Acceso a la justicia y fortalecer la normativa ambiental: el trabajo de ONG FIMA

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Recientemente en su medio y otros de la región se ha replicado una carta enviada por el Sr. Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores de Magallanes, preguntándose por qué ONG FIMA realiza capacitación de funcionarios públicos en normativa ambiental. Se lo pregunta a propósito del curso gratuito que nuestra organización impartirá en Magallanes.

Es una buena oportunidad para informar a la opinión pública de nuestro trabajo, que por 25 años ha estado centrado en el progreso del derecho ambiental y la protección de la naturaleza y las personas, de modo de propender a un desarrollo nacional armónico. Como organización sin fines de lucro, esta labor se realiza de distintas maneras, entre las cuales está la colaboración con el Estado en el cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental, razón por la cual hemos realizado asesorías e impartido cursos en centenares de ocasiones. La mayoría de esas actividades se han desarrollado de manera gratuita para los asistentes, pues por nuestra parte hacemos el esfuerzo de conseguir la inversión para que esas acciones puedan realizarse.

Otra de nuestras labores es acompañar con abogados a quienes buscan justicia ambiental. Contrario a lo que el señor Odebret señala, ONG FIMA generalmente no judicializa permisos de funcionamiento ni se encuentra a favor o en contra de ninguna actividad en particular. Nuestro trabajo es proveer de acceso a la justicia a quienes lo necesitan, en aquellas áreas en que dicho acceso es relevante para asegurar el cumplimiento del derecho ambiental y la protección del bien común. Esta es, precisamente, otra forma de contribuir al desarrollo de estándares que generen certeza jurídica y protejan el futuro del país. 

Pero me permito una reflexión, en tiempos en que pareciera que lanzar acusaciones infundadas y generar polémicas artificiales es la mejor forma de comunicar. Esta reflexión tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hicimos sobre si contestar o no la carta del señor Odebret y la observación de cómo lamentablemente ha existido desde algunos sectores de la industria salmonicultora un ánimo por denostar a las organizaciones de la sociedad civil, culpándolas de sus problemas. 

Esa estrategia difícilmente contribuye al desarrollo del país, sino todo lo contrario. Las ONG cumplimos un rol en la sociedad y dentro de él está colaborar porque la normativa ambiental proteja efectivamente a la naturaleza y las personas. Parte de ese rol, en el caso de la ONG FIMA, es propiciar la educación en derecho ambiental entre todos los actores, incluyendo especialmente a los funcionarios públicos. 

El avance y adecuado cumplimiento de la normativa ambiental es muy relevante para el país, las personas, las generaciones futuras, y también las industrias, incluída la salmonicultora que debe cumplirla para asegurar la calidad de sus productos. Para eso, necesitamos de un buen funcionamiento del derecho y las instituciones; es en ese espíritu que la ONG FIMA realiza sus labores.

Carta publicada en el medio SalmonExpert – 4/10/24

Ley para la Naturaleza: una oportunidad para reconectar con los territorios

Por Felipe Perillán, abogado de Incidencia en ONG FIMA

En los últimos años, Chile ha demostrado un compromiso creciente con la protección del medio ambiente y la conservación de su biodiversidad. Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una deuda histórica respecto de nuestra institucionalidad ambiental. Esta ley constituye un avance sustantivo en materia de conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas y creación de herramientas para dicho fin. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho camino por recorrer, estando pendiente la elaboración, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de reglamentos que establece la denominada “Ley para la Naturaleza”, así como la determinación de los nuevos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, la reclasificación y homologación de las áreas protegidas existentes, entre otras materias.

Estando aún pendiente el inicio de varios de estos procesos, es preocupante la poca difusión que el Ministerio ha dado a dos de estos: i) la determinación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales de Biodiversidad cuyo proceso de recepción de antecedentes para la macro zona norte ya concluyó, para la la macro zona centro se encuentra abierto hasta el 16 de junio y el de la macro zona sur aún no inicia y ii) la elaboración del reglamento de compensaciones de biodiversidad, para el cual se recibirán antecedentes hasta el 5 de agosto. Estos procesos son fundamentales para la instalación de la nueva institucionalidad, pues influirán directamente en la creación de instrumentos clave que operativizarán la ley. 

El primero de los procesos mencionados tiene una directa relación respecto de la forma en que los organismos del Estado con competencias ambientales tratan los sitios identificados como prioritarios de cara a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, siendo actualmente de mayor relevancia y considerados como tales los considerados en la Estrategia Nacional. Actualmente existen 350 sitios prioritarios de los cuales sólo 64 de ellos se encuentran reconocidos en la Estrategia Nacional, haciendo infructuoso el trabajo de levantamiento de información y destinación de recursos a nivel regional para la identificación de los 286 sitios restantes. Esta nueva identificación de sitios prioritarios en el marco del proceso de planificación ecológica que mandata la ley viene a determinar cuáles serán los que pasarán a regirse por los efectos de la nueva legislación y, por ende, podrán ser objeto de los distintos instrumentos de conservación que con ella se incorporan y gozarán de protección ante las infracciones establecidas. El segundo proceso mencionado apunta a la elaboración de un reglamento que definirá criterios y estándares a efectos de determinar, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias que se proyecta que produzcan los proyectos o actividades en evaluación ambiental, los que deberán cumplir con las reglas para la compensación específicamente en materia de biodiversidad.

Como lo mandata el Acuerdo de Escazú, adoptado por Chile, es esencial que se promueva una amplia participación ciudadana, no solo para la aportación de antecedentes sino también para las consultas públicas necesarias en el futuro. Escazú establece claros estándares de información y participación que deben ser respetados. No cumplir con estos estándares significaría no solo un incumplimiento del acuerdo, sino también una oportunidad perdida para fortalecer la gobernanza ambiental en el país.

En el mismo sentido debemos recordar la importancia de cumplir con las metas N° 21 y 22 del Marco Mundial de la Biodiversidad adoptado en la COP 15 de la Convención de Diversidad Biológica, del que Chile es parte y que van en la misma línea que Escazú. La meta N° 21 se enfoca en asegurar que los mejores datos, información y conocimientos estén disponibles para los encargados de la toma de decisiones, los profesionales y el público. Esto es esencial para una gobernanza eficaz y equitativa, y para una gestión integrada y participativa de la diversidad biológica. Asimismo, destaca la necesidad de mejorar la comunicación, la educación, la investigación y la gestión de los conocimientos, respetando siempre los conocimientos tradicionales y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con su consentimiento libre, previo e informado.

La meta N° 22, por su parte, subraya la importancia de lograr una participación y representación plena, equitativa, inclusiva y efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad en la toma de decisiones. También enfatiza el acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.

Es fundamental que el gobierno aproveche esta oportunidad para marcar una diferencia en la manera en que se toman las decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. La generación de procesos transparentes y participativos no solo reforzará la confianza pública, sino que también asegurará que las políticas y reglamentos desarrollados sean más robustos y eficaces. Para ello se requiere que la difusión de los procesos iniciados se lleve a cabo por medios adecuados y efectivos, siendo insuficiente su mera publicación en el Diario Oficial. Necesitamos la participación tanto de las comunidades locales como de la comunidad científica a fin de que esta nueva regulación pueda tener bases sólidas.

Instamos al Ministerio de Medio Ambiente a redoblar sus esfuerzos en la facilitación de información, generación de mecanismos de participación idóneos y difusión de estos importantes procesos y a cumplir con los estándares internacionales que hemos adoptado. Es momento de que el compromiso con la conservación de la biodiversidad se refleje no solo en palabras, sino en acciones concretas y transparentes.

Columna de opinión publicada en Ladera Sur – 13/06/24

Menos permisos, más claridad

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Hay algo de cierto en los reclamos de las industrias respecto de la cantidad de permisos que se requieren para hacer proyectos en Chile. Nuestra legislación ha sido muy permisiva y bajo la pretensión de que todo riesgo es controlable, ha optado por estos títulos de intervención en lugar de efectivamente los derechos de las personas y el bien común y, por lo tanto, prohibir derechamente que se hagan ciertas actividades que atentan contra ellos.

Para la certeza jurídica de todos, sería óptimo que se establecieran derechamente prohibiciones en el futuro. Existirían menos riesgos para todos y menos permisos que pedir.

Por ejemplo, podríamos partir por prohibir que se construya en áreas protegidas y humedales urbanos, aprovechando la discusión sobre la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en lugar de hacer un enrevesado trámite para cumplir condiciones que, de lo que se puede ver en los diarios, son muy complejas para los promotores de proyectos.

Agreguemos a eso que, en general, esas condiciones son muy poco fiables para la protección del bien jurídico en cuestión, cosa que genera una mayor conflictividad. 

Pero para que esto suceda, la próxima vez que tengamos una discusión sobre cómo proteger el medio ambiente y otros bienes jurídicos, tendría que existir voluntad para aceptar que no es no.

Carta al Director publicada en El Mercurio – Viernes 12 de abril

Gestión del agua

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Llevamos décadas hablando de las deficiencias del país en materia de gestión de aguas y realizando diagnósticos que nos señalan una y otra vez dónde se radican nuestras dificultades: la necesidad de un órgano que reúna competencias públicas y ordene las directrices, así como la necesidad de una gobernanza de cuencas efectiva. Falencias que desafían las comprensiones más esenciales sobre la regulación en materia de aguas, pero que en Chile no han podido ser incorporadas. En parte, por la obstrucción permanente ejercida por los grandes propietarios del agua, cuya posición privilegiada respecto de un bien supuestamente nacional no sólo los pone en un control económico de los territorios en que desarrollan sus actividades, sino que también en control político, dada la ausencia de gestión pública. La certeza cede sólo en favor de algunos; mientras el país se sigue secando y, como siempre, son las personas en situaciones más vulnerables y el medio ambiente quienes cargan con los costos de la nación.

Carta al director publicada en La Segunda – 22 de marzo 2024

La necesidad de una mirada integral y ecológica en la Zonificación del Borde Costero de Magallanes

La claridad de las respuestas que dé -o que no dé- el proceso, servirán como ejemplo para el resto de las regiones que a nivel nacional aún no cuentan con una Zonificación del Uso del Borde Costero, pudiendo contribuir a su posicionamiento como una política útil, que sea un ejemplo a nivel nacional.

A lo largo de su historia, Magallanes ha experimentado grandes procesos industriales que han moldeado el territorio y modos de vida de la región.

No obstante, los pocos instrumentos y políticas existentes en la región no han logrado regular de manera efectiva y responsable esta industrialización, y por lo tanto, su instalación se ha hecho sin considerar la diversidad geográfica, cultural, ambiental e histórica que coexiste en este espacio, ni sus interrelaciones.

Un ejemplo evidente de esta ausencia de planificación -y de los impactos que esto genera- ha sido la salmonicultura, donde la principal herramienta para prever externalidades de su emplazamiento ha sido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, el SEIA analiza proyectos caso por caso, careciendo de los mecanismos necesarios para abordar el escenario integral y complejo a escala provincial o regional, puesto que ese no es su objetivo ni alcance.

Esta limitación ha resultado en que los efectos de la instalación de industrias no se estén considerando adecuadamente en la toma de decisiones sobre el desarrollo regional. Como consecuencia, los impactos sinérgicos y acumulativos de diversos proyectos han aumentado, contribuyendo al incremento de la conflictividad socioambiental y al deterioro de los ecosistemas que sustentan la vida en Magallanes.

Encontrar una forma de llenar este vacío representa un desafío fundamental para Magallanes, tanto por las industrias en desarrollo como por las que se pretenden instalar. La más reciente de ellas es la producción masiva de hidrógeno para exportación, que contempla la instalación de miles de aerogeneradores, puertos, desalinizadoras, líneas de transmisión y plantas de hidrólisis, utilizando principalmente la estepa y la zona costera de la región. En ese marco, los instrumentos y políticas de ordenamiento territorial emergen como una necesidad para definir las compatibilidades e incompatibilidades de las distintas actividades que se realizan en una misma zona, con el fin de guiar de forma integral el desarrollo de la región.

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Institucionalidad ambiental

Un resultado indeseado del diseño institucional: es únicamente el titular del proyecto quien levanta y entrega la información. El incentivo de manipular los resultados es innegable y tiene como único contrapeso el número de consultas y aclaraciones que sea necesario.

La verdadera solución a las demoras debe pasar por mejores y más confiables estudios y declaraciones de impacto, solo así podrá lograrse el objetivo de la evaluación en menor plazo.

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Por la protección de los Humedales Andinos

Los humedales andinos son ecosistemas muy frágiles que entregan beneficios y servicios ecosistémicos fundamentales para toda la vida sobre la tierra. A través de un complejo proceso hídrico, depuran y acumulan importantes reservas de agua dulce y alimentos, contribuyendo a resguardar sitios de albergue de agua en ambientes muy extremos, permitiendo el desarrollo de formas de vida especializadas. Conservan un alto nivel de endemismo con especies de flora, fauna y microbiota únicas a nivel mundial. A su vez, son una fuente muy importante de secuestro de carbono, lo cual contribuye a mitigar los efectos de la crisis climática.

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Columna de Antonio Pulgar: Más sombras que luces: SQM y su operación en el Salar de Atacama

En el contexto de la discusión de la Estrategia Nacional del Litio, mucho polvo ha levantado el acuerdo entre SQM y Codelco para extraer este mineral en el Salar de Atacama. Las razones se encuentran en que fue un proceso opaco, con poca información sobre su negociación, sin participación ciudadana y con ausencia de consideraciones ambientales.

En paralelo a esta discusión, se desarrolla la evaluación ambiental del proyecto de SQM, irónicamente titulado “Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama”, cuyo proceso de participación ciudadana cerró el lunes 22 de enero.

En él se busca la adecuación operacional de la empresa en el salar para asegurar su funcionamiento al año 2030, modificando las condiciones establecidas en la resolución de calificación ambiental del año 2006, a las que se comprometió debido al incumplimiento de su autorización ambiental, por el cual fue investigado en 2016 y que concluyó el 2022. Esta situación tiene origen en las extracciones ilegales, por sobre las cuotas autorizadas, entre 2013 y 2015, afectando el sistema hídrico del salar y las áreas protegidas asociadas de alto valor endémico.

Si bien el proyecto plantea la reducción de extracción de salmuera, ni la evaluación ambiental del proyecto, ni el memorando de entendimiento de las empresas, son claros en la forma en que darán cabida a las consideraciones ambientales que permitirán la subsistencia del ecosistema de humedal andino.

La contradicción es profunda, aseguran la reducción de extracción de salmuera al año 2030, mientras informan que la explotación de carbonato de litio deberá aumentar a una cuota de 300.000 toneladas entre 2025 y 2030. A esto se suma un segundo aumento que se desarrollará entre el periodo 2031-2060, en donde se incrementa a una cuota de la misma dimensión, pero esta vez de explotación anual.

Todo indica que la línea comunicacional de las empresas, apunta a generar la idea de que las tecnologías de extracción directa y reinyección de salmuera serán el futuro sustentable de esta actividad. Pero lo cierto es que ninguna de las propuestas planteadas tiene una aproximación real a las dimensiones de explotación industrial que se proyectan, ni han probado ser efectivas en prevenir sus impactos.

Así, se propone el aumento de la producción de litio a costa de la alteración completa del ciclo ecológico del Salar de Atacama, sin asumir los costos socioambientales que el optimismo por la tecnología oculta.

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Litio en Atacama

En el contexto de la discusión sobre la explotación de litio en el Salar de Atacama, poco se ha reparado en las contradicciones existentes. Por una parte, el proyecto «Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama» de SQM, señala que al 2030, la empresa pretende reducir la extracción de salmuera en el salar. La adecuacion operacional se debe a los compromisos asumidos por la empresa, tras el incumplimiento de su resolución de calificación ambiental, por sobre explotación de sus cuotas entre 2013 y 2015.

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