El martes 12, en el Tribunal Ambiental de Santiago llevó a cabo la primera sesión en la audiencia de alegatos de las reclamaciones presentadas por Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por las resoluciones que lo llevaron a perder la calificación ambiental favorable del proyecto HidroAysén.
La segunda sesión de esta audiencia se realizará el juves 14 de mayo a las 15:00 horas.]]>Apoyo y representación de los vecinos de Camino Farellones por la excesiva sobreutilización de la ruta para el tráfico de vehículos pertenecientes al proyecto minero Los Bronces.
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Seguir leyendoColumna de Rodrigo Pérez Aravena
¿Cuándo estamos frente a una alternativa de intervención razonable del ecosistema?, y aún más, ¿Quién controla esa razonabilidad?
El viernes se verá esta causa que busca cambiar la Declaración de Impacto Ambiental presentada por un Estudio de Impacto Ambiental, donde se evalúen los reales efectos que tendrá en la población el transito de trenes de alta velocidad, cada 4 minutos a 8 metros de sus casas.
Por parte de los recurrentes alegará la abogada Gabriela Burdiles de la Corporación FIMA, ONG que patrocina la causa.
El proyecto que se emplazará en 13 comunas (9 de la Región Metropolitana y 4 de la Sexta), siendo las más afectadas San Bernardo, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y El Bosque, tiene a los vecinos de estas 4 últimas muy preocupados, pues de llevarse a cabo el proyecto, su calidad de vida se vería reducida considerablemente debido al ruido de los trenes, la vibraciones que estos producen y el temor ante cualquier accidente que pudiera ocurrir a solo metros de sus viviendas.
Lo anterior se suma a que en la presentación del proyecto, EFE incurrió en importantes ilegalidades al fraccionar el proyecto de manera de presentarlo ante el SEIA separado del plan integral Rancagua Express, y de esta forma, solo tuvo que realizar una Declaración de Impacto Ambiental en vez de un Estudio de Impacto Ambiental, como corresponde a una intervención de estas dimensiones.
]]>Para las 10 de la mañana citó tribunal de alzada a los abogados de las partes: el gobierno y más de 80 vecinos que argumentan que la resolución de calificación ambiental que aprobó la iniciativa en septiembre vulnera derechos constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Para el lunes 23 de diciembre a primera hora la Corte de Apelaciones de Coyhaique fijó los alegatos en que el gobierno y ciudadanos y organizaciones sociales de la región de Aysén y el país enfrentarán sus posturas por el proyecto de represa río Cuervo de Energía Austral.
El tribunal de alzada paralizó el 25 de octubre la tramitación de la iniciativa al decretar una orden de no innovar, luego que el 17 un grupo de vecinos de Puerto Aysén y Coyhaique presentaran un recurso de protección contra la aprobación del proyecto por la Comisión de Evaluación Ambiental regional el 10 de septiembre. Sus argumentos se sustentan en que la resolución de calificación ambiental vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
En total fueron más 80 los vecinos que se hicieron parte del recurso, patrocinado por la ONG Corporación FIMA y con el apoyo local del abogado Rodrigo de los Reyes
La vulneración de derechos constitucionales del recurso actual estarían asociados a irregularidades en el proceso de evaluación, los riesgos que implicaría levantar un embalse de 13 mil hectáreas sobre una falla geológica activa y en un área rodeada de volcanes, y la pérdida de ecosistemas únicos no intervenidos, entre otros aspectos.
Los alegatos son abiertos al público, por tanto desde la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida invitaron a los ciudadanos interesados en conocer los fundamentos en discusión a concurrir ese día a partir de las 10 de la mañana a la Corte de Apelaciones de Coyhaique (Baquedano 182).
En 2012 la Corte Suprema ya había declarado ilegal una primera aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, de mayo de ese año, obligando al gobierno requerir a la empresa diversos estudios geológicos asociados a la falla Liquiñe-Ofqui, sobre la cual se pretende levantar la presa y el embalse.