El Convenio Iberoamericano para el Acceso a la Justicia: un instrumento transformador para garantizar los derechos humanos

Este instrumento ya cuenta con su primer borrador y desde la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) se trabaja en el desarrollo de una segunda propuesta en conjunto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile. 

Durante el año 2021, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) iniciaron un proceso histórico: la creación de un convenio internacional que establezca un marco normativo obligatorio para garantizar el acceso a la justicia en los países iberoamericanos. Esta propuesta surge en un contexto donde diversas barreras -económicas, geográficas, culturales, entre otras- dificultan dicho acceso, por lo que se busca establecer un estándar mínimo de garantías a escala internacional para asegurar que los Estados establezcan suficientes mecanismos para el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos ante tribunales.

¿Qué dice el primer borrador del convenio? 

El documento preliminar plantea un enfoque integral que no solo refuerza los mecanismos jurisdiccionales tradicionales, sino que también incorpora estrategias preventivas como la educación en derechos, el empoderamiento jurídico y la asistencia legal gratuita. Además, destaca la necesidad de garantizar una justicia más inclusiva, considerando medidas específicas para mujeres, niños, personas con discapacidad, comunidades indígenas y poblaciones en contextos de exclusión social.

Entre los puntos clave del Convenio está la promoción de mecanismos de justicia alternativa y restaurativa, incluyendo la mediación, el arbitraje y la justicia comunitaria, con el objetivo de hacer más accesible la resolución de conflictos. También se propone la implementación de un sistema de justicia abierto basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, asegurando que la información sobre el funcionamiento del sistema judicial sea comprensible y accesible para toda la población.

“Existen varios obstáculos que enfrentan las personas para acceder a la justicia en Iberoamérica, los cuales varían de país a país. En principio están, por ejemplo, el que no exista un acceso gratuito a la justicia, la ausencia de funcionarios y funcionarias especializados y capacitados para atender adecuadamente a poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad o que la justicia tome demasiado tiempo en cumplir con lo resuelto, etc.”, explicó Sofía Rivera, investigadora del equipo de  Estudios de ONG FIMA, organización que promueve este convenio en Chile.

Participación de la sociedad civil 

La participación de la sociedad civil ha sido clave en el proceso de elaboración del Convenio, siendo ONG FIMA un punto focal en Chile. La organización ha aportado especialmente en la coordinación de las instituciones interesadas en el acceso a la justicia. En este sentido, un hito clave fue la realización del  “Encuentro Regional: Avanzando hacia el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia”, desarrollado en diciembre de 2024, el cual impulsó el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de la academia, destacando la participación del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, todos estos esfuerzos, se han hecho en estrecha colaboración con “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” (ACIJ), organización argentina que ha sido líder en la articulación de la sociedad civil iberoamericana. 

Dentro de las observaciones que han realizado las OSC iberoamericanas, se ha enfatizado en que los Estados asuman compromisos vinculantes en lugar de limitarse a recomendaciones, asegurando además la asignación de recursos financieros y humanos para implementar las políticas acordadas. Por otro lado, se ha insistido en que el Convenio garantice un enfoque inclusivo, eliminando barreras económicas, geográficas y culturales que aún persisten en la región.

“La participación de la sociedad civil es una de las más importantes porque son quienes están a ‘pie de cañón’, acompañando, guiando y orientando a las personas sobre cómo acceder a la justicia, ofreciendo defensa gratuita y viviendo el proceso de acceso junto a las víctimas y usuarios. De igual forma, la academia cumple el rol de ser el pensamiento crítico, reforzando el conocimiento práctico con un sustento teórico que permite identificar y mejorar los obstáculos que enfrentamos”, señaló la investigadora de ONG FIMA. 

Otro punto relevante impulsado desde las OSC es la creación de un robusto sistema de datos de justicia que permita recopilar información detallada sobre las necesidades jurídicas y la calidad de los servicios. Mediante la implementación de encuestas de victimización, estudios cualitativos y el seguimiento de indicadores, se busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que facilitaría el acceso público a la información, permitiendo que la ciudadanía supervise y participe activamente en la mejora continua del sistema de justicia. 

Desafíos y rol clave de Chile

Chile juega un rol esencial en el desarrollo del Convenio Iberoamericano para el Acceso a la Justicia, ya que su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido designado como el organismo técnico encargado de liderar el proceso de redacción del documento. Esta responsabilidad representa una oportunidad única para que las organizaciones nacionales participen activamente y contribuyan con sus aportes a la construcción de un marco normativo que garantice un acceso equitativo y efectivo a la justicia en toda la región.

Mientras las autoridades de la COMJIB y los Ministerios de Justicia analizan el borrador y consideran las propuestas de la sociedad civil, las organizaciones participantes del proceso, trabajan para que el contenido del Convenio reconozca los desafíos y brechas de la región, e incorpore medidas que permitan la operacionalización del instrumento lo antes posible.

En este contexto, se está organizando el evento “Diálogos para la Justicia”, que se llevará a cabo el 19 de marzo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El espacio busca reunir a diversas OSC, con el objetivo de recopilar críticas, comentarios y sugerencias que fortalezcan el Convenio, de cara a las próximas etapas de su negociación. La interacción entre quienes enfrentan diariamente barreras para acceder a la justicia y los especialistas académicos será clave para identificar los principales desafíos y oportunidades que deberá abordar este convenio regional.

Tribunal anula programa de cumplimiento de procesadora de salmones Dumestre y ordena reanudar procedimiento sancionatorio

La empresa incumplió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante 2020 y 2021.

Febrero, 2025. El Tercer Tribunal Ambiental acogió un recurso de ilegalidad contra el Programa de Cumplimiento de la planta procesadora de salmones Dumestre, de la empresa Australis Sea Food, ubicada en Puerto Natales. Con ello, ordena la reanudación del procedimiento sancionatorio en su contra.

Durante la etapa de construcción de la planta, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) recibió una serie de denuncias porincumplimientos ambientales. Las fiscalizaciones comprobaron que la empresa extrajo áridos de canteras no informadas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y desvió el tránsito de camiones por rutas no autorizadas, como la zona de interés turístico Torres del Paine y la costanera de Puerto Natales, provocando también un considerable aumento del tráfico de camiones. Además, se constató que la empresa intervino un área mayor a la autorizada, sin restaurar la capa vegetal afectada.

Ante esto, la SMA formuló cargos contra Dumestre, calificando estas acciones como graves y leves. En respuesta, la empresa presentó un programa de cumplimiento para evitar sanciones, el cual fue aprobado por la SMA en marzo de 2024.

Sin embargo, desde ONG FIMA en representación de Loreto Vásquez, representante  de A.C.U.E. y vecina de Puerto Natales, impugnó la decisión de la SMA ante el Tercer Tribunal Ambiental, argumentando que el programa de cumplimiento no era válido, ya que los daños ya habían ocurrido en la fase de construcción y no podían ser corregidos en la etapa operativa.

En su sentencia, el Tribunal acogió la reclamación obligando a la SMA a retomar el procedimiento sancionatorio contra Dumestre. Esto debido a que el Plan no cumplía con el criterio de eficacia ya que no garantiza el retorno al cumplimiento de la normativa ambiental. Además, señaló que la obligación incumplida, como el uso de rutas no autorizadas, solo pudo haberse corregido durante la fase de construcción, por lo que pretender subsanar en la fase de operación era inviable. 

“Este fallo sienta un precedente clave en fiscalización ambiental, destacando que los Planes de Cumplimiento deben evaluarse en detalle, especialmente su eficacia para determinar si la obligación puede cumplirse o no” comenta Sofía Barrera, abogada y encargada de litigios en ONG FIMA.

Coordinador Jurídico de FIMA participa como consejero del CNDT

Desde agosto de 2024, Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA, es parte del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), organismo que asesora al Presidente en políticas de desarrollo urbano, rural y ordenamiento territorial. Con su participación en subcomisiones temáticas, busca aportar en protección ambiental, participación y gobernanza.

Ante la creciente complejidad de los desafíos territoriales en Chile, repensar la planificación urbana y rural se vuelve necesario. El país enfrenta problemáticas que van desde el incremento de familias residiendo en campamentos, la ocupación de áreas expuestas a desastres naturales hasta la proliferación descontrolada de parcelaciones rurales, entre otras. Este escenario exige políticas públicas que reconozcan la diversidad de realidades en cada zona, promuevan la descentralización y abran espacios de diálogo para la construcción de soluciones integrales.

En este contexto, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) fue creado en 2023 como un organismo que reúne a 49 integrantes del sector público, la academia, gremios y la sociedad civil, con el fin de asesorar al Presidente de la República para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT). Para ello, la discusión en el CNDT apunta a generar instrumentos y herramientas que consideren la singularidad de cada región, permitiendo decisiones acordes a cada territorio.

 
El rol de ONG FIMA

Tras un proceso electoral de 2024, ONG FIMA, en conjunto con la Fundación Basura, fue elegida como parte de las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en las discusiones y subcomisiones del CNDT.

Para el trabajo de ONG FIMA, ser parte  de este espacio es de gran importancia, especialmente en los debates que abordan la actualización de políticas de desarrollo urbano y  estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. En este sentido, la participación de Marcos Emilfork, apunta a  contribuir a que las políticas territoriales integren los retos ambientales y climáticos, sin desvirtuar el enfoque en la sostenibilidad y la equidad.

“Estamos trabajando desde hace un par de meses en subcomisiones temáticas. Son ocho y ONG FIMA participa en la subcomisión relacionada a temas ambientales y en otra subcomisión relacionada a temas de participación y gobernanza, donde justamente la idea es elaborar, definir objetivos generales, específicos y lineamientos para concretizar estas políticas y que puedan ser operativas a lo largo de los años”, explica Marcos Emilfork.

Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y consejero del CNDT

Entre las prioridades de estas subcomisiones se encuentra la protección de ecosistemas, gestión sostenible de recursos y promoción de una gobernanza inclusiva. Para ello, los diversos actores trabajan en la creación de herramientas que respondan a los conflictos territoriales derivados de fenómenos como el cambio climático y el desorden en el desarrollo rural.

Desafíos y proyecciones

Por otra parte, uno de los mayores retos del CNDT es la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que desde su creación en 2014 no ha integrado adecuadamente temas como el cambio climático, la mitigación ante desastres o la integración entre áreas urbanas y rurales. Al respecto, ONG FIMA busca contribuir a esta revisión, reconociendo que la planificación debe adaptarse a las realidades actuales para ser efectiva.

“Se espera poder terminar el trabajo de actualización y definición de objetivos y lineamientos asociados a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Probablemente después pasaremos a discutir lo mismo en torno a la Política Nacional de Desarrollo Rural y la idea en definitiva sería lograr documentos consistentes. Políticas que estén legitimadas por cada uno de los estamentos, gremios y finalmente consejeros quienes son los que discuten y participan en esta instancia para lograr en definitiva que los espacios de toma de decisiones y también reformas legislativas y normativas necesarias puedan ser ajustadas conforme a estos lineamientos”, puntualiza el abogado.

El trabajo del CNDT y de sus integrantes es un esfuerzo para avanzar hacia una planificación territorial que sea equitativa, descentralizada y sostenible, atendiendo las diversas realidades de las comunidades a lo largo del país. 

Nueva convocatoria para la Revista Justicia Ambiental

Publicada anualmente, cuenta con dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia.

Febrero, 2025. Se ha abierto una nueva convocatoria para la edición número 17 de la Revista Justicia Ambiental, invitando a académicos, profesionales y organizaciones a enviar artículos sobre justicia ecológica, antropoceno, giro ontológico y transición ecológica.

Esta iniciativa, impulsada por ONG FIMA en colaboración con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, busca fomentar el desarrollo del Derecho Ambiental y el debate crítico en torno a temáticas fundamentales para la justicia ambiental. La revista, que se publica anualmente desde 2008, está compuesta por dos secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia.

Las y los interesados podrán enviar artículos para ambas secciones desde cualquier disciplina académica, siempre que aborden cuestiones relacionadas con la justicia ambiental. Entre los temas de interés se incluyen la transición justa, regulación ambiental, energías y derecho ambiental, institucionalidad ambiental, bienes comunes y propiedad, nuevas formas de economía, participación ciudadana, ordenamiento territorial, gobiernos locales, derecho a la ciudad, derechos humanos ambientales, derechos de la naturaleza, cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas como humedales y zonas marinas, entre otros.

Las postulaciones deberán enviarse en dos archivos separados: uno con la obra anonimizada y otro con los datos del autor o autora (nombre y afiliación académica). Ambos deben ser enviados al correo revista@fima.cl antes del 16 de marzo de 2025.

Para conocer las instrucciones detalladas sobre formato, extensión y normas editoriales, visita el siguiente enlace: Normas para autores.

También puedes encontrar más información y conocer las ediciones anteriores de la revista en www.revistajusticiaambiental.cl

¡Participa y contribuye al debate sobre justicia ambiental!

La Araucanía: Corte Suprema confirma sentencia contra piscicultura en río Chesque

La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por comunidades de la región de La Araucanía contra la piscicultura Chesque Alto, que opera desde 1998 sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

 

Enero, 2025. Chesque Alto, zona cordillerana de la Región de la Araucanía, forma parte de la Reserva de la Biósfera “Araucarias”, cercano al parque Nacional de Villarrica y en la orilla del volcán del mismo nombre (Rukapillan en mapudungun). Allí conviven comunidades mapuches y emprendimientos turísticos que dependen del Esteros Nalcahue y el Río Chesque. Además, el río es parte de la norma secundaria de calidad de la aguas, de la cuenca del río Valdivia. 

Desde hace años, la comunidad ha denunciado la contaminación de este cuerpo de agua producto de la actividad de la empresa “Acuícola e Inversiones Nalcahue Limitada”, una piscicultura de salmónidos que funciona desde 1998 en el lugar sin Resolución de Calificación Ambiental, ya que vertía los residuos de su producción a pocos metros de un sitio ceremonial mapuche.

“Nuestras familias han vivido y trabajado junto al río (Leufu Chesque) desde siempre y el impacto que esta empresa causó a nuestras comunidades no es solo material y económico, sino que también cultural y espiritual. Por eso estamos satisfechos de que finalmente la Corte Suprema haya acogido esta demanda y terminado con la amenaza que implica salmonera”, señalan Juan Huilipan de la comunidad Gregorio Alcapan y Juan Paillamilla, de la comunidad José Caripan y quien también es también agente de salud mapuche.

Si bien contó con una Resolución de Calificación Ambiental el año 2019, esta fue revocada el 2021 por no haberse evaluado correctamente las consecuencias del vertimiento de residuos industriales en el Estero Nalcahue. Pese a ello, la empresa continuó operando, lo que generó mayores vertidos contaminantes y conflicto con las comunidades locales. Es por ello que las comunidades presentaron un recurso de protección para solicitar que, mientras no se otorguen los permisos pertinentes, se suspenda el vertimiento de químicos contaminantes en el río, lo que afecta su salud y el desarrollo de ritos y actividades ceremoniales.

“Este fallo es un triunfo para las comunidades de Chesque Alto y Hualapulli, quienes llevan años insistiendo ante la institucionalidad ambiental para pedir algo tan sencillo: la evaluación ambiental de la industria que contamina su río. La Corte es clara en su sentencia al señalar que los organismos especializados deben actuar de forma oportuna, de lo contrario se vulneran derechos fundamentales”, comenta Antonia Berrios, Coordinadora General de ONG FIMA y abogada de la Comunidad. 

La Corte no solo revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había desestimado el caso, sino que también destacó la importancia de dar celeridad a la tramitación de denuncias ambientales. La Corte, además, ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente que resuelva el procedimiento sancionatorio contra la empresa en un plazo de 90 días, y que tome las medidas necesarias para resguardar la salud de la población y el medio ambiente, determinando que este organismo debe coordinarse con otras autoridades pertinentes y, en caso necesario, oficiar a la Contraloría General de la República para que realice las fiscalizaciones correspondientes.

Rechazo transversal a declaraciones de J.A Kast contra Matías Asún

Rechazo transversal a declaraciones de J. A Kast contra Matías Asún

Las organizaciones firmantes rechazamos las declaraciones emitidas por José Antonio Kast el pasado domingo 12 de enero en el programa Mesa Central de Canal 13. Es inaceptable que figuras públicas, con incidencia política y social, promuevan ideas que atentan contra el ejercicio de la democracia y los Derechos Humanos, y, en este caso, amenacen a trabajadores públicos, a dirigentes sociales y a ciudadanos con arrebatarles sus fuentes de trabajo o expulsarlos del país por el simple hecho de cumplir con su trabajo y
misión. Este tipo de mensajes evocan episodios lamentables de nuestra historia que no debemos permitir que se repitan: afortunadamente, los tiempos en que el Estado chileno exilió y exoneró a personas por no compartir las ideas de sus gobernantes quedaron en el pasado.

Matías Asun, como líder de Greenpeace Chile durante más de 10 años, ha dedicado su vida de manera pacífica y legal a la defensa del medio ambiente. Su trabajo se ha enfocado en promover la protección de los ecosistemas y denunciar proyectos que generan impactos devastadores para la naturaleza y las comunidades locales. Su compromiso y labor son un aporte fundamental para avanzar hacia un futuro más sostenible y justo, por lo que el libre ejercicio de su labor y el nuestro no sólo debiese estar garantizado por el Estado, sino que además debe ser fomentado y protegido por él, tal como se comprometió al adherir al Acuerdo de Escazú.

Reafirmamos nuestro apoyo y solidaridad con Matías Asun -y con todas las personas que día a día defienden nuestra naturaleza y ecosistemas- y hacemos un llamado a las autoridades, líderes de opinión y la ciudadanía a condenar aquellos discursos que dividen y que buscan deslegitimar causas esenciales como la justicia ambiental.

Convocamos a los medios de comunicación serios a no dar tribuna a estos discursos de odio que solo buscan afectar la paz social y sacar réditos de corto plazo, pero cuyos impactos calan profundamente en nuestro sistema democrático. Asimismo, denunciamos la arremetida mediática en contra de organizaciones ambientales, la cual ha aumentado sistemáticamente en nuestro país y en el mundo. Frenar las noticias falsas o sacadas de contexto es una responsabilidad y un deber de cada uno de los actores de esta sociedad.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando unidos por la defensa de la democracia, los Derechos Humanos y el medio ambiente.

 
Adhieren a esta declaración 130 organización y más de 370 personas de todo Chile:
Agrupacion Aisen Reserva de Vida – Agrupación Multicultural Todas las Artes – Alerta Isla Riesco – Alianza territorial para la naturaleza y la biodiversidad – Fundación Lenga – Amigas y Amigos de la Naturaleza – Amnistía Internacional – Artesanas y tejedoras Ensenada – Asamblea El Manzano – Asociación Chilena de Voluntarios – Asociación de Chilenos de Basel(Suiza) – Asociación indígena multicultural ecológica costera inti chupika – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Aula de Mar – Canelo de Nos – Capsis – Catemu en Movimiento – Cedem – Centro Cultural Caleta Horcón – Centro cultural social y deportivo Rafael Pizarro Alvarado – Centro Cultural y de Información El Monte – Centro Ecuménico Diego de Medellín – Cerefan – Cerro Navia Somos Todos – Colectivo Cine Forum – Colectivo Fidelistas por siempre – Colectivo Teológico 14M – Comisión Chilena de Derechos Humanos – Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, Codeff – Comité Unión Diguillín – Comunidad Amanecer – Comunidad El Ciruelo Sur – Comunidad kawesqar at’ap – Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar – Comunidad Mapuche Huilliche PEPIUKELEN – Coordinadora Defensa Akunkawa – Coordinadora nacional contra Aguas San Isidro – Coordinadora Tocopilla Digna – Corp. Comuna Nueva – Corporación Artistas Pro Ecología – Corporación Camino a Farellones – Corporación Chelenko – Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho – Corporación El Canelo – Corporación Innovación y Ciudadanía – Corporación La Caleta – Corporación Mujeres Siglo XXI – Corporación por la Preservación y Rehabilitación de la Fauna Andina (CEREFAN) – Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén – Defensa Ambiental Región de Coquimbo – Defensoría Ambiental ONG – Departamento DDHH, Medio Ambiente y Biodiversidad COLMED Valparaíso – EcoWiluz AgroEcologia y Soberanía Alimentaria – Escazú Ahora Chile – Escuela Permanente PRAIS – Estero de Limache Sin Acueducto – Federación Regionalista Verde Social – Federación Regionalista Verde Social – Frevs Ñuble – Fundación Achercándose – Fundación Aulas de Cambio – Fundación Aysenda – Fundación Chile Sustentable – Fundación Chile Verde – Fundación Ciudadanos y Clima – Fundación ecociencias – Fundación Glaciares Chilenos – Fundación Lenga – Fundación Newenko – Fundación Ngenko – Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES – Fundación Ojos de mar – Fundación Origen – Fundación Pensamiento Verde – Fundación Protege los Molles – Fundación RedFe – Fundación Rewilding Chile – Fundación Ruta de la Paz – Fundación Tantí – Fundación Terram – Futaleufú Riverkeeper – Conadecus – Instituto de Ecología Política – Junta de vecinos Parque Quillay – Justicia y Paz, Iglesia Aysén – Kolectiva Feminista Gloria Lagos Nilsson de Puerto Williams – Las Ecológicas de Porvenir Alto – Latinas por el Clima – Mi comuna eco-lógica – Ministerio Ecológico Presbiterio de San Juan – Modatima Antofagasta – Modatima Punta Arenas – Movimiento no más anglo – Movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y el medioambiente (MODATIMA) – Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble – Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero – Mujeres en Resistencia Chile – Mujeres por el Buen Vivir – No a Comahue – No Alto Maipo – Ñuble Libre – Observatorio de Género y Equidad – Oceana – ONG Defensa Ambiental – ONG Ecosistemas – ONG FIMA – ONG Playeras – Plataforma de acción y educación para el resguardo ambiental y social – ONG Uno Punto Cinco – Orden Franciscana Seglar – Otros Cruces – Parlamento Ambiental Ciudadano – Parque Comunitario Panul – Parque Puerto Fonck – Plastic Oceans Chile – Red de Acción por los derechos ambientales RADA – Red de Humedales de Chile – Red por la Defensa de la Precordillera – Revista Pantana – Ruteros – San Antonio Ambiental – Sitio de Memoria Irán 3037- Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes – Somos Biodiversidad, de cordillera a mar – Somos Cuencas – Sphenisco Chile – Taller de buceo Kawésqar kskoi – Tu Aldea – Veeduria Ambiental Chinchina Caldas Colombia – Voluntariado IESA Contigo – Wanaku Akunkawa

Justicia Ecológica es el hilo conductor de la nueva edición de la Revista Justicia Ambiental

Revista Justicia Ambiental N°16
Este jueves ONG FIMA presentará en la Fundación Heinrich Böll la edición número 16 de su tradicional publicación 

Enero 2025. La Revista Justicia Ambiental es una publicación anual llevada a cabo por ONG FIMA desde el año 2010, y que cuenta actualmente con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Su objetivo es contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión y profundización sobre temas jurídicos relevantes en la materia.

Esta edición estuvo a cargo  de Antonio Pulgar Martínez y Sofía Rivera Berkhoff, y tiene como hilo conductor la justicia ecológica. En ella se abordan temas clave como la litigación climática, los derechos de agua indígenas, la responsabilidad ambiental de las empresas, el empoderamiento jurídico y la transición justa, destacando entre los autores, la participación de Tônia Horbatiuk, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental y Ecología Política en la Sociedad de Riesgo-GPDA/UFSC, con su artículo «La justicia ecológica y el “giro ontológico”», y el abogado Antonio Rivas con «Posibilidades y limitaciones para la litigación climática en Chile vistas desde la perspectiva del recurso de protección». A su vez, escribe Diego Zúñiga, Analista Legal de la Dirección General de Aguas de Antofagasta sobre «Los derechos ancestrales de aguas indígenas y su cosmovisión en la zona norte de Chile», y Carla Figueroa, Asesora legal de Academia Into Space, sobre «Las etapas de cierre y post cierre de la faena minera: responsabilidad ambiental de las empresas mineras ante los pasivos ambientales mineros». 

La publicación también incluye los estudios de «Tendencias en los litigios ecológicos y climáticos en América Latina» del Observatorio de Litigación Ecológica y Climática de América Latina, y los estudios de ONG FIMA «Empoderamiento jurídico y defensa del territorio en Magallanes», «¿Hacia una transición justa?: recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel», y «Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética».

“La justicia ecológica es un tema clave para reflexionar sobre la crisis climática y ecológica actual. Uno de los desafíos jurídicos de esta era se relaciona con la importancia de valorar los ecosistemas más allá de lo económico, incorporando los ciclos e interacciones entre componentes ambientales, las funciones climáticas que estos ecosistemas generan o los propios valores culturales asociados a distintos territorios que han determinado prácticas y formas de relacionarse con el entorno. Estos aspectos, muchas veces invisibilizados, son esenciales para enfrentar las asimetrías de poder y reducir la conflictividad socioambiental”, comenta Antonio Pulgar, coordinador de estudios en ONG FIMA y uno de los editores de la Revista.

La Revista será lanzada el jueves 9 de enero a las 18 hrs en la sede de la Fundación Heinrich Böll. Para el lanzamiento, que requiere inscripción previa, contaremos con las presentaciones de: Rodrigo Astorga, coordinador del eje de transición socioecológica de la Fundación Heinrich Böll; Dominique Herve, directora del Programa en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales; y Rodrigo Míguez Núñez, abogado especializado en el fortalecimiento de capacidades locales. Actualmente es profesor asociado en el departamento de transición ecológica y desarrollo sustentable de la Universidad de Eastern Piedmont, además de coordinador del Proyecto Speak4Nature, iniciativa que busca empoderar a individuos y comunidades para que participen activamente en los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y restauración del hábitat. 

El lanzamiento también será transmitido a través del canal de YouTube de ONG FIMA.

Luego del evento, la revista Justicia Ambiental N°16 estará disponible para su revisión y descarga gratuita en www.revistajusticiaambiental.cl, junto a todas las ediciones anteriores.

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina
En un esfuerzo sin precedentes, organizaciones de México, Panamá, Perú y Chile forman parte del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), que busca combatir la pesca ilegal a través de herramientas satelitales y un enfoque colaborativo. La iniciativa promete marcar un antes y un después en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos de la región.

La pesca en aguas continentales es una importante fuente de alimentos y en 2019 representó el 12,7% de la producción pesquera mundial, siendo también una fuente de empleo para aproximadamente 58 millones de personas. Sin embargo, su importante relevancia económica se ha visto opacada por la pesca ilegal, una actividad que, según Naciones Unidas,  representa pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y armas. 

En América Latina, esta práctica no solo amenaza los ecosistemas marinos, sino también los derechos humanos y las economías costeras. Algunas de las consecuencias de gran alcance de esta actividad incluyen la pérdida de biodiversidad, el aumento de plástico en los océanos y violaciones de los derechos humanos (incluida la pesca pirata, los conflictos por las zonas de pesca en alta mar, el trabajo infantil y forzado, y la trata de personas).

Frente a esta realidad, surge el Proyecto Legal Ocean Watch (LOW) ha desarrollarse entre el 2024 y 2026, que considera la participación de cuatro organizaciones no gubernamentales latinoamericanas y caribeñas especializadas en conservación marina y costera: Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, y la organización líder del proyecto, FIMA de Chile.

LOW nace como una respuesta urgente y necesaria que busca comprender las principales oportunidades y desafíos en el uso de información satelital en procesos institucionales para controlar la pesca ilegal en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo mostrar el comportamiento de la pesca a nivel global proporcionando herramientas para recabar información sobre esta práctica ilícita y para esto, cuenta con el apoyo de la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW).

“Hoy en día la pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no sólo por la depredación del recurso pesquero, el agotamiento de las pesquerías, sino también por la contaminación que eso significa y los delitos o conductas asociadas a la pesca ilegal como la trata de personas o tratos de esclavitud. Global Fishing Watch tiene una herramienta increíble para poder mapear y encontrar esa actividad en los océanos, por ello distintas organizaciones nos reunimos para comprender cómo usar los sistemas de posicionamiento satelital y monitorear la actividad humana en el mar, en específico en relación a la pesca ilegal. De esta forma,  buscamos entender cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden usar esta información para mejorar las posibilidades de perseguir y capturar la pesca ilegal que ocurre en nuestros océanos”,  señaló Antonia Berrios, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.

Tecnología al servicio de la sostenibilidad

Uno de los pilares del proyecto es el uso de sistemas satelitales como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por GFW. Estas herramientas no solo permiten detectar embarcaciones en tiempo real, sino también recopilar datos que podrían ser utilizados en litigios o para mejorar la regulación pesquera. Para ello, las organizaciones participantes se capacitaron en jornadas de tres días para conocer la forma de utilizar estos instrumentos tecnológicos, los que serían un recurso para eventualmente presentar procesos administrativos, civiles o en otros casos penales y así disminuir la pesca ilegal. 

“En efecto, la problemática no es nada más de estos cuatro países, es a nivel mundial, y lo que está haciendo Global Fishing Watch es apoyar con herramientas de datos satelitales. La tecnología ayuda mucho a lo que es el análisis de la inteligencia para ver el comportamiento de las flotas pesqueras, ya sea supervisar las flotas pesqueras del pabellón nacional o bien ver las flotas pesqueras del pabellón extranjero que entran a las aguas jurisdiccionales de los países. Y con esto ellos puedan tener por lo menos insumos, reportes de eventos, tener imágenes satelitales y una serie de instrumentos que pueden ser evaluados en conjunto con otros más que pueden aportar para así levantar un caso robusto”, explicó Gabriel Caballero, oficial de Políticas de Panamá para Global Fishing Watch.

Innovación y colaboración

Las organizaciones participantes, no solo cuentan con experiencia en conservación marina, sino también en incidencia política y legal. Por ejemplo, DAN ha capacitado a organizaciones civiles sobre el marco legal mexicano, ha presentado denuncias sobre daños a los ecosistemas y ha exigido acciones gubernamentales para proteger especies en peligro de extinción. CIAM ha abogado por la ratificación de acuerdos internacionales, mientras que DAR ha influido significativamente en las políticas ambientales de Perú. Estas capacidades serán fundamentales para enfrentar los retos de una región donde los sistemas de trazabilidad y monitoreo siguen siendo limitados.

A esto se le suma el nuevo conocimiento de los sistemas de monitoreo, cuyas jornadas de trabajo fueron valoradas de manera positiva por las organizaciones participantes. “En esta oportunidad hemos intercambiado nuestras respectivas legislaciones, en mi caso contando  cómo es en Perú, estableciendo avances en torno al concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si bien nuestra regulación es adecuada en cuanto a la creación de instrumentos legales, aún persiste una brecha en su implementación y fiscalización. En este sentido, la herramienta de monitoreo satelital podría ser de gran utilidad, pero es fundamental que esté acompañada de transparencia, gobernanza e institucionalidad a nivel nacional”, puntualizó Sofía Rodríguez, especialista del Programa Sostenibilidad de DAR.

Por su parte,  Joana Ábrego, gerente legal de CIAM comentó: “Es importante para Panamá ser un país modelo para otras naciones en la gestión sostenible de sus recursos pesqueros, de manera que se evite la depredación de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas naturales, especialmente los océanos, son cruciales para los medios de vida de las comunidades y para la resiliencia ambiental, que ya enfrenta amenazas como el cambio climático, poniéndolos en grave riesgo. La presión humana ejercida sobre el medio natural, a través de una pesca no regulada o inadecuada, genera un impacto excesivo en estos ecosistemas. Por ello, es fundamental utilizar todos los recursos legales posibles, junto con las nuevas tecnologías, para proteger estos ecosistemas esenciales para el mundo”.

Resultados esperados y visión a futuro

A corto plazo, el proyecto aspira a fortalecer las capacidades de las organizaciones involucradas para utilizar datos satelitales en estrategias legales y administrativas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios clave que faciliten el uso de esta información en procesos institucionales. Además, se busca promover relaciones éticas y colaborativas con comunidades locales que puedan verse afectadas por la pesca ilegal.

“Creo que el primer paso es lograr un mayor entendimiento dentro de las organizaciones que formamos parte, para luego transmitirlo hacia el exterior, ya sea a las autoridades, las comunidades o según las capacidades de cada organización. En el caso de México, donde las autoridades pesqueras no suelen ser muy transparentes, este tipo de herramientas podría ser de gran utilidad si lográramos implementarlas y utilizarlas para promover la transparencia (…).Por ello, es importante probar el sistema, evaluar cómo funciona y determinar hasta qué punto las autoridades están dispuestas a abrirse, transparentar procesos y aceptar este tipo de nuevas tecnologías”, detalló María Llano, directora del Programa de Análisis de Políticas Públicas y Legislación de DAN. 

El proyecto Legal Ocean Watch representa una oportunidad única para abordar una problemática global desde una perspectiva regional, innovadora y colaborativa. En un contexto donde la sostenibilidad de los océanos es clave para la supervivencia de las comunidades costeras, iniciativas como esta no solo son relevantes, sino también urgentes.

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Si bien no es novedad que los medios de corte conservador y cercanos a las industrias extractivas hagan notas peyorativas sobre organizaciones de la sociedad civil, hemos observado que desde hace un tiempo esto se ha intensificado y personalizado. Algunos medios de comunicación, entre ellos notoriamente Ex Ante, han tenido una arremetida en contra de algunas organizaciones ambientales, incluida ONG FIMA.

La estrategia que observamos es sencilla y peligrosa. Consiste en levantar y presentar información descontextualizada para generar sospechas sobre nuestro trabajo, a la vez que se realizan asociaciones políticas que no son reales, para intentar señalar que detrás de nuestras organizaciones hay intereses que van más allá de la defensa del medio ambiente. Se agregan datos irrelevantes e inconexos y se hacen operaciones como sumar montos de muchos años para abultar cifras y hacer parecer realidades que no son tales. Esta estrategia además, busca explotar los sesgos cognitivos, de modo de generar confirmación en quienes ya tienen una opinión contraria a la defensa ambiental y disponibilidad para quienes no tienen esa opinión.

No sabemos a ciencia cierta cuál es la motivación para estos ataques reputacionales, pero podemos suponer que tiene relación con la molestia que provoca en ciertos sectores nuestro rol en casos emblemáticos. Entre ellos, por ejemplo, la defensa del Archipiélago de Humboldt contra el proyecto Dominga y el seguimiento de múltiples casos de incumplimientos ambientales de la industria salmonera, que han generado daños al medio ambiente. Coincidentemente, la temporalidad de las notas se relaciona con eventos importantes relativos a estos casos.

Entre los intentos de denostar a ONG FIMA, una táctica que ha sido utilizada constantemente es poner en duda la legalidad y legitimidad de los contratos que tenemos con algunos municipios que han solicitado nuestro apoyo para la defensa de los intereses de sus vecinos en materia ambiental, así como del proyecto que realizamos desde enero 2023 hasta diciembre de 2024 con el Gobierno Regional de Valparaíso, relativo también al empoderamiento jurídico para el acceso a la justicia y el derecho al ambiente sano.

Todos estos contratos corresponden a labores realizadas para distintos municipios, en distintas temporalidades, durante más de una década, y no ha existido conflicto de interés o problemas de ejecución en ninguno de ellos. Conscientes de que no existen problemas de legalidad, el modo de enlodar nuestra labor es mediante estas acusaciones genéricas. Por nuestra parte, tenemos un compromiso con la transparencia, y toda la información de las organizaciones con las que trabajamos, nuestros ingresos y memorias anuales, está disponible en nuestra página web.

Corren tiempos difíciles, en que ciertas personas y organizaciones creen que minar la credibilidad de organizaciones de la Sociedad Civil y dañar el tejido social es una buena estrategia para sus intereses particulares. Pero sin perjuicio del daño que se nos provoque, queremos hacer un llamado a la responsabilidad y la paz cívica entre los distintos estamentos de la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la defensa de intereses diversos, entendemos que ello puede ser incómodo para ciertos grupos de poder económico y político, pero queremos remarcar que nuestra organización trabaja en niveles de alto profesionalismo y ejerciendo las herramientas legales que nuestra institucionalidad reconoce.

Por anacrónico que suene en esta era, queremos concluir esta declaración pidiendo a todos los actores sociales, incluidos gremios y medios de comunicación, una razonabilidad mínima que nos permita procesar nuestras diferencias de manera institucional, en lugar de embarcarnos en prácticas de enlodamiento y agudización de las diferencias. La promoción de la desinformación y las campañas de desprestigio de personas y sus labores son un riesgo para la democracia, la estabilidad y la convivencia social.

Para que no queden dudas, dejamos aquí algunas aclaraciones:

  • ONG FIMA fue fundada en 1998 por un grupo de abogados preocupados por la situación ambiental de Chile y porque las personas y comunidades puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.
  • Nuestra organización no tiene ningún vínculo con ningún partido político.
  • Como Organización no gubernamental, ONG FIMA no tiene dueño ni fines de lucro. Las personas que trabajan en nuestra ONG solo reciben su remuneración.
  • Nuestra organización nunca ha sido sancionada con ocasión de alguna relación contractual con organismos del Estado.
  • La sustentabilidad de nuestra organización se basa principalmente en la adjudicación de fondos internacionales para proyectos específicos relacionados con la protección del medio ambiente, la investigación en esta materia y el acompañamiento a comunidades entre otros.
  • ONG FIMA implementó entre 01 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2024 el proyecto “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, el cual tiene sus rendiciones de cuentas al día sin mayores inconvenientes ni cuestionamientos y ahora se encuentra en proceso de rendición final.

 

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile
Chile avanza en la protección de defensores de derechos humanos y del medio ambiente con la entrada en vigencia de un protocolo específico, enmarcado en los compromisos del Acuerdo de Escazú. Este instrumento busca garantizar su seguridad y promover un entorno que facilite la defensa de derechos fundamentales.

Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales han trabajado históricamente en un entorno marcado por conflictos socioambientales y presiones económicas. Así se ha visto con casos emblemáticos como el de Julia Chuñil, desaparecida en la Región de Los Ríos hace dos meses y reconocida por su activismo y defensa del bosque nativo; o el de Rodrigo de la O, fundador y director de Maule-Itata Coast Keeper, quien se opuso públicamente al desarrollo de un proyecto inmobiliario en el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, humedal costero de alto valor ecológico y que fue demandado sin fundamentos por la empresa con el solo propósito de hacerlo desistir de su defensa. Estos hechos ejemplifican cómo estas situaciones tienden a ser una constante para quienes buscan el cuidado del medio ambiente. 

En el mundo también se ha visto un aumento en las amenazas contra activistas, líderes comunitarios y periodistas. En 2022, según Global Witness, una persona defensora fue asesinada cada dos días en América Latina, lo que resulta en que nuestra región concentra más del 60% de estos casos con países como México, Colombia y Brasil a la cabeza. Estos informes subrayan la urgencia de implementar soluciones efectivas. En Chile, aún no hemos llegado a los niveles de nuestros vecinos, sin embargo, cada día conocemos más casos de amedrentamiento, amenazas y demandas legales. 

En este contexto, el Acuerdo de Escazú, ratificado en nuestro país en 2022, marca un hito como el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que vincula derechos humanos y medio ambiente. Este compromiso internacional además de establecer principios como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, recalca la protección prioritaria a quienes defienden el medio ambiente, reconociendo los riesgos inherentes a su labor.

En Chile, el Acuerdo ha implicado superar desafíos importantes. La necesidad de adaptar el marco legal y desarrollar políticas públicas ha llevado al país a ponerse al día en aquellas áreas donde estaba más débil, especialmente el artículo 9 del tratado que indica que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.  Es por ello, que el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, significa un avance en esta materia, buscando mejorar la respuesta del Estado y establecer medidas de articulación institucional.

“El protocolo de Protección a las personas defensoras de Derechos Humanos es un avance en una materia en la que estábamos totalmente en deuda en Chile. Si bien, en su elaboración hubiésemos agradecido una mayor participación ciudadana, creemos que la puesta en marcha de esta instancia de coordinación es fundamental para visibilizar la labor que realizan quienes día a día están en los territorios trabajando por conservar nuestro medio ambiente”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora del Proyecto Escazú y Clima de ONG FIMA.  

¿Qué es el Protocolo? 

El Protocolo, que empezó a regir a partir del 27 de diciembre, fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en él se establecen medidas para prevenir riesgos, como la identificación temprana de amenazas y la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales. Además, fomenta la articulación interinstitucional y la capacitación de funcionarios en derechos humanos, asegurando que el enfoque sea integral y especializado. 

Sin embargo, el protocolo enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales es garantizar que los recursos asignados para su implementación sean suficientes y sostenibles en el tiempo. También existe preocupación respecto a la voluntad política necesaria para asegurar que las medidas se apliquen de manera uniforme en todo el país, especialmente en contextos de conflicto socioambiental. Y aunque la participación de la sociedad civil es un elemento positivo, es crucial que esta no sea simbólica, sino que implique una influencia real en la toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que se requieren recursos suficientes y mecanismos de seguimiento sólidos, que incluyan la participación activa de los defensores en todas las etapas.

«Se trata de un primer paso pero no es suficiente, ya que su impacto dependerá de cómo se articulen las instituciones responsables y se implemente. Hoy en día proteger a los defensores no es solo reaccionar ante amenazas, sino también reconocer públicamente su valor por alzar la voz. Este protocolo debe ser más que un documento, debe convertirse en una garantía real para que sigan trabajando sin miedo», puntualiza Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.