Ayer se dio a conocer la resolución del Comité de Ministros en la que se decidió rechazar las reclamaciones presentadas por la comunidad y organizaciones ambientales contra del proyecto de la empresa Anglo American, dando un vuelco en la determinación de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental de rechazar el proyecto presentado por la empresa en mayo de 2022.
La decisión llega a seis meses de presentadas las reclamaciones ante el organismo evaluador y es vista con gran decepción por la comunidad dado los altos impactos y riesgos que este proyecto implica, no sólo para quienes viven en las cercanías del proyecto, pero para toda la Región Metropolitana y de Valparaíso, significando una gran amenaza para la provisión de agua potable del 50% de los habitantes del país y un riesgo para la salud por la contaminación atmosférica.
“El Comité de Ministros operó con lógicas políticas mezquinas y aprobaron un proyecto que prioriza la inversión intentando ocultar la destrucción que genera. Triste es que el Servicio de Evaluación Ambiental contradiga su propia resolución técnica anterior y que pase por alto el daño que se causará a la región y al país contaminando nuestro aire y destruyendo glaciares imprescindibles para el abastecimiento de agua. Ante la grave crisis climática y pérdida de biodiversidad que vivimos, proyectos como este son inaceptables y nuestra tarea colectiva es unirnos para defender la vida”, señala Victoria Uranga, Presidenta de la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho.
En el documento emanado del Comité de Ministros se observa que, aun reconociendo que proyecto tendrá un impacto significativo sobre la salud de las personas debido a sus emisiones de material particulado 2,5 y 10 (generado producto de las acciones necesarias para la extracción de mineral como tronaduras y en toda su fase de operación), se aceptan las medidas de compensación presentadas, aunque estas no se relacionan con el impacto que causa el daño.
“La decisión del Comité es ilegal y eso lo sostendremos en todas las instancias. Los Bronces Integrado es un proyecto que no tiene la capacidad de compensar y de mitigar los graves impactos que va a producir y el Comité con esta resolución pasa por alto todos los pronunciamientos de los organismos técnicos en la evaluación”, señala Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA.
El Comité de Ministros aceptó medidas como la pavimentación de diversas rutas de acceso, la sustitución de buses de combustión por eléctricos, la sustitución de calefactores de combustión por eléctricos, el aspirado de calles en la ruta G-21, entre otras. Así mismo, el Comité de Ministros, valida la declaración de la empresa que no habrá impacto sobre los glaciares que se encuentran en el área de influencia del proyecto y adyacentes, sin evaluarlos correctamente y desestimando las repercusiones del depósito de carbón negro (black carbón) sobre estos.
“Entre muchas deficiencias, excluye arbitrariamente glaciares del área de influencia del proyecto, no miden adecuadamente sus impactos en ellos, hay áreas protegidas y fauna en riesgo no considerada por la empresa y el Comité aprueba medidas para compensar las emisiones que no se hacen cargo del riesgo que significa para la salud de las personas de la Región Metropolitana”, agrega Martinic.
Por su parte, los vecinos del sector y sus representantes de ONG FIMA ya se encuentran preparando los argumentos para acudir al Segundo Tribunal Ambiental, instancia en la que esperan puedan ser evaluados técnicamente los impactos significativos que esta operación tendrá en la región metropolitana, así como su interacción con los cambios climatológicos que se esperan producto de los efectos del cambio climático, situación que ni siquiera es mencionada en expediente de evaluación ambiental presentado.
Medio Ambiente, Salud, Subsecretaría de Pesca, Conaf, Dirección General de Aguas y SAG dejaron en claro sus reparos a la minera en los documentos que el Comité de Ministros deberá tener a la vista para votar si aprueba o rechaza la iniciativa de Andes Iron. Desde Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organismos nacionales e internacionales por la defensa del archipiélago, afirman que los informes confirman los antecedentes técnicos que justifican el rechazo del proyecto.
Santiago, 30 de diciembre, 2022. “Esta Subsecretaría sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto Dominga”, “es claro que no da cumplimiento a la normativa ambiental vigente”, “no existió durante todo el proceso una definición adecuada del área de influencia, desestimando toda base científica existente”, son solo algunas de las conclusiones a las que llegaron los distintos servicios públicos que hicieron llegar sus informes al Comité de Ministros, instancia que deberá votar el futuro del proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron. Los reportes, publicados en la web, serán parte de los antecedentes que los ministros y ministras del Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud deberán tener a la vista cuando se lleve a cabo la votación, cuya fecha aún no ha sido fijada.
“No nos extraña que el pronunciamiento de los servicios que son competentes hayan nuevamente expresado y destacado la gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable en una zona tan biodiversa como el archipiélago Humboldt”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana. Desde FIMA, la abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros agregó que «si todas estas deficiencias hubieran sido notadas a tiempo, si se hubieran considerado las observaciones de los vecinos, Dominga ya estaría terminada. Las deficiencias son graves y dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este».
Lo que dicen los informes.
El reporte emitido por la Subsecretaría de Medio Ambiente asevera que la empresa no consideró dentro de su área de influencia, las zonas utilizadas por especies emblemáticas del archipiélago como el pingüino de Humboldt, el pato yunco y el chungungo por lo que “no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema”. Adicionalmente, alerta sobre la insuficiente información de línea de base especialmente en lo que respecta a los cetáceos, concluyendo que las medidas de mitigación, compensación y reparación de la fauna marina protegida afectada por el proyecto no son suficientes.
Conaf, uno de los servicios que posee más información de la zona, reiteró sus críticas a la empresa al no haber definido adecuadamente el área de influencia del proyecto, sin tomar en cuenta la evidencia científica, y no realizar un levantamiento de la línea de base sobre las especies protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. “La ciencia ha sido categórica en demostrar que toda la bahía del archipiélago dentro del cual se proyecta el puerto del Titular es un sitio clave para alimentación, descanso y reproducción de especies de aves que anidan en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las otras islas del archipiélago de Humboldt”, argumentó el servicio que además es el encargado de resguardar y administrar la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Adicionalmente, alerta sobre los impactos del ruido submarino y la contaminación lumínica, esta última podría llevar a la extinción en el corto plazo del yunco, ave marina que utiliza esta zona para reproducirse.
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) calificaron que los antecedentes aportados por la empresa “no fueron suficientes ni adecuados” para hacerse cargo de los impactos que el proyecto generaría sobre las especies de comunidades intermareales y submareales de baja movilidad, lo cual es especialmente sensible para las comunidades costeras que dependen de estos recursos naturales. Asimismo, el organismo pone de manifiesto que posterior a la evaluación ambiental, la empresa propuso algunas medidas para mitigar los impactos de la planta desaladora, las cuales no pudieron ser evaluadas por Subpesca, especialmente en lo referente a las áreas de manejo de recursos bentónicos, cruciales para los pescadores artesanales de la zona.
“La pureza de nuestro mar es la que nos permite tener las áreas de manejo de locos más productivas de Chile, por lo que la intervención de la minera y el puerto pone en riesgo no solo nuestra fuente de trabajo, sino que la alimentación de cientos de personas, considerando que nosotros producimos el 60% de la pesca del norte grande”, afirmó Gabriel Molina, vocero y secretario de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. ”Desde el territorio que se vería afectado por el proyecto hemos sido claros en que no queremos Dominga, han sido años en que hemos visto cómo esta empresa ha destruido el tejido social de la comunidad con sus regalos y ofrecimientos, por lo que esperamos que de una vez por todas se rechace de manera definitiva”, afirmó Tamara Gaymer, Presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA).
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) criticó varios aspectos del proyecto, primero, la limitada área de influencia establecida por la empresa y no haber evaluado el efecto sinérgico y acumulativo con el proyecto Cruz Grande y su afectación a la fauna marina; segundo, la escasa línea de base y el “muestreo de solo dos días” realizado en invierno sin que existiera una justificación técnica que permita asegurar que “la intensidad y oportunidad de muestreo sea la apropiada”, y finalmente, el servicio califica de “insuficiente” la medida para mitigar el impacto sobre la fauna de derrames de hidrocarburos.
La Dirección General de Aguas (DGA) criticó la intervención del acuífero Los Choros, mostrando su preocupación por las serias falencias en la información aportada por Andes Iron lo que impediría asegurar que se han identificado correctamente todos los impactos adversos significativos relativos a la conservación de los acuíferos que resultarán afectados por el proyecto. En las observaciones ciudadanas se hizo notar una gran preocupación por la estabilidad, disponibilidad y calidad de las aguas del acuífero Los Choros, por los diversos servicios ecosistémicos que este presta. Entre ellos, la irrigación del valle y el uso para la pequeña agricultura campesina.
Desde la cartera de Salud mostraron sus reparos respecto a la evaluación de los impactos asociados al material particulado y gases que se generarían por las obras y actividades del proyecto. De acuerdo con la empresa, las emisiones atmosféricas de Dominga no provocarían cambios significativos en la calidad del aire, pero la Subsecretaría de Salud advierte que la norma que se utilizó en la evaluación ambiental del proyecto, en 2013, ya no está vigente y fue reemplaza por una más exigente que data de 2021.
“El proyecto Dominga no cumple con los estándares ambientales mínimos tanto en tierra como en mar, cuestión que hemos alertado desde un inicio y sobre todo hoy cuando han pasado 10 años desde que la empresa hizo sus estudios de línea de base”, sostuvo Alejandra Donoso, Directora de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades locales. “El siguiente paso es que el Comité de Ministros, en atención a los antecedentes por todos conocidos y denunciados por organizaciones y comunidades, termine con este proyecto nefasto”, sentenció Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile.
Los informes ya publicados están a disposición de los ministros y ministras, faltando únicamente el pronunciamiento por parte de la cartera de Energía.
Recordemos que el proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso. Desde entonces, y luego de dos instancias en el tribunal ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros el que deberá votar próximamente si confirma el rechazo.
La tercera sala falló a favor de la Casación presentada por ONG FIMA en representación de la Congregación Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso en contra de la Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que había rechazado la reclamación interpuesta por las mismas.
La decisión fue recibida con gran alegría y esperanza por la congregación, quienes alegan que su vida será gravemente afectada por este proyecto que pretende hacer pasar sus ductos por el terreno que comprende el convento ubicado en el sector de San Alfonso en el Cajón del Maipo.
El fallo unánime establece que las Carmelitas realizaron observaciones en todas las instancias de participación en la evaluación del proyecto y que la solicitud de invalidación fue presentada dentro de plazo, por lo que el Comité de Ministros está facultado para revisar la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica El Canelo.
«Lo más destacable del fallo es que reconoce que se violó el derecho de acceso a la justicia de las Carmelitas y se ordena resolver su invalidación. Estamos muy contentos por eso. Sin embargo, ahora le toca al Comité de Ministros hacer su parte y mantener el rechazo a la central, protegiendo el sistema de vida del Monasterio y el ecosistema del cajón del Maipo» explica Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, organización que representa a la Congregación.
Revocación del RCA
El Recurso de Casación buscaba precisamente volver a la etapa de evaluación de la Resolución de Calificación Ambiental por parte del Comité de Ministros, para que este, en vista de las observaciones realizadas por las religiosas, analice a fondo las circunstancias y efectos de este proyecto que dividirá en dos el monasterio en el que habitan desde 1995 en voto de silencio, y que por lo tanto tendrá una grave afectación para su vida de oración y contemplación; además de poner en riesgo la existencia de especies vegetales protegidas como el Guayacán.
La sentencia hace énfasis en que no se puede privar a los afectados de su derecho de reclamación y de solicitarla invalidación de la resolución tomada en la etapa de reclamación si se considera que el Comité de Ministros incurrió en ilegalidades en su evaluación y que quienes realizaron observaciones se encuentran en derecho de hacerlo. Agrega que en esta instancia se cometió un error al no admitir a tramitación la solicitud de las reclamantes, y que el mismo fue repetido por el Segundo Tribunal Ambiental en su sentencia de enero de este año.
«El próximo paso será recurrir a los tribunales ambientales para revertir esta errónea decisión, además de otros recursos relacionados con la invalidación del acto y requerimientos ante la Contraloría. Esperamos que los tribunales remedien lo ocurrido hoy, ya que afortunadamente aún existen organismos independientes donde hacer primar la razón y la ley».
