Convocatoria: Centro de Estudios FIMA

El Centro de Estudios FIMA (CEFIMA) es un espacio de reflexión y formación para ampliar las perspectivas de la política ambiental en Chile compuesto de forma voluntaria por estudiantes y profesionales de áreas afines. Para esta nueva versión, la temática será «Constitución ecológica en el Antropoceno», buscando abordar cómo el constitucionalismo en la modernidad se relaciona con la protección ambiental y cómo la narrativa del Antropoceno cuestiona esa conexión.

La participación es ad honorem y la fecha de inicio es el 1 de octubre.

Objetivos:

Este grupo de estudios se propone generar una discusión académica tendiente a la investigación frente a la siguiente pregunta: ¿qué características ha tenido el constitucionalismo en la modernidad y cómo se ha vinculado con la necesidad de protección ambiental? ¿Cómo la narrativa del Antropoceno cuestiona dicha vinculación?

El análisis a partir de esta pregunta llevará a discutir otras aristas, como los contenidos ecológicos de las constituciones, el rol de las ideas modernas en la conformación de la base normativa del Antropoceno, la regulación de la economía a través del derecho constitucional y ambiental, las tensiones generadas por la necesidad de transición en el contexto del Antropoceno, entre otros. Se buscará que a través de esta discusión se genere un inicio de investigación al respecto, el cual culminará en un ensayo.

Metodología:

Realización de un seminario, que se proyectará en sesiones de discusión cada 2 semanas, con preparación previa de una lectura
de 20-50 páginas, aproximadamente. Las semanas que no se realice sesión de discusión, las y los participantes del CEFIMA deberán realizar una minuta, entregar una reflexión o avanzar en una investigación, todas las anteriores guiadas por la y el coordinador.

Duración:

Las sesiones de discusión son cada 2 semanas durante 3 meses, y tienen una duración de 2 horas cada una.

Programación:

  • Sesión de discusión 1: Antropoceno y crisis de la modernidad
  • Sesión de discusión 2: Rol de las constituciones modernas en la crisis climática y ecológica
  • Sesión de discusión 3: Conflictividad socioambiental en el Antropoceno
  • Sesión de discusión 4: Discusión de temáticas de ensayos a trabajar
  • Sesión 5: Desafíos de la cuestión ambiental: sostenibilidad, justicia ambiental y ecocentrismo
  • Sesión 6: Constitución ecológica como respuesta al Antropoceno
  • Sesión 7: Exposición y revisión de ensayos

Postulación:

Para ser parte del CEFIMA se debe postular a través del formulario, y el plazo de postulación es hasta el 29 de septiembre.

Postula aquí

Juzgado de Chanco condena a Inmobiliaria Costa Calán al pago de costas en juicio contra defensor ambiental Rodrigo de la O

El Juzgado de Letras y Garantías de Chanco acogió este 28 de agosto el desistimiento de la demanda presentada por la Inmobiliaria Costa Calán contra Rodrigo de la O Guerrero en el 2020, condenando a la empresa a cubrir los gastos del juicio. Este caso es un ejemplo de lo que se conoce como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés), un mecanismo utilizado para silenciar y amedrentar a defensores ambientales y de derechos humanos.

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Seminario Internacional sobre Políticas Industriales y Crisis Climática

Este evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, además de la presentación de autoridades de Chile y Estados Unidos, y representantes de la academia, quienes abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática. 

Agosto, 2024. El próximo 29 de agosto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile será sede de una mesa redonda entre Chile y Estados Unidos sobre política climática e industrial, evento que busca fomentar el diálogo sobre políticas industriales, protección ambiental, políticas climáticas y comercio internacional.

El seminario contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales, además de la presentación inicial de autoridades como la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el Ministro de Energía, Diego Pardow, Heather Boushey, del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (NEC) y Economista Jefe del Gabinete Invest in America del Presidente Biden, además de representantes de la academia como Pablo Ruíz-Tagle, Decano de Derecho de la Universidad de Chile; Catalina Medel, Directora del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile (RegCom), y el director ejecutivo de ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile, Ezio Costa.

Organizado en conjunto por el Ministerio de Economía de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ONG FIMA, en este evento se abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática. 

  • Fecha: 29 de agosto de 2024
  • Hora: Primer bloque de 9:00 a 13:30 hrs, y segundo bloque de 14:30 a 16:30 hrs
  • Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ubicada en Pío Nono #1 Providencia, Santiago de Chile. Ver ubicación aquí.
  • Importante: cupos limitados
Inscripciones aquí

Consulta el programa a continuación:

Agenda

9:00 – 10:00 hrs: Bienvenida y protocolos

Palabras de Apertura a cargo de Autoridades:

  • Pablo Ruíz-Tagle, Decano de Derecho Universidad de Chile
  • Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente, Chile
  • Diego Pardow, Ministro de Energía, Chile
  • Heather Boushey, Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (NEC) y Economista Jefe del Gabinete Invest in America del Presidente Biden, (EE.UU.)
  • Catalina Medel, Directora del Centro de Regulación y Competencia (RegCom)
  • Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA.

10:00 – 11:30 hrs: Mesa 1 – La economía mundial y el cambio climático: Riesgos, oportunidades y caminos a seguir

Moderador: Por anunciar

Ponentes:

  • Heather Boushey, White NEC – «Riesgos económicos mundiales y oportunidades de la crisis climática»
  • Harley Shaiken, Universidad de California en Berkeley – «Cooperación entre EE.UU. y Chile en materia de cadena de suministro y transición hacia energías limpias» (EE.UU.)
  • Annie Dufey, Directora de Espacio Público – «Caminos futuros para las políticas económicas y climáticas» (Chile)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

11:30 hrs – Coffee break

12:00 – 13:30 hrs: Mesa 2 – Inversiones para solucionar la crisis climática y ecológica

Discurso de apertura: Nicolás Grau, Ministro de Economía, Chile. 

Moderador: Dra. Frances Colón, Senior Fellow, Center for American Progress

Ponentes:

  • Elizabeth Baltzan, Senior Advisor to the U.S. Trade Representative – «US industrial Policy and trade as a solution in the climate change toolbox». (EE.UU.)
  • Mike Williams, Senior Fellow, Center for American Progress [Confirmado] – «Inversiones y normas para el nuevo siglo» (EE.UU.)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

13:30 – 15:00 hrs: Lunch break

15:00 – 16:30 hrs: Mesa 3 – Soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia y protección de la biodiversidad

Moderador: Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

Ponentes:

  • Beatriz Bustos, Profesora Asociada, Departamento de Geografía, Universidad de Chile – «Implementación de soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana» (Chile)
  • Stephenne Harding, Directora Senior de Tierras del Consejo de Calidad Medioambiental de la Casa Blanca – «Una estrategia nacional estadounidense para la resiliencia climática» (EE.UU.)
  • Monica Dean, Directora de Prácticas sobre Clima y Sostenibilidad, Universidad del Sur de California – «Mejores decisiones medioambientales: análisis coste-beneficio y los servicios de los ecosistemas» (EE. UU.) (US)
  • Daniela Manusevich, Jefa División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (Chile)

Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas

Reforma ley 19300: 200 organizaciones de todo Chile llaman a bajar urgencia de ley de “permisología”

En una declaración apoyada por un amplio espectro de agrupaciones ambientales y territoriales, los firmantes indican las principales deficiencias del proyecto, el cual en lugar de proteger el medio ambiente es situado como un traje a la medida para los inversionistas

Luego de meses en que la narrativa de la “permisología” permeara toda la discusión política, económica y ambiental del país, el gobierno envió al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente – más conocida como 19300 – , la que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.

En la declaración, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalan que “el proyecto, que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, haciendo énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma acarreará. 

“Este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país. Genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo, y por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia, y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, señala Ezio Costa, Abogado y Director Ejecutivo de ONG FIMA.

En el documento se identifican 10 puntos como los más perjudiciales de la reforma, entre los que se encuentran el fin del principio preventivo en la evaluación de proyectos; aceleración de tramitación de proyectos elegidos discrecionalmente con el criterio político del gobierno de turno; creación de una estamento del Estado destinado a revisar y aprobar las reclamaciones de privados; se eleva el rol del Servicio de Evaluación Ambiental, dándole a éste la posibilidad de modificar sus observaciones para responder a un criterio economicista por sobre el de otros estamentos especializados. 

Por su parte, Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, señala, “El gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la ‘permisología’ contra la cual protestan ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales en Chile, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio. El propósito central de nuestro sistema ambiental es proteger el medio ambiente y, con ello, la salud de las personas y el patrimonio ambiental; por lo tanto, no podemos retroceder en sus estándares”, 

Larraín enfatiza que, “para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece dispuesto a asumir”.

Por otra parte, desde el mundo ambiental, se detecta la renuncia del gobierno a su propia propuesta en pos de las presiones del empresariado y la oposición. Al respecto, la declaración denuncia, entre otras: relega la participación local en la evaluación ambiental de proyecto, con indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Evaluación Ambiental; Deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original; Se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación. 

La declaración culmina con un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, insta al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues constituye un retroceso respecto a la legislación vigente. 

Revisa la declaración completa con firmas:

Declaración

¡Nuevo informe de ONG FIMA! Empoderamiento jurídico y defensa del territorio en Magallanes: El caso de la resistencia frente a la industria salmonera

Este documento elaborado por el equipo de empoderamiento y participación pública de ONG FIMA, aborda cómo ha sido el proceso de organización y empoderamiento jurídico de la comunidad Kawésqar y de las organizaciones de la sociedad civil frente al agresivo aumento de la industria salmonera en Magallanes.

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Encuentro regional: litigio climático y Acuerdo de Escazú para abogados del Caribe

El taller, que reunió a 14 abogados y abogadas de diversos países del Caribe, buscó proporcionar herramientas útiles y fortalecer las redes de colaboración en la región.

Julio, 2024. Entre el 25 y el 28 de junio, se realizó en Jamaica un importante taller organizado por ONG FIMA en colaboración con el Caribbean Natural Resources Institute (CANARI), con el objetivo de compartir experiencias sobre litigio climático y el Acuerdo de Escazú.

El taller, que reunió a 14 abogados y abogadas provenientes de Belice, Granada, Trinidad y Tobago, Jamaica, y Antigua y Barbuda, tuvo como propósito proporcionar herramientas útiles a los participantes y fortalecer las redes de comunicación y colaboración en la región. Durante su desesarrollo, cada participante presentó un caso relevante de su país para reflexionar sobre el mismo en el contexto del curso. Una de las actividades destacadas fue la visita a la comunidad de pescadores de Río Cobre, que lleva más de una década sufriendo los impactos de la contaminación causada por una mina de aluminio en el río. Los profesionales analizaron este caso y ofrecieron perspectivas y vías legales disponibles tanto a nivel nacional como internacional.

Una de las principales conclusiones destacadas por las y los participantes es que, a pesar de las diferencias culturales, los conflictos socioambientales presentan características similares, independientemente de su ubicación geográfica.

Ley para la Naturaleza: una oportunidad para reconectar con los territorios

Por Felipe Perillán, abogado de Incidencia en ONG FIMA

En los últimos años, Chile ha demostrado un compromiso creciente con la protección del medio ambiente y la conservación de su biodiversidad. Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una deuda histórica respecto de nuestra institucionalidad ambiental. Esta ley constituye un avance sustantivo en materia de conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas y creación de herramientas para dicho fin. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho camino por recorrer, estando pendiente la elaboración, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de reglamentos que establece la denominada “Ley para la Naturaleza”, así como la determinación de los nuevos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, la reclasificación y homologación de las áreas protegidas existentes, entre otras materias.

Estando aún pendiente el inicio de varios de estos procesos, es preocupante la poca difusión que el Ministerio ha dado a dos de estos: i) la determinación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales de Biodiversidad cuyo proceso de recepción de antecedentes para la macro zona norte ya concluyó, para la la macro zona centro se encuentra abierto hasta el 16 de junio y el de la macro zona sur aún no inicia y ii) la elaboración del reglamento de compensaciones de biodiversidad, para el cual se recibirán antecedentes hasta el 5 de agosto. Estos procesos son fundamentales para la instalación de la nueva institucionalidad, pues influirán directamente en la creación de instrumentos clave que operativizarán la ley. 

El primero de los procesos mencionados tiene una directa relación respecto de la forma en que los organismos del Estado con competencias ambientales tratan los sitios identificados como prioritarios de cara a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, siendo actualmente de mayor relevancia y considerados como tales los considerados en la Estrategia Nacional. Actualmente existen 350 sitios prioritarios de los cuales sólo 64 de ellos se encuentran reconocidos en la Estrategia Nacional, haciendo infructuoso el trabajo de levantamiento de información y destinación de recursos a nivel regional para la identificación de los 286 sitios restantes. Esta nueva identificación de sitios prioritarios en el marco del proceso de planificación ecológica que mandata la ley viene a determinar cuáles serán los que pasarán a regirse por los efectos de la nueva legislación y, por ende, podrán ser objeto de los distintos instrumentos de conservación que con ella se incorporan y gozarán de protección ante las infracciones establecidas. El segundo proceso mencionado apunta a la elaboración de un reglamento que definirá criterios y estándares a efectos de determinar, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias que se proyecta que produzcan los proyectos o actividades en evaluación ambiental, los que deberán cumplir con las reglas para la compensación específicamente en materia de biodiversidad.

Como lo mandata el Acuerdo de Escazú, adoptado por Chile, es esencial que se promueva una amplia participación ciudadana, no solo para la aportación de antecedentes sino también para las consultas públicas necesarias en el futuro. Escazú establece claros estándares de información y participación que deben ser respetados. No cumplir con estos estándares significaría no solo un incumplimiento del acuerdo, sino también una oportunidad perdida para fortalecer la gobernanza ambiental en el país.

En el mismo sentido debemos recordar la importancia de cumplir con las metas N° 21 y 22 del Marco Mundial de la Biodiversidad adoptado en la COP 15 de la Convención de Diversidad Biológica, del que Chile es parte y que van en la misma línea que Escazú. La meta N° 21 se enfoca en asegurar que los mejores datos, información y conocimientos estén disponibles para los encargados de la toma de decisiones, los profesionales y el público. Esto es esencial para una gobernanza eficaz y equitativa, y para una gestión integrada y participativa de la diversidad biológica. Asimismo, destaca la necesidad de mejorar la comunicación, la educación, la investigación y la gestión de los conocimientos, respetando siempre los conocimientos tradicionales y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con su consentimiento libre, previo e informado.

La meta N° 22, por su parte, subraya la importancia de lograr una participación y representación plena, equitativa, inclusiva y efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad en la toma de decisiones. También enfatiza el acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.

Es fundamental que el gobierno aproveche esta oportunidad para marcar una diferencia en la manera en que se toman las decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. La generación de procesos transparentes y participativos no solo reforzará la confianza pública, sino que también asegurará que las políticas y reglamentos desarrollados sean más robustos y eficaces. Para ello se requiere que la difusión de los procesos iniciados se lleve a cabo por medios adecuados y efectivos, siendo insuficiente su mera publicación en el Diario Oficial. Necesitamos la participación tanto de las comunidades locales como de la comunidad científica a fin de que esta nueva regulación pueda tener bases sólidas.

Instamos al Ministerio de Medio Ambiente a redoblar sus esfuerzos en la facilitación de información, generación de mecanismos de participación idóneos y difusión de estos importantes procesos y a cumplir con los estándares internacionales que hemos adoptado. Es momento de que el compromiso con la conservación de la biodiversidad se refleje no solo en palabras, sino en acciones concretas y transparentes.

Columna de opinión publicada en Ladera Sur – 13/06/24