Constanza Gumucio
Sofía Riveros
Nicole Mansuy
Investigadoras ONG FIMA
La magnitud de la crisis climática ha generado que las personas demanden cada vez más información de lo que ocurre en sus territorios y de cómo les afectan las actividades que se desarrollan en ellos.
El 22 de abril fue declarado, en 2009, el día internacional de la tierra por la Asamblea General de la ONU. El origen de esta conmemoración se remonta a una movilización nacional multitudinaria en Estados Unidos (1976), donde se reunieron por primera vez más de 20 millones de personas a manifestar su molestia por el deterioro que estaba sufriendo el medio ambiente. Esta movilización marcó un hito fundamental: la toma de conciencia por parte de la sociedad civil de la importancia de los asuntos ambientales y de la necesidad de actuar frente al problema, exigiendo a las tomadoras de decisiones que se hagan cargo.
Desde el 22 de abril de 1976 han pasado más de cuatro décadas y el escenario a nivel mundial y nacional no ha cambiado. En el caso de Chile, es notorio. Desde 2009 y 2010 ha habido grandes movilizaciones (por ejemplo, la “revolución pingüina”), donde también comenzaron a aparecer las temáticas ambientales (en el ejemplo, las movilizaciones por HidroAysén, Barrancones, Alto Maipo). Luego en 2019, en el contexto del “estallido social”, se convocó a 48 manifestaciones que propugnaban asuntos ambientales.
La preocupación por el medio ambiente no solo se ha relevado en los últimos años a través de movilizaciones, sino que también en lo institucional. Un ejemplo de ello es el proceso constituyente de 2017, en que se fijó al medio ambiente como uno de los valores, principios y derechos más relevantes; y actualmente tenemos una Convención Constitucional marcada por la consigna ambiental. Desde un inicio la elección de 16 convencionales con propuestas ambientales, demostró la importancia de la demanda ambiental, al igual que el reconocimiento de la crisis climática en su reglamento. Luego, la convención decidió establecer una comisión específica para tratar las temáticas ambientales, y en las iniciativas populares de norma se levantaron 11 iniciativas ambientales de las 77 que lograron firmas suficientes.
En este contexto, donde por primera vez podemos discutir democráticamente el texto de la Constitución, es importante resaltar la importancia que la Naturaleza y el medio ambiente ha tomado para la ciudadanía, y que esa toma de conciencia tiene como sostén el mayor acceso a la información que tiene la comunidad con respecto al deterioro del medio ambiente, pero también a su salud y calidad de vida. Esto ha llevado a que las personas quieran participar de las decisiones que afecten sus territorios y sus sistemas de vida, como también que exijan el respeto de sus derechos. Sin embargo, aún quedan muchas tareas pendientes en orden a dar respuesta a esta creciente preocupación por el medio ambiente.
La magnitud de la crisis climática ha generado que las personas demanden cada vez más información de lo que ocurre en sus territorios y de cómo les afectan las actividades que se desarrollan en ellos, así como la exigencia de más participación y el respeto a sus derechos por medio del acceso a la justicia. Esto es precisamente lo que recogen los pilares de la llamada “Democracia Ambiental”, a saber: el acceso a la información, participación y justicia. Y es que solo cuando existe una participación informada por parte de las comunidades en los procesos de toma de decisiones, se generan políticas ambientales más transparentes y mejor fundadas, lo que repercute a su vez en la existencia de un medio ambiente más sano y que las personas puedan gozar de calidad de vida, salud y alimentación.
Estas demandas han hecho eco en el seno de la Convención, existiendo propuestas que buscan fortalecer estos pilares. De esta manera, por ejemplo, a través de la creación de una Defensoría de la Naturaleza y del establecimiento de Acciones Populares para ampliar el acceso a la justicia, y de la consagración de un derecho de acceso a la información y participación, se está buscando avanzar en una mayor democracia ambiental. Estos derechos son vitales para que no se sigan reproduciendo injusticias ambientales y para evitar la generación de conflictos, por lo que relevar su desarrollo en la Constitución es fundamental en este día, donde se conmemora la preocupación de la tierra que todos y todas habitamos.
Columna publicada en El Desconcierto – 22/04/2022
