Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile
Chile avanza en la protección de defensores de derechos humanos y del medio ambiente con la entrada en vigencia de un protocolo específico, enmarcado en los compromisos del Acuerdo de Escazú. Este instrumento busca garantizar su seguridad y promover un entorno que facilite la defensa de derechos fundamentales.

Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales han trabajado históricamente en un entorno marcado por conflictos socioambientales y presiones económicas. Así se ha visto con casos emblemáticos como el de Julia Chuñil, desaparecida en la Región de Los Ríos hace dos meses y reconocida por su activismo y defensa del bosque nativo; o el de Rodrigo de la O, fundador y director de Maule-Itata Coast Keeper, quien se opuso públicamente al desarrollo de un proyecto inmobiliario en el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, humedal costero de alto valor ecológico y que fue demandado sin fundamentos por la empresa con el solo propósito de hacerlo desistir de su defensa. Estos hechos ejemplifican cómo estas situaciones tienden a ser una constante para quienes buscan el cuidado del medio ambiente. 

En el mundo también se ha visto un aumento en las amenazas contra activistas, líderes comunitarios y periodistas. En 2022, según Global Witness, una persona defensora fue asesinada cada dos días en América Latina, lo que resulta en que nuestra región concentra más del 60% de estos casos con países como México, Colombia y Brasil a la cabeza. Estos informes subrayan la urgencia de implementar soluciones efectivas. En Chile, aún no hemos llegado a los niveles de nuestros vecinos, sin embargo, cada día conocemos más casos de amedrentamiento, amenazas y demandas legales. 

En este contexto, el Acuerdo de Escazú, ratificado en nuestro país en 2022, marca un hito como el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que vincula derechos humanos y medio ambiente. Este compromiso internacional además de establecer principios como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, recalca la protección prioritaria a quienes defienden el medio ambiente, reconociendo los riesgos inherentes a su labor.

En Chile, el Acuerdo ha implicado superar desafíos importantes. La necesidad de adaptar el marco legal y desarrollar políticas públicas ha llevado al país a ponerse al día en aquellas áreas donde estaba más débil, especialmente el artículo 9 del tratado que indica que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.  Es por ello, que el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, significa un avance en esta materia, buscando mejorar la respuesta del Estado y establecer medidas de articulación institucional.

“El protocolo de Protección a las personas defensoras de Derechos Humanos es un avance en una materia en la que estábamos totalmente en deuda en Chile. Si bien, en su elaboración hubiésemos agradecido una mayor participación ciudadana, creemos que la puesta en marcha de esta instancia de coordinación es fundamental para visibilizar la labor que realizan quienes día a día están en los territorios trabajando por conservar nuestro medio ambiente”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora del Proyecto Escazú y Clima de ONG FIMA.  

¿Qué es el Protocolo? 

El Protocolo, que empezó a regir a partir del 27 de diciembre, fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en él se establecen medidas para prevenir riesgos, como la identificación temprana de amenazas y la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales. Además, fomenta la articulación interinstitucional y la capacitación de funcionarios en derechos humanos, asegurando que el enfoque sea integral y especializado. 

Sin embargo, el protocolo enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales es garantizar que los recursos asignados para su implementación sean suficientes y sostenibles en el tiempo. También existe preocupación respecto a la voluntad política necesaria para asegurar que las medidas se apliquen de manera uniforme en todo el país, especialmente en contextos de conflicto socioambiental. Y aunque la participación de la sociedad civil es un elemento positivo, es crucial que esta no sea simbólica, sino que implique una influencia real en la toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que se requieren recursos suficientes y mecanismos de seguimiento sólidos, que incluyan la participación activa de los defensores en todas las etapas.

«Se trata de un primer paso pero no es suficiente, ya que su impacto dependerá de cómo se articulen las instituciones responsables y se implemente. Hoy en día proteger a los defensores no es solo reaccionar ante amenazas, sino también reconocer públicamente su valor por alzar la voz. Este protocolo debe ser más que un documento, debe convertirse en una garantía real para que sigan trabajando sin miedo», puntualiza Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.

Funcionarios municipales de la Región de Valparaíso finalizan capacitación en justicia ambiental

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

El programa fue implementado por  ONG FIMA con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso para  capacitar en derecho ambiental y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias municipales  de la región.

 

En una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 53 funcionarios y funcionarias de 12 municipalidades de Valparaíso recibieron una certificación por su participación en el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 gracias al aporte de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. 

El objetivo del programa es dejar capacidades permanentes en los municipios para que los mismos profesionales puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales existentes en sus localidades, de modo de poder facilitar el acceso a la justicia ambiental sin la necesidad de contratar servicios jurídicos externos.

“Los municipios son, sin duda, el primer lugar al que recurren los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente”, señaló Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. “Al conversar con las y los participantes y ver cómo han recibido todos los elementos del programa, creo que efectivamente esto les va a permitir tener un rol más activo en proteger sus territorios y en ayudar a las personas que viven en esas comunas a llevar adelante tanto proyectos y procesos de protección ambiental, como a solucionar sus conflictos”, agregó.

Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del programa, destacó que ha sido un trabajo muy arduo que “se traduce en frutos, en productos, que pueden ser relevantes para abordar las problemáticas que puedan tener los distintos municipios, generar capacidades a nivel de funcionarios municipales y también generar herramientas y entregar metodologías para poder trabajar con las comunidades locales y relevar sus sentires y sus preocupaciones”.

Un proceso de dos años

Para la selección de quienes fueron parte del programa, por un lado, se invitó a participar a los municipios en cuyos territorios existiera algún conflicto socioambiental identificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, también se llevó a cabo una convocatoria entre otras municipalidades de la Región de Valparaíso que tuvieran interés en ser parte. Finalmente, las comunas beneficiadas fueron Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quilpué, Quintero, San Antonio y Viña del Mar.

Uno de los participantes del programa fue Vladimir Vicencio, encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, quien se refirió a los próximos desafíos ambientales ante una nueva administración edilicia. “Es importante podamos extrapolar las herramientas conseguidas gracias a este proyecto a la nueva administración y que en conjunto podamos conseguir los resultados que buscamos, que es que todas las industrias y las empresas que están trabajando y desarrollando riquezas en Petorca cumplan con la normativa ambiental sin perjudicar a ningún vecino ni vecina”, comentó.

Por su parte, Daniela Albornoz, del Departamento de Medio Ambiente de Catemu y parte de Catemu en Movimiento, fue otra de las 53 personas que recibieron el certificado por haber completado su participación en el proyecto. Durante la ceremonia destacó el rol de la ciudadanía en la protección del territorio. “Necesitamos que la población, en general, tenga un pronunciamiento respecto de estos temas y, para que esto ocurra, necesitamos que la gente se interese y pueda tener la confianza y la seguridad de saber que, con las capacidades que tiene, puede abordar un proceso de evaluación ambiental, por ejemplo”. Agregó también que existe una responsabilidad institucional de parte de los municipios como tomarse un espacio para difundir sobre un proyecto, sobre la participación ciudadana, etcétera, pero es mutuo, porque a veces la ciudadanía puede tener muchas ganas pero no tiene las herramientas”.

Los resultados del proyecto

La implementación del programa Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental comenzó en marzo de 2023 con la capacitación a funcionarios y funcionarias de 6 comunas de Valparaíso en temas de derecho ambiental. Las primeras municipalidades beneficiadas fueron: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, quienes luego realizaron talleres abiertos a la comunidad sobre fiscalización ciudadana y denuncias ambientales, haciendo uso de los nuevos conocimientos adquiridos.

Este mismo proceso se repitió durante 2024 con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar.

Como resultado general, a lo largo del proyecto se realizaron 96 sesiones de capacitación para 80 funcionarios y funcionarias además de otras 60 sesiones para el co diseño de 14 talleres abiertos a la comunidad.

Sumado a lo anterior, el programa también incluyó un trabajo para la identificación de ecosistemas dañados, así como la realización de un informe de diagnóstico sobre su estado. Para esto, se generó un cuestionario ciudadano enfocado en las 12 comunas participantes, aunque no excluyente, a través del cual se logró identificar 180 ecosistemas de la región de Valparaíso con algún tipo de daño o intervención. Algunos de los más mencionados por los habitantes de la región fueron las Dunas de Concón, el Estero La Cigüeña, el Estero Marga Marga, el Humedal Ojos de Mar, el Río Putaendo y la Laguna El Peral. 

En tercer lugar, en el marco del proyecto se desarrolló el sitio web Poder Ambiental, una plataforma con información legal para proteger el medioambiente explicada de forma clara y sencilla, a fin de poder acercar la normativa chilena a quienes buscan defender sus territorios. Actualmente la página cuenta con diversas entradas sobre temas como conservación de ecosistemas, contaminación, derecho al agua y gestión ambiental local. Finalmente, con el objetivo de difundir el trabajo de los municipios, la academia y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, se grabó el podcast Diálogos por la Justicia Ambiental, que consta de 16 capítulos de entrevistas con distintos actores, principalmente de la Región de Valparaíso. Los episodios se están emitiendo a través de Radio Valparaíso y están disponibles también a través de Spotify.

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
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“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

Tribunal Ambiental excede sus atribuciones para favorecer a Dominga y ordena al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto

  • Será la tercera vez que la instancia ministerial califique la iniciativa de Andes Iron
  • Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, junto a las comunidades locales, anuncian que impugnarán el fallo ante la Corte Suprema

Santiago, 9 de diciembre, 2024. En una inédita sentencia, el 1er Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron, empresa titular de Dominga, y ordenó al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto minero portuario, poniéndole una serie de condiciones que exceden sus atribuciones.

“Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades, el Tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA. “El tribunal ambiental olvida su rol que es el de revisar si las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros están dentro de la legalidad o no y, en su lugar, pretende que la forma en que el propio tribunal analiza los antecedentes técnicos es la forma correcta, eso es inadecuado y es un incumplimiento directo de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule”, agregó el abogado que representa a la organización de conservación marina Oceana en el litigio.

La sentencia establece que en un plazo máximo de 15 días, el Comité de Ministros debe emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga “considerando que se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande”, además de “dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”.

Desde Alianza Humboldt criticaron la sentencia y la directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”, añadió.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, aseguró que “nos preocupa la decisión del tribunal ambiental, creemos que se equivoca en varios de sus argumentos, y, en consecuencia, deja en desprotección al ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales”. “Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del tribunal ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, agregó la abogada representante de las comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.

Dominga: Una historia sin fin

En 2013, el proyecto minero portuario Dominga, que consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre en un periodo de 22 años, entró a evaluación ambiental. En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario de Andes Iron, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt y donde, recordemos, se creó la reciente área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt.

Desde entonces, la empresa Andes Iron decidió buscar la aprobación del proyecto por vías judiciales, las que hasta ahora han fracasado. De hecho, Dominga ha sido rechazada dos veces por el Comité de Ministros, y en dos oportunidades la Corte Suprema ha revisado las sentencias del Tribunal Ambiental; la primera vez, estableció que el rechazo entregado al proyecto en 2017 fue legal, al contrario de lo que proponía la empresa, y ordenó al Tribunal Ambiental referirse a los aspectos técnicos que motivaron ese rechazo. En la segunda oportunidad, la Suprema determinó que el caso debía resolverse a nivel administrativo, es decir, dejó la decisión en el Comité de Ministros, instancia que rechazó por segunda vez el proyecto Dominga, resolución ante la cual la empresa volvió a apelar ante el 1TA, cuya resolución se da a conocer ahora.

Frente a este nuevo escenario de incertidumbre son nuevamente las comunidades locales las más afectadas. Rodrigo Flores, presidente de la Mesa Consultiva del Archipiélago de Humboldt afirmó que no hay apoyo para la minera en la comunidad. “Nosotros llevamos décadas trabajando en un turismo sostenible y en nuestras áreas de manejo, tenemos una economía local que va de la mano con la protección del medio ambiente, y no estamos dispuestos a que se destruya todo lo que hemos construido en este territorio” afirmó Flores.

Por su parte, desde del Movimiento en Defensa del Medioambiente, Modema, aseguraron que, pese a todo el tiempo de lucha por la defensa de esta área, continuarán trabajando por frenar la iniciativa de Andes Iron. “Por años hemos sido testigos de las irregularidades de Dominga en nuestra comuna, intentando comprarse a la gente por medio de regalías. Dominga es parte de los casos de corrupción más bullados del último tiempo en Chile, y no es posible que se le deje la puerta abierta en una zona que, además, tiene un valor ambiental reconocido a nivel mundial”, señaló Carolina Bahamondes, presidenta de Modema, una de las agrupaciones locales que son parte de Alianza Humboldt.

Crisis climática y responsabilidades estatales: presentan libro con herramientas clave para la justicia ambiental

“State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation”, es el nombre del libro coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile que será lanzado en el marco de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia  en La Haya sobre la opinión consultiva realizada por Vanuatu. 

Entre el 2 y el 12 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia iniciará las audiencias públicas sobre la opinión consultiva realizada por la Asamblea General de la ONU, e iniciada por el país insular Vanuatu, respecto a las responsabilidades de los Estados ante la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos.

En este contexto, el miércoles 4 de diciembre en el hotel Marriot de La Haya, se realizará el lanzamiento de forma presencial del libro “State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation” («Responsabilidades Estatales en la Crisis Climática: Normas Legales y Litigio Global»), coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Este libro es un proyecto colectivo que reúne las contribuciones de más de 10 académicos de renombre en Derecho Internacional Ambiental, provenientes de diversas regiones del mundo. Su objetivo principal es explorar las obligaciones legales de los Estados frente a la crisis climática, una problemática que exige una respuesta global urgente. 

Derecho para la justicia ambiental

El libro aborda los desafíos de la transición ecológica desde una perspectiva jurídica, destacando el rol del Derecho en la protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Estado de Derecho en un contexto de crisis climática. 

A través de un análisis detallado, el ejemplar conecta estas obligaciones con los derechos humanos, subrayando cómo la inacción frente al cambio climático afecta a las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables. En este sentido, propone reformas institucionales que permitan avanzar hacia la justicia climática, reconociendo responsabilidades y estableciendo estándares legales que respondan a las demandas de las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, el texto profundiza en el papel que deben jugar los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, junto con las instancias judiciales nacionales, para ser clave en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad frente a las consecuencias del cambio climático. A lo largo de los capítulos, se destacan las responsabilidades diferenciadas entre los países y la necesidad de que las leyes evolucionen para adaptarse a los retos del siglo XXI.

Fruto del trabajo de académicos de distintas regiones del mundo, esta obra explora soluciones jurídicas innovadoras para enfrentar la crisis climática, integrando valores esenciales como la dignidad humana y la integridad ambiental. Con un enfoque global, el libro invita a repensar el sistema jurídico actual para convertirlo en una herramienta transformadora hacia un futuro más sostenible.

Al respecto, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, señala que este documento trata varios temas relacionados con las preguntas que deben ser resueltas en la audiencia de la CIJ. “Entre ellos cuestiones como la protección de los derechos humanos de los migrantes climáticos, la protección de la naturaleza, la forma en que los estados deben cumplir internamente con obligaciones de protección de su población a propósito de la crisis climática y también como otros tribunales ya han abordado el asunto, por ejemplo como lo hizo el Tribunal del Derecho del Mar, son algunos de los capítulos interesantes que tiene el libro”, comenta. 

El libro no solo se limita al análisis académico, sino que también ofrece herramientas prácticas para involucrar a un público más amplio en la lucha por la justicia climática. En paralelo con la publicación, se ha creado un MOOC (Massive Open Online Course) que se ofrecerá de manera gratuita en la plataforma Udemy, con el objetivo de acercar el tema del litigio climático estratégico a estudiantes, profesionales y activistas interesados en el tema. Este curso, que cuenta con la participación de académicos y abogados de organizaciones internacionales como Greenpeace y Price for Oil, busca empoderar a los participantes para que comprendan y utilicen el derecho como herramienta de acción climática, brindando una perspectiva amplia y global sobre cómo las comunidades pueden utilizar las vías judiciales para abordar la crisis climática. 

Audiencias en la Corte Internacional 

Vanuatu, un pequeño estado insular que enfrenta su desaparición debido al aumento del nivel del mar, es uno de los países más afectados por la crisis climática, a pesar de ser responsable de una baja emisión de huella de carbono. Estos países, aunque tienen mínima contribución a la problemática, son los primeros en sufrir sus consecuencias, y muchos de sus habitantes ya se ven obligados a migrar por razones climáticas. 

En un esfuerzo por hacer frente a esta situación, Vanuatu presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, un mecanismo que permite obtener un precedente no vinculante sobre temas con poca jurisprudencia internacional. Esta solicitud busca esclarecer las obligaciones de los estados frente a los impactos de la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos, utilizando el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» del derecho internacional ambiental, que establece que todos somos responsables, pero de manera desigual, según nuestras capacidades y emisiones.

Es por esto que La Corte Internacional de Justicia escuchará las opiniones de más de 100 países sobre esta solicitud durante audiencias que se llevarán a cabo entre el 2 y el 12 de diciembre en el Palacio de la Paz de La Haya. Aunque la opinión consultiva no es vinculante, su desarrollo puede servir como un importante precedente legal y fortalecer el argumento de que la justicia ambiental debe ser alcanzada mediante un enfoque equitativo.

Más de 40 funcionarios municipales se reunieron en el 4° “Encuentro Municipio Verde”

El evento, realizado el pasado 15 de noviembre,  fue organizado por  ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo del Programa de Sustentabilidad de la UTEM. En la instancia, se  reunieron 43 funcionarios y funcionarias de las áreas de medio ambiente de 19 municipios,  con el objetivo de generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la gestión ambiental municipal.

Algunos de los municipios que llegaron hasta la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), fueron Santiago, Viña del Mar, San Joaquín, Recoleta, Cartagena, San Antonio, El Quisco, Mostazal y San Clemente, entre otros.

“Nos alegra mucho haber culminado nuestro 4° Encuentro de Municipio Verde en conjunto con UTEM y FES”, dijo Carolina Palma, politóloga y coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA. “Esperamos haber aportado en un espacio de reunión para funcionarios y funcionarias de distintos lugares de nuestro país, donde se sientan alentados a aprovechar las oportunidades que les entrega la ley para llevar a cabo la gestión ambiental de la comuna. Nos entusiasma aportar en la generación de espacios de conversación en torno a las estrategias y desafíos que han asumido los municipios en materia ambiental”.

El director de Proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES), Christian Sánchez, indicó que “para avanzar en la gestión ambiental, la crisis climática y la biodiversidad necesitamos de un trabajo conjunto. En ese sentido, el apoyo mutuo que hemos tenido con los Municipios Verdes ha sido muy fructífero este cuarto año de trabajo. Para ello, buscamos aportar en entregar herramientas que sean útiles para quienes llegan a trabajar el medio ambiente en las diversas comunas que abarca Municipio Verde”.

Por otra parte, Carolina Rojas, coordinadora de Compromiso Institucional del Programa de Sustentabilidad UTEM, señaló que “los municipios, al igual que la UTEM, enfrentamos retos comunes, como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, entre otros, que tienen un impacto significativo en los territorios. Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es esencial crear y fortalecer redes de colaboración, compartir experiencias y construir un conocimiento colectivo que maximice los resultados de nuestro trabajo en las comunidades. En este contexto de urgencia climática, la unión de esfuerzos entre el Estado, la academia, la sociedad civil y las comunidades es más necesaria que nunca. Solo a través de una acción conjunta, podremos diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y adaptadas a las realidades locales, asegurando un impacto positivo y duradero en los territorios”

Durante el Encuentro se llevó a cabo la presentación del informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, un documento elaborado por ONG FIMA con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, que contiene información sobre las principales competencias con las que cuentan los municipios en temas ambientales.

Se trata de la segunda versión del informe cuya primera edición fue publicada en 2021. En el documento actualizado, se encuentra el detalle de las leyes ambientales publicadas desde entonces hasta la fecha, como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso y la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, el texto incluye un capítulo sobre leyes ya publicadas que aún no se implementan de forma plena, pero que representan oportunidades para la gestión ambiental municipal, entre ellas, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“El informe de Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal se elaboró de manera participativa, con Municipios Verdes que nos colaboraron con sus iniciativas, desafíos y oportunidades”, explicó Carolina Palma de ONG FIMA. “Esperamos que sea una herramienta útil para funcionarios y funcionarias municipales en la gestión ambiental local”.

El informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades está disponible en el siguiente enlace:

Poder Ambiental

Posteriormente, los funcionarios y funcionarias municipales fueron parte de un taller sobre Poder Ambiental, un sitio web que busca entregar información legal para la defensa del medio ambiente en un lenguaje claro y sencillo.

En esta ocasión, el taller ahondó en tres de las entradas disponibles en la página y que refieren a la gestión de los gobiernos locales: Competencia legales en materia ambiental; Gestión Ambiental Local; y Protección de Ecosistemas y Ordenamiento Territorial.

El sitio web Poder Ambiental fue desarrollado por ONG FIMA en el marco del programa Transferencias de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental llevado a cabo con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

Municipio Verde

El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna. Los municipios que deciden firmar este compromiso reciben material de apoyo para el uso de sus facultades ambientales y pueden participar de actividades de capacitación y de intercambio de experiencias, tal como el Encuentro Nacional de Municipios Verdes.

Actualmente hay 36 municipios comprometidos, de los cuales 6 se encuentran en la Región de Valparaíso: Casablanca, Concón, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Además, también son parte de este compromiso comunas como Calama, Ñuñoa, Rancagua, Talca, Hualpén, Ancud y Coyhaique.

Revisa aquí una galería del evento:

Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM

Transición energética y derechos humanos: comunidades exponen ante la CIDH las vulneraciones por la extracción de litio

El 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar las vulneraciones asociadas a la extracción de minerales como el litio. Se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

La transición energética, fundamental en la lucha contra el cambio climático, ha impulsado una demanda creciente de minerales críticos como el litio, que se utiliza en la fabricación de baterías para energías renovables. Sin embargo, esta transición ha tenido un costo significativo para las comunidades de América Latina, donde la explotación de estos recursos ha generado graves consecuencias sociales y ambientales. 

Ante esta problemática, organizaciones de la Alianza Humedales Andinos solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar estos impactos y solicitar recomendaciones específicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos. La instancia se llevó a cabo el 15 de noviembre, donde se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA, abrió la jornada ante la CIDH, destacando los desafíos y contradicciones que enfrenta América Latina en el contexto de la transición energética. Pino subrayó cómo, en lugar de fortalecer las economías de las comunidades afectadas, los proyectos de extracción de minerales están debilitando la regulación ambiental y limitando la participación local, abriendo espacio para la explotación desmedida por parte de empresas transnacionales.

“Los efectos de la crisis climática ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente, en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia”, comentó.

Además, el abogado explicó que a medida que se posicionan proyectos de transición energética, también se multiplican las voces que demandan una “transición justa”. “Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso”, añadió.

Impacto de la extracción de litio en Chile

Diversos testimonios expusieron cómo las actividades extractivas han afectado sus ecosistemas y sus formas de vida. Un ejemplo desde Chile, fue la intervención de Lady Sandon, originaria del pueblo Atacameño Lickanantay y representante de la Comunidad Atacameña de Coyo, ubicada en la cuenca del Salar de Atacama, quien relató los impactos de la sobreexplotación del agua en su territorio, especialmente debido a la extracción de litio, y cómo las políticas estatales y privadas están vulnerando los derechos de su comunidad.

“Lo que está pasando en nuestros territorios es por incumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno a través de Corfo, porque se están vulnerando nuestros derechos en post de extraer litio que es agua salada. Además, donde no llega el Estado, llega el privado, ofreciendo solucionar los servicios básicos, como salud, educación, agua potable, energía, como moneda de cambio por el territorio. Empresas como SQM, Albemarle y Codelco, a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora el agua de nuestro abuelo salar”, afirmó Sandon.

Asimismo, agregó que la Estrategia Nacional del Litio es un claro ejemplo de la falta de igualdad de condiciones y acceso a la información en los procesos de consulta indígena. “Para el mundo occidental son recursos, en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tienen la espiritualidad del pueblo, con importancia para el mundo global tenemos la ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos, son claves para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestros derechos”, concluyó. 

Testimonios en Latinoamérica

Además de los testimonios de Chile, se compartieron otras preocupantes historias de vulneraciones de derechos humanos y ambientales provocadas por la extracción de minerales críticos en diferentes países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se expuso cómo las comunidades han sufrido desplazamientos forzados debido a la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

“Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación”, manifestó Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

En Argentina, regiones como el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y la Cuenca de Salinas Grandes han sido escenario de impactos devastadores. En el primero, la extracción masiva ha secado ríos y humedales, mientras que en Salinas Grandes, más de 38 comunidades indígenas ven amenazada su supervivencia debido a la contaminación y la disputa por los recursos hídricos. Pese a la riqueza de recursos naturales, las comunidades denuncian que estas actividades no solo dañan el ambiente, sino que agravan desigualdades y violan sus derechos, mientras el Estado prioriza las inversiones extranjeras por sobre la protección del territorio.

Verónica Chávez, integrante de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes, resume la situación: “Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias, está en peligro. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral”. 

Finalmente, la situación en Bolivia es igual de alarmante. El Salar de Uyuni, el mayor del mundo, alberga unos 21 millones de toneladas de litio, lo que lo posiciona como un centro clave para la explotación de este mineral. Adicionalmente, existen otros 26 salares reservados por norma para esta actividad. Aunque la extracción estatal del litio inició formalmente en 2024, ya se han invertido más de 1.000 millones de dólares en proyectos durante más de una década. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como problemas de corrupción y la firma de acuerdos con empresas rusas y chinas sin consultar a las comunidades locales. Esto, además, se combina con el impacto ambiental significativo de la extracción, que implica la retirada de millones de metros cúbicos de agua, amenazando los frágiles ecosistemas del altiplano. 

«Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción de litio recién este año ya desde hace 12 años el propio estado boliviano viene vulnerando derechos: Se han realizado 2 ‘denominadas consultas públicas’ el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas, elaboradas sin información precisa existente, sin responder a las preguntas y preocupaciones de los participantes. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de sus vertientes y pozos”, detalló Oscar Campanini, director e investigador del Centro de Documentación e Información, Bolivia. 

Llamado a la acción: Recomendaciones urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de emitir recomendaciones a los Estados para proteger los derechos humanos. En este sentido se espera que emita un informe con recomendaciones para abordar las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de litio en América Latina y también organice «visitas in loco» para documentar las violaciones de derechos humanos en los países afectados. 

Estas acciones serían clave para que los Estados adopten medidas eficaces que protejan a las comunidades y sus ecosistemas, promoviendo un desarrollo que respete tanto los derechos humanos como el medioambiente. La audiencia frente a la CIDH marca un hito en la lucha por una transición energética que proteja los ecosistemas y respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

Revisa la audiencia aquí

¿Qué es la Alianza de Humedales Andinos?

Su objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, ONG Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. 

Conoce más de la Alianza aquí.

Responsabilidades de los Estados frente a la Crisis Climática

En el contexto de la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Vanuatu ante la Corte Internacional de Justicia, surge una oportunidad histórica para que la ley supere las barreras políticas. Es momento de buscar la justicia climática, reconociendo responsabilidades, estableciendo nuevas normas y reformando nuestras instituciones para proteger la dignidad humana, la integridad ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Desde ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, hemos desarrollado el proyecto “Responsabilidades de los Estados frente a la Crisis Climática” junto a destacados académicos internacionales en derecho ambiental.

Con ello, ponemos a disposición el libro “State Responsibilities in the Climate Crisis”, disponible de forma gratuita y en inglés. Este recurso analiza estándares legales y estrategias de litigación global para enfrentar la crisis climática.

Descargar libro

Además, ya está disponible un curso MOOC (Massive Online Open Course) online y gratuito en inglés, dividido en dos secciones, donde podrás profundizar en las responsabilidades legales de los Estados y explorar cómo traducir estas normas en acción concreta. Pronto estará disponible en Udemy con los siguientes módulos:

  1. State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation.
  2. State Responsibilities in the Climate Crisis: Climate Action through Advisory Opinions and More.

Finalmente, te invitamos a revivir la transmisión online del evento de lanzamiento del proyecto que se llevó a cabo este 4 de diciembre en La Haya. Puedes verlo aquí.

Revisa la galería del lanzamiento aquí:

Talleres en la Región de Valparaíso enseñarán a la ciudadanía cómo hacer denuncias ambientales

Las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué, Catemu y Putaendo serán sede de una serie de talleres sobre denuncias ciudadanas y fiscalización ambiental.

¿De qué forma los vecinos y vecinas pueden involucrarse en la protección de la naturaleza? Cuidar el medio ambiente es tarea de toda la población, y una de las formas más eficaces para contribuir en esta labor es por medio de la fiscalización ciudadana.

Por ello, con el fin de dar a conocer las principales herramientas de la ciudadanía para denunciar el daño al medio ambiente y enseñar cómo utilizarlas, una serie de talleres sobre fiscalización ambiental y denuncias ciudadanas se estarán desarrollando en las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué,  Catemu y Putaendo entre el 4 y el 14 de noviembre. Esto en el marco del programa Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental que ONG FIMA lleva a cabo con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso.

Los talleres serán impartidos por las funcionarias y funcionarios que fueron parte del programa durante el 2024, con la guía de profesionales de ONG FIMA dedicados a procesos de empoderamiento jurídico y participación ciudadana. Serán instancias gratuitas y abiertas a todos los vecinos y vecinas que deseen participar.

Con el fin de tener un registro aproximado de asistentes, se recomienda completar el formulario de inscripción de cada comuna.

Las fechas y lugares son:

Algarrobo

  • Fecha: 4 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Centro del Adulto Mayor (CAM) de Algarrobo, ubicado en calle Brasilia #1160
  • Link de inscripción

Catemu

  • Fecha: 05 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Salón Parroquial de la Iglesia San José, ubicada en Calle Borjas García Huidobobro s/n, Catemu
  • Link de inscripción

Quilpué

  • Fecha: 07 de noviembre
  • Hora: 17:30 a 21:00 hrs.
  • Lugar: Salón Luciano San Martín, ubicado en el tercer piso del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Quilpué
  • Link de inscripción

Cartagena

  • Fecha: 09 de noviembre
  • Hora: 10:00 a 14:00 hrs.
  • Lugar: Casa del Adulto Mayor, ubicada en Av. Cartagena 537
  • Link de inscripción

Putaendo

  • Fecha: 14 de noviembre
  • Hora: 15:00 a 19:00 hrs.
  • Lugar: Sede Junta de Vecinos Putaendo Urbano en Ambrosio Camus 291
  • Link de inscripción

Viña del Mar

  • Fecha: 12 de noviembre
  • Hora: 16:00 a 20:00 hrs.
  • Lugar: Hotel O’Higgins (Plaza Vergara s/n, Viña del Mar)
  • Link de inscripción

Sobre el proyecto

El programa Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental se lleva a cabo gracias al financiamiento de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. Consta de un asesoramiento a 12 municipios de la región para que estos, ante situaciones de conflictos socioambientales, puedan tomar un rol activo en las acciones jurídicas y/o institucionales.

El programa comenzó en marzo de 2023 a través de la capacitación de funcionarios municipales de Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, así como con la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona. 

Durante 2024, se capacitó en derecho ambiental a funcionarias y funcionarios municipales ligados al área de medio ambiente de las comunas de Algarrobo, Cartagena, Viña del Mar, Quilpué, Catemu y Putaendo. Los talleres de fiscalización ambiental y denuncias ciudadanas son una de las últimas etapas de este trabajo de acompañamiento.

Nuevo Policy Brief de la Alianza de Humedales Andinos: Análisis de la Estrategia Nacional del Litio

La Alianza de Humedales Andinos ha publicado un segundo Policy Brief titulado «Red de Salares Protegidos: Análisis crítico de la implementación de criterios de la Estrategia Nacional del Litio». 

En este documento se evalúan los criterios empleados para la priorización de la Estrategia, identificando brechas que favorecen la explotación por sobre la protección ambiental. Los salares, fundamentales para el equilibrio socioecológico, enfrentan riesgos no evaluados adecuadamente, lo que podría generar impactos irreversibles en estos ecosistemas ya vulnerables.

Entre las conclusiones principales, se identifican cinco aspectos claves que no están siendo considerados: el balance entre criterios productivos y ecológicos, la protección de ecosistemas vulnerables, adecuada participación ciudadana y consulta indígena, la transparencia en la información pública y comprender adecuadamente la interconexión entre los salares y acuíferos subterráneos.

Alianza de Humedales Andinos

La Alianza de Humedales Andinos reúne a organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y movimientos socioambientales en Argentina, Bolivia y Chile, entre ellas ONG FIMA, cuyo objetivo es la protección, conservación y defensa de los humedales andinos en territorios campesinos e indígenas. El enfoque del trabajo de la alianza se basa en la conservación ambiental, el respeto a los derechos humanos y la justicia ambiental ante la crisis ecológica y climática.
Conoce más en www.humedalesandinos.org

Descarga el Policy Brief N°2

Hacia la carbono-neutralidad: Comité entrega informe para acelerar la transición energética en Chile

El documento entrega 14 propuestas, entre las que se mencionan temas como la seguridad hídrica, economía circular, reducción de emisiones y la modificación del impuesto al carbono.

El Comité de Carbono-Neutralidad y Resiliencia fue creado en marzo de 2024 convocado por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Agricultura y Obras Públicas, cuya finalidad fue desarrollar propuestas que impulsen la economía del país hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática. Este comité, conformado por 19 expertos provenientes del sector privado, la academia y la sociedad civil, entre los que se encuentran el Director Ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, entregó su informe final, marcando un hito en el camino hacia una transición energética en el país.

El informe fue producto de un trabajo consensuado y participativo entre diversos actores, entregando 14 propuestas que abordan aspectos como la seguridad hídrica, reducción de emisiones, economía circular y, marcado como una de las más relevantes, la modificación del impuesto al carbono para reflejar de manera progresiva las externalidades de las emisiones, incentivando la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias. 

Para Ezio Costa la transición hacia la carbono-neutralidad no solo debe ser eficiente económicamente, sino que “también debe propender hacia un sistema más justo donde los beneficios sean repartidos de manera equitativa, se proteja al medio ambiente, la salud y calidad de vida de las personas”.

Respecto al factor de participación ciudadana, en el informe se recoge que debido a tiempo acotado de elaboración, no se realizó un proceso formal, sin embargo, el Comité mantuvo a la ciudadanía informada mediante reuniones virtuales y una plataforma web abierta a sugerencias, lo que aportó a la creación de las propuestas.

Finalmente, las y los comisionados transparentan que para que estas propuestas puedan ser llevadas a cabo, deben existir ciertas condiciones, tales como voluntad política, planificación, integración con políticas públicas, financiamiento, comunicación y transparencia.

“Chile ha hecho esfuerzos por encaminarse hacia la carbono neutralidad y me parece que eso puede ser fuente de orgullo, pero ese camino solo es sostenible en el tiempo si en él cabemos todos y todas, para lo cual hay que mirar en detalle las vulnerabilidades que existen y abordarlas. Hay muchos discursos que intentan tomar las soluciones climáticas para generar mayor acumulación, o que no miran que las nuevas tecnologías bajas en carbono pueden producir otros daños. Hay que seguir avanzado, con velocidad, pero con cuidado e inclusión”, señala Costa.

Las propuestas

  1. Acelerar la implementación del sistema de certificación voluntaria para huella de carbono establecido en el Art. 30 de la Ley 21.455, en línea con estándares internacionales.
  2. Agricultura climáticamente inteligente.
  3. Aumentar la resiliencia de las ciudades y aumentar su captura de GEI.
  4. Aumento de captura de carbono en sector agroforestal y prevención de incendios forestales.
  5. Diseñar e implementar un enfoque territorial integrado y multi-actor para la seguridad hídrica en cuencas de las regiones de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), Valparaíso (La Ligua-Petorca), Metropolitana de Santiago (Maipo) y Los Lagos (isla cuenca de Chiloé).
  6. Disminuir las emisiones derivadas del consumo energético en las ciudades.
  7. Impulsar economía circular en ciudades.
  8. Impulsar la transición de una economía basada en materias primas fósiles a una fundada en recursos biobasados renovables.
  9. Impulsar recursos energéticos distribuidos para minimizar el consumo de energía de fuentes fósiles.
  10. Modificar el impuesto al carbono de manera que refleje adecuada y progresivamente las externalidades que generan sus emisiones, y que sea capaz de orientar inversiones y gatillar innovaciones para la reducción de emisiones en todas las industrias.
  11. Promover construcción en madera.
  12. Protección y valorización del Capital Natural y fomento de Soluciones basadas en la Naturaleza.
  13. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
  14. Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.

El Comité

Compuesto por Paloma Ávila, directora de CNN; Olga Barbosa, académica y consejera de WWF-Chile; Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad Desarrollo Tecnológico (UDT) de Universidad de Concepción; Marcela Bravo, gerente general de Acción de Empresas; Claudio Castro, alcalde de Renca; Amparo Cornejo, directora de Sonami; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA); Lorenzo Gazmuri, presidente de ICARE; Mónica Gazmuri, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO); Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Ismaela Magliotto, joven negociadora de Chile para la COP27; Marcelo Mena, exministro de Medioambiente; Gonzalo Muñoz, exChampion de la COP25; Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de Corporate Leaders Group for Climate Action, CLG-Chile; Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS); Carolina Schmidt, exministra de Medioambiente; Claudio Seebach, decano de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Torrejón, director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.

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