En el marco del convenio de colaboración con Gobierno Regional de Valparaíso, nuestra organización capacitará a distintos municipios de la región para que tengan un rol activo ante casos de degradación ambiental.
De acuerdo con el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del Instituto de Derechos Humanos, en la Región de Valparaíso se han reportado 21 de estos conflictos, de los cuales 16 se encuentran activos y otros tres en estado latente. Algunos de ellos, como la contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví o la escasez hídrica en Petorca, se han convertido en símbolos de la conflictividad ambiental a nivel nacional.
Teniendo en cuenta esta realidad, y en el contexto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso, ONG FIMA, se adjudicó el proyecto“Transferencia para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”. La iniciativa, tiene como fin la capacitación y asesoramiento a 12 municipios de la Región en acceso a la justicia en materia de reparación ambiental, para que estos puedan tomar un rol activo en la toma de acciones institucionales y/o jurídicas.
“El Programa busca ser un aporte para abordar una de las necesidades urgentes de los gobiernos locales del país: fortalecer sus capacidades para hacer frente ante casos de degradación ambiental”, explica Felipe Pino, abogado ycoordinador de Proyectosde ONG FIMA. “Además de las facultades de las Municipalidades en la gestión ambiental de sus comunas, estos organismos tienen un rol preponderante en el accionar ante tribunales ambientales para buscar la reparación en casos de daño ambiental. Desde ONG FIMA queremos potenciar el uso de esta facultad, aportando con una asesoría especializada a funcionarios municipales para que estos puedan llevar autónomamente dichos casos, sin depender de la contratación de servicios jurídicos externos.
El programa tendrá una duración de 26 meses e incluirá actividades tales como la capacitación de funcionarios municipales en derecho ambiental, talleres de empoderamiento jurídico ambiental para comunidades y organizaciones sociales de la Región de Valparaíso, y un diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona, así como la causalidad de los daños que se identifiquen en ellos.
La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II quedó sin efecto por orden del Tercer Tribunal Ambiental, mientras que la Corte Suprema ratificó la anulación de la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago.
Alta Vista Pucón II
El Tercer Tribunal Ambiental decidió dejar sin efecto la RCA del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II, acogiendo de esta forma la reclamación presentada por la Municipalidad de Pucón, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y varios habitantes de la comuna, con el apoyo de ONG FIMA.
Según se argumentó ante el Tribunal, el titular del proyecto, no descartó correctamente sus impactos ambientales, pues, entre otros puntos, en la evaluación ambiental se desconoció la existencia de un cauce natural en el área de influencia, no se levantó información suficiente sobre la biodiversidad y no se hizo cargo de los efectos que el proyecto tendría sobre la Zona de Interés Turística Araucanía Lacustre.
Además, se señaló que existiría un fraccionamiento, ya que hay antecedentes suficientes para afirmar que existe una “Unidad de Proyectos” entre los condominios Alta Vista Pucón I y Alta Vista Pucón II, lo que obliga a su titular a evaluarlo cabalmente ante el Servicios de Evaluación Ambiental.
Marcos Emilfork, abogado y coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA, explicó que el Proyecto Alta Vista Pucón contemplaba la construcción de tres condominios, de los cuales “al menos dos de ellos tienen el mismo titular, idéntico nombre y se encuentran adyacentes, separados por la Calle 4, que es una obra común por la cual se accede a ambos proyectos y que fue construida a propósito de la ejecución del primer condominio. Estos proyectos cuentan con señalética común desde el camino internacional y la construcción y tramitación administrativa ha sido parcialmente paralela. Esto permitió al Tribunal afirmar que es en realidad una «Unidad de Proyectos» que obliga a su titular a evaluarlo íntegramente”.
Específicamente, Alta Vista Pucón II consistía en la construcción de 6 edificios de departamentos con 4 pisos, que incluían un total de 306 viviendas. Además, de la construcción de 317 estacionamientos de vehículos, 153 estacionamientos de bicicletas y 2 piscinas. Todo esto en un terreno de 2,1 hectáreas emplazadas en la comuna de Pucón, Región de la Araucanía.
Pinares del Lago
Por su parte, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de la sentencia que anuló la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago, dictada por el Tercer Tribunal Ambiental en abril de 2022.
En dicha ocasión, el Tribunal consideró que durante su etapa de evaluación el titular del proyecto no entregó los antecedentes suficientes para poder descartar de forma adecuada los impactos ambientales sobre el humedal La Poza, el cual actualmente está reconocido como humedal urbano.
El proyecto inmobiliario Pinares del Lago consistía en la construcción de 3 condominios con alrededor de 480 viviendas y 600 estacionamientos, los que se instalarían en la comuna de Pucón en el camino hacia el lago Villarrica.
Medio Ambiente, Salud, Subsecretaría de Pesca, Conaf, Dirección General de Aguas y SAG dejaron en claro sus reparos a la minera en los documentos que el Comité de Ministros deberá tener a la vista para votar si aprueba o rechaza la iniciativa de Andes Iron. Desde Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organismos nacionales e internacionales por la defensa del archipiélago, afirman que los informes confirman los antecedentes técnicos que justifican el rechazo del proyecto.
Santiago, 30 de diciembre, 2022. “Esta Subsecretaría sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto Dominga”, “es claro que no da cumplimiento a la normativa ambiental vigente”, “no existió durante todo el proceso una definición adecuada del área de influencia, desestimando toda base científica existente”, son solo algunas de las conclusiones a las que llegaron los distintos servicios públicos que hicieron llegar sus informes al Comité de Ministros, instancia que deberá votar el futuro del proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron. Los reportes, publicados en la web, serán parte de los antecedentes que los ministros y ministras del Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud deberán tener a la vista cuando se lleve a cabo la votación, cuya fecha aún no ha sido fijada.
“No nos extraña que el pronunciamiento de los servicios que son competentes hayan nuevamente expresado y destacado la gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable en una zona tan biodiversa como el archipiélago Humboldt”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana. Desde FIMA, la abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros agregó que «si todas estas deficiencias hubieran sido notadas a tiempo, si se hubieran considerado las observaciones de los vecinos, Dominga ya estaría terminada. Las deficiencias son graves y dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este».
Lo que dicen los informes.
El reporte emitido por la Subsecretaría de Medio Ambiente asevera que la empresa no consideró dentro de su área de influencia, las zonas utilizadas por especies emblemáticas del archipiélago como el pingüino de Humboldt, el pato yunco y el chungungo por lo que “no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema”. Adicionalmente, alerta sobre la insuficiente información de línea de base especialmente en lo que respecta a los cetáceos, concluyendo que las medidas de mitigación, compensación y reparación de la fauna marina protegida afectada por el proyecto no son suficientes.
Conaf, uno de los servicios que posee más información de la zona, reiteró sus críticas a la empresa al no haber definido adecuadamente el área de influencia del proyecto, sin tomar en cuenta la evidencia científica, y no realizar un levantamiento de la línea de base sobre las especies protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. “La ciencia ha sido categórica en demostrar que toda la bahía del archipiélago dentro del cual se proyecta el puerto del Titular es un sitio clave para alimentación, descanso y reproducción de especies de aves que anidan en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las otras islas del archipiélago de Humboldt”, argumentó el servicio que además es el encargado de resguardar y administrar la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Adicionalmente, alerta sobre los impactos del ruido submarino y la contaminación lumínica, esta última podría llevar a la extinción en el corto plazo del yunco, ave marina que utiliza esta zona para reproducirse.
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) calificaron que los antecedentes aportados por la empresa “no fueron suficientes ni adecuados” para hacerse cargo de los impactos que el proyecto generaría sobre las especies de comunidades intermareales y submareales de baja movilidad, lo cual es especialmente sensible para las comunidades costeras que dependen de estos recursos naturales. Asimismo, el organismo pone de manifiesto que posterior a la evaluación ambiental, la empresa propuso algunas medidas para mitigar los impactos de la planta desaladora, las cuales no pudieron ser evaluadas por Subpesca, especialmente en lo referente a las áreas de manejo de recursos bentónicos, cruciales para los pescadores artesanales de la zona.
“La pureza de nuestro mar es la que nos permite tener las áreas de manejo de locos más productivas de Chile, por lo que la intervención de la minera y el puerto pone en riesgo no solo nuestra fuente de trabajo, sino que la alimentación de cientos de personas, considerando que nosotros producimos el 60% de la pesca del norte grande”, afirmó Gabriel Molina, vocero y secretario de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. ”Desde el territorio que se vería afectado por el proyecto hemos sido claros en que no queremos Dominga, han sido años en que hemos visto cómo esta empresa ha destruido el tejido social de la comunidad con sus regalos y ofrecimientos, por lo que esperamos que de una vez por todas se rechace de manera definitiva”, afirmó Tamara Gaymer, Presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA).
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) criticó varios aspectos del proyecto, primero, la limitada área de influencia establecida por la empresa y no haber evaluado el efecto sinérgico y acumulativo con el proyecto Cruz Grande y su afectación a la fauna marina; segundo, la escasa línea de base y el “muestreo de solo dos días” realizado en invierno sin que existiera una justificación técnica que permita asegurar que “la intensidad y oportunidad de muestreo sea la apropiada”, y finalmente, el servicio califica de “insuficiente” la medida para mitigar el impacto sobre la fauna de derrames de hidrocarburos.
La Dirección General de Aguas (DGA) criticó la intervención del acuífero Los Choros, mostrando su preocupación por las serias falencias en la información aportada por Andes Iron lo que impediría asegurar que se han identificado correctamente todos los impactos adversos significativos relativos a la conservación de los acuíferos que resultarán afectados por el proyecto. En las observaciones ciudadanas se hizo notar una gran preocupación por la estabilidad, disponibilidad y calidad de las aguas del acuífero Los Choros, por los diversos servicios ecosistémicos que este presta. Entre ellos, la irrigación del valle y el uso para la pequeña agricultura campesina.
Desde la cartera de Salud mostraron sus reparos respecto a la evaluación de los impactos asociados al material particulado y gases que se generarían por las obras y actividades del proyecto. De acuerdo con la empresa, las emisiones atmosféricas de Dominga no provocarían cambios significativos en la calidad del aire, pero la Subsecretaría de Salud advierte que la norma que se utilizó en la evaluación ambiental del proyecto, en 2013, ya no está vigente y fue reemplaza por una más exigente que data de 2021.
“El proyecto Dominga no cumple con los estándares ambientales mínimos tanto en tierra como en mar, cuestión que hemos alertado desde un inicio y sobre todo hoy cuando han pasado 10 años desde que la empresa hizo sus estudios de línea de base”, sostuvo Alejandra Donoso, Directora de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades locales. “El siguiente paso es que el Comité de Ministros, en atención a los antecedentes por todos conocidos y denunciados por organizaciones y comunidades, termine con este proyecto nefasto”, sentenció Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile.
Los informes ya publicados están a disposición de los ministros y ministras, faltando únicamente el pronunciamiento por parte de la cartera de Energía.
Recordemos que el proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso. Desde entonces, y luego de dos instancias en el tribunal ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros el que deberá votar próximamente si confirma el rechazo.
De acuerdo con el Tercer Tribunal Ambiental, la evaluación de los proyectos no permite descartar impactos sobre el medio marino, el paisaje y el turismo que se lleva a cabo en la Reserva.
Diciembre 2022. Se trata de dos de los nueve centros de cultivo de Nova Austral que se emplazan al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, Clarence 6 y Clarence 14, ambos parte del proceso de fusión y relocalización que la empresa intenta llevar a cabo con sus centros de engorda ubicados en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Actualmente, más de la mitad de estos centros ha reportado condiciones anaeróbicas.
Las comunidades Kawésqar y los habitantes de la región de Magallanes, junto con las organizaciones Greenpeace, AIDA y ONG FIMA, alegaron que se trataba de centros de cultivo incompatibles con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar, poseían evaluaciones deficientes que impiden descartar impactos en el medio marino, paisaje y turismo que se lleva a cabo en la Reserva, y omitían la consideración del territorio como ancestral y de relevancia para las comunidades Kawésqar.
El tribunal señaló que la evaluación sería ilegal, ya que el Servicio de Evaluación Regional no habría advertido la potencialidad de los proyectos para generar impactos sinérgicos, los cuales podrían derivar de la utilización simultánea de tramos comunes de las rutas de navegación, los efectos que el tránsito de embarcaciones puede generar sobre la fauna marina y los eventuales impactos sobre el valor turístico y paisajístico. Asimismo, indicó que los proyectos son parte de uno mayor que se encontraría dividido.
Según explicó Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA: “el fallo es un avance en la protección de la Reserva Nacional Kawésqar, ya que derechamente anula dos RCA de dos centros de Nova Austral que forman parte de la estrategia de la empresa de relocalizar los centros de cultivo que hoy enfrentan diversas sanciones y demandas por el daño ambiental que causaron en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Esperamos esto pueda ser un puntapié inicial para la prohibición de la salmonicultura debido a la incompatibilidad de la actividad con la Reserva Nacional Kawésqar”.
De acuerdo con Leticia Caro, representante de los Grupos Familiares Nómades del Mar, “Hoy fue una lluvia de alegría y esperanza frente al fallo del Tribunal ambiental, pues luego de mucho tiempo y trabajo, buscar indagar y exigir que los procesos se cumplan según lo dictamina la ley, la invalidación de estos permisos no hace más que demostrar que lo que decimos es real, que nuestro territorio no es compatible ni lo será con la industria Salmonera y que nuestros antiguos hoy nos ven desde las memorias del territorio.”
“Celebremos la decisión del Tribunal Ambiental que reconoce la ilegalidad del fraccionamiento, que impide evaluar los impactos sinérgicos, que son más complejos que la suma de todos los impactos”, declaró Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El rápido avance de la industria salmonera hace que los impactos sinérgicos sean cada vez más peligrosos. Faltan medidas disuasivas para que las empresas dejen de intentar el fraccionamiento”.
“Es realmente insólito que empresas que están hoy enfrentando incluso juicios por demanda ambiental por el propio Consejo de Defensa del Estado producto de un historial de malas prácticas y que ya tienen comprobados efectos en los fondos marinos en parques nacionales como NOVA AUSTRAL, busque hoy casi como un premio instalarse en estas aguas puras y sanas. Anularle estos permisos es una importante victoria del trabajo conjunto con comunidades, pero también un llamado de atención para que de una buena vez las autoridades eviten esta invasión en los fiordos patagónicos de nuestro país” señaló Matías Asún, director nacional de Greenpeace.
ONG FIMA, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Revista Justicia Ambiental, con la cual se busca contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del derecho ambiental en Chile.
Diciembre 2022. La Participación Ciudadana, los efectos de la salmonicultura y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), son algunos de los temas incluidos en la edición n° 14 de la Revista Justicia Ambiental, publicación de ONG FIMA y la Fundación Heinrich Böll que ya se encuentra disponible en formato digital.
El lanzamiento de la Revista se realizó el 22 de diciembre en la sede de la Fundación Heinrich Boll, y contó con la exposición del abogado, doctor en derecho y ministro del Segundo Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano.
En esta ocasión, Antonio Pulgar, coordinador del área de Estudios deONG FIMA, y Nicole Mansuy, investigadora del área de Estudios deONG FIMA, fueron los encargados de escribir la editorial, donde se aborda la evolución y los desafíos actuales del derecho ambiental tanto en el nivel nacional como internacional a 50 años de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo.
Entre los contenidos de la revista, se incluyeron cuatro artículos seleccionados a través de una convocatoria abierta, los cuales son: “¿Función ecológica de la propiedad en Chile?: análisis teórico y comparativo con miras a su incorporación en la nueva Constitución”, por Sofía Rivera y Alejandro Ramírez; “La participación ciudadana ambiental: fundamentos e importancia para legitimación de decisiones”, por Claudio Alhmabra; “Resignificando a los municipios: la garantía institucional de la autonomía y el interés legítimo”, de Aníbal Acevedo; y “Los sistemas de gestión de la Ley N° 20.920, su implementación normativa y el caso de los sistemas no domiciliarios y los consumidores industriales”, por Jorge Canals y Javiera Estenssoro.
Adicionalmente, se incluye el comentario de jurisprudencia de Diego Lillo, “Acuicultura y anaerobismo: algunas consideraciones sobre el sistema de respuestas dispuesto en la normativa chilena. Comentario a la sentencia de causa rol R-19-2020 del Tercer Tribunal Ambiental”.
La Revista Justicia Ambiental N°14 finaliza con tres informes del área de Estudios de ONG FIMA, redactados en el marco del proceso constituyente que tuvo lugar durante 2021 y 2022: “Hacia una Constitución Ecológica: Acceso a la Justicia Ambiental”; “Ordenamiento territorial en la propuesta de Nueva Constitución” y “Agencias reguladoras independientes en materia ambiental”.
El proyecto se da en el marco del convenio entre ambas entidades para potenciar la participación ciudadana en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático.
La firma del convenio se enmarca en el Programa de Acción para la Democracia Climática, una iniciativa internacional impulsada por el World Resources Institute (WRI), People Powered y ONG FIMA, que busca capacitar a los gobiernos locales y a la sociedad civil en el diseño e implementación de procesos participativos que sean más inclusivos y deliberativos. El objetivo final es el desarrollo de políticas de acción climáticas que sean legitimadas por la ciudadanía.
En concreto, el convenio tiene la finalidad de generar un proceso participativo para poner en marcha el Plan de Acción Regional de Cambio Climático de Los Lagos.
“El diseño del proceso participativo aún está en su etapa inicial”, explicó Catalina Fernández, antropóloga del área de Incidencia de ONG FIMA y coordinadora del proyecto que se lleva adelante con el GORE Los Lagos. “Nuestra intención es poder llevar a cabo una asamblea climática, que consiste en un grupo de personas seleccionadas al azar bajo ciertos criterios de representatividad, como edad, géneros, etnicidad, entre otros, que aprenden sobre una problemática, deliberan y luego hacen recomendaciones sobre cómo abordarla. Son herramientas ideales para involucrar a las comunidades y ayudarlas a decidir cómo abordar el cambio climático”
Para que el diseño de la asamblea climática integre las perspectivas de la sociedad civil y otros tomadores de decisiones, se constituyó un Comité de Diseño Participativo para la Democracia Climática, el cuál sostuvo su primera sesión el lunes 12 de diciembre, y en el que participaron representantes de nueve organizaciones de la sociedad civil de la Región de Los Lagos, tres asociaciones municipales, y miembros del Consejo Regional.
“Como parte de MODATIMA Osorno transmito que estamos esperanzados y motivados por este proceso regional, ya que es una región con carencias en la protección al medioambiente, por eso la participación ciudadana es esencial para lograr buenos resultados en este tipo de procesos”, señaló María Inés Barrera, quien participó de la primera sesión en representación de su colectividad.
Las sesiones del Comité se extenderán hasta fines de febrero de 2023, e incluirán la revisión de experiencias internacionales de asambleas climáticas, la exposición del Plan Regional de Cambio Climático de Los Lagos y el codiseño del proceso participativo.
Se espera que la Asamblea Climática se implemente entre marzo y julio de 2023.
Cabe destacar que, en el mismo marco del Programa de Acción para la Democracia Climática deWorld Resources Institute (WRI), People Powered y ONG FIMA, también se está trabajando con el Gobierno Regional Metropolitano. En dicho caso, el proceso participativo se diseñó y se implementará para el Plan de Acción de laEstrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad.
En el marco del 2° Encuentro Nacional de Municipios Verdes, que contó con la participación de representantes de 22 municipalidades de todo Chile, se llevó a cabo una jornada de trabajo para fortalecer la lucha contra la crisis climática. Esto a través de un estudio sobre la elaboración de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático y la ejecución de medidas de adaptación y mitigación.
La jornada se llevó a cabo este 28 de noviembre en el Teatro Municipal de Maipú, dónde tuvo lugar el evento organizado por ONG FIMA, la Ilustre Municipalidad de Maipú y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
«Frente a la crisis climática que estamos enfrentando, que lamentablemente va destruyendo el planeta a un ritmo acelerado, tenemos pocos recursos, pocas atribuciones, pero oportunidades directas de incidir en un cambio. A través, por ejemplo, de la elaboración de la estrategia hídrica local, la gestión residuos, de nuestra política ambiental, de las políticas de energía eléctrica, de la digitalización que estamos viviendo dentro del municipio para reducir la cantidad de papel que utilizamos y así un montón de prácticas que nos permiten ir construyendo sociedades y entornos mucho más sustentables y ecológicos”, dijo el alcalde Tomás Vodanovic.
«Este es ya el tercer año que trabajamos junto a ONG FIMA temas medioambientales relacionados con el trabajo de los municipios en el nivel local. Y creemos que es un tema ineludible para poder enfrentar la crisis climática y ecológica que vivimos. La generación de redes entre municipios y el desarrollar temas específicos como las estrategias hídricas locales y la fiscalización ambiental de los gobiernos locales, ayuda a fortalecer las tareas concretas de la primera línea del trabajo de adaptación climática que es la que se desarrolla a este nivel”, aseguró Cäcilie Schildberg, representante de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Chile.
«Las municipalidades son actores fundamentales para enfrentar la Crisis Climática», señaló Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA. «Es por ello que esperamos que esta red de Municipios Verdes y las actividades que se generen les sean de utilidad para desarrollar sus Planes de Acción Comunal, tal como mandata la Ley Marco de Cambio Climático, y ejecutar medidas para la adaptación y mitigación del calentamiento global».
El 2° Encuentro Nacional de Municipios Verdes contó también con la presencia de María Inés Sepúlveda, alcaldesa de San Clemente, quien expuso sobre los principales avances ambientales realizados en la comuna durante su administración.
«Implementamos una política ambiental que no existía, hemos realizado una trabajo muy intenso en estos 18 meses de gestión», señaló la alcaldesa de San Clemente, quien también explicó la situación ambiental actual que se vive en la localidad. «Somos una comuna que está intervenida, el río Maule tiene 14 centrales hidroeléctricas y también tenemos la amenaza de 76 torres de alta tensión».
Este segundo encuentro nace de la iniciativa «Compromiso Municipio Verde«, promovida por ONG FIMA y FES. Entre las autoridades asistentes se encuentran los alcaldes de Maipú, Ancud, Casablanca, y las alcaldesas de Ñuñoa y Quilpué.
«Los municipios somos quienes estamos más cerca de la ciudadanía y vemos permanente cuáles son las necesidades en torno al déficit de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente», manifestó Valeria Melipillán, alcaldesa de Quilpué, «es muy necesario generar instancia y diálogos con distintos actores para impulsar estas políticas y que sean mucho más eficientes.
«En Ancud, en Chiloé, hace algunos años atrás hubiera sido imposible imaginar los problemas que hoy tenemos de crisis hídrica (…) estamos trabajando fuertemente con nuestras establecimientos educacionales con el fin de educar a nuestros niños y que sean ellos quienes impulsen a los mayores y todos contribuyamos a evitar las consecuencias del cambio climático», dijo el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, quien también destacó la gestión de residuos y el reciclaje como sus principales líneas de trabajo.
Otros municipios como Providencia, Huechuraba y Vitacura, si bien no son firmantes del Compromiso Municipio Verde, fueron invitados dado su avance en temas ambientales y su trabajo previo junto a la red.
La Ley Marco de Cambio Climático, promulgada en junio de este año, en su artículo 12, establece que la municipalidades deberán elaborar Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en un plazo máximo de tres años. En ellos deberán incluir, entre otros datos, la caracterización de las vulnerabilidades de la comuna, las medidas de mitigación y adaptación, y los plazos de implementación. De no cumplir con lo que mandata la Ley, los municipios arriesgan multas.
Compromiso Municipio Verde
El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna.
“A través de Municipio Verde, buscamos que las municipalidades se comprometan a utilizar al máximo sus facultades ambientales, y desde ONG FIMA, con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert, proporcionamos material que sirva de guía para que puedan cumplir el compromiso, así como espacios para el intercambio de experiencias”, explicó Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.
Actualmente, hay más de 30 alcaldes y alcaldesas que han firmado el Compromiso, entre los que se puede mencionar a Calama, Viña del Mar, Santiago, Talca, Pucón, Valdivia y Coyhaique, entre otros.
La siguiente Guía de capacitación para defensores y defensoras ambientales sobre el Acuerdo de Escazú es un recurso para quienes deseen implementar instancias de formación participativas y dinámicas en torno al Acuerdo de Escazú junto a comunidades y personas que defienden el medio ambiente, con el objetivo de que éste llegue al mayor número de personas y comunidades de la región.
La guía, elaborada por ONG FIMA con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), fue presentada durante un taller de fiscalización ambiental, que contó además con la exposición de la Municipalidad de Hualpén y la de Coquimbo.
El lanzamiento se realizó en el marco del Segundo Taller de Implementación de Municipio Verde, en el cual participaron más de 20 funcionarios y funcionarias municipales de distintas comunas de Chile, con el propósito de abordar los principales desafíos en torno a la fiscalización ambiental.
“En conversaciones anteriores con los municipios que forman parte del Compromiso Municipio Verde, nos dimos cuenta de que la fiscalización ambiental era uno de los puntos que más se les dificultaba cumplir”, explicó Carolina Palma, coordinadora del área de Incidencia de ONG FIMA. “Es por eso que nos decidimos a trabajar para publicar esta Guía, donde buscamos dar algunos lineamientos generales para que las municipalidades generen sus propias Estrategias de Fiscalización Ambiental Comunal”.
El documento propone tres etapas para la elaboración de estas estrategias de fiscalización: el Diagnóstico, donde se recomienda identificar los instrumentos legales aplicables a los municipios y generar catastros de denuncias; el Plan de Acción, que incluye la identificación de las herramientas que se utilizarán; y la Implementación, donde se sugiere utilizar mecanismos de validación tanto internos (el Concejo Municipal y el Comité Ambiental Comunal, por ejemplo) como externos (consultas ciudadanas), además de la coordinación entre las distintas unidades municipales y con otros organismos públicos como CONAF, DGA, Seremi de Salud o Ministerio del Medioambiente.
Por otra parte, el Segundo Taller de Implementación de Municipio Verde contó con la exposición de funcionarios de las municipalidades de Hualpén y Coquimbo, quienes presentaron sus experiencias de fiscalización ambiental.
“Esta Guía permite identificar más fácilmente las facultades y organizarse en materias de fiscalización ambiental, permite un empoderamiento municipal y, por otra parte, permite avanzar en temas de coordinación interna y externa”, señaló Carla Torres, fiscalizadora ambiental de la Municipalidad de Hualpén.
“La Municipalidad de Coquimbo es la más grande de la provincia del Elqui, y de hecho en este momento se nos considera una conurbación con la ciudad de La Serena”, agregó Marco Jorquera, jefe del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Coquimbo, “en ese sentido, tal como plantea la Guía, la coordinación con otras áreas e incluso con otros municipios (…) es fundamental y debe ser muy clara”.
Municipios por comunas más verdes
Estas iniciativas son parte del Compromiso Municipio Verde, un programa impulsado por ONG FIMA y FES, a través de un documento de libre suscripción con 10 puntos, insta a las municipalidades a utilizar al máximo sus facultades legales ambientales. Entre los puntos en que los firmantes se comprometen a avanzar, se encuentra el aumento de las áreas verdes, el uso de la ley de humedales urbanos y la creación de un plan de fiscalización.
A la fecha, 32 municipios a lo largo del territorio nacional ya firmaron el Compromiso Municipio Verde, mostrando su interés para avanzar en el uso de sus facultades legales y el desarrollo de actividades sustentables en la comuna.
“Desde ONG FIMA trabajamos para la creación de material que sirva como guía para que los municipios avancen con la implementación y cumplimiento de los puntos del Compromiso Municipio Verde”, detalló Carolina Palma, “aunque sin duda, una de las grandes contribuciones de este proyecto es la generación de una red donde los funcionarios y funcionarias pueden intercambiar experiencias sobre gestión ambiental”.
El lanzamiento de la Guía para la Elaboración de una Estrategia de Fiscalización Ambiental Comunal y la exposición de la Municipalidad de Hualpén y Coquimbo se pueden ver en el video a continuación:
La operación de esta faena implicó poner en riesgo la cultura ancestral de la comunidades mapuches del sector y emprendimientos turísticos que dependen de la pureza del agua de los esteros Nalcahue y Los Quiques
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa Sociedad Comercial, Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada, empresa que desde el año 1998 operó un proyecto de piscicultura ubicado en el río Chesque (Cheski), región de la Araucanía.
La acción fue interpuesta en contra de la sentencia que en agosto del año pasado anuló la resolución de calificación ambiental (RCA) con que operaba el proyecto, y que había sido otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el año 2019, luego de más de 20 años de funcionamiento sin permiso ambiental.
“La nulidad de la RCA de la piscicultura Cheski Alto, sin duda que alegra y fortalece nuestro caminar en el mapuche mongen, durante años nuestros sitios ceremoniales y de sanación como es el trawunko del río Cheske y Río Nalcahue, han sido intervenidos y transgredidos, afectando a toda la biodiversidad que cohabitamos en el territorio, intentando cambiar así nuestras formas de vida”, sentenció Mónica Paillamilla.
Por su parte Juan Pailamilla de la comunidad José Caripan señaló “Es un proceso largo que ha afectado un gran tiempo nuestro río sagrado Cheski, donde se ha afectado nuestra forma de vida como mapuche, nuestra forma de mantenernos vivos como cultura, y por otro lado nuestros espacios de significación cultural han sido afectados, como el lawentuwe, Trawunko, entre otros, donde nuestros pu machi, pu lonko, vienen a buscar los lahuenes, personas, las papai, vienen a buscar el lahueen, el agua también para los alimentos, muday, la bebida sagrada también para nuestras ceremonias, todo esto ha afectado grandemente al territorio”.
Chesque Alto es una zona cordillerana de la Región de la Araucanía, donde conviven comunidades mapuches ancestrales y emprendimientos turísticos, todos quienes dependen de la pureza del agua de los esteros Nalcahue y Los Quiques, los cuales desembocan en el río Chesque en la cabecera de la cuenca del río Valdivia, lugar que además está inserto dentro de la Reserva de la Biósfera “Araucarias”.
“Esta sentencia cierra un ciclo muy largo en el que por fin la institucionalidad respondió a las múltiples denuncias y reclamos en contra de una empresa que operó por mucho tiempo sin la debida autorización ambiental, y cuando finalmente la obtuvo, esta fue sin considerar las denuncias y preocupaciones de las comunidades mapuche del sector”, señaló Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA, organización que acompañó a la comunidad en su defensa desde el año 2013.
Precedente respecto a las competencia de los tribunales ambientales
En su sentencia, la Corte Suprema señala que los Tribunales Ambientales son órganos técnicos creados para analizar esta materia, por lo tanto es de su competencia analizar los elementos evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental. La sentencia confirma que las observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental deben ser incorporadas también a la evaluación de los elementos técnicos, pues solo de esa manera se cumple la obligación de considerarlas debidamente.
“Este fallo implica que la piscicultura deberá pasar nuevamente por evaluación ambiental, esta vez aportando antecedentes suficientes que le permitan hacerse cargo de sus impactos” puntualiza Antonia Berríos.
