El pasado 4 de marzo, 24 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Chile, firmaron un acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, primer acuerdo regional vinculante sobre el medio ambiente.
En 1992, el Principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aseguró que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”. 26 años después, 24 países de América Latina y el Caribe establecieron un acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia ambiental.
Lo que sigue es que el 27 de septiembre de este año, se abra la etapa de ratificación del tratado, también llamado Acuerdo de Escazú, en la Asamblea General de la Naciones Unidas. De esta forma, los países tendrán dos años para ratificar el acuerdo (entre septiembre 2018 y septiembre 2020), entrando en vigor cuando 11 de las 24 partes lo hayan firmado y ratificado. Con su carácter vinculante, este acuerdo tiene que ser aplicado dentro de 90 días después de la ratificación en cada nación firmante.
La participación ciudadana, base del acuerdo
El acuerdo también garantiza la participación de la ciudadanía sobre proyectos y políticas que los afectan. Según el texto final aprobado, el primer objetivo del tratado será “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección el derecho de cada persona, de la generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Un acuerdo de protección de los activistas ambientales
El primer acuerdo regional para la protección de los defensores del medio ambiente “garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad” en su artículo 9.
La protección de los activistas ambientales y la garantía de su acceso a la información ambiental es una respuesta al informe de Global Witness, declarando que, en 2017, 197 personas luchando por el medio ambiente fueron asesinadas en el mundo, de los cuales un 60% fue en América Latina. Así, el “Acuerdo de Escazú” es el primer tratado en el mundo que obliga a los Estados firmantes en prevenir y sancionar las amenazas y violencia contra los defensores del medio ambiente.
La participación del Público en el texto final
Desde los inicios de las negociaciones, hace 6 años, el rol de la sociedad civil fue fundamental para asegurar que los países se comprometieran con un tratado vinculante tendiente a proteger la integridad de las personas que viven y defienden los diferentes territorios.
En este contexto participaron representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellos ONG FIMA, quienes en conjunto con los representantes electos del público asistieron a cada una de las reuniones, conversaron con las autoridades ministeriales y defendieron los puntos que se veían más amenazados, en especial aquellos tendientes a asegurar la democracia ambiental.
Hoy todas las energías están puestas en que los países ratifiquen lo antes posible el acuerdo para asegurarse de que el proceso comience realmente.
Por lo pronto, para el próximo 18 de abril, se ha organizado en Cepal un evento paralelo (cupos limitados).
«Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – Herramienta para enfrentar los desafíos de la implementación de la Agenda 2030»]]>