Crisis climática y responsabilidades estatales: presentan libro con herramientas clave para la justicia ambiental

“State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation”, es el nombre del libro coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile que será lanzado en el marco de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia  en La Haya sobre la opinión consultiva realizada por Vanuatu. 

Entre el 2 y el 12 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia iniciará las audiencias públicas sobre la opinión consultiva realizada por la Asamblea General de la ONU, e iniciada por el país insular Vanuatu, respecto a las responsabilidades de los Estados ante la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos.

En este contexto, el miércoles 4 de diciembre en el hotel Marriot de La Haya, se realizará el lanzamiento de forma presencial del libro “State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation” («Responsabilidades Estatales en la Crisis Climática: Normas Legales y Litigio Global»), coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Este libro es un proyecto colectivo que reúne las contribuciones de más de 10 académicos de renombre en Derecho Internacional Ambiental, provenientes de diversas regiones del mundo. Su objetivo principal es explorar las obligaciones legales de los Estados frente a la crisis climática, una problemática que exige una respuesta global urgente. 

Derecho para la justicia ambiental

El libro aborda los desafíos de la transición ecológica desde una perspectiva jurídica, destacando el rol del Derecho en la protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Estado de Derecho en un contexto de crisis climática. 

A través de un análisis detallado, el ejemplar conecta estas obligaciones con los derechos humanos, subrayando cómo la inacción frente al cambio climático afecta a las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables. En este sentido, propone reformas institucionales que permitan avanzar hacia la justicia climática, reconociendo responsabilidades y estableciendo estándares legales que respondan a las demandas de las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, el texto profundiza en el papel que deben jugar los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, junto con las instancias judiciales nacionales, para ser clave en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad frente a las consecuencias del cambio climático. A lo largo de los capítulos, se destacan las responsabilidades diferenciadas entre los países y la necesidad de que las leyes evolucionen para adaptarse a los retos del siglo XXI.

Fruto del trabajo de académicos de distintas regiones del mundo, esta obra explora soluciones jurídicas innovadoras para enfrentar la crisis climática, integrando valores esenciales como la dignidad humana y la integridad ambiental. Con un enfoque global, el libro invita a repensar el sistema jurídico actual para convertirlo en una herramienta transformadora hacia un futuro más sostenible.

Al respecto, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, señala que este documento trata varios temas relacionados con las preguntas que deben ser resueltas en la audiencia de la CIJ. “Entre ellos cuestiones como la protección de los derechos humanos de los migrantes climáticos, la protección de la naturaleza, la forma en que los estados deben cumplir internamente con obligaciones de protección de su población a propósito de la crisis climática y también como otros tribunales ya han abordado el asunto, por ejemplo como lo hizo el Tribunal del Derecho del Mar, son algunos de los capítulos interesantes que tiene el libro”, comenta. 

El libro no solo se limita al análisis académico, sino que también ofrece herramientas prácticas para involucrar a un público más amplio en la lucha por la justicia climática. En paralelo con la publicación, se ha creado un MOOC (Massive Open Online Course) que se ofrecerá de manera gratuita en la plataforma Udemy, con el objetivo de acercar el tema del litigio climático estratégico a estudiantes, profesionales y activistas interesados en el tema. Este curso, que cuenta con la participación de académicos y abogados de organizaciones internacionales como Greenpeace y Price for Oil, busca empoderar a los participantes para que comprendan y utilicen el derecho como herramienta de acción climática, brindando una perspectiva amplia y global sobre cómo las comunidades pueden utilizar las vías judiciales para abordar la crisis climática. 

Audiencias en la Corte Internacional 

Vanuatu, un pequeño estado insular que enfrenta su desaparición debido al aumento del nivel del mar, es uno de los países más afectados por la crisis climática, a pesar de ser responsable de una baja emisión de huella de carbono. Estos países, aunque tienen mínima contribución a la problemática, son los primeros en sufrir sus consecuencias, y muchos de sus habitantes ya se ven obligados a migrar por razones climáticas. 

En un esfuerzo por hacer frente a esta situación, Vanuatu presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, un mecanismo que permite obtener un precedente no vinculante sobre temas con poca jurisprudencia internacional. Esta solicitud busca esclarecer las obligaciones de los estados frente a los impactos de la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos, utilizando el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» del derecho internacional ambiental, que establece que todos somos responsables, pero de manera desigual, según nuestras capacidades y emisiones.

Es por esto que La Corte Internacional de Justicia escuchará las opiniones de más de 100 países sobre esta solicitud durante audiencias que se llevarán a cabo entre el 2 y el 12 de diciembre en el Palacio de la Paz de La Haya. Aunque la opinión consultiva no es vinculante, su desarrollo puede servir como un importante precedente legal y fortalecer el argumento de que la justicia ambiental debe ser alcanzada mediante un enfoque equitativo.

Más de 40 funcionarios municipales se reunieron en el 4° “Encuentro Municipio Verde”

El evento, realizado el pasado 15 de noviembre,  fue organizado por  ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo del Programa de Sustentabilidad de la UTEM. En la instancia, se  reunieron 43 funcionarios y funcionarias de las áreas de medio ambiente de 19 municipios,  con el objetivo de generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la gestión ambiental municipal.

Algunos de los municipios que llegaron hasta la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), fueron Santiago, Viña del Mar, San Joaquín, Recoleta, Cartagena, San Antonio, El Quisco, Mostazal y San Clemente, entre otros.

“Nos alegra mucho haber culminado nuestro 4° Encuentro de Municipio Verde en conjunto con UTEM y FES”, dijo Carolina Palma, politóloga y coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA. “Esperamos haber aportado en un espacio de reunión para funcionarios y funcionarias de distintos lugares de nuestro país, donde se sientan alentados a aprovechar las oportunidades que les entrega la ley para llevar a cabo la gestión ambiental de la comuna. Nos entusiasma aportar en la generación de espacios de conversación en torno a las estrategias y desafíos que han asumido los municipios en materia ambiental”.

El director de Proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES), Christian Sánchez, indicó que “para avanzar en la gestión ambiental, la crisis climática y la biodiversidad necesitamos de un trabajo conjunto. En ese sentido, el apoyo mutuo que hemos tenido con los Municipios Verdes ha sido muy fructífero este cuarto año de trabajo. Para ello, buscamos aportar en entregar herramientas que sean útiles para quienes llegan a trabajar el medio ambiente en las diversas comunas que abarca Municipio Verde”.

Por otra parte, Carolina Rojas, coordinadora de Compromiso Institucional del Programa de Sustentabilidad UTEM, señaló que “los municipios, al igual que la UTEM, enfrentamos retos comunes, como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, entre otros, que tienen un impacto significativo en los territorios. Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es esencial crear y fortalecer redes de colaboración, compartir experiencias y construir un conocimiento colectivo que maximice los resultados de nuestro trabajo en las comunidades. En este contexto de urgencia climática, la unión de esfuerzos entre el Estado, la academia, la sociedad civil y las comunidades es más necesaria que nunca. Solo a través de una acción conjunta, podremos diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y adaptadas a las realidades locales, asegurando un impacto positivo y duradero en los territorios”

Durante el Encuentro se llevó a cabo la presentación del informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, un documento elaborado por ONG FIMA con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, que contiene información sobre las principales competencias con las que cuentan los municipios en temas ambientales.

Se trata de la segunda versión del informe cuya primera edición fue publicada en 2021. En el documento actualizado, se encuentra el detalle de las leyes ambientales publicadas desde entonces hasta la fecha, como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso y la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, el texto incluye un capítulo sobre leyes ya publicadas que aún no se implementan de forma plena, pero que representan oportunidades para la gestión ambiental municipal, entre ellas, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“El informe de Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal se elaboró de manera participativa, con Municipios Verdes que nos colaboraron con sus iniciativas, desafíos y oportunidades”, explicó Carolina Palma de ONG FIMA. “Esperamos que sea una herramienta útil para funcionarios y funcionarias municipales en la gestión ambiental local”.

El informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades está disponible en el siguiente enlace:

Poder Ambiental

Posteriormente, los funcionarios y funcionarias municipales fueron parte de un taller sobre Poder Ambiental, un sitio web que busca entregar información legal para la defensa del medio ambiente en un lenguaje claro y sencillo.

En esta ocasión, el taller ahondó en tres de las entradas disponibles en la página y que refieren a la gestión de los gobiernos locales: Competencia legales en materia ambiental; Gestión Ambiental Local; y Protección de Ecosistemas y Ordenamiento Territorial.

El sitio web Poder Ambiental fue desarrollado por ONG FIMA en el marco del programa Transferencias de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental llevado a cabo con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

Municipio Verde

El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna. Los municipios que deciden firmar este compromiso reciben material de apoyo para el uso de sus facultades ambientales y pueden participar de actividades de capacitación y de intercambio de experiencias, tal como el Encuentro Nacional de Municipios Verdes.

Actualmente hay 36 municipios comprometidos, de los cuales 6 se encuentran en la Región de Valparaíso: Casablanca, Concón, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Además, también son parte de este compromiso comunas como Calama, Ñuñoa, Rancagua, Talca, Hualpén, Ancud y Coyhaique.

Revisa aquí una galería del evento:

Transición energética y derechos humanos: comunidades exponen ante la CIDH las vulneraciones por la extracción de litio

El 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar las vulneraciones asociadas a la extracción de minerales como el litio. Se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

La transición energética, fundamental en la lucha contra el cambio climático, ha impulsado una demanda creciente de minerales críticos como el litio, que se utiliza en la fabricación de baterías para energías renovables. Sin embargo, esta transición ha tenido un costo significativo para las comunidades de América Latina, donde la explotación de estos recursos ha generado graves consecuencias sociales y ambientales. 

Ante esta problemática, organizaciones de la Alianza Humedales Andinos solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar estos impactos y solicitar recomendaciones específicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos. La instancia se llevó a cabo el 15 de noviembre, donde se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA, abrió la jornada ante la CIDH, destacando los desafíos y contradicciones que enfrenta América Latina en el contexto de la transición energética. Pino subrayó cómo, en lugar de fortalecer las economías de las comunidades afectadas, los proyectos de extracción de minerales están debilitando la regulación ambiental y limitando la participación local, abriendo espacio para la explotación desmedida por parte de empresas transnacionales.

“Los efectos de la crisis climática ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente, en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia”, comentó.

Además, el abogado explicó que a medida que se posicionan proyectos de transición energética, también se multiplican las voces que demandan una “transición justa”. “Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso”, añadió.

Impacto de la extracción de litio en Chile

Diversos testimonios expusieron cómo las actividades extractivas han afectado sus ecosistemas y sus formas de vida. Un ejemplo desde Chile, fue la intervención de Lady Sandon, originaria del pueblo Atacameño Lickanantay y representante de la Comunidad Atacameña de Coyo, ubicada en la cuenca del Salar de Atacama, quien relató los impactos de la sobreexplotación del agua en su territorio, especialmente debido a la extracción de litio, y cómo las políticas estatales y privadas están vulnerando los derechos de su comunidad.

“Lo que está pasando en nuestros territorios es por incumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno a través de Corfo, porque se están vulnerando nuestros derechos en post de extraer litio que es agua salada. Además, donde no llega el Estado, llega el privado, ofreciendo solucionar los servicios básicos, como salud, educación, agua potable, energía, como moneda de cambio por el territorio. Empresas como SQM, Albemarle y Codelco, a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora el agua de nuestro abuelo salar”, afirmó Sandon.

Asimismo, agregó que la Estrategia Nacional del Litio es un claro ejemplo de la falta de igualdad de condiciones y acceso a la información en los procesos de consulta indígena. “Para el mundo occidental son recursos, en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tienen la espiritualidad del pueblo, con importancia para el mundo global tenemos la ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos, son claves para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestros derechos”, concluyó. 

Testimonios en Latinoamérica

Además de los testimonios de Chile, se compartieron otras preocupantes historias de vulneraciones de derechos humanos y ambientales provocadas por la extracción de minerales críticos en diferentes países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se expuso cómo las comunidades han sufrido desplazamientos forzados debido a la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

“Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación”, manifestó Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

En Argentina, regiones como el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y la Cuenca de Salinas Grandes han sido escenario de impactos devastadores. En el primero, la extracción masiva ha secado ríos y humedales, mientras que en Salinas Grandes, más de 38 comunidades indígenas ven amenazada su supervivencia debido a la contaminación y la disputa por los recursos hídricos. Pese a la riqueza de recursos naturales, las comunidades denuncian que estas actividades no solo dañan el ambiente, sino que agravan desigualdades y violan sus derechos, mientras el Estado prioriza las inversiones extranjeras por sobre la protección del territorio.

Verónica Chávez, integrante de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes, resume la situación: “Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias, está en peligro. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral”. 

Finalmente, la situación en Bolivia es igual de alarmante. El Salar de Uyuni, el mayor del mundo, alberga unos 21 millones de toneladas de litio, lo que lo posiciona como un centro clave para la explotación de este mineral. Adicionalmente, existen otros 26 salares reservados por norma para esta actividad. Aunque la extracción estatal del litio inició formalmente en 2024, ya se han invertido más de 1.000 millones de dólares en proyectos durante más de una década. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como problemas de corrupción y la firma de acuerdos con empresas rusas y chinas sin consultar a las comunidades locales. Esto, además, se combina con el impacto ambiental significativo de la extracción, que implica la retirada de millones de metros cúbicos de agua, amenazando los frágiles ecosistemas del altiplano. 

«Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción de litio recién este año ya desde hace 12 años el propio estado boliviano viene vulnerando derechos: Se han realizado 2 ‘denominadas consultas públicas’ el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas, elaboradas sin información precisa existente, sin responder a las preguntas y preocupaciones de los participantes. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de sus vertientes y pozos”, detalló Oscar Campanini, director e investigador del Centro de Documentación e Información, Bolivia. 

Llamado a la acción: Recomendaciones urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de emitir recomendaciones a los Estados para proteger los derechos humanos. En este sentido se espera que emita un informe con recomendaciones para abordar las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de litio en América Latina y también organice «visitas in loco» para documentar las violaciones de derechos humanos en los países afectados. 

Estas acciones serían clave para que los Estados adopten medidas eficaces que protejan a las comunidades y sus ecosistemas, promoviendo un desarrollo que respete tanto los derechos humanos como el medioambiente. La audiencia frente a la CIDH marca un hito en la lucha por una transición energética que proteja los ecosistemas y respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

¿Qué es la Alianza de Humedales Andinos?

Su objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, ONG Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. 

Conoce más de la Alianza aquí.

Responsabilidades de los Estados frente a la Crisis Climática

En el contexto de la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Vanuatu ante la Corte Internacional de Justicia, surge una oportunidad histórica para que la ley supere las barreras políticas. Es momento de buscar la justicia climática, reconociendo responsabilidades, estableciendo nuevas normas y reformando nuestras instituciones para proteger la dignidad humana, la integridad ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Desde ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, hemos desarrollado el proyecto “Responsabilidades de los Estados frente a la Crisis Climática” junto a destacados académicos internacionales en derecho ambiental.

Con ello, ponemos a disposición el libro “State Responsibilities in the Climate Crisis”, disponible de forma gratuita y en inglés. Este recurso analiza estándares legales y estrategias de litigación global para enfrentar la crisis climática.

Además, ya está disponible un curso MOOC (Massive Online Open Course) online y gratuito en inglés, dividido en dos secciones, donde podrás profundizar en las responsabilidades legales de los Estados y explorar cómo traducir estas normas en acción concreta. Pronto estará disponible en Udemy con los siguientes módulos:

  1. State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation.
  2. State Responsibilities in the Climate Crisis: Climate Action through Advisory Opinions and More.

Finalmente, te invitamos a revivir la transmisión online del evento de lanzamiento del proyecto que se llevó a cabo este 4 de diciembre en La Haya. Puedes verlo aquí.

Revisa la galería del lanzamiento aquí:

Talleres en la Región de Valparaíso enseñarán a la ciudadanía cómo hacer denuncias ambientales

Las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué, Catemu y Putaendo serán sede de una serie de talleres sobre denuncias ciudadanas y fiscalización ambiental.

¿De qué forma los vecinos y vecinas pueden involucrarse en la protección de la naturaleza? Cuidar el medio ambiente es tarea de toda la población, y una de las formas más eficaces para contribuir en esta labor es por medio de la fiscalización ciudadana.

Por ello, con el fin de dar a conocer las principales herramientas de la ciudadanía para denunciar el daño al medio ambiente y enseñar cómo utilizarlas, una serie de talleres sobre fiscalización ambiental y denuncias ciudadanas se estarán desarrollando en las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué,  Catemu y Putaendo entre el 4 y el 14 de noviembre. Esto en el marco del programa Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental que ONG FIMA lleva a cabo con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso.

Los talleres serán impartidos por las funcionarias y funcionarios que fueron parte del programa durante el 2024, con la guía de profesionales de ONG FIMA dedicados a procesos de empoderamiento jurídico y participación ciudadana. Serán instancias gratuitas y abiertas a todos los vecinos y vecinas que deseen participar.

Con el fin de tener un registro aproximado de asistentes, se recomienda completar el formulario de inscripción de cada comuna.

Las fechas y lugares son:

Algarrobo

  • Fecha: 4 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Centro del Adulto Mayor (CAM) de Algarrobo, ubicado en calle Brasilia #1160
  • Link de inscripción

Catemu

  • Fecha: 05 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Salón Parroquial de la Iglesia San José, ubicada en Calle Borjas García Huidobobro s/n, Catemu
  • Link de inscripción

Quilpué

  • Fecha: 07 de noviembre
  • Hora: 17:30 a 21:00 hrs.
  • Lugar: Salón Luciano San Martín, ubicado en el tercer piso del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Quilpué
  • Link de inscripción

Cartagena

  • Fecha: 09 de noviembre
  • Hora: 10:00 a 14:00 hrs.
  • Lugar: Casa del Adulto Mayor, ubicada en Av. Cartagena 537
  • Link de inscripción

Putaendo

  • Fecha: 14 de noviembre
  • Hora: 15:00 a 19:00 hrs.
  • Lugar: Sede Junta de Vecinos Putaendo Urbano en Ambrosio Camus 291
  • Link de inscripción

Viña del Mar

  • Fecha: 12 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Hotel O’Higgins (Plaza Vergara s/n, Viña del Mar)
  • Link de inscripción

Sobre el proyecto

El programa Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental se lleva a cabo gracias al financiamiento de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. Consta de un asesoramiento a 12 municipios de la región para que estos, ante situaciones de conflictos socioambientales, puedan tomar un rol activo en las acciones jurídicas y/o institucionales.

El programa comenzó en marzo de 2023 a través de la capacitación de funcionarios municipales de Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, así como con la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona. 

Durante 2024, se capacitó en derecho ambiental a funcionarias y funcionarios municipales ligados al área de medio ambiente de las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué, Catemu y Putaendo. Los talleres de fiscalización ambiental y denuncias ciudadanas son una de las últimas etapas de este trabajo de acompañamiento.

Nuevo Policy Brief de la Alianza de Humedales Andinos: Análisis de la Estrategia Nacional del Litio

La Alianza de Humedales Andinos ha publicado un segundo Policy Brief titulado «Red de Salares Protegidos: Análisis crítico de la implementación de criterios de la Estrategia Nacional del Litio»

En este documento se evalúan los criterios empleados para la priorización de la Estrategia, identificando brechas que favorecen la explotación por sobre la protección ambiental. Los salares, fundamentales para el equilibrio socioecológico, enfrentan riesgos no evaluados adecuadamente, lo que podría generar impactos irreversibles en estos ecosistemas ya vulnerables.

Entre las conclusiones principales, se identifican cinco aspectos claves que no están siendo considerados: el balance entre criterios productivos y ecológicos, la protección de ecosistemas vulnerables, adecuada participación ciudadana y consulta indígena, la transparencia en la información pública y comprender adecuadamente la interconexión entre los salares y acuíferos subterráneos.

Alianza de Humedales Andinos

La Alianza de Humedales Andinos reúne a organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y movimientos socioambientales en Argentina, Bolivia y Chile, entre ellas ONG FIMA, cuyo objetivo es la protección, conservación y defensa de los humedales andinos en territorios campesinos e indígenas. El enfoque del trabajo de la alianza se basa en la conservación ambiental, el respeto a los derechos humanos y la justicia ambiental ante la crisis ecológica y climática.
Conoce más en www.humedalesandinos.org

Hacia la carbono-neutralidad: Comité entrega informe para acelerar la transición energética en Chile

El documento entrega 14 propuestas, entre las que se mencionan temas como la seguridad hídrica, economía circular, reducción de emisiones y la modificación del impuesto al carbono.

El Comité de Carbono-Neutralidad y Resiliencia fue creado en marzo de 2024 convocado por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Agricultura y Obras Públicas, cuya finalidad fue desarrollar propuestas que impulsen la economía del país hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática. Este comité, conformado por 19 expertos provenientes del sector privado, la academia y la sociedad civil, entre los que se encuentran el Director Ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, entregó su informe final, marcando un hito en el camino hacia una transición energética en el país.

El informe fue producto de un trabajo consensuado y participativo entre diversos actores, entregando 14 propuestas que abordan aspectos como la seguridad hídrica, reducción de emisiones, economía circular y, marcado como una de las más relevantes, la modificación del impuesto al carbono para reflejar de manera progresiva las externalidades de las emisiones, incentivando la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias. 

Para Ezio Costa la transición hacia la carbono-neutralidad no solo debe ser eficiente económicamente, sino que “también debe propender hacia un sistema más justo donde los beneficios sean repartidos de manera equitativa, se proteja al medio ambiente, la salud y calidad de vida de las personas”.

Respecto al factor de participación ciudadana, en el informe se recoge que debido a tiempo acotado de elaboración, no se realizó un proceso formal, sin embargo, el Comité mantuvo a la ciudadanía informada mediante reuniones virtuales y una plataforma web abierta a sugerencias, lo que aportó a la creación de las propuestas.

Finalmente, las y los comisionados transparentan que para que estas propuestas puedan ser llevadas a cabo, deben existir ciertas condiciones, tales como voluntad política, planificación, integración con políticas públicas, financiamiento, comunicación y transparencia.

“Chile ha hecho esfuerzos por encaminarse hacia la carbono neutralidad y me parece que eso puede ser fuente de orgullo, pero ese camino solo es sostenible en el tiempo si en él cabemos todos y todas, para lo cual hay que mirar en detalle las vulnerabilidades que existen y abordarlas. Hay muchos discursos que intentan tomar las soluciones climáticas para generar mayor acumulación, o que no miran que las nuevas tecnologías bajas en carbono pueden producir otros daños. Hay que seguir avanzado, con velocidad, pero con cuidado e inclusión”, señala Costa.

Las propuestas

  1. Acelerar la implementación del sistema de certificación voluntaria para huella de carbono establecido en el Art. 30 de la Ley 21.455, en línea con estándares internacionales.
  2. Agricultura climáticamente inteligente.
  3. Aumentar la resiliencia de las ciudades y aumentar su captura de GEI.
  4. Aumento de captura de carbono en sector agroforestal y prevención de incendios forestales.
  5. Diseñar e implementar un enfoque territorial integrado y multi-actor para la seguridad hídrica en cuencas de las regiones de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), Valparaíso (La Ligua-Petorca), Metropolitana de Santiago (Maipo) y Los Lagos (isla cuenca de Chiloé).
  6. Disminuir las emisiones derivadas del consumo energético en las ciudades.
  7. Impulsar economía circular en ciudades.
  8. Impulsar la transición de una economía basada en materias primas fósiles a una fundada en recursos biobasados renovables.
  9. Impulsar recursos energéticos distribuidos para minimizar el consumo de energía de fuentes fósiles.
  10. Modificar el impuesto al carbono de manera que refleje adecuada y progresivamente las externalidades que generan sus emisiones, y que sea capaz de orientar inversiones y gatillar innovaciones para la reducción de emisiones en todas las industrias.
  11. Promover construcción en madera.
  12. Protección y valorización del Capital Natural y fomento de Soluciones basadas en la Naturaleza.
  13. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
  14. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.

El Comité

Compuesto por Paloma Ávila, directora de CNN; Olga Barbosa, académica y consejera de WWF-Chile; Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad Desarrollo Tecnológico (UDT) de Universidad de Concepción; Marcela Bravo, gerente general de Acción de Empresas; Claudio Castro, alcalde de Renca; Amparo Cornejo, directora de Sonami; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA); Lorenzo Gazmuri, presidente de ICARE; Mónica Gazmuri, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO); Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Ismaela Magliotto, joven negociadora de Chile para la COP27; Marcelo Mena, exministro de Medioambiente; Gonzalo Muñoz, exChampion de la COP25; Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de Corporate Leaders Group for Climate Action, CLG-Chile; Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS); Carolina Schmidt, exministra de Medioambiente; Claudio Seebach, decano de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Torrejón, director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.

Acceso a la justicia y fortalecer la normativa ambiental: el trabajo de ONG FIMA

Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA

Recientemente en su medio y otros de la región se ha replicado una carta enviada por el Sr. Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores de Magallanes, preguntándose por qué ONG FIMA realiza capacitación de funcionarios públicos en normativa ambiental. Se lo pregunta a propósito del curso gratuito que nuestra organización impartirá en Magallanes.

Es una buena oportunidad para informar a la opinión pública de nuestro trabajo, que por 25 años ha estado centrado en el progreso del derecho ambiental y la protección de la naturaleza y las personas, de modo de propender a un desarrollo nacional armónico. Como organización sin fines de lucro, esta labor se realiza de distintas maneras, entre las cuales está la colaboración con el Estado en el cumplimiento de sus objetivos en materia ambiental, razón por la cual hemos realizado asesorías e impartido cursos en centenares de ocasiones. La mayoría de esas actividades se han desarrollado de manera gratuita para los asistentes, pues por nuestra parte hacemos el esfuerzo de conseguir la inversión para que esas acciones puedan realizarse.

Otra de nuestras labores es acompañar con abogados a quienes buscan justicia ambiental. Contrario a lo que el señor Odebret señala, ONG FIMA generalmente no judicializa permisos de funcionamiento ni se encuentra a favor o en contra de ninguna actividad en particular. Nuestro trabajo es proveer de acceso a la justicia a quienes lo necesitan, en aquellas áreas en que dicho acceso es relevante para asegurar el cumplimiento del derecho ambiental y la protección del bien común. Esta es, precisamente, otra forma de contribuir al desarrollo de estándares que generen certeza jurídica y protejan el futuro del país. 

Pero me permito una reflexión, en tiempos en que pareciera que lanzar acusaciones infundadas y generar polémicas artificiales es la mejor forma de comunicar. Esta reflexión tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hicimos sobre si contestar o no la carta del señor Odebret y la observación de cómo lamentablemente ha existido desde algunos sectores de la industria salmonicultora un ánimo por denostar a las organizaciones de la sociedad civil, culpándolas de sus problemas. 

Esa estrategia difícilmente contribuye al desarrollo del país, sino todo lo contrario. Las ONG cumplimos un rol en la sociedad y dentro de él está colaborar porque la normativa ambiental proteja efectivamente a la naturaleza y las personas. Parte de ese rol, en el caso de la ONG FIMA, es propiciar la educación en derecho ambiental entre todos los actores, incluyendo especialmente a los funcionarios públicos. 

El avance y adecuado cumplimiento de la normativa ambiental es muy relevante para el país, las personas, las generaciones futuras, y también las industrias, incluída la salmonicultora que debe cumplirla para asegurar la calidad de sus productos. Para eso, necesitamos de un buen funcionamiento del derecho y las instituciones; es en ese espíritu que la ONG FIMA realiza sus labores.

Carta publicada en el medio SalmonExpert – 4/10/24

Magallanes: Nueva versión del Curso de Derecho, Gestión y Política Ambiental para funcionarios/as públicos

El Curso de Derecho y Política Ambiental es una iniciativa de ONG FIMA que tiene como propósito proporcionar una visión práctica y general de los principios del Derecho Ambiental, centrándose en las responsabilidades y facultades de los funcionarios públicos, y brindando herramientas jurídicas para fortalecer la gestión ambiental a nivel comunal.

Esta es la segunda vez que se amplía su alcance a funcionarios públicos, y no solo a funcionarios municipales como versiones anteriores. Estará dirigido a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, y cuenta con el financiamiento de la Fundación Heinrich Böll y la colaboración del Centro de Investigación GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes, el Centro de Estudios Regionales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Magallanes.

Este curso contará con 8 sesiones virtuales a realizarse los martes y jueves entre el 8 y 31 de octubre de 15 a 17 hrs, y una clase magistral presencial el 7 de noviembre. Además, se entregará un certificado de participación para quienes asistan a un mínimo de 80% de las sesiones. Para participar, cada institución podrá inscribir hasta dos personas, teniendo como plazo de postulación el 1 de octubre a las 23:59 horas.

Para más información o consultas, escribir a g.simonetti@fima.cl

Nuevos informes sobre Transición Energética: Justicia ambiental, territorial y de género en la extracción de minerales críticos

Se han publicado tres informes que abordan la justicia ambiental, territorial y de género en el contexto de la extracción de minerales críticos para la transición energética. Dos de estos informes fueron presentados en un webinar el 28 de agosto, mientras que el tercero fue dado a conocer en un taller de devolución el 31 de agosto en San Pedro de Atacama.

Septiembre, 2024. Desde el área de Estudios de ONG FIMA se han elaborado dos informes que analizan distintos aspectos de la transición energética y sus implicancias socioambientales: «Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial» y «¿Hacia una Transición Justa? Recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel».

El primero examina las narrativas sobre la extracción de minerales críticos, revelando cómo el modelo extractivista profundiza injusticias territoriales y ambientales, mientras que el segundo ofrece recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel, destacando la importancia de una transición que no solo sea ambientalmente sostenible, sino también equitativa para las comunidades afectadas.

Ambos informes fueron presentados en un webinar de lanzamiento donde participaron Cristina Lux de AIDA, Rudencindo Espindola de la Comunidad Lickanantay de Toconao y OPSAL, y Natalia Soto, ciudadana de Coronel. Puedes verlo aquí.

Adicionalmente, producto de un trabajo colaborativo entre GI-ESCR y ONG FIMA, se ha publicado un tercer informe titulado «Minerales críticos e igualdad de género: Las voces de las mujeres de Antofagasta y Atacama», que busca amplificar las experiencias y testimonios de mujeres de las regiones de Antofagasta y Atacama que se han visto afectadas por la minería de litio, entregando recomendaciones para avanzar hacia una gobernanza más democrática, sostenible y equitativa. Este trabajo fue presentado en un taller de devolución presencial en San Pedro de Atacama.

Encuentra los tres informes aquí:

«Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial»

«¿Hacia una Transición Justa? Recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel»

«Minerales críticos e igualdad de género: Las voces de las mujeres de Antofagasta y Atacama»