Corte Suprema ordena al Servicio de Evaluación Ambiental iniciar procesos de Participación Ciudadana para proyectos salmoneros en Reserva Nacional Kawésqar

“Quizás este pudiera ser un gran paso para comenzar la salida de esta industria de nuestros canales, de nuestro mar, y comenzar a conservar el equilibrio de nuestro territorio ancestral”

Santiago, 1 de febrero 2022 – Ayer la Corte Suprema (Rol No 60.548-2021) dio una nueva señal en favor de las organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas, al sentenciar la apertura de un proceso de participación ciudadana previo a la autorización de instalación, fusión y relocalización de cuatro centros de cultivo de salmones al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La solicitud fue realizada por comunidades Kawésqar y las ONG FIMA, Greenpeace y AIDA.

“Para nuestras comunidades es muy importante el fallo de la Corte Suprema, sobre todo porque está misma empresa que está instalada al otro lado del canal Aswalisnan, es la que ha provocado gran daño en el territorio, a los sitios funerarios, lugares sagrados, etc.”, señala Haydee Aguila, de la Comunidad Kawesqar ATA’P, quien ve con optimismo esta sentencia, y agrega “Es importante mencionar que quizás este pudiera ser un gran paso para comenzar la salida de esta industria de nuestros canales, de nuestro mar, y comenzar a conservar el equilibrio de nuestro territorio ancestral. Nuestros antepasados fueron desarraigados desde sus propios campamentos, no podemos seguir permitiendo las mismas prácticas en la actualidad, cuando todo está cambiando”.

Anteriormente, la autoridad ambiental se había negado a abrir estas etapas de consultas, situación que hoy es revertida por el fallo del máximo tribunal del país al acoger este Recurso de Protección. La sentencia, además, se refiere a los impactos que estos proyectos implican para los ecosistemas y las comunidades, debido al alto uso de antibióticos, degradación del fondo marino, y fugas periódicas de salmones, entre otras consecuencias, las cuales aumentan el área de influencia de los proyectos, más allá del lugar en el que se ubican.

“Valoramos la sentencia de la Corte Suprema, la que, por primera vez, decreta la apertura de procesos de participación ciudadana en el caso de proyectos acuícolas salmoneros. La Corte acierta en reconocer los enormes y extensos impactos que genera esta industria. Esperemos esta jurisprudencia tenga efectos en los actuales procedimientos de reclamación que se siguen tanto en tribunal ambiental como en el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de Nova Austral, donde se pueda reconocer que, no solo sus evaluaciones carecían de procedimientos de participación ciudadana, sino que se encuentran instalados dentro de un área protegida y maritorio Kawésqar”. explica Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA.      

Al respecto, Estefanía González de Greenpeace, señala que “es un tremendo triunfo de las comunidades que se haya reconocido el derecho a la participación, en particular en el caso de las comunidades indígenas, ya que los proyectos de salmonicultura impactan directamente en sus territorios.” No obstante, precisó, “hay que estar alerta, pues esperamos que lo mismo ocurra con los otros cinco proyectos de relocalización en la reserva nacional Kaweskar y que este sea el primer paso para que de manera efectiva se rechace la instalación de salmoneras en esta reserva. La salmonicultura es incompatible con los objetivos de creación de esta área protegida y esperamos que con el próximo gobierno esto se haga efectivo».                             

Los proyectos salmoneros que deberán someterse a procesos de participación ciudadana siguiendo lo ordenado por la Corte Suprema, consisten en proyectos de instalación fusión y relocalización de centros de cultivo de salmónidos, de la empresa Nova Austral S.A. Estos proyectos incluyen centros de engorda de salmones, artefactos navales con oficinas, bodegas, plataformas flotantes, entre otros, todos ubicados en la prístinas aguas de la Reserva Nacional Kawésqar, aledaña al Parque Nacional Kawésqar.

*Foto: Parque Nacional Kawésqar-8-©Antonio-Vizcaíno

Río Cuervo: Escenas Post-Crédito

Pareciera que el fin del proyecto Río Cuervo nos tiene preparada una de esas escenas post-crédito, ya que aún quedan sin resolver una serie de problemáticas socioambientales que requieren de un pronunciamiento por parte de las autoridades correspondientes.
Dicha escena, no es otra que la sentencia definitiva que el Ilustre Tribunal Ambiental de Valdivia dicte, respecto de la causa que ha sido sometida a su conocimiento y decisión .

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Presentan Recurso de Protección contra Informe que recomienda autorización de Central Mediterráneo

[caption id="attachment_3574" align="alignleft" width="150"]Foto www.gochile.cl Foto www.gochile.cl[/caption]

Representantes de la comunidad de Cayún alegan ilegalidad de

Informe Consolidado de Evaluación Ambiental al no cumplir condiciones de Conadi

La acción judicial, patrocinada por la Corporación FIMA, busca invalidar el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE), que recomienda la calificación positiva del Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de la Central Hidroeléctrica Mediterráneo que se emplazaría en la provincia de Llanquihue.

El Recurso de Protección fue presentado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por representantes de la comunidad indígena de Cayún, quienes piden invalidar el ICE por haberse emitido ilegalmente al no contener los pronunciamientos ambientales de los organismos con competencias que participaron en la evaluación. En este caso, se omitieron las condiciones exigidas por la Conadi en relación a caracterizar a las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto, y por lo tanto no se respetó el convenio 169 de la OIT.  Además, en el documento tampoco se incluyeron las observaciones realizadas por CONAF en relación a que el camino que  lleva desde el puente Cheyre hasta la hidroeléctrica, que para su realización incluye la tala de una gran cantidad de bosque nativo, debió ser incluido dentro del Estudio de Impacto Ambiental, situación que la empresa descartó alegando que este sería construido por terceros y por lo tanto no forma parte del proyecto.

 “Este recurso busca que se incluyan en el Informe Consolidado, todos los pronunciamientos y observaciones realizados por los organismos competentes durante la tramitación de este proyecto, y así conseguir que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente. Esto sin considerar futuras acciones que se puedan interponer debido al gravísimo daño ambiental que esta represa significa para la comuna de Cochamó”, explicó Rodrigo Pérez, abogado de Corporación FIMA.

De ser acogido el recurso, los abogados y los habitantes de la zona del río Puelo, esperan que se aplace la resolución de calificación ambiental hasta que se hayan incorporados los antecedentes faltantes.

El Proyecto

El Proyecto “Central de pasada Mediterráneo” busca la construcción de una central hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada, que se ubicará donde confluyen el río Torrentoso con el río Manso, sector denominado La Junta, en el extremo nororiental de la Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. Además junto a una línea de alta tensión necesaria para su conexión al Sistema Interconectado Central (SIC).

 Los vecinos de Cochamó, comuna en que se emplazaría la central, se oponen al proyecto debido a la gran contradicción que existe entre el desarrollo de la industria de turismo sustentable que se desarrolla en la zona por su ubicación estratégica como puerta de entrada de la Patagonia Chilena, con la construcción de mega centrales hidroeléctricas y su correspondiente tendido eléctrico.

Por otra parte, también afirman que la comuna está ubicada sobre la falla de Liquiñe Ofqui y cuenta con laderas de cerros geológicamente inestables, por lo que la construcción de la central aumentará el riesgo de desprendimientos de tierras, pudiendo causar graves daños a los residentes de la zona.

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