diego Lillo.

Cambio climático y el fin de las termoeléctricas a carbón

La situación que se vive actualmente en Huasco, donde conviven 5 termoeléctricas a carbón, pone en relieve la necesidad de terminar definitivamente con la explotación y combustión de combustibles fósiles. El carbón tiene probados efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente en general, contribuyendo de manera significativa al cambio climático, por la emisión de gases efecto invernadero.

En este contexto, diversas organizaciones sociales se han unido en la campaña Chao Carbón, que busca que nuestro país se comprometa a terminar de aquí al 2030 con las centrales a carbón y las zonas de sacrificio.