El Juzgado de Letras y Garantías de Chanco acogió este 28 de agosto el desistimiento de la demanda presentada por la Inmobiliaria Costa Calán contra Rodrigo de la O Guerrero en el 2020, condenando a la empresa a cubrir los gastos del juicio. Este caso es un ejemplo de lo que se conoce como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés), un mecanismo utilizado para silenciar y amedrentar a defensores ambientales y de derechos humanos.
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Este evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, además de la presentación de autoridades de Chile y Estados Unidos, y representantes de la academia, quienes abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática.
Agosto, 2024. El próximo 29 de agosto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile será sede de una mesa redonda entre Chile y Estados Unidos sobre política climática e industrial, evento que busca fomentar el diálogo sobre políticas industriales, protección ambiental, políticas climáticas y comercio internacional.
El seminario contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales, además de la presentación inicial de autoridades como la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el Ministro de Energía, Diego Pardow, Heather Boushey, del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (NEC) y Economista Jefe del Gabinete Invest in America del Presidente Biden, además de representantes de la academia como Pablo Ruíz-Tagle, Decano de Derecho de la Universidad de Chile; Catalina Medel, Directora del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile (RegCom), y el director ejecutivo de ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile, Ezio Costa.
Organizado en conjunto por el Ministerio de Economía de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ONG FIMA, en este evento se abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía global en el contexto de la crisis climática.
Consulta el programa a continuación:
Agenda
9:00 – 10:00 hrs: Bienvenida y protocolos
Palabras de Apertura a cargo de Autoridades:
10:00 – 11:30 hrs: Mesa 1 – La economía mundial y el cambio climático: Riesgos, oportunidades y caminos a seguir
Moderador: Por anunciar
Ponentes:
Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas
11:30 hrs – Coffee break
12:00 – 13:30 hrs: Mesa 2 – Inversiones para solucionar la crisis climática y ecológica
Discurso de apertura: Nicolás Grau, Ministro de Economía, Chile.
Moderador: Dra. Frances Colón, Senior Fellow, Center for American Progress
Ponentes:
Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas
13:30 – 15:00 hrs: Lunch break
15:00 – 16:30 hrs: Mesa 3 – Soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia y protección de la biodiversidad
Moderador: Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA
Ponentes:
Habrá espacio para debate y sesión de preguntas y respuestas
En una declaración apoyada por un amplio espectro de agrupaciones ambientales y territoriales, los firmantes indican las principales deficiencias del proyecto, el cual en lugar de proteger el medio ambiente es situado como un traje a la medida para los inversionistas
Luego de meses en que la narrativa de la “permisología” permeara toda la discusión política, económica y ambiental del país, el gobierno envió al Senado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente – más conocida como 19300 – , la que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.
En la declaración, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran ONG ambientalistas, movimientos territoriales y pueblos indígenas, señalan que “el proyecto, que era esperado como una oportunidad de mejora en los estándares de protección ambiental, puede transformarse, en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno y por la oposición, en una amenaza las posibilidades de sustentabilidad, entregando un poder desmedido a los intereses económicos y limitando al control del Estado sobre el patrimonio natural del país”, haciendo énfasis en la profundización de la desigualdad y conflictos sociales que esta reforma acarreará.
“Este proyecto de ley no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas, está hecho simplemente como una lógica de favorecer ciertos intereses económicos más poderosos, cuestión que a larga genera grandes perjuicios para el país. Genera mayor conflictividad, menores posibilidades de desarrollo efectivo, y por lo mismo, creemos que debe hacerse una reflexión sobre este proyecto, quitarle la urgencia, y volver a ver si es posible una negociación que sea razonable para la protección ambiental”, señala Ezio Costa, Abogado y Director Ejecutivo de ONG FIMA.
En el documento se identifican 10 puntos como los más perjudiciales de la reforma, entre los que se encuentran el fin del principio preventivo en la evaluación de proyectos; aceleración de tramitación de proyectos elegidos discrecionalmente con el criterio político del gobierno de turno; creación de una estamento del Estado destinado a revisar y aprobar las reclamaciones de privados; se eleva el rol del Servicio de Evaluación Ambiental, dándole a éste la posibilidad de modificar sus observaciones para responder a un criterio economicista por sobre el de otros estamentos especializados.
Por su parte, Sara Larraín, Directora de Chile Sustentable, señala, “El gobierno y los sectores productivos parecen olvidar que la ‘permisología’ contra la cual protestan ha sido clave para mitigar los conflictos socioambientales en Chile, controlar la contaminación atmosférica y prevenir la proliferación de nuevas zonas de sacrificio. El propósito central de nuestro sistema ambiental es proteger el medio ambiente y, con ello, la salud de las personas y el patrimonio ambiental; por lo tanto, no podemos retroceder en sus estándares”,
Larraín enfatiza que, “para brindar certidumbre y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece dispuesto a asumir”.
Por otra parte, desde el mundo ambiental, se detecta la renuncia del gobierno a su propia propuesta en pos de las presiones del empresariado y la oposición. Al respecto, la declaración denuncia, entre otras: relega la participación local en la evaluación ambiental de proyecto, con indicaciones que restringen la injerencia de los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la Evaluación Ambiental; Deja de lado la posibilidad de revisar proyectos si es que surgen nuevos impactos no considerados previamente en la evaluación original; Se reduce la importancia del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos, limitando su intervención en la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento clave para la planificación.
La declaración culmina con un llamado al Ministerio de Medio Ambiente a quitarle urgencia legislativa al proyecto y, en caso de continuar, insta al Congreso a rechazar el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, pues constituye un retroceso respecto a la legislación vigente.
Revisa la declaración completa con firmas:
Este documento elaborado por el equipo de empoderamiento y participación pública de ONG FIMA, aborda cómo ha sido el proceso de organización y empoderamiento jurídico de la comunidad Kawésqar y de las organizaciones de la sociedad civil frente al agresivo aumento de la industria salmonera en Magallanes.
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El taller, que reunió a 14 abogados y abogadas de diversos países del Caribe, buscó proporcionar herramientas útiles y fortalecer las redes de colaboración en la región.
Julio, 2024. Entre el 25 y el 28 de junio, se realizó en Jamaica un importante taller organizado por ONG FIMA en colaboración con el Caribbean Natural Resources Institute (CANARI), con el objetivo de compartir experiencias sobre litigio climático y el Acuerdo de Escazú.
El taller, que reunió a 14 abogados y abogadas provenientes de Belice, Granada, Trinidad y Tobago, Jamaica, y Antigua y Barbuda, tuvo como propósito proporcionar herramientas útiles a los participantes y fortalecer las redes de comunicación y colaboración en la región. Durante su desesarrollo, cada participante presentó un caso relevante de su país para reflexionar sobre el mismo en el contexto del curso. Una de las actividades destacadas fue la visita a la comunidad de pescadores de Río Cobre, que lleva más de una década sufriendo los impactos de la contaminación causada por una mina de aluminio en el río. Los profesionales analizaron este caso y ofrecieron perspectivas y vías legales disponibles tanto a nivel nacional como internacional.
Una de las principales conclusiones destacadas por las y los participantes es que, a pesar de las diferencias culturales, los conflictos socioambientales presentan características similares, independientemente de su ubicación geográfica.
Se inicia el trabajo con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar en el marco del proyecto «Transferencias de Conocimiento para el Fortalecimiento de las Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental».
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Las 21 organizaciones sociales que componen la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas se reunieron para definir los focos y prioridades que guiarán su actuación durante los próximos tres años.
La actividad tuvo también la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, quien comentó algunas de las prioridades que tendrá la cartera para este año y agradeció la oportunidad de contar con una contraparte organizada en la materia de derechos humanos y empresas. «Este proceso nos permitirá avanzar en un proyecto de Ley de Debida Diligencia, clarificando el espacio de intervención de las empresas y su contribución a un cambio cultural y social demandado por la ciudadanía. Además, los estándares internacionales nos exigen cumplir con ellos», señaló.
La Plataforma es un espacio compuesto por organizaciones de la Sociedad Civil, que busca la articulación entre los diferentes actores sociales y políticos, y busca incidir en la adopción de instrumentos que regulen, promuevan y faciliten el pleno respeto de los derechos humanos por parte de los actores económicos, privados y públicos.
El equipo de Coordinación, compuesto por Carolina Rudnick de Libera, Yerko Ljubetic de la FEN UAH, y Juan Carlos Cayo del Observatorio Ciudadano, dio la bienvenida al proceso, que se extenderá por tres meses y abordará temas como la gobernanza, el sistema de decisiones, y las prioridades de la Plataforma
Para Yerko Ljubetic, también ex ministro del Trabajo, este trabajo representa “la consolidación de la Plataforma como una organización fuerte de articulación en materia de derechos humanos y empresas, y que piensa generar una propuesta desde la sociedad civil para una Ley de Debida Diligencia a fines de año”.
Por su parte, Carolina Rudnick señaló, “este proceso no sólo nos ha permitido conocer las proyecciones que tiene el gobierno con respecto a derechos humanos y empresas, sino también es un encuentro que nos permite ponernos de acuerdo en pos de instalar y fortalecer un sistema robusto de protección de derechos humanos por parte de las empresas”.
Fortalecer el trabajo de la plataforma DD.HH y Empresas
El fortalecimiento de la Plataforma es parte de los objetivos del proyecto REDAR (Respeto Empresarial, Derechos, Ambiente y Responsabilidad) financiado por la Unión Europea y adjudicado a ONG FIMA, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y el Observatorio Ciudadano, estos últimos como coejecutores.
Sobre esto, Carolina Palma, coordinadora de incidencia de ONG FIMA y quien también está a cargo del proyecto REDAR, comenta que “La Plataforma de Derechos Humanos y Empresas se ha visto fortalecida gracias al proyecto REDAR, financiado por la Unión Europea, con esto hemos logrado proporcionar herramientas para apoyar a las organizaciones y empoderar a la sociedad civil, además de fomentar la investigación y promover la incidencia en políticas públicas relacionadas con los derechos humanos y las empresas».
Por último, el coordinador Ejecutivo de la Plataforma, Roberto Morales, señaló que esta instancia permite que la Plataforma cumpla un rol mucho más activo desde el punto de vista de interlocución desde la sociedad civil con lo diferentes actores “para incidir de manera oportuna y pertinente para realizar los cambios estructurales, generar normas y leyes, y otro tipo de acciones que permitan incorporar las condiciones desde el punto de vista de los impactos negativos que están produciendo las empresas en su desarrollo productivo”.
Conoce más de la plataforma en el sitio www.derechoshumanosyempresas.cl
Curso gratuito especializado en litigio climático y Acuerdo de Escazú para abogadas y abogados ambientalistas del Caribe.
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“Poder Ambiental” es un sitio web que busca entregar información legal en palabras sencillas para quienes quieren cuidar el medio ambiente.
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En una reciente decisión judicial, se ha acogido el recurso de protección presentado por vecinas y vecinos en contra de la Municipalidad de Vichuquén, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, respecto al cierre de la desembocadura del Estero Llico, ordenando a dejar sin efecto el cierre artificial y abstenerse de repetir la acción sin las autorizaciones legales correspondientes.
Mayo, 2024. Durante años, la cuenca del Vichuquén ha sido escenario de denuncias por cierres ilegales en la desembocadura del Estero Llico. Desde el año 2014 se han registrado bloqueos con maquinaria pesada y relleno de arena con el objetivo de evitar que ingrese agua marina por el estero, buscando que el agua del lago Vichuquén mantenga su caudal estable. Para abordar los conflictos que esto generaba en la comunidad, se conformó una mesa técnica compuesta por la Dirección de Obras Portuarias de la Región del Maule, la Dirección de Aguas Región del Maule, la Armada de Chile, la Municipalidad de Vichuquén, y sociedad civil, el año 2015, del cual emana el “Protocolo de apertura y cierre desembocadura del Estero Llico”, sin embargo, se ha cuestionado su efectividad ya que, a la fecha, no han logrado resolver de manera efectiva los problemas.
Recientemente, en octubre de 2023, la Municipalidad de Vichuquén ejecutó nuevamente el cierre de manera ilegal, utilizando una barrera artificial que impide el flujo natural del agua. Estas acciones no solo infringen normativas ambientales y de aguas, sino que también tienen consecuencias directas en el ecosistema, como el aumento de material orgánico en el Estero Llico, lo cual podría estar relacionado con el manejo deficiente de aguas servidas y representa una amenaza para la biodiversidad del humedal y la población.
Producto de este último evento, vecinas y vecinos de la zona acudieron a ONG FIMA para que les represente en la interposición de un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Vichuquén, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas. El 30 de abril, la Corte de Apelaciones de Talca dictó una sentencia en la que se se acoge el recurso, fundamentando su decisión en la ilegalidad y arbitrariedad del cierre realizado por la Municipalidad de Vichuquén, y ordenando a dejar sin efecto el cierre y prohibiendo la realización de esta acción en el futuro sin las autorizaciones legales correspondientes.