Fanatismo (empresarial) y sustentabilidad ambiental

El día sábado 09/03/19, Matías Concha, consejero de SOFOFA, publicó una columna en que critica un fallo de la Corte Suprema y uno del 2do Tribunal Ambiental. Señala que en esos casos el hecho de que un tribunal anule resoluciones de los organismos administrativos, sería un ataque a la confianza en el sistema, por un supuesto fanatismo ambiental.

Los casos son muy distintos entre sí y no tienen componentes ambientales tan claros. El primero ordena el ingreso de un proyecto inmobiliario (Altos de Puyai) a una consulta de pertinencia ante el SEA, el segundo ordena la admisión de una solicitud de apertura de un procedimiento de revisión de una resolución de calificación ambiental (Mina Los Bronces). Ambos dejan a la Administración las resoluciones de fondo.

Por lo demás, esos casos representan un porcentaje muy menor en la justicia ambiental. De acuerdo a un estudio de Espacio Público, de los casos en que las comunidades reclaman sus derechos en Tribunales Ambientales, solo se acogen aprox. un 20%. Así, desde un punto de vista estadístico (y también experiencial), el sistema parece más bien cargado a favor de los intereses que defiende el señor Concha que en contra de ellos. Por eso es llamativo que se intente consolidar la hegemonía criticando el pequeño espacio de balance aún en pie y no me queda más que coincidir con él en una reflexión: es fundamental que no cedan frente a los grupos de presión.

Adicionalmente, en la retórica de la columna, los fallos contrarios a las resoluciones administrativas corroen la confianza en la institucionalidad. Siguiendo esa lógica, las resoluciones de la Dirección del Trabajo, el SII y la SVS, entre otros, debieran tener las mismas prerrogativas y cada vez que un tribunal disminuye una multa o la deja sin efecto, se estaría minando la confianza en las instituciones. Ni lo anterior parece correcto, ni creo que la SOFOFA piense así. Por el contrario, en general ha abogado por disminuir las atribuciones de la Administración, incluso en situaciones en que evidentemente es necesario aumentarlas.

Lo que más deslegitima a las instituciones es no tener normas que efectivamente den balance a los intereses de las partes y la ciudadanía. Los tribunales juegan en ese sentido un rol insustituible, pues controlan la discrecionalidad de la Administración y el cumplimiento de las normas. Incluso si existieran procesos de participación ciudadana efectivos, serían los tribunales los que tendría que controlarlos.

El fanatismo cree que cualquier resolución en contra de su ideología es por definición inapropiada e injusta y no se detiene a reflexionar en un sistema funcional y armónico. Pareciera que este tipo de fundamentalismo solo alimenta una mayor conflictividad social, al tiempo que es precursor de la real corrosión de las instituciones.

Ezio Costa Cordella

Director Ejecutivo ONG FIMA

Publicado el 13.03.19

Página 30.

http://papeldigital.latercera.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=La%20Tercera%206%2030&pubid=33084897-397a-48cc-b3c0-3ce1ec447137

Carta de Gabriela Burdiles a un año del Acuerdo de Escazú

Publicada en El Mercurio el 07.03.18

Sr. Director:

El 4 de marzo se celebró un año desde la adopción del Acuerdo de Escazú. Fecha histórica para América Latina y el Caribe, ya que tras 7 años de negociaciones, al fin teníamos un acuerdo destinado a hacer cumplir el Principio 10 de la Declaración de Río, que establece los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Además, es el primer tratado en el mundo que establece de manera vinculante que los países deben velar por la seguridad de los popularmente llamados “Defensores Ambientales”.

A lo anterior, se suma que para Chile era especialmente valioso, pues fue nuestro país uno de sus principales promotores, lo que hacía presagiar que también sería uno de los primero en concurrir a su firma.

Sin embargo, un año después, todavía nos encontramos esperando explicaciones fundadas respecto a la decisión de último minuto de no firmar.

Por el contrario, no hemos recibido ninguna respuesta a nuestras solicitudes de audiencia y ni a las cartas enviadas. Pareciendo que la actitud sería la de omitir que alguna vez existió esta negociación y que las necesidades que Chile tiene al respecto, fueran un invento de quienes trabajamos en esta área. Peor aún, se levanta a nuestro país como anfitrión de la próxima COP25, como si el cambio climático y la Democracia Ambiental no tuvieran ninguna relación.

Confiamos en que antes de que mandatarios de todo el mundo lleguen a nuestro país, podamos evitar exponernos a un nuevo bochorno de política internacional, y poder recibirlos como el país número 17 de la región en firmar el Acuerdo de Escazú.

Gabriela Burdiles

Abogada.

Directora de Proyectos de ONG FIMA.

La solución de CONAF: Vender bosques para financiar el combate de incendios*

Por:

Ezio Costa C., Director Ejecutivo de ONG FIMA

Fernanda Salinas U. Investigadora Asociada ONG FIMA. 

El 10 de agosto de 2018, el actual Director Ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, planteó al Diario Concepción su preocupación ante la temporada de incendios forestales. Aseguró que el cambio climático llegó para quedarse, transparentó el déficit millonario de CONAF y anunció que cree “que lo más probable es que tengamos que echar mano a bienes propios, como bosques que tenemos en la reserva La Campana, es decir, venderlos o licitarlos, para poder enfrentar nuestra situación financiera”.

Ante lo anterior, recordemos que los grandes incendios han ocurrido principalmente en plantaciones forestales[1], debido en parte a la escasa regulación que tienen y a su alto potencial inflamable[2]. Para prevenir incendios, por lo tanto, se requiere poner especial atención a las plantaciones de pino y eucaliptus, que son de propiedad privada y cuyo resguardo debiera ser realizado y financiado por sus dueños, procurando no dañar a terceros.

El cambio climático, por su parte, agudiza la escasez hídrica en la zona centro-sur de Chile. Las cuencas donde dominan los bosques nativos bien conservados maximizan y aseguran la disponibilidad hídrica de calidad[3]. Para mitigar los efectos de estos fenómenos, por lo tanto, se debiera detener el reemplazo de los bosques nativos por plantaciones de especies exóticas, ya que las segundas disminuyen la escorrentía de verano[4].

Por último, CONAF administra territorios que no son de su propiedad. Son bienes fiscales o nacionales de uso público adscritos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, cuyo fin es la conservación de ecosistemas y de la diversidad biológica en beneficio de la sociedad.

El anuncio del señor Rebolledo parece olvidar el rol público de CONAF, que debiera ser adecuadamente financiada con recursos estatales, y pone los bienes de todos los chilenos al servicio de quienes, por falta de una regulación adecuada, han dañado bienes privados, nuestros bienes comunes y han causado la muerte de personas.

[1] Bowman, D.M.J.S., A. Moreira-Muñoz, C.A. Kolden, R.O. Chávez, A. A. Muñoz, F. Salinas, Álvaro González-Reyes, R. Rocco, F. de la Barrera, G.J. Williamson, N. Borchers, L.A. Cifuentes, J.T. Abatzoglou, F.H. Johnston. Ambio. 2018. Human–environmental drivers and impacts of the globally extreme 2017 Chilean fires. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1084-1

[2] Dimitrakopoukos AP & KK Papaioannou. 2001. Flammability assessment of Mediterranean forest fuels. Fire Technology 37 (143-152).

[3] Nuñez D, L Nahuelhual, C Oyarzún. 2006. Forests and water: The value of native temperate forests in supplying water for human consumption. Ecological Economics 58(3):6006-616. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2005.08.010

[4] Little, C., A. Lara, J McPhee & R. Urrutia. 2009. Revealing the impact of forest exotic plantations on water yield in large scale watersheds in South-Central Chile. Journal of Hydrology 374:162-170.

Desafíos y oportunidades que traerá la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú

Gabriela Burdiles Perucci
Abogada
Directora de Proyectos ONG FIMA

El próximo 27 de septiembre, coincidiendo con el Debate General Anual de la Asamblea General de la ONU, se abrirá a la firma de los 33 países de nuestra región el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o “Acuerdo de Escazú”, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Recordemos que este instrumento es el primer acuerdo vinculante sobre asuntos medioambientales y derechos humanos en nuestra región. Por ello, esta es un una fecha importante para el inicio de un proceso, que esperamos, pueda contribuir a cambiar de manera sustantiva, la forma en que se toman las decisiones en materia ambiental y en cómo se implementan los derechos de acceso a la información, participación y justicia.

El Gobierno ya ha manifestado su postura al respecto el pasado 7 de junio de 2018 a través de un comunicado sobre la apertura a la firma del Acuerdo, en el que Chile y Costa Rica, como co-presidencias del proceso de negociación, reafirmaron su compromiso con su firma y pronta entrada en vigor. Además, reiteraron su “firme compromiso por continuar liderando los trabajos necesarios para la realización de la primera Conferencia de las Partes”[1].

El Acuerdo de Escazú, se ha destacado en los medios nacionales e internacionales por ser el primer tratado en el mundo que otorga garantías para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto sin duda que es fundamental para una región con uno de los mayores índices de asesinatos y violencia hacia defensores ambientales. Sin embargo, este acuerdo es novedoso también por otras razones, que aquí quisieramos destacar.

El Acuerdo consagra un verdadero sistema de garantías y obligaciones interdependientes, que aplicadas de manera integral y equilibrada, propenden al fortalecimiento de la democracia ambiental. El principio que está detrás de todo esto, es el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que tuvo como eje central la búsqueda del desarrollo sostenible, donde el desarrollo económico se sitúa como un objetivo que debe ser alcanzado de manera equilibrada y coherente con el cuidado ambiental y la eliminación de las desigualdades sociales.

Así, el Principio 10 proponía ciertas garantías a la hora de tomar decisiones y de proteger el medio ambiente: transparencia de la información publica ambiental, de los riesgos ambientales y de las decisiones; la posibilidad de opinar, de ser parte de las decisiones; y por último, de acudir a terceros independientes e imparciales si esos derechos no son respetados, si el medio ambiente está en riesgo, o si éste ha sido dañado.

Chile ya cuenta con un marco institucional y legal, que garantiza en diferentes niveles los tres pilares fundamentales de la democracia ambiental. Sin embargo, nuestro desafío está en la implementación real de estas garantías, en lograr que ellas se respeten, aunque a juicio de algunos, los procesos puedan parecer lentos o engorrosos, y pese a cualquier “agenda pro inversión” que se proponga en el país.

Precisamente, casos como el reciente escape masivo de salmones en Chiloé, el cual se suma a otros graves episodios ya protagonizados por dicha industria y por las instituciones a cargo en la zona, dan cuenta de que aún falta mucho por avanzar en la materia. Este ejemplo revela algunos de nuestros desafíos pendientes en cuanto a contar con sistemas adecuados de alerta temprana de emergencias ambientales, con evaluaciones ambientales con participación ciudadana efectivas y con un acceso real a la justicia de las comunidades locales.

En este contexto, esperamos que la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú sea el inicio de un camino hacia una manera diferente de tomar las decisiones, en donde la agendas que buscan fomentar la inversión, no menoscaben los derechos fundamentales de las personas y las comunidades. Por último, hacemos un llamado al resto de los países de la región a firmar y luego ratificar este acuerdo, pues es necesario la ratificación de al menos 11 países para su entrada en vigencia.

[1] Ministerio de Relaciones de Chile: https://minrel.gob.cl/comunicado-conjunto-costa-rica-chile-sobre-la-apertura-a-la-firma-del/minrel/2018-06-07/104324.html

 

 

Carta Ezio Costa en respuesta a Presidente de Consejo Minero

Sr. director,

Me parece importante hacer algunos comentarios a la respuesta del señor Joaquín Villarino a mi carta anterior.

En primer lugar, sobre el doble rol de miembros de ONG como expositores y asesores parlamentarios, es una práctica que desconozco y que como organización no realizamos. Además, comparto su preocupación sobre la necesidad de regular la participación ciudadana en el parlamento. En efecto, ONG FIMA, junto a otras organizaciones, se encuentra participando de una convocatoria del Comité Bicameral de Transparencia del Congreso, que con apoyo del PNUD, está buscando normar estas actividades de participación. Así como un asesor parlamentario no debiera exponer en otra calidad, también debería ser inadmisible que quienes hayan financiado campañas o partidos políticos intervengan en las sesiones del congreso.

En seguida, creo que es positivo, y valoro, que la Industria Minera tenga la intención de poner mayor atención a los impactos que produce en los territorios que interviene. Lo anterior, lamentablemente, no ha significado que todos los proyectos mineros cumplan efectivamente con los estándares mínimos de protección ambiental y así ha sido, por ejemplo, cuando la institucionalidad ambiental ha sancionado fuertemente o rechazado algunos proyectos.

En ese contexto, no me parece apropiado continuar con un discurso que pretende obviar los casos en que hay claros y graves incumplimientos. Parte de contribuir al desarrollo sustentable, es propender a un funcionamiento institucional equilibrado que vele por la protección del medio ambiente. Eso, lejos de ser un lujo, es una necesidad.

Ver carta de Joaquín Villarino

Ver primera carta de Ezio Costa 

Carta de Ezio Costa en El Mercurio

Sr. Director:

Con respecto a la entrevista al señor Villarino publicada el miércoles por su medio, parecería razonable esperar un análisis más profundo y realista de parte de una persona en su cargo.

Un primer punto, es reconocer que una industria de extracción como la que representa, tiene enormes impactos sociales y ambientales, siendo difícilmente sustentable. Tanto esos impactos negativos, como los impactos positivos en empleo o crecimiento están directamente relacionados con el interés de generar ganancias por parte de las propias empresas mineras. Sus dueños e inversionistas legítimamente invierten con ese propósito y por lo tanto, creer que nuestro país tiene la obligación de soportar cualquier impacto por el solo hecho de que habría algunas externalidades positivas, representa una visión totalmente desconectada del bien común.

En seguida, es llamativo su intento de culpar a comunidades y ONG por los fracasos de su industria. Sin embargo, posiciona a su sector como convocante a un supuesto gran acuerdo nacional. ¿Será entonces, que a juicio del Consejo Minero, ese acuerdo tendría que tomarse sin quienes son críticos de la industria y sin las personas afectadas?

Por último, la única manera adecuada en que el derecho puede dar certeza jurídica, es mirando todas las variables de un sistema, de modo de entregar un resultado equilibrado. Favorecer los intereses de unos sobre otros de manera constante, no es certeza sino arbitrariedad o captura.

Así, desechar proyectos altamente contaminantes no es ni una farra ni un lujo, sino apenas un mínimo respeto por los derechos de las personas, las normas jurídicas y la vida en sociedad.

Ezio Costa Cordella

Abogado

Director Ejecutivo ONG FIMA

Carta de nuestro Director Ejecutivo sobre Reforma al SEIA

Ezio Costa Cordella
Abogado
Director Ejecutivo de FIMA

Sr. Director:

La Ministra de Medio Ambiente ha anunciado una serie de medidas para reformar el SEIA, entre ellas modificaciones al sistema de participación ciudadana y la incorporación de la participación temprana.

Sobre esta última, es importante recordar que la idea de participación tiene que ver con la influencia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones, y por lo tanto debiera estar en la línea de permitir dicha influencia y no de convertirse en un espacio de negociación entre titulares y ciudadanos que serán afectados por un proyecto.

En esta materia, existen estándares y principios fijados por organismos como CEPAL y la OCDE, que debieran ser atentamente observados. Entre ellos, que la participación sea inclusiva, oportuna, que incida efectivamente en la decisión de la autoridad, que tenga tiempos adecuados y que cuente con un sistema de control externo, son mínimos conceptuales para considerar un procedimiento efectivo. Hoy el SEIA no cumple con esas condiciones y por lo tanto urge mejorar esos estándares. Pero además, la participación no se agota en ese procedimiento. Las personas también participan y ejercen sus derechos cuando recurren a un tribunal, y ese acceso a la justicia debe ser resguardado y ampliado.

Nos preocupa que las reformas que se propongan, efectivamente tiendan a mejorar la participación, sobre todo a instancias en que recientemente se ha eliminado a la división del SEA encargada de participación ciudadana y redistribuido sus funciones. Creemos que hoy se abre una oportunidad de efectivamente mejorar la participación en el SEIA, pero ello requiere un cambio de mirada; no pensarla como negociación privada, ni debilitar el rol del Estado.

 

Un tema para deliberar: Participación temprana en medio ambiente

Nuestra legislación aún está lejos de plantearse estos objetivos, pues además de carecer de los mecanismos adecuados para asegurar una participación ciudadana influyente en el SEIA, tampoco tiene las herramientas institucionales que permitan nivelar a las comunidades con sus contrapartes empresariales y estatales. Siendo este el escenario, resulta bastante difícil que un proyecto de gran magnitud sea realizado sin que se produzcan conflictos sociales.

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