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Rodrigo Pérez A.
Abogado de FIMA[/caption]
La problemática ambiental en el desarrollo sustentable supone la evaluación de dos puntos de vista que a priori son oponibles: por un lado, el desarrollo socioeconómico que implica la intervención y explotación del medio ambiente en la búsqueda de recursos que impulsen un cierto bienestar social; y la debida preservación del ecosistema entendiéndolo como un entorno en el cual interactúan y se desarrollan los grupos humanos. Bajo esa perspectiva la explotación del medio ambiente debe contener matices de razonabilidad.
Pero cabe preguntarse en ese caso: ¿Cuándo estamos frente a una alternativa de intervención razonable del ecosistema?, y aún más, ¿Quién controla esa razonabilidad?
El caso del proyecto Central de Pasada Mediterráneo, recientemente aprobado y ubicado en la comuna de Cochamó, demuestra claramente que sin una debida rigurosidad en la evaluación de los proyectos ambientales sometidos ante el Servicio de Evaluación Ambiental, se puede llegar a un grave desajuste en la balanza.
Una característica particular de este proyecto, y que funda la activa oposición de la comunidad, es que pretende emplazarse en una zona de alta concentración de diversas actividades humanas directamente conectadas a un entorno de profunda biodiversidad. La acentuada actividad turística, vital para quienes habitan la zona, viene favorecida por un espacio de amplio valor paisajístico, de flora y fauna de enorme atractivo.
En esa misma zona destaca la presencia de comunidades indígenas Mapuches y Huilliches entre otras, adscritas a un sentido de pertenencia al ambiente ya descrito, generándose un verdadero equilibrio entre hombre y naturaleza. En otras palabras, los ejemplos ya mencionados vislumbran la importancia del medio ambiente dentro de una dimensión antropocéntrica.
Este equilibrio puede ser tan perfecto como frágil, especialmente ante la introducción de nuevos agentes generadores de impacto de gran envergadura, como lo es el proyecto hidroeléctrico en comento, que al intervenir y afectar el ecosistema, terminan por alterar la forma de vida y actividades de los grupos humanos que habitan la zona. Cabe cuestionarse entonces la aceptabilidad y razonabilidad de dicha alteración en pro del desarrollo sostenible.
El proyecto Central de Pasada Mediterráneo adolece de inconsistencias, imprecisiones y por sobre todo, infracciones a la legislación ambiental, entregando serios indicios de que los criterios la autoridad ambiental usa para evaluar el proyecto, no parecen ser los más acertados.
Exclusión de comunidades indígenas en los estudios de grupo humano, relocalización no permitida de fauna, trazados de camino no incluidos en el proyecto por el sólo arbitrio del titular, ausencia en la determinación de como el proyecto afectará especies protegidas como es el caso del alerce; son algunos ejemplos de cómo en varios aspectos de su evaluación, el proyecto raya en la ilegalidad, a lo que se suma como agravante la poca rigurosidad con que la autoridad ambiental, concentrada en el SEA, califica favorablemente un proyecto que a la luz de los antecedentes fue reiteradamente observado por la ciudadanía y especialmente por los órganos con competencia ambiental, incluso en las etapas terminales de su evaluación. Paradigmático en ese sentido es el caso de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, organismo que constantemente reiteró al titular la necesidad de hacer un estudio de grupo humano completo que incluyera a todas comunidades indígenas habitantes de la zona a afectar. A la fecha de la aprobación del proyecto, CONADI mantenía sus observaciones sin recibir una respuesta convincente del titular.
Y es ahí donde llegamos al punto conflictivo. La consagración del principio preventivo descansa sobre una autoridad ambiental capaz de controlar la magnitud con que los proyectos sometidos a su evaluación pretendan afectar una zona de biodiversidad. La ausencia de rigurosidad desemboca en un resultado evidente, y es que el costo de un proyecto que a todas luces es deficiente (en su forma, fondo y evaluación), será asumido en el corto plazo por la misma comunidad perteneciente a la zona del valle del Río Puelo; desajustando, una vez más, la balanza del desarrollo sostenible.
Es esa balanza el reflejo del equilibrio entre el respeto por la biodiversidad y el desarrollo de actividades socioeconómicas. Es deber de la autoridad ambiental intervenir en aras de que ese equilibrio no se vea alterado en significancia, de lo contrario la entrada de nuevos agentes generadores de impacto ambiental como el de este caso, no debe ser admitida.
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