El proyecto de ley de protección de glaciares: simulación de cumplimiento*

Los glaciares siempre han jugado un rol fundamental en la provisión de agua en nuestro país, pero lo hacen aún más hoy, frente al sombrío futuro en lo que respecta a la severa disminución de las precipitaciones producto del cambio climático. Esta necesidad debe ser traducida en las normas que se dicten al efecto; sea cual sea la figura que se elija, todos los glaciares deben estar protegidos por la ley.

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Isla Riesco y la fragilidad de la justicia ambiental en Chile

Pese a que en el caso de Isla Riesco podemos hablar de un “triunfo”, el gran problema subyacente es que para buena parte de la ciudadanía afectada por este tipo de proyectos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es percibido no como una garantía de la protección del ambiente, lo cual debiese ser su fundamento principal, sino como una ventanilla única diseñada para otorgar permisos, eventualmente condicionarlos (cuando hablamos de una DIA, esa posibilidad es aún más remota), pero nunca rechazarlos.

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En defensa de la ciudadanía: las ONG y el control del Poder*

Los episodios de las últimas semanas nos muestran lo fundamental que resulta el rol de las ONG. La corrosión de las instituciones es a veces demasiado grande como para permitir que el juego de contrapesos políticos partidistas sea suficiente para defender a la ciudadanía y, por lo mismo, es un buen momento para recordar la importancia de estas organizaciones y su rol para proteger la democracia.

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Más participación para una mejor regulación ambiental*

Es una cuestión de nuestros tiempos considerar que la creación de regulaciones debe hacerse de la manera lo más abierta posible a la gente, pues solo por esa vía esas normas pueden alcanzar la legitimidad que requieren para ser efectivas. En la actualidad, muchas decisiones de vital relevancia para los ciudadanos están siendo tomadas en espacios de gran tecnificación, utilizando herramientas e idiomas técnico-científicos difíciles de entender para la mayoría de nosotros y que por lo tanto impiden la participación de sectores amplios de la población.

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Ministerio del Medio Ambiente y el CDE: ¿quién sirve a quién?

Es evidente que la Administración no está acostumbrada a la revisión de sus políticas públicas, pero los tiempos, afortunadamente, han cambiado. Por ello es válida la pregunta: ¿es lógico que el CDE abogue por defender y mantener un bajo estándar en cuanto al procedimiento y los fundamentos de una norma de la mayor trascendencia social?

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Dominga, la mina de Penta*

La posibilidad de que un alto funcionario de gobierno se encuentre de alguna manera capturado, rompe la necesaria neutralidad en la que debe evaluarse un proyecto para lograr ese delicado equilibrio. A pesar de que el funcionario no haya participado directamente de la tramitación, sí al menos lo ha hecho un servicio de dependencia del Ministerio de Minería: el Servicio Nacional de Minería y Geología, y eso sin contar las relaciones institucionales con otros organismos en las que el funcionario podría haber ejercido influencia, cuestión que difícilmente se dilucidará, pero es altamente probable en un caso así.

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