Carta Ezio Costa en respuesta a Presidente de Consejo Minero

Sr. director,

Me parece importante hacer algunos comentarios a la respuesta del señor Joaquín Villarino a mi carta anterior.

En primer lugar, sobre el doble rol de miembros de ONG como expositores y asesores parlamentarios, es una práctica que desconozco y que como organización no realizamos. Además, comparto su preocupación sobre la necesidad de regular la participación ciudadana en el parlamento. En efecto, ONG FIMA, junto a otras organizaciones, se encuentra participando de una convocatoria del Comité Bicameral de Transparencia del Congreso, que con apoyo del PNUD, está buscando normar estas actividades de participación. Así como un asesor parlamentario no debiera exponer en otra calidad, también debería ser inadmisible que quienes hayan financiado campañas o partidos políticos intervengan en las sesiones del congreso.

En seguida, creo que es positivo, y valoro, que la Industria Minera tenga la intención de poner mayor atención a los impactos que produce en los territorios que interviene. Lo anterior, lamentablemente, no ha significado que todos los proyectos mineros cumplan efectivamente con los estándares mínimos de protección ambiental y así ha sido, por ejemplo, cuando la institucionalidad ambiental ha sancionado fuertemente o rechazado algunos proyectos.

En ese contexto, no me parece apropiado continuar con un discurso que pretende obviar los casos en que hay claros y graves incumplimientos. Parte de contribuir al desarrollo sustentable, es propender a un funcionamiento institucional equilibrado que vele por la protección del medio ambiente. Eso, lejos de ser un lujo, es una necesidad.

Ver carta de Joaquín Villarino

Ver primera carta de Ezio Costa 

Carta de Ezio Costa en El Mercurio

Sr. Director:

Con respecto a la entrevista al señor Villarino publicada el miércoles por su medio, parecería razonable esperar un análisis más profundo y realista de parte de una persona en su cargo.

Un primer punto, es reconocer que una industria de extracción como la que representa, tiene enormes impactos sociales y ambientales, siendo difícilmente sustentable. Tanto esos impactos negativos, como los impactos positivos en empleo o crecimiento están directamente relacionados con el interés de generar ganancias por parte de las propias empresas mineras. Sus dueños e inversionistas legítimamente invierten con ese propósito y por lo tanto, creer que nuestro país tiene la obligación de soportar cualquier impacto por el solo hecho de que habría algunas externalidades positivas, representa una visión totalmente desconectada del bien común.

En seguida, es llamativo su intento de culpar a comunidades y ONG por los fracasos de su industria. Sin embargo, posiciona a su sector como convocante a un supuesto gran acuerdo nacional. ¿Será entonces, que a juicio del Consejo Minero, ese acuerdo tendría que tomarse sin quienes son críticos de la industria y sin las personas afectadas?

Por último, la única manera adecuada en que el derecho puede dar certeza jurídica, es mirando todas las variables de un sistema, de modo de entregar un resultado equilibrado. Favorecer los intereses de unos sobre otros de manera constante, no es certeza sino arbitrariedad o captura.

Así, desechar proyectos altamente contaminantes no es ni una farra ni un lujo, sino apenas un mínimo respeto por los derechos de las personas, las normas jurídicas y la vida en sociedad.

Ezio Costa Cordella

Abogado

Director Ejecutivo ONG FIMA