El día de hoy, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que nuestro país será el anfitrión de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25). Al respecto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
El cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos como sociedad los seres humanos y requiere de una respuesta conjunta de la comunidad de naciones, así como el compromiso de todos los ciudadanos, actores sociales y políticos involucrados en este problema. Los graves efectos de este fenómeno están en la actualidad azotando a cientos de comunidades alrededor del mundo y, en particular, a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El cambio climático es mucho más que una afectación al medio ambiente, pues sus impactos causan cambios irremediables en la forma y calidad de vida de los habitantes de este planeta.
Estamos conscientes de que, lamentablemente, los esfuerzos que están haciendo los países del globo son insuficientes ante la envergadura de este fenómeno, tal como lo demuestra el último Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el cual hace un urgente llamado a ser mucho más ambiciosos en el compromiso de todas las naciones en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para no superar el límite de temperatura de 1.5°C de aquí a 12 años. Con este objetivo, el IPCC destaca enfáticamente que es necesario e imperioso reducir a la mitad las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030.
Tal como expresamente indican la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible -todos instrumentos internacionales que han sido respaldados por la actual administración-, no es posible enfrentar estos retos sin garantizar la participación informada de todos los actores interesados en el tema.
Ante esto, el Acuerdo de Escazú es la herramienta idónea que promueve y permite a los países lograr una plena implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, en favor de la equidad, la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de que Chile propuso este instrumento y lideró toda su negociación, nuestro país aún no lo ha suscrito ofreciendo excusas poco claras.
Desde el año 2012 hasta marzo del 2018, nuestro país buscó que este acuerdo fuera ambicioso y vinculante, lo que contribuyó a que se adoptara el primer tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe -y primero en el mundo- que protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El 27 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se abrió el proceso de la firma del Acuerdo de Escazú, pero nuestro país, a pesar de haber invitado a sus pares a la ceremonia, sorpresivamente se restó de la instancia. La incoherencia fue mayor cuando el Presidente Sebastián Piñera centró su discurso ante la Asamblea General en torno a temas ambientales y desarrollo sostenible.
En la actualidad, el Tratado ha sido firmado por 16 países, algunos de los cuales ya comenzaron su proceso de ratificación. Chile, por su parte, no ha sido capaz de finalizar el estudio de cláusulas tipos que figuraban hace años en la negociación. El desconcierto es mayor por cuanto, según el mandato de los países, Chile tendría que estar en estos momentos liderando la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Al día de hoy, la sociedad civil no entiende porqué el Ejecutivo está actuando con tanta desprolijidad y temor en sus relaciones internacionales, especialmente en materia ambiental y derechos humanos.
En consecuencia, frente al anuncio del Ejecutivo de hospedar la próxima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las organizaciones de la sociedad civil aquí firmantes, declaramos que:
- La política ambiental e internacional de Chile debe ser una política de Estado que asegure su seriedad, consistencia, coherencia y responsabilidad.
- Chile está dando una confusa señal ante la comunidad internacional y nacional sobre su capacidad de liderazgo al no haber firmado el Acuerdo de Escazú. Además, pierde la oportunidad de fortalecer su democracia ambiental, de fomentar la transparencia y de mejorar su proceso de toma de decisiones; todos objetivos que son claves para enfrentar el cambio climático.
- El cuestionamiento hacia Chile por su actuar en relación con el Acuerdo de Escazú, sin duda, se traspasa al rol que tendrá nuestro país en la próxima cumbre de cambio climático.
- Para contribuir a subsanar en parte lo anterior, se requiere al menos, la adopción inmediata de las siguientes medidas:
- Firmar e iniciar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú considerando lo infundado de las razones esgrimidas por el Ejecutivo y del excesivo plazo que ha transcurrido desde que se indicó por Cancillería que estaba realizando un nuevo estudio del mismo. Este punto es necesario para un país que pretende, además, hospedar una Conferencia internacional como la de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
- Junto con lo anterior, asumir el liderazgo de conducción respecto del Acuerdo de Escazú que, por mandato de los países, comenzó el 27 de septiembre y durará hasta la primera Conferencia de las Partes.
Ante lo expuesto, las organizaciones aquí firmantes esperamos, sinceramente, que nuestro país enmiende el camino en materia ambiental y transite de los meros anuncios a compromisos concretos y significativos para el real fortalecimiento de los derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
Fundación Terram
Espacio Público
ONG FIMA
Greenpeace
CODEFF
Observatorio Ciudadano
Amnistía Internacional Chile
Andrea Sanhueza, Representante Electa del Público para el Acuerdo de Escazú
