La siguiente Guía de capacitación para defensores y defensoras ambientales sobre el Acuerdo de Escazú es un recurso para quienes deseen implementar instancias de formación participativas y dinámicas en torno al Acuerdo de Escazú junto a comunidades y personas que defienden el medio ambiente, con el objetivo de que éste llegue al mayor número de personas y comunidades de la región.
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En 2015, se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), buscando que cada país organice sus prioridades y políticas para avanzar hacia la consecución del desarrollo sostenible. El ODS 16 compromete a los países a: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, encontrándose dentro de este objetivo, la meta 16.3, que insta a los gobiernos a “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” (énfasis nuestro).
Cada cuatro años cada país debe realizar una revisión e informar sobre los progresos realizados a Naciones Unidas en el Foro Político de Alto Nivel (o HLPF por sus siglas en inglés), y para ello, cada objetivo contempla una serie de indicadores que deben ser medidos por cada país. En julio del presente año, Chile presentó su Informe Nacional Voluntario, actualizando los avances de los indicadores de la agenda 2030, incluyendo al ODS 16.3.
En este contexto, la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) con al apoyo de Namati: Innovations in Legal Empowerment, elaboraron un informe alternativo o diagnóstico, con el fin de: i. Identificar avances, dificultades y desafíos en la implementación del ODS 16.3, con foco en el acceso a justicia ambiental; ii. Difundir estos hallazgos y realizar recomendaciones para que Chile impulse medidas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile.
Este esfuerzo se enmarca también, en el proceso de firma del Acuerdo Regional de Escazú, adoptado en nuestra región en 2018, el cual obliga a los Estados a establecer políticas y tomar medidas legislativas en orden a permitir el desarrollo pleno de los derechos de acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones públicas y a la justicia en asuntos ambientales. En este último aspecto, dispone en su artículo 8 numeral cuarto, que las partes deben “reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia”.
Para ello, en primer lugar, el informe realiza una revisión de la información contenida en diversas fuentes, tanto nacionales como internacionales, correspondientes a índices de medición, estudios o informes de centros de investigación, como datos o cuentas públicas de organismos públicos de Chile. Además, se ha utilizado también una estrategia metodológica participativa para conocer las impresiones y percepciones de actores clave en esta materia. Dicha información se organizó en torno a los siguientes temas: i. Órganos competentes e independientes; ii. Acciones o recursos oportunos y efectivos para reclamar; iii. Legitimación activa amplia para la defensa del medio ambiente; iv. Asequibilidad de los procedimientos y acceso a la asistencia legal; v. Reparaciones efectivas y oportunas vi. Ejecución y cumplimiento de las decisiones; vii. Transparencia; y viii. Situación de defensores de derechos humanos y medio ambiente.
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