Publicada en El Mercurio el 07.03.18
Sr. Director:
El 4 de marzo se celebró un año desde la adopción del Acuerdo de Escazú. Fecha histórica para América Latina y el Caribe, ya que tras 7 años de negociaciones, al fin teníamos un acuerdo destinado a hacer cumplir el Principio 10 de la Declaración de Río, que establece los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Además, es el primer tratado en el mundo que establece de manera vinculante que los países deben velar por la seguridad de los popularmente llamados “Defensores Ambientales”.
A lo anterior, se suma que para Chile era especialmente valioso, pues fue nuestro país uno de sus principales promotores, lo que hacía presagiar que también sería uno de los primero en concurrir a su firma.
Sin embargo, un año después, todavía nos encontramos esperando explicaciones fundadas respecto a la decisión de último minuto de no firmar.
Por el contrario, no hemos recibido ninguna respuesta a nuestras solicitudes de audiencia y ni a las cartas enviadas. Pareciendo que la actitud sería la de omitir que alguna vez existió esta negociación y que las necesidades que Chile tiene al respecto, fueran un invento de quienes trabajamos en esta área. Peor aún, se levanta a nuestro país como anfitrión de la próxima COP25, como si el cambio climático y la Democracia Ambiental no tuvieran ninguna relación.
Confiamos en que antes de que mandatarios de todo el mundo lleguen a nuestro país, podamos evitar exponernos a un nuevo bochorno de política internacional, y poder recibirlos como el país número 17 de la región en firmar el Acuerdo de Escazú.
Gabriela Burdiles
Abogada.
Directora de Proyectos de ONG FIMA.
