Columna: «Viviendo y gobernando la crisis climática»
Por Ezio Costa Cordella
Director Ejecutivo de ONG FIMA
Quizás una de las cosas más difíciles y necesarias de comunicar es que la crisis climática es un proceso en el que ya estamos y que, ni en el corto ni en el mediano plazo, tolera el habitual pensamiento binario de «dentro/fuera», sino que nos pone en un continuo de menor gravedad a mayor gravedad y en la necesidad de encontrar un camino hacia una salida cuyo tiempo sobrepasa nuestro tiempo de vida.
Caer en cuenta de lo anterior, muchas veces afecta a las personas en su esperanza de superar la crisis, lo que se ve potenciado por un modo de comunicar cuestiones como las COP, donde lo que se busca es una evaluación binaria de «fracaso/éxito» que difícilmente engloba las múltiples complejidades que tiene un asunto como estas negociaciones.
Esta desesperanza fue particularmente notoria en esta COP27, graficada en la portada de la revista The Economist que circuló antes de la reunión y donde se le decía adiós (creo que prematuramente) a la posibilidad de cumplir la meta del acuerdo de París, dada la dificultad que significa cambiar nuestros modos de vida a escala global. Además, la percepción de dicha desesperanza se potenció, a ojos del público general, por el énfasis que la COP puso en la solución de las pérdidas y daños.
Pero el hecho es que la temperatura de la Tierra ya aumentó 1,1° y vemos sus efectos en todas partes, incluyendo sequías, marejadas, huracanes, olas de calor y otros eventos climáticos extremos. La meta que nos hemos puesto es que ello no supere los 1,5°, porque por cada décima que se aumenta se aumentan las pérdidas naturales, humanas y económicas. En esto último, por ejemplo, se ha calculado que la falta de acción podría llegar a costar 51% del PIB mundial y solo en 2021 los daños sobrepasaron los 343 mil millones de dólares.
El hecho de que en esta COP se haya por fin abordado este daño, entendiendo que afecta a los países más vulnerables, por la acción de los países más ricos que son quienes causan mayormente la crisis, es un gran avance; un avance porque permitirá a los países más vulnerables superar en parte los daños y también porque incentiva a los más ricos a acelerar la reducción de sus emisiones, de modo de mantener más controlados los daños y no tener que comprometer más capital en repararlos.
De ninguna manera eso significa darse por vencidos en la mitigación de la crisis, la meta de París sigue viva con todas las dificultades que ello implica y debemos cumplirla. Pero eso no nos puede cegar, pues en paralelo también es necesario hacerse cargo de los daños ya provocados y los que vendrán, fortaleciendo las medidas de adaptación, la reparación de daños y las lógicas de transición justa.
Ni el negacionismo de quienes temen a los cambios, ni el nihilismo de quienes han optado por un discurso sobre el colapso, son útiles en este escenario. Gobernar en tiempos de crisis climática demanda empujar a la vez los cambios que nos hagan emitir menos y aquellos que nos permitan la adaptación y la reparación, con un ojo especialmente puesto en quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.
Columna publicada en Cooperativa – 01/12/2022
Columna: «La lucha contra el cambio climático requiere un nuevo rol del Estado
Por Santiago Correa
Economista e Investigador de ONG FIMA
En tiempos de grandes festivales, el estudio de la economía vivió su propio festival, encabezado por dos grandes cabezas de cartel, como Mariana Mazzucato y Joseph Stiglitz. Este último, Nobel de Economía en 2001.
Parte de la siempre conservadora e ideologizada elite criolla intentó presentarlos como economistas marginales y caracterizar sus ideas como propias de un estatismo trasnochado, a pesar de que ambos gozan de alta influencia en la definición de políticas económicas en todo el mundo y que están lejos de ser considerados economistas radicales.
A riesgo de pecar de reduccionismo, la tesis central del trabajo de ambos sostiene que el mercado por sí solo no cuenta con las herramientas suficientes para afrontar los grandes desafíos que encara el planeta y, con ello, la humanidad en el siglo XXI. Sin ser ninguno de los dos especialistas, ni mucho menos activistas en materias ambientales, coinciden en que el cambio climático representa el ejemplo más claro y acuciante de esta falta de herramientas del mercado.
Ante la presencia de costos no internalizados por los productores, los mercados producirán bienes en mayor cantidad que la socialmente óptima, como sería el caso de combustibles fósiles y su consiguiente emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Siguiendo la misma lógica, cuando los productores no puedan apropiarse de los beneficios de producir algún bien, tenderán a producir por debajo de lo deseable, como sería el caso de la investigación y desarrollo. Hasta ahí, la tesis se centra en las premisas básicas de lo que se conoce por externalidades, a lo que el paradigma económico dominante respondería que existe espacio para que el Estado corrija estas situaciones por la vía, por ejemplo, de subsidiar la investigación y desarrollo, a la vez que gravar con impuestos las emisiones de GEI.
Lo que proponen Mazzucato y Stiglitz, en cambio, es superar esta visión del Estado como un mero corrector de las fallas de mercado y darle al aparato público herramientas proactivas para pensar las soluciones a largo plazo que el mercado es incapaz de proveer. De la lectura del trabajo de ambos autores, es muy fácil observar que sus propuestas son muy distantes de la visión estatista que los críticos locales pretenden imputarles. La base de sus estudios es la observación de que las grandes transformaciones productivas de nuestros tiempos, como lo es el internet, provienen de la inversión estatal.
La transición hacia una economía ecológicamente razonable requiere, sin dudas, de este impulso público, pues la propia estructura e incentivos del mercado de capitales hace imposible que una trayectoria riesgosa y de largo plazo sea liderada por el sector privado. Así, por ejemplo, ambos economistas mencionaron en sus conferencias en Chile el caso de Tesla, paladín de la inversión privada en tecnologías verdes, pero cuya mitología omite que en sus inicios fue subvencionado por el Estado con US$465 millones.
Mazzucato y Stiglitz nos invitan entonces a abrir la imaginación y pensar en el Estado como una entidad que se anticipa a los problemas del futuro, que invierte en potenciales soluciones a un nivel de riesgo que no puede sostener la inversión privada y, tan importante como ello, a redistribuir las ganancias de esas inversiones. Si los contribuyentes debieron pagar de sus impuestos los US$465 millones en subvención a Tesla, ¿qué razón de eficiencia hay para que no participen de sus ganancias? Y si las hubiera, ¿por qué estas deben anteponerse a las consideraciones de justicia para que así lo hagan?
Incluso si se está en contra de la posición que sostienen ambos economistas, es necesario reconocer que esta es una disputa política que, en un país democrático, debe ser resuelta por la voluntad de las mayorías. Nuestra actual Constitución, sin embargo, consagra explícitamente la servicialidad del Estado al amparo de los grupos intermedios, dando implícitamente forma al principio de subsidiariedad, lo que hace inconstitucional –o sujeto a voluntades supramayoritarias– la adopción de ciertas políticas que otorguen un rol mayor al Estado en la planificación económica.
Los desafíos que nos impone el cambio climático requieren entonces no solo una habilitación mayor a la participación del Estado en la economía, sino también un cuestionamiento a las recetas económicas que han probado una y otra vez no dar el ancho y cuyas alternativas parecen estar proscritas en la discusión pública local.
Columna publicada en El Mostrador– 24/11/2022
Municipios de Chile participan de jornada de trabajo para la elaboración y aplicación de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático
En el marco del 2° Encuentro Nacional de Municipios Verdes, que contó con la participación de representantes de 22 municipalidades de todo Chile, se llevó a cabo una jornada de trabajo para fortalecer la lucha contra la crisis climática. Esto a través de un estudio sobre la elaboración de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático y la ejecución de medidas de adaptación y mitigación.
La jornada se llevó a cabo este 28 de noviembre en el Teatro Municipal de Maipú, dónde tuvo lugar el evento organizado por ONG FIMA, la Ilustre Municipalidad de Maipú y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
«Frente a la crisis climática que estamos enfrentando, que lamentablemente va destruyendo el planeta a un ritmo acelerado, tenemos pocos recursos, pocas atribuciones, pero oportunidades directas de incidir en un cambio. A través, por ejemplo, de la elaboración de la estrategia hídrica local, la gestión residuos, de nuestra política ambiental, de las políticas de energía eléctrica, de la digitalización que estamos viviendo dentro del municipio para reducir la cantidad de papel que utilizamos y así un montón de prácticas que nos permiten ir construyendo sociedades y entornos mucho más sustentables y ecológicos”, dijo el alcalde Tomás Vodanovic.
«Este es ya el tercer año que trabajamos junto a ONG FIMA temas medioambientales relacionados con el trabajo de los municipios en el nivel local. Y creemos que es un tema ineludible para poder enfrentar la crisis climática y ecológica que vivimos. La generación de redes entre municipios y el desarrollar temas específicos como las estrategias hídricas locales y la fiscalización ambiental de los gobiernos locales, ayuda a fortalecer las tareas concretas de la primera línea del trabajo de adaptación climática que es la que se desarrolla a este nivel”, aseguró Cäcilie Schildberg, representante de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Chile.
«Las municipalidades son actores fundamentales para enfrentar la Crisis Climática», señaló Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA. «Es por ello que esperamos que esta red de Municipios Verdes y las actividades que se generen les sean de utilidad para desarrollar sus Planes de Acción Comunal, tal como mandata la Ley Marco de Cambio Climático, y ejecutar medidas para la adaptación y mitigación del calentamiento global».
El 2° Encuentro Nacional de Municipios Verdes contó también con la presencia de María Inés Sepúlveda, alcaldesa de San Clemente, quien expuso sobre los principales avances ambientales realizados en la comuna durante su administración.
«Implementamos una política ambiental que no existía, hemos realizado una trabajo muy intenso en estos 18 meses de gestión», señaló la alcaldesa de San Clemente, quien también explicó la situación ambiental actual que se vive en la localidad. «Somos una comuna que está intervenida, el río Maule tiene 14 centrales hidroeléctricas y también tenemos la amenaza de 76 torres de alta tensión».
Este segundo encuentro nace de la iniciativa «Compromiso Municipio Verde«, promovida por ONG FIMA y FES. Entre las autoridades asistentes se encuentran los alcaldes de Maipú, Ancud, Casablanca, y las alcaldesas de Ñuñoa y Quilpué.
«Los municipios somos quienes estamos más cerca de la ciudadanía y vemos permanente cuáles son las necesidades en torno al déficit de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente», manifestó Valeria Melipillán, alcaldesa de Quilpué, «es muy necesario generar instancia y diálogos con distintos actores para impulsar estas políticas y que sean mucho más eficientes.
«En Ancud, en Chiloé, hace algunos años atrás hubiera sido imposible imaginar los problemas que hoy tenemos de crisis hídrica (…) estamos trabajando fuertemente con nuestras establecimientos educacionales con el fin de educar a nuestros niños y que sean ellos quienes impulsen a los mayores y todos contribuyamos a evitar las consecuencias del cambio climático», dijo el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, quien también destacó la gestión de residuos y el reciclaje como sus principales líneas de trabajo.
Otros municipios como Providencia, Huechuraba y Vitacura, si bien no son firmantes del Compromiso Municipio Verde, fueron invitados dado su avance en temas ambientales y su trabajo previo junto a la red.
La Ley Marco de Cambio Climático, promulgada en junio de este año, en su artículo 12, establece que la municipalidades deberán elaborar Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en un plazo máximo de tres años. En ellos deberán incluir, entre otros datos, la caracterización de las vulnerabilidades de la comuna, las medidas de mitigación y adaptación, y los plazos de implementación. De no cumplir con lo que mandata la Ley, los municipios arriesgan multas.
Compromiso Municipio Verde
El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna.
“A través de Municipio Verde, buscamos que las municipalidades se comprometan a utilizar al máximo sus facultades ambientales, y desde ONG FIMA, con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert, proporcionamos material que sirva de guía para que puedan cumplir el compromiso, así como espacios para el intercambio de experiencias”, explicó Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.
Actualmente, hay más de 30 alcaldes y alcaldesas que han firmado el Compromiso, entre los que se puede mencionar a Calama, Viña del Mar, Santiago, Talca, Pucón, Valdivia y Coyhaique, entre otros.
Columna: «Innovación para la transición ecológica justa «
Por Ezio Costa Cordella
Director Ejecutivo de ONG FIMA
SEÑOR DIRECTOR:
La innovación es una herramienta indispensable para la transición ecológica. La búsqueda de nuevas formas de producción, de fuentes de energía de bajo impacto ambiental, y la modificación de los patrones de consumo, son parte de las condiciones que harán posible avanzar el cambio de perspectiva necesario.
Una parte de esa innovación, a la que se presta mucha atención, tiene que ver con la creación de nuevos productos “verdes”, que sustituyan a aquellos que hoy utilizamos y tienen una huella ambiental más profunda. Una de las razones por la que dicho tipo de innovación genera más atención, es porque los beneficios económicos de corto plazo son más evidentes y apropiables y hay mayor simplicidad en términos regulatorios y de gestión. Lamentablemente, al reiterarse las mismas lógicas de producción y consumo, pero con nuevos materiales, se hace muy difícil imaginar una salida a la crisis que vivimos.
En efecto, actividades especialmente relevantes de esta transición como son la explotación del litio o la generación de hidrógeno verde, que pueden generar beneficios económicos, no logran dar luces sobre cómo nos ayudarán a recuperar el daño ambiental que se ha producido al territorio del país o a adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas, cuestiones que resultarían muy relevantes a la hora de pensar en una transición que sea justa.
Parte de la idea de transición justa, es precisamente que la acción climática no se centre solamente en la producción de nuevos bienes y servicios de menor impacto, sino también pensar en innovaciones que miren más bien a las necesidades de adaptación y recuperación ambiental. En estos espacios hay muy pocos incentivos para que se generen actividades privadas y la distribución de los perjuicios es altamente desigual, de suerte de que las personas en situaciones más vulnerables son quienes reciben la mayoría de los perjuicios.
Así, al momento de pensar nuevas industrias para Chile, debiera también pensarse como ellas generarán mayores ingresos para el país y para las regiones en que se instalen, a la vez que sustituyan actividades de mayor impacto. Un ejemplo claro de esto podría ser la generación de una industria de Hidrógeno Verde en Magallanes, donde un plan de transición justa debiera contener también un desescalamiento de la industria salmonera, al menos retirando los procesos productivos que hoy se llevan en áreas protegidas o altamente sensibles.
Adicionalmente, la restauración y recuperación de ecosistemas aparecen como un horizonte necesario, pero económicamente poco reflexionado. Mientras que existen algunos planes públicos para realizar estas actividades, ello no se ha traducido en reflexionar sobre cómo estos esfuerzos pueden ser economicamente sustentables y en este punto es importante pensar también quienes se verían más beneficiados económicamente por las mejoras en la naturaleza. Por ejemplo, bosques más cuidados en las cuencas, asegurarían una mayor y más estable provisión de agua, que beneficia especialmente a quienes tienen derechos de aguas y que hoy no pagan nada por el uso de dicho bien común.
Un proceso de transición justa podría incorporar una tasa para los derechos de aguas, que se utilice precisamente en proteger los ecosistemas que permiten un mejor funcionamiento de los ciclos hídricos, generando beneficios tanto para quienes tienen esos derechos de aprovechamiento, como para todo el resto de los habitantes de la cuenca.
Hablar de innovación para la acción climática no sólo tiene que ver con la generación de nuevas tecnologías, sino que también, como en los ejemplos, con crear nuevas políticas y regulaciones que nos permitan superar la crisis climática y ecológica a través de un proceso de transición justa.
Guía de capacitación para defensores y defensoras ambientales sobre el Acuerdo de Escazú
La siguiente Guía de capacitación para defensores y defensoras ambientales sobre el Acuerdo de Escazú es un recurso para quienes deseen implementar instancias de formación participativas y dinámicas en torno al Acuerdo de Escazú junto a comunidades y personas que defienden el medio ambiente, con el objetivo de que éste llegue al mayor número de personas y comunidades de la región.
Seguir leyendoLanzan guía para la creación de una estrategia de Fiscalización Ambiental Municipal
La guía, elaborada por ONG FIMA con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), fue presentada durante un taller de fiscalización ambiental, que contó además con la exposición de la Municipalidad de Hualpén y la de Coquimbo.
El documento “Guía para la elaboración de una Estrategia de Fiscalización Ambiental Comunal” se suma a la anteriormente publicada “Guía para la elaboración de una Estrategia Hídrica Local” y busca ser un apoyo para que los municipios puedan ejercer su rol en la acción climática, entregando directrices para la generación de estas estrategias y así prevenir perjuicios y daños al medio ambiente.
El lanzamiento se realizó en el marco del Segundo Taller de Implementación de Municipio Verde, en el cual participaron más de 20 funcionarios y funcionarias municipales de distintas comunas de Chile, con el propósito de abordar los principales desafíos en torno a la fiscalización ambiental.
“En conversaciones anteriores con los municipios que forman parte del Compromiso Municipio Verde, nos dimos cuenta de que la fiscalización ambiental era uno de los puntos que más se les dificultaba cumplir”, explicó Carolina Palma, coordinadora del área de Incidencia de ONG FIMA. “Es por eso que nos decidimos a trabajar para publicar esta Guía, donde buscamos dar algunos lineamientos generales para que las municipalidades generen sus propias Estrategias de Fiscalización Ambiental Comunal”.
El documento propone tres etapas para la elaboración de estas estrategias de fiscalización: el Diagnóstico, donde se recomienda identificar los instrumentos legales aplicables a los municipios y generar catastros de denuncias; el Plan de Acción, que incluye la identificación de las herramientas que se utilizarán; y la Implementación, donde se sugiere utilizar mecanismos de validación tanto internos (el Concejo Municipal y el Comité Ambiental Comunal, por ejemplo) como externos (consultas ciudadanas), además de la coordinación entre las distintas unidades municipales y con otros organismos públicos como CONAF, DGA, Seremi de Salud o Ministerio del Medioambiente.
Por otra parte, el Segundo Taller de Implementación de Municipio Verde contó con la exposición de funcionarios de las municipalidades de Hualpén y Coquimbo, quienes presentaron sus experiencias de fiscalización ambiental.
“Esta Guía permite identificar más fácilmente las facultades y organizarse en materias de fiscalización ambiental, permite un empoderamiento municipal y, por otra parte, permite avanzar en temas de coordinación interna y externa”, señaló Carla Torres, fiscalizadora ambiental de la Municipalidad de Hualpén.
“La Municipalidad de Coquimbo es la más grande de la provincia del Elqui, y de hecho en este momento se nos considera una conurbación con la ciudad de La Serena”, agregó Marco Jorquera, jefe del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Coquimbo, “en ese sentido, tal como plantea la Guía, la coordinación con otras áreas e incluso con otros municipios (…) es fundamental y debe ser muy clara”.
Municipios por comunas más verdes
Estas iniciativas son parte del Compromiso Municipio Verde, un programa impulsado por ONG FIMA y FES, a través de un documento de libre suscripción con 10 puntos, insta a las municipalidades a utilizar al máximo sus facultades legales ambientales. Entre los puntos en que los firmantes se comprometen a avanzar, se encuentra el aumento de las áreas verdes, el uso de la ley de humedales urbanos y la creación de un plan de fiscalización.
A la fecha, 32 municipios a lo largo del territorio nacional ya firmaron el Compromiso Municipio Verde, mostrando su interés para avanzar en el uso de sus facultades legales y el desarrollo de actividades sustentables en la comuna.
“Desde ONG FIMA trabajamos para la creación de material que sirva como guía para que los municipios avancen con la implementación y cumplimiento de los puntos del Compromiso Municipio Verde”, detalló Carolina Palma, “aunque sin duda, una de las grandes contribuciones de este proyecto es la generación de una red donde los funcionarios y funcionarias pueden intercambiar experiencias sobre gestión ambiental”.
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El lanzamiento de la Guía para la Elaboración de una Estrategia de Fiscalización Ambiental Comunal y la exposición de la Municipalidad de Hualpén y Coquimbo se pueden ver en el video a continuación:
Columna: «Proyecto Faro del Sur «
Por Ezio Costa Cordella
Director Ejecutivo de ONG FIMA
SEÑOR DIRECTOR:
Recientemente se supo del retiro anticipado del proyecto eólico Faro del Sur en Magallanes, planteado expresamente para la producción de hidrógeno verde (H2V). Primero, es necesario aclarar que el retiro anticipado y voluntario del proyecto no significa que esté rechazado o que no pueda volver a ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental. Sin embargo, es importante reflexionar respecto a la oportunidad y desafíos de la producción de H2V a gran escala en Chile.
Quizás la mayor oportunidad tenga que ver con generar las condiciones de esa nueva industria antes de que ella efectivamente se instale. Regular variables económicas, ambientales y sociales, requiere de una mirada de lo público que se anteponga a las decisiones atomizadas de inversionistas privados. Esa anticipación permitirá mayores niveles de certeza para todos los actores, resguardando los derechos de las personas y el interés nacional, buscando activamente la generación de beneficios sociales en lugar de disponernos pasivamente a la extracción de valor.
Entre las condiciones que deben disponerse se encuentran el modelo de tributación, la eventual participación estatal, la creación de industrias asociadas, la manera en que se beneficiarán las regiones, la planificación territorial y las condiciones ambientales en que se permitirá.
Es importante tener claro que la producción de H2V supone grandes extensiones de terrenos para la generación de energía (solar o eólica), plantas desaladoras, puertos, líneas de transmisión, acueductos y plantas de electrólisis, existiendo muchos impactos asociados que pueden ser prevenidos y mitigados.
Una estrategia que cubra estas variables, que se haga participativamente a nivel nacional y regional, aparece como la primera condición para hacerle frente a los retos y aprovechar de manera razonable una oportunidad de transición económica y ecológica.
Chesque Alto: Corte Suprema puso fin definitivo a piscicultura en río sagrado
La operación de esta faena implicó poner en riesgo la cultura ancestral de la comunidades mapuches del sector y emprendimientos turísticos que dependen de la pureza del agua de los esteros Nalcahue y Los Quiques
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa Sociedad Comercial, Agrícola y Forestal Nalcahue Limitada, empresa que desde el año 1998 operó un proyecto de piscicultura ubicado en el río Chesque (Cheski), región de la Araucanía.
La acción fue interpuesta en contra de la sentencia que en agosto del año pasado anuló la resolución de calificación ambiental (RCA) con que operaba el proyecto, y que había sido otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el año 2019, luego de más de 20 años de funcionamiento sin permiso ambiental.
“La nulidad de la RCA de la piscicultura Cheski Alto, sin duda que alegra y fortalece nuestro caminar en el mapuche mongen, durante años nuestros sitios ceremoniales y de sanación como es el trawunko del río Cheske y Río Nalcahue, han sido intervenidos y transgredidos, afectando a toda la biodiversidad que cohabitamos en el territorio, intentando cambiar así nuestras formas de vida”, sentenció Mónica Paillamilla.
Por su parte Juan Pailamilla de la comunidad José Caripan señaló “Es un proceso largo que ha afectado un gran tiempo nuestro río sagrado Cheski, donde se ha afectado nuestra forma de vida como mapuche, nuestra forma de mantenernos vivos como cultura, y por otro lado nuestros espacios de significación cultural han sido afectados, como el lawentuwe, Trawunko, entre otros, donde nuestros pu machi, pu lonko, vienen a buscar los lahuenes, personas, las papai, vienen a buscar el lahueen, el agua también para los alimentos, muday, la bebida sagrada también para nuestras ceremonias, todo esto ha afectado grandemente al territorio”.
Chesque Alto es una zona cordillerana de la Región de la Araucanía, donde conviven comunidades mapuches ancestrales y emprendimientos turísticos, todos quienes dependen de la pureza del agua de los esteros Nalcahue y Los Quiques, los cuales desembocan en el río Chesque en la cabecera de la cuenca del río Valdivia, lugar que además está inserto dentro de la Reserva de la Biósfera “Araucarias”.
“Esta sentencia cierra un ciclo muy largo en el que por fin la institucionalidad respondió a las múltiples denuncias y reclamos en contra de una empresa que operó por mucho tiempo sin la debida autorización ambiental, y cuando finalmente la obtuvo, esta fue sin considerar las denuncias y preocupaciones de las comunidades mapuche del sector”, señaló Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA, organización que acompañó a la comunidad en su defensa desde el año 2013.
Precedente respecto a las competencia de los tribunales ambientales
En su sentencia, la Corte Suprema señala que los Tribunales Ambientales son órganos técnicos creados para analizar esta materia, por lo tanto es de su competencia analizar los elementos evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental. La sentencia confirma que las observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental deben ser incorporadas también a la evaluación de los elementos técnicos, pues solo de esa manera se cumple la obligación de considerarlas debidamente.
“Este fallo implica que la piscicultura deberá pasar nuevamente por evaluación ambiental, esta vez aportando antecedentes suficientes que le permitan hacerse cargo de sus impactos” puntualiza Antonia Berríos.
Equipo de ONG FIMA participa en encuentro de democracia deliberativa en Colombia
Miembros de más de 30 organizaciones de distintas partes del mundo se reúnen en Bogotá con el objetivo de crear prototipos de soluciones para distintos desafíos relacionados a la democracia deliberativa.
Este 3 de octubre comenzó el Demo Reset Lab, un encuentro organizado por National Endowment for Democracy (NED) y el Extituto de Política Abierta, donde miembros de 35 organizaciones de cinco regiones del sur global, entre las que se encuentra ONG FIMA, están reunidos con el ánimo de intercambiar experiencias sobre democracia deliberativa.
En el evento, que se está llevando a cabo en Bogotá, Colombia, los asistentes estarán trabajando en seis grupos para dar solución a distintos retos identificados previamente y que están relacionados con la democracia.
Catalina Fernández, antropóloga de Incidencia de ONG FIMA, lidera uno de estos equipos, en el cual también participa Marcos Emilfork, abogado y coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA. El desafío sobre el cual trabajan es el de buscar formas de restablecer las relaciones de confianza entre comunidades y tomadores de decisiones para la resolución de conflictos socioambientales, así como en el acompañamiento a las comunidades afectadas para conseguir justicia ambiental.
El Demo Reset Lab se extenderá hasta el 14 de octubre. Los resultados obtenidos por los equipos de trabajo se utilizarán para la creación de una plataforma de democracia deliberativa para fomentar el contacto y el trabajo en red de profesionales, comunidades y organizaciones dedicadas a procesos democráticos.









