El encuentro, realizado entre el 24 y 29 de abril en Colombia, reunió a 56 países y más de 2.600 organizaciones y cerró con cinco resultados concretos que buscan complementar el régimen climático internacional. Para Chile, que sigue dependiendo de la importación de combustibles fósiles para sostener su matriz energética, los acuerdos alcanzados abren una oportunidad estratégica.
La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles cerró el 29 de abril en Santa Marta, Colombia, dejando abierto un proceso que busca complementar y fortalecer el régimen climático internacional. El encuentro, impulsado por Colombia y Países Bajos y respaldado por la presidencia de la última COP, reunió a 56 países (Chile se restó en el último momento) y más de 2.600 organizaciones de todo el mundo en torno a un objetivo común: avanzar más allá de los compromisos actuales hacia una salida efectiva de los combustibles fósiles.
Durante décadas, en las negociaciones climáticas, este tema no se abordó directamente. Recién en la COP28 de Dubai, en 2023, los países acordaron por primera vez avanzar hacia una “transición que deje atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de forma justa, ordenada y equitativa”. Sin embargo, ese hito también dejó en evidencia los límites del sistema: acuerdos no vinculantes, metas voluntarias y una regla de consenso que, en la práctica, permite que países con intereses en la industria frenen avances más ambiciosos. Es en ese contexto donde Santa Marta fue el espacio para los países dispuestos a ir más lejos.
Los resultados de Santa Marta
La conferencia cerró con cinco resultados concretos. Uno fue la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global, copresidido por los reconocidos científicos Carlos Nobre y Johan Rockström, que aportará respaldo técnico al proceso. Otro, el anuncio de una segunda conferencia para 2027, que tendrá como anfitriones a Tuvalu e Irlanda, manteniendo la lógica de cooperación norte-sur que marcó el espíritu de Santa Marta.
Los tres resultados restantes son grupos de trabajo que definirán el camino a seguir. El primero busca que cada país construya su propia hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles, conectada con los compromisos climáticos que ya tienen adquiridos ante Naciones Unidas. Para Chile, que suscribió ese compromiso en la COP28 y tiene pendiente actualizar sus metas climáticas, esto representa una oportunidad concreta de traducir las declaraciones en acciones. El segundo grupo trabajará en herramientas compartidas para que los países puedan medir y hacer visible cuánto dependen aún de los combustibles fósiles en sus economías. El tercero se enfocará en cómo llevar todo esto a la práctica.
«La Conferencia de Santa Marta mostró que la voluntad política para avanzar existe y que hay un grupo importante de países dispuestos a ir más allá de los compromisos actuales. Las hojas de ruta y los marcos de transparencia son compromisos que, de alguna manera, nuestro país ya ha comenzado a desarrollar a partir de su Plan de Descarbonización. Sin embargo, será clave que estos instrumentos se revisen y actualicen desde una perspectiva de transición justa, y que se estructuren en base a instrumentos concretos que permitan su implementación efectiva en los próximos años”, señala Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA.
El proceso además se declaró abierto, permitiendo que nuevos países se sumen en adelante. Si bien no hubo acuerdos vinculantes ni compromisos de financiamiento concretos, y la ausencia de grandes productores como Estados Unidos, China, India y Rusia limita su alcance global, Santa Marta logró articular una hoja de ruta compartida y un calendario de trabajo concreto, en un escenario donde la cooperación climática sigue siendo más urgente que nunca.
Una oportunidad estratégica para Chile
Los acuerdos alcanzados en Santa Marta tienen implicancias directas para países como Chile, que a pesar de sus avances en energías renovables sigue dependiendo de la importación de combustibles fósiles para sostener su matriz. En 2025, estos representaron cerca del 15% de sus importaciones, lo que refleja una dependencia estructural de mercados externos altamente volátiles. Esa fragilidad quedó en evidencia recientemente con alzas en los precios de la gasolina y el diésel que impactaron la inflación, el costo del transporte y el precio de los alimentos.
Reducir esa dependencia no solo permitiría al país alinearse con las metas del Acuerdo de París, sino también amortiguar los efectos sociales de la crisis energética global y fortalecer la soberanía energética. «Chile cuenta con condiciones excepcionales para el desarrollo de energías renovables, pero la transformación que requiere nuestra matriz energética todavía necesita un fuerte impulso de cooperación internacional, no solo en términos de inversión, también en los procesos de toma de decisiones, para que los proyectos cuenten con verdadera legitimidad social y compatibilidad territorial», agrega Pino.
El país acumula además una experiencia relevante en la materia. Desde 2019, las principales empresas generadoras acordaron el cierre o reconversión de las 28 centrales a carbón hacia 2040, de las cuales 14 ya han cesado sus operaciones. A esto se suma el compromiso de alcanzar un 80% de energía limpia al 2030 y la incorporación de una Estrategia de Transición Socioecológica Justa. No obstante, estos avances también han sido cuestionados por su impacto en comunidades locales, especialmente en territorios catalogados como «zonas de sacrificio», donde aún existen brechas en restauración ambiental y garantías laborales.
Insumos para ampliar esta discusión
Como forma de aportar a la discusión sobre cómo transformar la transición energética en una oportunidad concreta para el desarrollo del país, ONG FIMA publicó Apuntes de política ambiental N°14: “Transición más allá de los Combustibles Fósiles: una oportunidad estratégica para Chile en tiempos de incertidumbre económica”.
En el documento se analizan avances, restricciones y aprendizajes de la experiencia de Chile, así como da cuenta de los desafíos de implementar una transición energética que a estas alturas ya es urgente.
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