El Juzgado de Letras y Garantías de Chanco acogió este 28 de agosto el desistimiento de la demanda presentada por la Inmobiliaria Costa Calán contra Rodrigo de la O Guerrero en el 2020, condenando a la empresa a cubrir los gastos del juicio. Este caso es un ejemplo de lo que se conoce como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés), un mecanismo utilizado para silenciar y amedrentar a defensores ambientales y de derechos humanos.
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La siguiente Guía de capacitación para defensores y defensoras ambientales sobre el Acuerdo de Escazú es un recurso para quienes deseen implementar instancias de formación participativas y dinámicas en torno al Acuerdo de Escazú junto a comunidades y personas que defienden el medio ambiente, con el objetivo de que éste llegue al mayor número de personas y comunidades de la región.
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América Latina es una de las regiones con más defensores ambientales asesinados. Si bien en Chile –afortunadamente- el número es bajo, las amenazas son una práctica común que pone en jaque el verdadero acceso a la participación y la justicia socio-ambiental en un país con más de 100 conflictos, tal como lo indica el Mapa de Conflictos Socioambientales del INDH. A la fecha, Chile no cuenta con herramientas para otorgar un entorno seguro para defensores ambientales ni tiene un registro de los casos de hostigamientos y amenazas. Un claro mandato para avanzar en estos temas está presente en el Acuerdo de Escazú, el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y que Chile aún no firma.
En este marco, la ONG FIMA junto a Alerta Isla Riesco, proponemos recopilar testimonios de personas que han sufrido amenazas por su trabajo en la defensa del medio ambiente. No revelaremos el nombre de quienes den su testimonio (a menos que exista una autorización expresa por parte de la persona afectada) pero sí solicitamos medios de verificación de la amenaza. Este formulario NO PRETENDE ser una estadística, ni tampoco es una herramienta legal que pueda ser usada como defensa, si no que se remite a ser una forma de REUNIR EXPERIENCIAS y así dar a conocer una realidad que es negada en nuestro país: los y las defensores ambientales ponen en riesgo su vida por la defensa de sus derechos.
Sabemos que nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar un estándar aceptable en materia de democracia ambiental, por ello, creemos que comenzar por reunir testimonios sobre las amenazas que enfrentan las personas por defender al medio ambiente, puede ser un primer paso para dar a conocer la problemática.
Ayúdanos a difundir esta iniciativa. Envía este formulario a las personas que crees que puedan tener un testimonio que compartir.
#SoyDefensorAmbiental
Lo que sigue es que el 27 de septiembre de este año, se abra la etapa de ratificación del tratado en la Asamblea General de la Naciones Unidas. De esta forma, los países tendrán dos años para ratificar el acuerdo (entre septiembre 2018 y septiembre 2020), entrando en vigor cuando 11 de las 24 partes lo hayan firmado y ratificado.
Seguir leyendoLas organizaciones que suscribimos esta declaración rechazamos cualquier tipo de violencia, amedrentamiento o amenaza hacia dirigentes y luchadores socioambientales que han dedicado su vida a la defensa de sus comunidades y sus derechos humanos básicos, como lo es el acceso al agua potable y saneamiento.
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