La Araucanía: Corte Suprema confirma sentencia contra piscicultura en río Chesque

La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por comunidades de la región de La Araucanía contra la piscicultura Chesque Alto, que opera desde 1998 sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

 

Enero, 2025. Chesque Alto, zona cordillerana de la Región de la Araucanía, forma parte de la Reserva de la Biósfera “Araucarias”, cercano al parque Nacional de Villarrica y en la orilla del volcán del mismo nombre (Rukapillan en mapudungun). Allí conviven comunidades mapuches y emprendimientos turísticos que dependen del Esteros Nalcahue y el Río Chesque. Además, el río es parte de la norma secundaria de calidad de la aguas, de la cuenca del río Valdivia. 

Desde hace años, la comunidad ha denunciado la contaminación de este cuerpo de agua producto de la actividad de la empresa “Acuícola e Inversiones Nalcahue Limitada”, una piscicultura de salmónidos que funciona desde 1998 en el lugar sin Resolución de Calificación Ambiental, ya que vertía los residuos de su producción a pocos metros de un sitio ceremonial mapuche.

“Nuestras familias han vivido y trabajado junto al río (Leufu Chesque) desde siempre y el impacto que esta empresa causó a nuestras comunidades no es solo material y económico, sino que también cultural y espiritual. Por eso estamos satisfechos de que finalmente la Corte Suprema haya acogido esta demanda y terminado con la amenaza que implica salmonera”, señalan Juan Huilipan de la comunidad Gregorio Alcapan y Juan Paillamilla, de la comunidad José Caripan y quien también es también agente de salud mapuche.

Si bien contó con una Resolución de Calificación Ambiental el año 2019, esta fue revocada el 2021 por no haberse evaluado correctamente las consecuencias del vertimiento de residuos industriales en el Estero Nalcahue. Pese a ello, la empresa continuó operando, lo que generó mayores vertidos contaminantes y conflicto con las comunidades locales. Es por ello que las comunidades presentaron un recurso de protección para solicitar que, mientras no se otorguen los permisos pertinentes, se suspenda el vertimiento de químicos contaminantes en el río, lo que afecta su salud y el desarrollo de ritos y actividades ceremoniales.

“Este fallo es un triunfo para las comunidades de Chesque Alto y Hualapulli, quienes llevan años insistiendo ante la institucionalidad ambiental para pedir algo tan sencillo: la evaluación ambiental de la industria que contamina su río. La Corte es clara en su sentencia al señalar que los organismos especializados deben actuar de forma oportuna, de lo contrario se vulneran derechos fundamentales”, comenta Antonia Berrios, Coordinadora General de ONG FIMA y abogada de la Comunidad. 

La Corte no solo revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había desestimado el caso, sino que también destacó la importancia de dar celeridad a la tramitación de denuncias ambientales. La Corte, además, ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente que resuelva el procedimiento sancionatorio contra la empresa en un plazo de 90 días, y que tome las medidas necesarias para resguardar la salud de la población y el medio ambiente, determinando que este organismo debe coordinarse con otras autoridades pertinentes y, en caso necesario, oficiar a la Contraloría General de la República para que realice las fiscalizaciones correspondientes.

Rechazo transversal a declaraciones de J.A Kast contra Matías Asún

Rechazo transversal a declaraciones de J. A Kast contra Matías Asún

Las organizaciones firmantes rechazamos las declaraciones emitidas por José Antonio Kast el pasado domingo 12 de enero en el programa Mesa Central de Canal 13. Es inaceptable que figuras públicas, con incidencia política y social, promuevan ideas que atentan contra el ejercicio de la democracia y los Derechos Humanos, y, en este caso, amenacen a trabajadores públicos, a dirigentes sociales y a ciudadanos con arrebatarles sus fuentes de trabajo o expulsarlos del país por el simple hecho de cumplir con su trabajo y
misión. Este tipo de mensajes evocan episodios lamentables de nuestra historia que no debemos permitir que se repitan: afortunadamente, los tiempos en que el Estado chileno exilió y exoneró a personas por no compartir las ideas de sus gobernantes quedaron en el pasado.

Matías Asun, como líder de Greenpeace Chile durante más de 10 años, ha dedicado su vida de manera pacífica y legal a la defensa del medio ambiente. Su trabajo se ha enfocado en promover la protección de los ecosistemas y denunciar proyectos que generan impactos devastadores para la naturaleza y las comunidades locales. Su compromiso y labor son un aporte fundamental para avanzar hacia un futuro más sostenible y justo, por lo que el libre ejercicio de su labor y el nuestro no sólo debiese estar garantizado por el Estado, sino que además debe ser fomentado y protegido por él, tal como se comprometió al adherir al Acuerdo de Escazú.

Reafirmamos nuestro apoyo y solidaridad con Matías Asun -y con todas las personas que día a día defienden nuestra naturaleza y ecosistemas- y hacemos un llamado a las autoridades, líderes de opinión y la ciudadanía a condenar aquellos discursos que dividen y que buscan deslegitimar causas esenciales como la justicia ambiental.

Convocamos a los medios de comunicación serios a no dar tribuna a estos discursos de odio que solo buscan afectar la paz social y sacar réditos de corto plazo, pero cuyos impactos calan profundamente en nuestro sistema democrático. Asimismo, denunciamos la arremetida mediática en contra de organizaciones ambientales, la cual ha aumentado sistemáticamente en nuestro país y en el mundo. Frenar las noticias falsas o sacadas de contexto es una responsabilidad y un deber de cada uno de los actores de esta sociedad.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando unidos por la defensa de la democracia, los Derechos Humanos y el medio ambiente.

 
Adhieren a esta declaración 130 organización y más de 370 personas de todo Chile:
Agrupacion Aisen Reserva de Vida – Agrupación Multicultural Todas las Artes – Alerta Isla Riesco – Alianza territorial para la naturaleza y la biodiversidad – Fundación Lenga – Amigas y Amigos de la Naturaleza – Amnistía Internacional – Artesanas y tejedoras Ensenada – Asamblea El Manzano – Asociación Chilena de Voluntarios – Asociación de Chilenos de Basel(Suiza) – Asociación indígena multicultural ecológica costera inti chupika – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Aula de Mar – Canelo de Nos – Capsis – Catemu en Movimiento – Cedem – Centro Cultural Caleta Horcón – Centro cultural social y deportivo Rafael Pizarro Alvarado – Centro Cultural y de Información El Monte – Centro Ecuménico Diego de Medellín – Cerefan – Cerro Navia Somos Todos – Colectivo Cine Forum – Colectivo Fidelistas por siempre – Colectivo Teológico 14M – Comisión Chilena de Derechos Humanos – Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, Codeff – Comité Unión Diguillín – Comunidad Amanecer – Comunidad El Ciruelo Sur – Comunidad kawesqar at’ap – Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar – Comunidad Mapuche Huilliche PEPIUKELEN – Coordinadora Defensa Akunkawa – Coordinadora nacional contra Aguas San Isidro – Coordinadora Tocopilla Digna – Corp. Comuna Nueva – Corporación Artistas Pro Ecología – Corporación Camino a Farellones – Corporación Chelenko – Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho – Corporación El Canelo – Corporación Innovación y Ciudadanía – Corporación La Caleta – Corporación Mujeres Siglo XXI – Corporación por la Preservación y Rehabilitación de la Fauna Andina (CEREFAN) – Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén – Defensa Ambiental Región de Coquimbo – Defensoría Ambiental ONG – Departamento DDHH, Medio Ambiente y Biodiversidad COLMED Valparaíso – EcoWiluz AgroEcologia y Soberanía Alimentaria – Escazú Ahora Chile – Escuela Permanente PRAIS – Estero de Limache Sin Acueducto – Federación Regionalista Verde Social – Federación Regionalista Verde Social – Frevs Ñuble – Fundación Achercándose – Fundación Aulas de Cambio – Fundación Aysenda – Fundación Chile Sustentable – Fundación Chile Verde – Fundación Ciudadanos y Clima – Fundación ecociencias – Fundación Glaciares Chilenos – Fundación Lenga – Fundación Newenko – Fundación Ngenko – Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES – Fundación Ojos de mar – Fundación Origen – Fundación Pensamiento Verde – Fundación Protege los Molles – Fundación RedFe – Fundación Rewilding Chile – Fundación Ruta de la Paz – Fundación Tantí – Fundación Terram – Futaleufú Riverkeeper – Conadecus – Instituto de Ecología Política – Junta de vecinos Parque Quillay – Justicia y Paz, Iglesia Aysén – Kolectiva Feminista Gloria Lagos Nilsson de Puerto Williams – Las Ecológicas de Porvenir Alto – Latinas por el Clima – Mi comuna eco-lógica – Ministerio Ecológico Presbiterio de San Juan – Modatima Antofagasta – Modatima Punta Arenas – Movimiento no más anglo – Movimiento por la defensa del acceso al agua, la tierra y el medioambiente (MODATIMA) – Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble – Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero – Mujeres en Resistencia Chile – Mujeres por el Buen Vivir – No a Comahue – No Alto Maipo – Ñuble Libre – Observatorio de Género y Equidad – Oceana – ONG Defensa Ambiental – ONG Ecosistemas – ONG FIMA – ONG Playeras – Plataforma de acción y educación para el resguardo ambiental y social – ONG Uno Punto Cinco – Orden Franciscana Seglar – Otros Cruces – Parlamento Ambiental Ciudadano – Parque Comunitario Panul – Parque Puerto Fonck – Plastic Oceans Chile – Red de Acción por los derechos ambientales RADA – Red de Humedales de Chile – Red por la Defensa de la Precordillera – Revista Pantana – Ruteros – San Antonio Ambiental – Sitio de Memoria Irán 3037- Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes – Somos Biodiversidad, de cordillera a mar – Somos Cuencas – Sphenisco Chile – Taller de buceo Kawésqar kskoi – Tu Aldea – Veeduria Ambiental Chinchina Caldas Colombia – Voluntariado IESA Contigo – Wanaku Akunkawa

Justicia Ecológica es el hilo conductor de la nueva edición de la Revista Justicia Ambiental

Revista Justicia Ambiental N°16
Este jueves ONG FIMA presentará en la Fundación Heinrich Böll la edición número 16 de su tradicional publicación 

Enero 2025. La Revista Justicia Ambiental es una publicación anual llevada a cabo por ONG FIMA desde el año 2010, y que cuenta actualmente con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Su objetivo es contribuir al desarrollo del Derecho Ambiental, promoviendo la discusión y profundización sobre temas jurídicos relevantes en la materia.

Esta edición estuvo a cargo  de Antonio Pulgar Martínez y Sofía Rivera Berkhoff, y tiene como hilo conductor la justicia ecológica. En ella se abordan temas clave como la litigación climática, los derechos de agua indígenas, la responsabilidad ambiental de las empresas, el empoderamiento jurídico y la transición justa, destacando entre los autores, la participación de Tônia Horbatiuk, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental y Ecología Política en la Sociedad de Riesgo-GPDA/UFSC, con su artículo «La justicia ecológica y el “giro ontológico”», y el abogado Antonio Rivas con «Posibilidades y limitaciones para la litigación climática en Chile vistas desde la perspectiva del recurso de protección». A su vez, escribe Diego Zúñiga, Analista Legal de la Dirección General de Aguas de Antofagasta sobre «Los derechos ancestrales de aguas indígenas y su cosmovisión en la zona norte de Chile», y Carla Figueroa, Asesora legal de Academia Into Space, sobre «Las etapas de cierre y post cierre de la faena minera: responsabilidad ambiental de las empresas mineras ante los pasivos ambientales mineros». 

La publicación también incluye los estudios de «Tendencias en los litigios ecológicos y climáticos en América Latina» del Observatorio de Litigación Ecológica y Climática de América Latina, y los estudios de ONG FIMA «Empoderamiento jurídico y defensa del territorio en Magallanes», «¿Hacia una transición justa?: recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel», y «Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética».

“La justicia ecológica es un tema clave para reflexionar sobre la crisis climática y ecológica actual. Uno de los desafíos jurídicos de esta era se relaciona con la importancia de valorar los ecosistemas más allá de lo económico, incorporando los ciclos e interacciones entre componentes ambientales, las funciones climáticas que estos ecosistemas generan o los propios valores culturales asociados a distintos territorios que han determinado prácticas y formas de relacionarse con el entorno. Estos aspectos, muchas veces invisibilizados, son esenciales para enfrentar las asimetrías de poder y reducir la conflictividad socioambiental”, comenta Antonio Pulgar, coordinador de estudios en ONG FIMA y uno de los editores de la Revista.

La Revista será lanzada el jueves 9 de enero a las 18 hrs en la sede de la Fundación Heinrich Böll. Para el lanzamiento, que requiere inscripción previa, contaremos con las presentaciones de: Rodrigo Astorga, coordinador del eje de transición socioecológica de la Fundación Heinrich Böll; Dominique Herve, directora del Programa en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales; y Rodrigo Míguez Núñez, abogado especializado en el fortalecimiento de capacidades locales. Actualmente es profesor asociado en el departamento de transición ecológica y desarrollo sustentable de la Universidad de Eastern Piedmont, además de coordinador del Proyecto Speak4Nature, iniciativa que busca empoderar a individuos y comunidades para que participen activamente en los esfuerzos de conservación de la vida silvestre y restauración del hábitat. 

El lanzamiento también será transmitido a través del canal de YouTube de ONG FIMA.

Luego del evento, la revista Justicia Ambiental N°16 estará disponible para su revisión y descarga gratuita en www.revistajusticiaambiental.cl, junto a todas las ediciones anteriores.

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina

Legal Ocean Watch: el proyecto que busca ser una herramienta innovadora contra la pesca ilegal en América Latina
En un esfuerzo sin precedentes, organizaciones de México, Panamá, Perú y Chile forman parte del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), que busca combatir la pesca ilegal a través de herramientas satelitales y un enfoque colaborativo. La iniciativa promete marcar un antes y un después en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos de la región.

La pesca en aguas continentales es una importante fuente de alimentos y en 2019 representó el 12,7% de la producción pesquera mundial, siendo también una fuente de empleo para aproximadamente 58 millones de personas. Sin embargo, su importante relevancia económica se ha visto opacada por la pesca ilegal, una actividad que, según Naciones Unidas,  representa pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares y es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo tras el tráfico de drogas y armas. 

En América Latina, esta práctica no solo amenaza los ecosistemas marinos, sino también los derechos humanos y las economías costeras. Algunas de las consecuencias de gran alcance de esta actividad incluyen la pérdida de biodiversidad, el aumento de plástico en los océanos y violaciones de los derechos humanos (incluida la pesca pirata, los conflictos por las zonas de pesca en alta mar, el trabajo infantil y forzado, y la trata de personas).

Frente a esta realidad, surge el Proyecto Legal Ocean Watch (LOW) ha desarrollarse entre el 2024 y 2026, que considera la participación de cuatro organizaciones no gubernamentales latinoamericanas y caribeñas especializadas en conservación marina y costera: Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, y la organización líder del proyecto, FIMA de Chile.

LOW nace como una respuesta urgente y necesaria que busca comprender las principales oportunidades y desafíos en el uso de información satelital en procesos institucionales para controlar la pesca ilegal en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivo mostrar el comportamiento de la pesca a nivel global proporcionando herramientas para recabar información sobre esta práctica ilícita y para esto, cuenta con el apoyo de la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW).

“Hoy en día la pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no sólo por la depredación del recurso pesquero, el agotamiento de las pesquerías, sino también por la contaminación que eso significa y los delitos o conductas asociadas a la pesca ilegal como la trata de personas o tratos de esclavitud. Global Fishing Watch tiene una herramienta increíble para poder mapear y encontrar esa actividad en los océanos, por ello distintas organizaciones nos reunimos para comprender cómo usar los sistemas de posicionamiento satelital y monitorear la actividad humana en el mar, en específico en relación a la pesca ilegal. De esta forma,  buscamos entender cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden usar esta información para mejorar las posibilidades de perseguir y capturar la pesca ilegal que ocurre en nuestros océanos”,  señaló Antonia Berrios, coordinadora general de ONG FIMA y coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.

Tecnología al servicio de la sostenibilidad

Uno de los pilares del proyecto es el uso de sistemas satelitales como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por GFW. Estas herramientas no solo permiten detectar embarcaciones en tiempo real, sino también recopilar datos que podrían ser utilizados en litigios o para mejorar la regulación pesquera. Para ello, las organizaciones participantes se capacitaron en jornadas de tres días para conocer la forma de utilizar estos instrumentos tecnológicos, los que serían un recurso para eventualmente presentar procesos administrativos, civiles o en otros casos penales y así disminuir la pesca ilegal. 

“En efecto, la problemática no es nada más de estos cuatro países, es a nivel mundial, y lo que está haciendo Global Fishing Watch es apoyar con herramientas de datos satelitales. La tecnología ayuda mucho a lo que es el análisis de la inteligencia para ver el comportamiento de las flotas pesqueras, ya sea supervisar las flotas pesqueras del pabellón nacional o bien ver las flotas pesqueras del pabellón extranjero que entran a las aguas jurisdiccionales de los países. Y con esto ellos puedan tener por lo menos insumos, reportes de eventos, tener imágenes satelitales y una serie de instrumentos que pueden ser evaluados en conjunto con otros más que pueden aportar para así levantar un caso robusto”, explicó Gabriel Caballero, oficial de Políticas de Panamá para Global Fishing Watch.

Innovación y colaboración

Las organizaciones participantes, no solo cuentan con experiencia en conservación marina, sino también en incidencia política y legal. Por ejemplo, DAN ha capacitado a organizaciones civiles sobre el marco legal mexicano, ha presentado denuncias sobre daños a los ecosistemas y ha exigido acciones gubernamentales para proteger especies en peligro de extinción. CIAM ha abogado por la ratificación de acuerdos internacionales, mientras que DAR ha influido significativamente en las políticas ambientales de Perú. Estas capacidades serán fundamentales para enfrentar los retos de una región donde los sistemas de trazabilidad y monitoreo siguen siendo limitados.

A esto se le suma el nuevo conocimiento de los sistemas de monitoreo, cuyas jornadas de trabajo fueron valoradas de manera positiva por las organizaciones participantes. “En esta oportunidad hemos intercambiado nuestras respectivas legislaciones, en mi caso contando  cómo es en Perú, estableciendo avances en torno al concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si bien nuestra regulación es adecuada en cuanto a la creación de instrumentos legales, aún persiste una brecha en su implementación y fiscalización. En este sentido, la herramienta de monitoreo satelital podría ser de gran utilidad, pero es fundamental que esté acompañada de transparencia, gobernanza e institucionalidad a nivel nacional”, puntualizó Sofía Rodríguez, especialista del Programa Sostenibilidad de DAR.

Por su parte,  Joana Ábrego, gerente legal de CIAM comentó: “Es importante para Panamá ser un país modelo para otras naciones en la gestión sostenible de sus recursos pesqueros, de manera que se evite la depredación de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas naturales, especialmente los océanos, son cruciales para los medios de vida de las comunidades y para la resiliencia ambiental, que ya enfrenta amenazas como el cambio climático, poniéndolos en grave riesgo. La presión humana ejercida sobre el medio natural, a través de una pesca no regulada o inadecuada, genera un impacto excesivo en estos ecosistemas. Por ello, es fundamental utilizar todos los recursos legales posibles, junto con las nuevas tecnologías, para proteger estos ecosistemas esenciales para el mundo”.

Resultados esperados y visión a futuro

A corto plazo, el proyecto aspira a fortalecer las capacidades de las organizaciones involucradas para utilizar datos satelitales en estrategias legales y administrativas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios clave que faciliten el uso de esta información en procesos institucionales. Además, se busca promover relaciones éticas y colaborativas con comunidades locales que puedan verse afectadas por la pesca ilegal.

“Creo que el primer paso es lograr un mayor entendimiento dentro de las organizaciones que formamos parte, para luego transmitirlo hacia el exterior, ya sea a las autoridades, las comunidades o según las capacidades de cada organización. En el caso de México, donde las autoridades pesqueras no suelen ser muy transparentes, este tipo de herramientas podría ser de gran utilidad si lográramos implementarlas y utilizarlas para promover la transparencia (…).Por ello, es importante probar el sistema, evaluar cómo funciona y determinar hasta qué punto las autoridades están dispuestas a abrirse, transparentar procesos y aceptar este tipo de nuevas tecnologías”, detalló María Llano, directora del Programa de Análisis de Políticas Públicas y Legislación de DAN. 

El proyecto Legal Ocean Watch representa una oportunidad única para abordar una problemática global desde una perspectiva regional, innovadora y colaborativa. En un contexto donde la sostenibilidad de los océanos es clave para la supervivencia de las comunidades costeras, iniciativas como esta no solo son relevantes, sino también urgentes.

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Arremetida comunicacional contra organizaciones ambientales y ONG FIMA

Si bien no es novedad que los medios de corte conservador y cercanos a las industrias extractivas hagan notas peyorativas sobre organizaciones de la sociedad civil, hemos observado que desde hace un tiempo esto se ha intensificado y personalizado. Algunos medios de comunicación, entre ellos notoriamente Ex Ante, han tenido una arremetida en contra de algunas organizaciones ambientales, incluida ONG FIMA.

La estrategia que observamos es sencilla y peligrosa. Consiste en levantar y presentar información descontextualizada para generar sospechas sobre nuestro trabajo, a la vez que se realizan asociaciones políticas que no son reales, para intentar señalar que detrás de nuestras organizaciones hay intereses que van más allá de la defensa del medio ambiente. Se agregan datos irrelevantes e inconexos y se hacen operaciones como sumar montos de muchos años para abultar cifras y hacer parecer realidades que no son tales. Esta estrategia además, busca explotar los sesgos cognitivos, de modo de generar confirmación en quienes ya tienen una opinión contraria a la defensa ambiental y disponibilidad para quienes no tienen esa opinión.

No sabemos a ciencia cierta cuál es la motivación para estos ataques reputacionales, pero podemos suponer que tiene relación con la molestia que provoca en ciertos sectores nuestro rol en casos emblemáticos. Entre ellos, por ejemplo, la defensa del Archipiélago de Humboldt contra el proyecto Dominga y el seguimiento de múltiples casos de incumplimientos ambientales de la industria salmonera, que han generado daños al medio ambiente. Coincidentemente, la temporalidad de las notas se relaciona con eventos importantes relativos a estos casos.

Entre los intentos de denostar a ONG FIMA, una táctica que ha sido utilizada constantemente es poner en duda la legalidad y legitimidad de los contratos que tenemos con algunos municipios que han solicitado nuestro apoyo para la defensa de los intereses de sus vecinos en materia ambiental, así como del proyecto que realizamos desde enero 2023 hasta diciembre de 2024 con el Gobierno Regional de Valparaíso, relativo también al empoderamiento jurídico para el acceso a la justicia y el derecho al ambiente sano.

Todos estos contratos corresponden a labores realizadas para distintos municipios, en distintas temporalidades, durante más de una década, y no ha existido conflicto de interés o problemas de ejecución en ninguno de ellos. Conscientes de que no existen problemas de legalidad, el modo de enlodar nuestra labor es mediante estas acusaciones genéricas. Por nuestra parte, tenemos un compromiso con la transparencia, y toda la información de las organizaciones con las que trabajamos, nuestros ingresos y memorias anuales, está disponible en nuestra página web.

Corren tiempos difíciles, en que ciertas personas y organizaciones creen que minar la credibilidad de organizaciones de la Sociedad Civil y dañar el tejido social es una buena estrategia para sus intereses particulares. Pero sin perjuicio del daño que se nos provoque, queremos hacer un llamado a la responsabilidad y la paz cívica entre los distintos estamentos de la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental en la defensa de intereses diversos, entendemos que ello puede ser incómodo para ciertos grupos de poder económico y político, pero queremos remarcar que nuestra organización trabaja en niveles de alto profesionalismo y ejerciendo las herramientas legales que nuestra institucionalidad reconoce.

Por anacrónico que suene en esta era, queremos concluir esta declaración pidiendo a todos los actores sociales, incluidos gremios y medios de comunicación, una razonabilidad mínima que nos permita procesar nuestras diferencias de manera institucional, en lugar de embarcarnos en prácticas de enlodamiento y agudización de las diferencias. La promoción de la desinformación y las campañas de desprestigio de personas y sus labores son un riesgo para la democracia, la estabilidad y la convivencia social.

Para que no queden dudas, dejamos aquí algunas aclaraciones:

  • ONG FIMA fue fundada en 1998 por un grupo de abogados preocupados por la situación ambiental de Chile y porque las personas y comunidades puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.
  • Nuestra organización no tiene ningún vínculo con ningún partido político.
  • Como Organización no gubernamental, ONG FIMA no tiene dueño ni fines de lucro. Las personas que trabajan en nuestra ONG solo reciben su remuneración.
  • Nuestra organización nunca ha sido sancionada con ocasión de alguna relación contractual con organismos del Estado.
  • La sustentabilidad de nuestra organización se basa principalmente en la adjudicación de fondos internacionales para proyectos específicos relacionados con la protección del medio ambiente, la investigación en esta materia y el acompañamiento a comunidades entre otros.
  • ONG FIMA implementó entre 01 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2024 el proyecto “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, el cual tiene sus rendiciones de cuentas al día sin mayores inconvenientes ni cuestionamientos y ahora se encuentra en proceso de rendición final.

 

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile
Chile avanza en la protección de defensores de derechos humanos y del medio ambiente con la entrada en vigencia de un protocolo específico, enmarcado en los compromisos del Acuerdo de Escazú. Este instrumento busca garantizar su seguridad y promover un entorno que facilite la defensa de derechos fundamentales.

Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales han trabajado históricamente en un entorno marcado por conflictos socioambientales y presiones económicas. Así se ha visto con casos emblemáticos como el de Julia Chuñil, desaparecida en la Región de Los Ríos hace dos meses y reconocida por su activismo y defensa del bosque nativo; o el de Rodrigo de la O, fundador y director de Maule-Itata Coast Keeper, quien se opuso públicamente al desarrollo de un proyecto inmobiliario en el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, humedal costero de alto valor ecológico y que fue demandado sin fundamentos por la empresa con el solo propósito de hacerlo desistir de su defensa. Estos hechos ejemplifican cómo estas situaciones tienden a ser una constante para quienes buscan el cuidado del medio ambiente. 

En el mundo también se ha visto un aumento en las amenazas contra activistas, líderes comunitarios y periodistas. En 2022, según Global Witness, una persona defensora fue asesinada cada dos días en América Latina, lo que resulta en que nuestra región concentra más del 60% de estos casos con países como México, Colombia y Brasil a la cabeza. Estos informes subrayan la urgencia de implementar soluciones efectivas. En Chile, aún no hemos llegado a los niveles de nuestros vecinos, sin embargo, cada día conocemos más casos de amedrentamiento, amenazas y demandas legales. 

En este contexto, el Acuerdo de Escazú, ratificado en nuestro país en 2022, marca un hito como el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que vincula derechos humanos y medio ambiente. Este compromiso internacional además de establecer principios como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, recalca la protección prioritaria a quienes defienden el medio ambiente, reconociendo los riesgos inherentes a su labor.

En Chile, el Acuerdo ha implicado superar desafíos importantes. La necesidad de adaptar el marco legal y desarrollar políticas públicas ha llevado al país a ponerse al día en aquellas áreas donde estaba más débil, especialmente el artículo 9 del tratado que indica que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.  Es por ello, que el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, significa un avance en esta materia, buscando mejorar la respuesta del Estado y establecer medidas de articulación institucional.

“El protocolo de Protección a las personas defensoras de Derechos Humanos es un avance en una materia en la que estábamos totalmente en deuda en Chile. Si bien, en su elaboración hubiésemos agradecido una mayor participación ciudadana, creemos que la puesta en marcha de esta instancia de coordinación es fundamental para visibilizar la labor que realizan quienes día a día están en los territorios trabajando por conservar nuestro medio ambiente”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora del Proyecto Escazú y Clima de ONG FIMA.  

¿Qué es el Protocolo? 

El Protocolo, que empezó a regir a partir del 27 de diciembre, fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en él se establecen medidas para prevenir riesgos, como la identificación temprana de amenazas y la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales. Además, fomenta la articulación interinstitucional y la capacitación de funcionarios en derechos humanos, asegurando que el enfoque sea integral y especializado. 

Sin embargo, el protocolo enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales es garantizar que los recursos asignados para su implementación sean suficientes y sostenibles en el tiempo. También existe preocupación respecto a la voluntad política necesaria para asegurar que las medidas se apliquen de manera uniforme en todo el país, especialmente en contextos de conflicto socioambiental. Y aunque la participación de la sociedad civil es un elemento positivo, es crucial que esta no sea simbólica, sino que implique una influencia real en la toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que se requieren recursos suficientes y mecanismos de seguimiento sólidos, que incluyan la participación activa de los defensores en todas las etapas.

«Se trata de un primer paso pero no es suficiente, ya que su impacto dependerá de cómo se articulen las instituciones responsables y se implemente. Hoy en día proteger a los defensores no es solo reaccionar ante amenazas, sino también reconocer públicamente su valor por alzar la voz. Este protocolo debe ser más que un documento, debe convertirse en una garantía real para que sigan trabajando sin miedo», puntualiza Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.

Funcionarios municipales de la Región de Valparaíso finalizan capacitación en justicia ambiental

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

El programa fue implementado por  ONG FIMA con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso para  capacitar en derecho ambiental y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias municipales  de la región.

 

En una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 53 funcionarios y funcionarias de 12 municipalidades de Valparaíso recibieron una certificación por su participación en el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 gracias al aporte de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. 

El objetivo del programa es dejar capacidades permanentes en los municipios para que los mismos profesionales puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales existentes en sus localidades, de modo de poder facilitar el acceso a la justicia ambiental sin la necesidad de contratar servicios jurídicos externos.

“Los municipios son, sin duda, el primer lugar al que recurren los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente”, señaló Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. “Al conversar con las y los participantes y ver cómo han recibido todos los elementos del programa, creo que efectivamente esto les va a permitir tener un rol más activo en proteger sus territorios y en ayudar a las personas que viven en esas comunas a llevar adelante tanto proyectos y procesos de protección ambiental, como a solucionar sus conflictos”, agregó.

Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del programa, destacó que ha sido un trabajo muy arduo que “se traduce en frutos, en productos, que pueden ser relevantes para abordar las problemáticas que puedan tener los distintos municipios, generar capacidades a nivel de funcionarios municipales y también generar herramientas y entregar metodologías para poder trabajar con las comunidades locales y relevar sus sentires y sus preocupaciones”.

Un proceso de dos años

Para la selección de quienes fueron parte del programa, por un lado, se invitó a participar a los municipios en cuyos territorios existiera algún conflicto socioambiental identificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, también se llevó a cabo una convocatoria entre otras municipalidades de la Región de Valparaíso que tuvieran interés en ser parte. Finalmente, las comunas beneficiadas fueron Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quilpué, Quintero, San Antonio y Viña del Mar.

Uno de los participantes del programa fue Vladimir Vicencio, encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, quien se refirió a los próximos desafíos ambientales ante una nueva administración edilicia. “Es importante podamos extrapolar las herramientas conseguidas gracias a este proyecto a la nueva administración y que en conjunto podamos conseguir los resultados que buscamos, que es que todas las industrias y las empresas que están trabajando y desarrollando riquezas en Petorca cumplan con la normativa ambiental sin perjudicar a ningún vecino ni vecina”, comentó.

Por su parte, Daniela Albornoz, del Departamento de Medio Ambiente de Catemu y parte de Catemu en Movimiento, fue otra de las 53 personas que recibieron el certificado por haber completado su participación en el proyecto. Durante la ceremonia destacó el rol de la ciudadanía en la protección del territorio. “Necesitamos que la población, en general, tenga un pronunciamiento respecto de estos temas y, para que esto ocurra, necesitamos que la gente se interese y pueda tener la confianza y la seguridad de saber que, con las capacidades que tiene, puede abordar un proceso de evaluación ambiental, por ejemplo”. Agregó también que existe una responsabilidad institucional de parte de los municipios como tomarse un espacio para difundir sobre un proyecto, sobre la participación ciudadana, etcétera, pero es mutuo, porque a veces la ciudadanía puede tener muchas ganas pero no tiene las herramientas”.

Los resultados del proyecto

La implementación del programa Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental comenzó en marzo de 2023 con la capacitación a funcionarios y funcionarias de 6 comunas de Valparaíso en temas de derecho ambiental. Las primeras municipalidades beneficiadas fueron: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, quienes luego realizaron talleres abiertos a la comunidad sobre fiscalización ciudadana y denuncias ambientales, haciendo uso de los nuevos conocimientos adquiridos.

Este mismo proceso se repitió durante 2024 con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar.

Como resultado general, a lo largo del proyecto se realizaron 96 sesiones de capacitación para 80 funcionarios y funcionarias además de otras 60 sesiones para el co diseño de 14 talleres abiertos a la comunidad.

Sumado a lo anterior, el programa también incluyó un trabajo para la identificación de ecosistemas dañados, así como la realización de un informe de diagnóstico sobre su estado. Para esto, se generó un cuestionario ciudadano enfocado en las 12 comunas participantes, aunque no excluyente, a través del cual se logró identificar 180 ecosistemas de la región de Valparaíso con algún tipo de daño o intervención. Algunos de los más mencionados por los habitantes de la región fueron las Dunas de Concón, el Estero La Cigüeña, el Estero Marga Marga, el Humedal Ojos de Mar, el Río Putaendo y la Laguna El Peral. 

En tercer lugar, en el marco del proyecto se desarrolló el sitio web Poder Ambiental, una plataforma con información legal para proteger el medioambiente explicada de forma clara y sencilla, a fin de poder acercar la normativa chilena a quienes buscan defender sus territorios. Actualmente la página cuenta con diversas entradas sobre temas como conservación de ecosistemas, contaminación, derecho al agua y gestión ambiental local. Finalmente, con el objetivo de difundir el trabajo de los municipios, la academia y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, se grabó el podcast Diálogos por la Justicia Ambiental, que consta de 16 capítulos de entrevistas con distintos actores, principalmente de la Región de Valparaíso. Los episodios se están emitiendo a través de Radio Valparaíso y están disponibles también a través de Spotify.

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
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Tribunal Ambiental excede sus atribuciones para favorecer a Dominga y ordena al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto

  • Será la tercera vez que la instancia ministerial califique la iniciativa de Andes Iron
  • Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, junto a las comunidades locales, anuncian que impugnarán el fallo ante la Corte Suprema

Santiago, 9 de diciembre, 2024. En una inédita sentencia, el 1er Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron, empresa titular de Dominga, y ordenó al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto minero portuario, poniéndole una serie de condiciones que exceden sus atribuciones.

“Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades, el Tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA. “El tribunal ambiental olvida su rol que es el de revisar si las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros están dentro de la legalidad o no y, en su lugar, pretende que la forma en que el propio tribunal analiza los antecedentes técnicos es la forma correcta, eso es inadecuado y es un incumplimiento directo de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule”, agregó el abogado que representa a la organización de conservación marina Oceana en el litigio.

La sentencia establece que en un plazo máximo de 15 días, el Comité de Ministros debe emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga “considerando que se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande”, además de “dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”.

Desde Alianza Humboldt criticaron la sentencia y la directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”, añadió.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, aseguró que “nos preocupa la decisión del tribunal ambiental, creemos que se equivoca en varios de sus argumentos, y, en consecuencia, deja en desprotección al ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales”. “Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del tribunal ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, agregó la abogada representante de las comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.

Dominga: Una historia sin fin

En 2013, el proyecto minero portuario Dominga, que consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre en un periodo de 22 años, entró a evaluación ambiental. En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario de Andes Iron, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt y donde, recordemos, se creó la reciente área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt.

Desde entonces, la empresa Andes Iron decidió buscar la aprobación del proyecto por vías judiciales, las que hasta ahora han fracasado. De hecho, Dominga ha sido rechazada dos veces por el Comité de Ministros, y en dos oportunidades la Corte Suprema ha revisado las sentencias del Tribunal Ambiental; la primera vez, estableció que el rechazo entregado al proyecto en 2017 fue legal, al contrario de lo que proponía la empresa, y ordenó al Tribunal Ambiental referirse a los aspectos técnicos que motivaron ese rechazo. En la segunda oportunidad, la Suprema determinó que el caso debía resolverse a nivel administrativo, es decir, dejó la decisión en el Comité de Ministros, instancia que rechazó por segunda vez el proyecto Dominga, resolución ante la cual la empresa volvió a apelar ante el 1TA, cuya resolución se da a conocer ahora.

Frente a este nuevo escenario de incertidumbre son nuevamente las comunidades locales las más afectadas. Rodrigo Flores, presidente de la Mesa Consultiva del Archipiélago de Humboldt afirmó que no hay apoyo para la minera en la comunidad. “Nosotros llevamos décadas trabajando en un turismo sostenible y en nuestras áreas de manejo, tenemos una economía local que va de la mano con la protección del medio ambiente, y no estamos dispuestos a que se destruya todo lo que hemos construido en este territorio” afirmó Flores.

Por su parte, desde del Movimiento en Defensa del Medioambiente, Modema, aseguraron que, pese a todo el tiempo de lucha por la defensa de esta área, continuarán trabajando por frenar la iniciativa de Andes Iron. “Por años hemos sido testigos de las irregularidades de Dominga en nuestra comuna, intentando comprarse a la gente por medio de regalías. Dominga es parte de los casos de corrupción más bullados del último tiempo en Chile, y no es posible que se le deje la puerta abierta en una zona que, además, tiene un valor ambiental reconocido a nivel mundial”, señaló Carolina Bahamondes, presidenta de Modema, una de las agrupaciones locales que son parte de Alianza Humboldt.

Crisis climática y responsabilidades estatales: presentan libro con herramientas clave para la justicia ambiental

“State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation”, es el nombre del libro coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile que será lanzado en el marco de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia  en La Haya sobre la opinión consultiva realizada por Vanuatu. 

Entre el 2 y el 12 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia iniciará las audiencias públicas sobre la opinión consultiva realizada por la Asamblea General de la ONU, e iniciada por el país insular Vanuatu, respecto a las responsabilidades de los Estados ante la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos.

En este contexto, el miércoles 4 de diciembre en el hotel Marriot de La Haya, se realizará el lanzamiento de forma presencial del libro “State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation” («Responsabilidades Estatales en la Crisis Climática: Normas Legales y Litigio Global»), coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Este libro es un proyecto colectivo que reúne las contribuciones de más de 10 académicos de renombre en Derecho Internacional Ambiental, provenientes de diversas regiones del mundo. Su objetivo principal es explorar las obligaciones legales de los Estados frente a la crisis climática, una problemática que exige una respuesta global urgente. 

Derecho para la justicia ambiental

El libro aborda los desafíos de la transición ecológica desde una perspectiva jurídica, destacando el rol del Derecho en la protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Estado de Derecho en un contexto de crisis climática. 

A través de un análisis detallado, el ejemplar conecta estas obligaciones con los derechos humanos, subrayando cómo la inacción frente al cambio climático afecta a las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables. En este sentido, propone reformas institucionales que permitan avanzar hacia la justicia climática, reconociendo responsabilidades y estableciendo estándares legales que respondan a las demandas de las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, el texto profundiza en el papel que deben jugar los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, junto con las instancias judiciales nacionales, para ser clave en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad frente a las consecuencias del cambio climático. A lo largo de los capítulos, se destacan las responsabilidades diferenciadas entre los países y la necesidad de que las leyes evolucionen para adaptarse a los retos del siglo XXI.

Fruto del trabajo de académicos de distintas regiones del mundo, esta obra explora soluciones jurídicas innovadoras para enfrentar la crisis climática, integrando valores esenciales como la dignidad humana y la integridad ambiental. Con un enfoque global, el libro invita a repensar el sistema jurídico actual para convertirlo en una herramienta transformadora hacia un futuro más sostenible.

Al respecto, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, señala que este documento trata varios temas relacionados con las preguntas que deben ser resueltas en la audiencia de la CIJ. “Entre ellos cuestiones como la protección de los derechos humanos de los migrantes climáticos, la protección de la naturaleza, la forma en que los estados deben cumplir internamente con obligaciones de protección de su población a propósito de la crisis climática y también como otros tribunales ya han abordado el asunto, por ejemplo como lo hizo el Tribunal del Derecho del Mar, son algunos de los capítulos interesantes que tiene el libro”, comenta. 

El libro no solo se limita al análisis académico, sino que también ofrece herramientas prácticas para involucrar a un público más amplio en la lucha por la justicia climática. En paralelo con la publicación, se ha creado un MOOC (Massive Open Online Course) que se ofrecerá de manera gratuita en la plataforma Udemy, con el objetivo de acercar el tema del litigio climático estratégico a estudiantes, profesionales y activistas interesados en el tema. Este curso, que cuenta con la participación de académicos y abogados de organizaciones internacionales como Greenpeace y Price for Oil, busca empoderar a los participantes para que comprendan y utilicen el derecho como herramienta de acción climática, brindando una perspectiva amplia y global sobre cómo las comunidades pueden utilizar las vías judiciales para abordar la crisis climática. 

Audiencias en la Corte Internacional 

Vanuatu, un pequeño estado insular que enfrenta su desaparición debido al aumento del nivel del mar, es uno de los países más afectados por la crisis climática, a pesar de ser responsable de una baja emisión de huella de carbono. Estos países, aunque tienen mínima contribución a la problemática, son los primeros en sufrir sus consecuencias, y muchos de sus habitantes ya se ven obligados a migrar por razones climáticas. 

En un esfuerzo por hacer frente a esta situación, Vanuatu presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, un mecanismo que permite obtener un precedente no vinculante sobre temas con poca jurisprudencia internacional. Esta solicitud busca esclarecer las obligaciones de los estados frente a los impactos de la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos, utilizando el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» del derecho internacional ambiental, que establece que todos somos responsables, pero de manera desigual, según nuestras capacidades y emisiones.

Es por esto que La Corte Internacional de Justicia escuchará las opiniones de más de 100 países sobre esta solicitud durante audiencias que se llevarán a cabo entre el 2 y el 12 de diciembre en el Palacio de la Paz de La Haya. Aunque la opinión consultiva no es vinculante, su desarrollo puede servir como un importante precedente legal y fortalecer el argumento de que la justicia ambiental debe ser alcanzada mediante un enfoque equitativo.

Más de 40 funcionarios municipales se reunieron en el 4° “Encuentro Municipio Verde”

El evento, realizado el pasado 15 de noviembre,  fue organizado por  ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo del Programa de Sustentabilidad de la UTEM. En la instancia, se  reunieron 43 funcionarios y funcionarias de las áreas de medio ambiente de 19 municipios,  con el objetivo de generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la gestión ambiental municipal.

Algunos de los municipios que llegaron hasta la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), fueron Santiago, Viña del Mar, San Joaquín, Recoleta, Cartagena, San Antonio, El Quisco, Mostazal y San Clemente, entre otros.

“Nos alegra mucho haber culminado nuestro 4° Encuentro de Municipio Verde en conjunto con UTEM y FES”, dijo Carolina Palma, politóloga y coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA. “Esperamos haber aportado en un espacio de reunión para funcionarios y funcionarias de distintos lugares de nuestro país, donde se sientan alentados a aprovechar las oportunidades que les entrega la ley para llevar a cabo la gestión ambiental de la comuna. Nos entusiasma aportar en la generación de espacios de conversación en torno a las estrategias y desafíos que han asumido los municipios en materia ambiental”.

El director de Proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES), Christian Sánchez, indicó que “para avanzar en la gestión ambiental, la crisis climática y la biodiversidad necesitamos de un trabajo conjunto. En ese sentido, el apoyo mutuo que hemos tenido con los Municipios Verdes ha sido muy fructífero este cuarto año de trabajo. Para ello, buscamos aportar en entregar herramientas que sean útiles para quienes llegan a trabajar el medio ambiente en las diversas comunas que abarca Municipio Verde”.

Por otra parte, Carolina Rojas, coordinadora de Compromiso Institucional del Programa de Sustentabilidad UTEM, señaló que “los municipios, al igual que la UTEM, enfrentamos retos comunes, como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, entre otros, que tienen un impacto significativo en los territorios. Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es esencial crear y fortalecer redes de colaboración, compartir experiencias y construir un conocimiento colectivo que maximice los resultados de nuestro trabajo en las comunidades. En este contexto de urgencia climática, la unión de esfuerzos entre el Estado, la academia, la sociedad civil y las comunidades es más necesaria que nunca. Solo a través de una acción conjunta, podremos diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y adaptadas a las realidades locales, asegurando un impacto positivo y duradero en los territorios”

Durante el Encuentro se llevó a cabo la presentación del informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, un documento elaborado por ONG FIMA con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, que contiene información sobre las principales competencias con las que cuentan los municipios en temas ambientales.

Se trata de la segunda versión del informe cuya primera edición fue publicada en 2021. En el documento actualizado, se encuentra el detalle de las leyes ambientales publicadas desde entonces hasta la fecha, como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso y la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, el texto incluye un capítulo sobre leyes ya publicadas que aún no se implementan de forma plena, pero que representan oportunidades para la gestión ambiental municipal, entre ellas, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“El informe de Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal se elaboró de manera participativa, con Municipios Verdes que nos colaboraron con sus iniciativas, desafíos y oportunidades”, explicó Carolina Palma de ONG FIMA. “Esperamos que sea una herramienta útil para funcionarios y funcionarias municipales en la gestión ambiental local”.

El informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades está disponible en el siguiente enlace:

Poder Ambiental

Posteriormente, los funcionarios y funcionarias municipales fueron parte de un taller sobre Poder Ambiental, un sitio web que busca entregar información legal para la defensa del medio ambiente en un lenguaje claro y sencillo.

En esta ocasión, el taller ahondó en tres de las entradas disponibles en la página y que refieren a la gestión de los gobiernos locales: Competencia legales en materia ambiental; Gestión Ambiental Local; y Protección de Ecosistemas y Ordenamiento Territorial.

El sitio web Poder Ambiental fue desarrollado por ONG FIMA en el marco del programa Transferencias de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental llevado a cabo con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

Municipio Verde

El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna. Los municipios que deciden firmar este compromiso reciben material de apoyo para el uso de sus facultades ambientales y pueden participar de actividades de capacitación y de intercambio de experiencias, tal como el Encuentro Nacional de Municipios Verdes.

Actualmente hay 36 municipios comprometidos, de los cuales 6 se encuentran en la Región de Valparaíso: Casablanca, Concón, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Además, también son parte de este compromiso comunas como Calama, Ñuñoa, Rancagua, Talca, Hualpén, Ancud y Coyhaique.

Revisa aquí una galería del evento:

Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
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Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
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Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
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