Corte Suprema revierte fallo que anulaba la protección del humedal La Poza en Villarrica

El máximo tribunal acogió un recurso de queja y ordenó al Tercer Tribunal Ambiental pronunciarse sobre todas las reclamaciones pendientes. 

Mayo, 2025. El humedal La Poza y el Delta del Trancura, ubicados en la ciudad de Villarrica, Región de La Araucanía, conforman un ecosistema de gran relevancia para la biodiversidad local. Albergan especies vulnerables y en peligro de extinción, y cumplen funciones esenciales como la regulación del ciclo del agua, la recarga de acuíferos y la mitigación de eventos climáticos extremos. Sin embargo, este territorio se encuentra bajo fuerte presión debido a proyectos inmobiliarios, contaminación por aguas servidas y una urbanización acelerada y desregulada.

En 2022, el Ministerio del Medio Ambiente declaró oficialmente este sector como “Humedal Urbano”, según lo establece la Ley 21.202, lo que permitía proteger más de 800 hectáreas. La decisión fue cuestionada por particulares que presentaron una serie de reclamaciones argumentando el incumplimiento de los criterios para la declaración. En mayo de 2024, el Tercer Tribunal Ambiental  acogió parcialmente las reclamaciones, indicando que no existía una mayor conexión entre las áreas urbanas y rurales del humedal, anulando su protección. 

Frente a este escenario, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, contra los ministros del Tercer Tribunal Ambiental, sosteniendo que el fallo vulneró el principio de protección ambiental al anular el acto administrativo que reconocía el humedal urbano. Cuestionó que los ministros dieran prioridad al interés social y económico por sobre el análisis ecológico, y criticó que se negara la existencia de una unidad ecosistémica solo porque parte del humedal se encuentra degradada o ubicada en el límite entre lo urbano y lo rural.

El recurso fue acogido el 19 de mayo de 2025, dejando sin efecto la sentencia dictada por el tribunal ambiental. El máximo tribunal estableció que el Tercer Tribunal Ambiental incurrió en ilegalidad al anular la declaratoria de humedal urbano sin revisar todos los antecedentes del caso, enfatizando que,ante la duda o falta de prueba, debe aplicarse una interpretación que favorezca la protección ambiental del ecosistema.

En este sentido, la Corte ordenó al tribunal ambiental retomar la causa y pronunciarse sobre las reclamaciones que no fueron resueltas en el fallo anterior. “En virtud de lo resuelto, y atendido el cambio sobreviniente en la composición del Tercer Tribunal Ambiental, éste deberá proceder a una nueva vista y fallo que emita pronunciamiento respecto de aquellos puntos de las reclamaciones acumuladas que fueron omitidos por la sentencia recurrida”, concluye el escrito.

¿Por qué El Mercurio ataca a las ONG ambientales cuando se discute la ley de permisos ambientales?

El viernes 16 de mayo, el medio El Mercurio publicó un inserto de 12 páginas con una versión parcializada respecto al rol que ocupan las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección ambiental en Chile. Esta publicación se da en el contexto de la discusión sobre la mal llamada “permisología” y la búsqueda de flexibilizar la tramitación ambiental para facilitar la aprobación de proyectos de inversión. 

La narrativa de la sección “Crónica para el Futuro” supone erróneamente que las ONG ambientales producen una demora en ciertos proyectos, como si ello fuera un objetivo por nuestra parte. ONG FIMA es ampliamente mencionada, existiendo además una serie de aseveraciones que no se condicen con la realidad de nuestro trabajo. 

  1. En la editorial del mencionado suplemento, se atribuyen intenciones completamente equivocadas a nuestra labor, utilizando un lenguaje que busca sembrar dudas y desconfianzas. Por supuesto las ONG trabajan juntas cuando corresponde, como lo hace cualquier otro actor en la vida nacional y más todavía entre actores que creen en la colaboración por un futuro mejor. Ello no significa que exista un interés particular en oponerse a la inversión en general, ni menos al desarrollo del país. Sí es del caso que nos interesa profundizar en la idea de desarrollo, pues nuestra visión del mismo se relaciona con tener un país donde todos podamos respirar aire limpio, beber agua limpia y tener una naturaleza que dejar a nuestros descendientes. Por lo mismo, no toda inversión nos parece igualmente positiva y poder discutir eso, como parte de las libertades básicas de una sociedad democrática, no debiera significar que grandes medios de comunicación usen su poder para atacar la reputación de nuestras organizaciones. 

  2. Asimismo, la editorial, sin ninguna razonabilidad, acusa a las ONG de sobre utilizar las herramientas legales que democrácticamente han sido aprobadas en el país para defender los derechos de las personas. Es lamentable que se crea que el uso de las herramientas institucionales y pacíficas constituye un abuso, más cuando nos enfrentamos a una realidad donde grandes poderes concentrados por el Estado y las empresas, se oponen en general a personas que no tienen acceso a la justicia, el cual es proveído por ONG como la nuestra. Querer mermar las posibilidades de acción de organizaciones como la nuestra, simplemente redunda en dejar a las personas sin derecho de acceder a la justicia, dando carta blanca para el abuso de actores que quieran imponerse por vías ilegítimas. 

  3. En uno de los artículos del suplemento se indica que dos abogados de ONG FIMA podría ser multados por 400 millones. Esta información es falsa, y solo da cuenta del desconocimiento del sistema legal de nuestro país y del interés del medio por desprestigiar nuestro trabajo.
    La situación real es que actualmente dos abogados que trabajaron en FIMA se encuentran demandados en lo que es conocido mundialmente como “SLAPP” (Strategic Lawsuits Against Public Participation) son demandas judiciales estratégicas que tienen como objetivo silenciar o intimidar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y participación pública. Generalmente, estas demandas son presentadas por entidades poderosas contra individuos o grupos que critiquen o cuestionen sus acciones.
    Para que se entienda el sinsentido de la demanda, es útil explicar que dichos abogados ni siquiera eran demandantes, sino representantes de un grupo de personas, que interpusieron un recurso de protección y ganaron la paralización de un proyecto que opera sin  permisos y que fue, posteriormente, multado por la misma razón. La empresa que operaba en la ilegalidad decidió demandar a los abogados por daños y perjuicios, con la clara intención de amedrentarlos, cuestión que por supuesto no ha logrado. La demanda, que actualmente se encuentra en proceso probatorio, no ha sido resuelta por los tribunales y en ningún caso significa una multa por algún accionar fraudulento por parte de nuestros abogados.
    Se puede ver más información de ese caso aquí.

  4. El financiamiento de nuestra organización está transparentado en nuestra web, así como las memorias anuales. Tal como lo indica el artículo, nuestro financiamiento proviene principalmente de organizaciones internacionales, y en menor medida de las asesorías que hacemos a municipios que contratan nuestros servicio. No existe ni ha existido nunca una sanción por algún problema en la rendición o adjudicación de ninguno de los proyectos que llevamos a cabo y todas nuestras acciones están debidamente respaldadas en todos las instancias pertinentes. Esto no significa que en el marco de investigaciones a otras organizaciones, se haya querido hacer un aprovechamiento político para enlodar nuestra labor y se nos haya acusado al voleo. Peor aún, no significa que no existan publicaciones en medios de propaganda en que se haya publicado información falsa o descontextualizada en nuestra contra. 

El compromiso de ONG FIMA con la defensa del medio ambiente, los derechos de las personas y el patrimonio del país continúa igual de firme que siempre. El ascenso de visiones políticas extremas y exclusorias que quieren eliminar derechos y dañar la democracia es uno de los nuevos desafíos que debemos enfrentar. Les invitamos a mantenerse alerta, contrastar la información que reciban y defender la democracia y los derechos humanos. 

Entrevista | Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA: «Es corto de vista pensar que van a existir personas obstruyendo una actividad sin motivos»

El abogado destaca que en la mayoría de los proyectos «no hay conflictos», pero añade que «en algunos los hay, y hay que tener claro que es importante poder decirle que no a una inversión cuando causa daño».

Entrevista por Nadia Cabello.

Viernes 16 de mayo, 2025. Su nombre es reconocido entre ambientalistas, pero también en el mundo académico, político y empresarial.

Ezio Costa es abogado, máster en Ciencias de la Regulación de la London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho de la U. de Chile. Es autor de los libros «Por una Constitución Ecológica» y «El asilo contra la extinción» -este último, junto a la científica y exconvencional Cristina Dorador-, y de varias publicaciones académicas donde trata sobre derechos de la naturaleza, participación ciudadana y justicia ambiental, entre otros temas.

Llegó la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) en 2006 y seis años después se convirtió en el director ejecutivo de esta agrupación que ha sido parte de los litigios de HidroAysén, Alto Maipo y Río Cuervo, entre otros. Acá, accede a responder por escrito las preguntas de «El Mercurio».

¿Cómo describiría la labor que realiza FIMA, que ya cumple 27 años?

Me parece que ha tenido un desarrollo interesante. FIMA nace para darle asistencia jurídica en materia ambiental a personas que lo necesiten y en el proceso fuimos descubriendo otras necesidades en torno a la protección del derecho al ambiente sano y la conservación del patrimonio ambiental, pero también se ha ido agravando la situación, por lo que nuestro trabajo se ha hecho mucho más necesario y complejo. Organizaciones como FIMA son necesarias para el adecuado funcionamiento institucional y la protección del interés general, me alegra que podamos hacer esa labor.

Durante este tiempo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros?

Recuerdo muchos más desafíos que logros, la verdad. Pero hay algunas actividades que me han parecido especialmente interesantes. Me gusta mucho el proyecto de educación de la Usocioambiental y el sitio web poderambiental.cl que permite a las personas conocer sus derechos en los conflictos ambientales. Luego hay otras actividades como la Asamblea Climática de la Región de Los Lagos, el rol que jugamos en la organización de la Cumbre Social por la Acción Climática en 2019, los informes que hemos presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la mantención de la revista de derecho ‘Justicia Ambiental’.

Ustedes han representado a varias comunidades y grupos locales en distintos litigios. ¿Cómo llegan a ellos?

Normalmente cuando las personas tienen conflictos y quieren resolverlos de manera pacífica e institucional, buscan las vías para hacerlo y supongo que preguntando llegan a nosotros. Ofrecemos ayuda en esas vías y así llegan esas comunidades y personas a nosotros, buscando ayuda. Recibimos decenas de casos al mes, no podemos ayudarlos a todos porque no tenemos capacidad para hacerlo, pero intentamos al menos orientar y dar herramientas a la mayor cantidad de personas posibles, precisamente porque creemos que cualquiera debiera poder usar sus derechos.

«Pero es interesante la pregunta, porque coincide con la narrativa de algunos. Para nosotros lo ideal sería que hubiera menos conflictos ambientales, pero eso requiere un trato muy distinto de las empresas y el Estado para con las personas y el medio ambiente», agrega.

¿Cómo debiera ser ese trato de las empresas y el Estado?

Con un trato igualitario, deliberativo y que valore la vida. Y un punto de partida podría ser cumplir con la ley entendiendo que el derecho ambiental tiene por objetivo prevenir daños a las personas y a la naturaleza, razón por la cual algunas actividades no pueden realizarse en algunos lugares. Mire, le doy un par de avances muy sencillos que podríamos tener: el primero, consultores independientes y no contratados por las empresas que quieren hacer un proyecto, de manera que la información sea más neutral. Un segundo es que exista un servicio público autónomo que le de acceso a la justicia ambiental a las personas, en lugar de que esa carga tenga que ser soportada solo por la sociedad civil y nuestra limitada capacidad para otorgar ese servicio.

¿Cree que es posible conciliar el desarrollo de proyectos de inversión con el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo?

Claro que es posible y en muchos casos se hacen esfuerzos para que ello suceda. En la inmensa mayoría de los casos, además, no hay conflictos. Pero en algunos casos los hay y hay que tener claro que es importante también poder decirle que no a una inversión cuando causa daño. En este sentido, probablemente una cuestión es dar un paso atrás y preguntarse si la inversión es buena por sí misma o si podemos mirar en qué se está invirtiendo, para qué y quién gana y pierde con eso.

El abogado grafica: «Por ejemplo, no parece razonable hacer un proyecto minero de bajo valor y que durará 20 o 25 años, y a cambio comprometer el futuro de una zona de alto valor ambiental, donde las personas tienen un buen sistema de vida en armonía con dicha naturaleza, que puede mantenerse por siglos. En los números, el proyecto es “inversión” y la mantención de la vida no suma gran cosa al PIB, pero en la realidad material cualquier persona puede razonablemente darse cuenta de que es más conveniente la mantención de un sistema de vida funcional y armónico».

Hay quienes dicen que algunas ONGs, entre ellas Fima, buscan obstruir proyectos a través de observaciones, reclamaciones y judicialización. ¿Qué responde al respecto?

Es lamentable que haya personas que crean que los derechos de los demás son obstrucciones y un poco corto de vista pensar que van a existir personas obstruyendo una actividad sin motivos. Lo que las ONG hacemos es ayudar a representar derechos e intereses, la mayoría de las veces no propios aunque alineados con nuestra visión. El problema radica en la creencia de que por el solo hecho de ser un actor del mercado una idea productiva, entonces esta idea tiene que poder desarrollarse. En el mundo real hay valores y personas que tienen que ser consideradas antes de llevar adelante esas ideas, personas que no necesariamente tendrán un interés económico, sino que también pueden tener un interés ético, cultural, estético, de salud o incluso religioso.

«Piense que una vez por ejemplo tuvimos que ayudar a defenderse a un convento de monjas carmelitas a quienes querían instalarles una central de energía en su convento, un lugar que para ellas era sagrado. Pensar en que usar el derecho también en defensa de sus derechos y de su forma de ver el mundo es una obstrucción, solo da cuenta de un pensamiento lineal donde lo único válido es generar ingresos. Afortunadamente el mundo es mucho más complejo que eso y afortunadamente hay gente que pone en energía en defender esa complejidad de la naturaleza y la humanidad».

¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que busca que las ONGs deban transparentar su financiamiento? ¿Por qué?

Me encantaría tener una ley que transparente el financiamiento y actividades de todas las organizaciones privadas. Por ejemplo, saber cuánto se invierte en lobby para evitar leyes de protección ambiental o cómo se financian páginas web de propaganda que aparentan ser medios de comunicación. En nuestro caso, tenemos en línea nuestro financiamiento y no hay problema en mostrarlo. Sobre el proyecto de ley, por lo mismo, creo que hay que extenderlo a todas las organizaciones privadas, de otro modo aparece solo como un intento de complejizar a un sector para beneficiar a otros, algo que es típico de Estados capturados, donde se ha perdido la brújula democrática.

¿De dónde proviene el financiamiento de FIMA?

Está publicado en nuestra página web, pero la gran mayoría de él proviene de fondos internacionales a los que postulamos nuestras actividades. En general son procesos competitivos abiertos, parecidos a las licitaciones, con la diferencia de que no hay un encargo específico por parte de quien financia, sino que la idea de proyecto es del financiado y lo que mira el fondo es que se alinee con sus objetivos. Es parecido a lo que hacen los inversionistas, con la diferencia de que estos fondos internacionales no buscan tener un retorno económico, sino en términos de impacto social. Como decía antes, por suerte en el mundo queda mucha gente dispuesta a poner su dinero y esfuerzo para lograr mejoras que son para todos y no sólo para generarse un beneficio económico individual.

Usted participó en los equipos asesores del candidato Gabriel Boric. ¿Cómo evalúa su gestión, que prometía ser el primer “gobierno ecológico? 

Esta es una pregunta personal, pues FIMA no tiene una alineación político-paridista y por lo tanto como organización se mantiene al margen de esas instancias. En mi caso, sí, participé en la segunda vuelta, cuando el país tenía que optar entre el presidente Boric y un contendor de visiones extremas cuyo programa contenía varias medidas que apuntaban hacia la autocracia.

«Creo que la evaluación no se puede hacer sin tomar en cuenta el escenario alternativo, pues aún cuando me gustaría que este gobierno hubiera sido más activo en la protección del medio ambiente y hubiera generado más poder para lograrlo, no es menos cierto que en los lugares donde se han instalados esos gobiernos autoritarios o autocráticos se ha entregado más poder a los grandes grupos económicos en desmedro de la ciudadanía, se ha degradado la dignidad humana, perseguido a personas y grupos que no son del gusto de los gobernantes e incentivado la destrucción del medio ambiente sin ningún respeto por las generaciones futuras ni el bien común». 

Entrevista publicada en El Mercurio – 16/05/25

¡Abiertas las inscripciones para la Usocioambiental 2025!: espacio de formación para la acción climática global

Con el lema “Conocimiento para la acción”, la iniciativa busca fortalecer el rol activo de la ciudadanía frente a la crisis climática, a través de 11 cursos de formación, especialización y talleres. 

Con el objetivo de seguir compartiendo conocimiento para la acción ambiental desde la ciudadanía, ONG FIMA abrió la convocatoria para participar en la séptima versión de la Usocioambiental. Se trata de un espacio de formación abierto, gratuito y sin requisitos de ingreso que se desarrollará entre los meses de mayo y agosto de 2025 y que cuenta con el financiamiento de la Fundación Friedrich Ebert (FES) Transformación y el apoyo de la Universidad de Chile

La iniciativa nace como una alternativa de formación ambiental para personas interesadas en comprender, actuar y participar activamente ante la crisis climática y ecológica. Durante sus seis versiones anteriores, se ha consolidado como un referente en educación ambiental, ofreciendo cursos impartidos por personas de la sociedad civil con experiencia en temáticas ambientales, jurídicas, territoriales y de gobernanza. “El rol que cumple es que permite a la ciudadanía adquirir conocimientos y compartir sus conocimientos con otros, para generar redes, lazos y empoderamiento entre quienes buscan actuar ante la crisis climática y ecológica en la idea de ‘conocimiento es poder’”, señaló Sofía Rivera, investigadora del área de Estudios de ONG FIMA.

Con una propuesta educativa que busca democratizar el conocimiento ambiental, este año el lema es “Conocimiento para la acción”, que se da en el contexto de la próxima COP30, donde se discutirá el financiamiento climático y la necesidad de aplicar los compromisos. En este sentido, la Usocioambiental refuerza el rol activo de la ciudadanía en la transición socioecológica, destacando la urgencia de actuar frente a la falta de implementación de los acuerdos climáticos.

A diferencia de las estructuras educativas tradicionales, la Usocioambiental no entrega grados académicos ni exige evaluaciones, sino que promueve un espacio horizontal de aprendizaje entre pares. En su versión 2025 ofrecerá exclusivamente formación virtual, con tres modalidades disponibles: cursos de especialización, cursos de formación y talleres.

Cursos de especialización:

  • Gobernanza del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe
  • Camino a la COP30: incidencia política en materia de cambio climático

Cursos de formación: 

  • Herramientas de litigio climático 
  • Movilidad ambiental y climática ; desafío de escenarios futuros en Chile
  • Introducción a la triple crisis ambiental
  • Introducción al derecho ambiental
  • Políticas y Convenios Internacionales para la Protección Ambiental
  • Financiamiento Climático: Estrategias y Oportunidades
  • Salares y minería del litio: biodiversidad y marco legal

Talleres: 

  • Agroecología Popular 
  • Herramientas de acceso ciudadano para la fiscalización y acción socioambiental

Una de las principales expectativas para esta séptima edición es continuar internacionalizando el espacio, dada la creciente atención que ha despertado en la región. “Sabemos el interés que genera la Usocioambiental en otros países, y por eso uno de nuestros principales objetivos es seguir descentralizando el acceso a la información socioambiental, tanto dentro de Chile como en otros territorios. Los cursos son impartidos por personas y organizaciones de diversos países, lo que permite una difusión mutua y una mayor proyección internacional”, puntualizó Sofía Rivera. 

La convocatoria ya se encuentra abierta aquí y está dirigida a toda persona interesada en adquirir conocimientos ambientales desde una mirada crítica. Además, quienes completen el curso o taller elegido se les entregará una certificación de participación. 

Finalmente, para inaugurar la séptima versión de la Usocioambiental se realizará la charla magistral “La educación social como espacio de disputa para la transición socioecológica”, a cargo de Santiago Álvarez, director de FUHEM Ecosocial (España). Esta actividad se desarrollará el 26 de mayo en la sala Enrique Sazié en la Casa Central de la Universidad de Chile, de 18:00 a 20:00 horas, en formato híbrido y estará abierta a todo público. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del mismo formulario disponible para los cursos y talleres en el sitio web www.usocioambiental.cl.

Nuevo apunte de política ambiental: Desafíos del Protocolo de Protección a personas defensoras de derechos humanos en Chile

Ya está disponible el nuevo Apunte de Política Ambiental de ONG FIMA: «Análisis del Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Chile». Este protocolo, aprobado el 4 de abril de 2024 y en vigor desde el 27 de diciembre del mismo año, constituye el primer paso del Estado chileno para cumplir con el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que exige garantizar un entorno seguro y propicio para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales.

Este documento examina el alcance, funcionamiento y desafíos del Protocolo, evaluando su alineación con los estándares internacionales de derechos humanos y protección ambiental. Además, aborda cómo, pese a ser un avance normativo, presenta importantes debilidades, señalando las fallas en accesibilidad y transparencia del portal informativo, y la necesidad urgente de fortalecer la coordinación institucional y territorial para garantizar su implementación efectiva.

Invitamos a revisar este apunte y a reflexionar sobre los desafíos pendientes para garantizar una protección real y efectiva a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en Chile.

Hacia comunas más verde: municipios se reúnen para un trabajo colaborativo ante los desafíos ambientales

La jornada, convocada por ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), contó con la participación de 36 funcionarios y funcionarias de 20 municipios a lo largo de todo Chile.

El Día de la Tierra, conmemoración que tiene lugar cada 22 de abril, encontró a Chile peligrosamente cerca de un nuevo “Sobregiro Ecológico”, fecha en la cual la demanda de bienes y servicios naturales por parte de la población habrá excedido lo que la Tierra es capaz de regenerar en un año, dejando al país en una situación de “déficit ambiental”. Según estimaciones de la Red Global de la Huella Ecológica (GFN, por sus siglas en inglés), este hito tendrá lugar el próximo 17 de mayo.

Así, según los pronósticos, en menos de un mes Chile se convertirá en el primer país de Latinoamérica en superar los límites ecológicos anuales del planeta, un triste récord que se repetirá por sexta vez consecutiva y reafirma la necesidad de avanzar hacia sociedades más sostenibles.

Como una forma de abordar la crisis ambiental desde la acción local, 36 funcionarios y funcionarias municipales de medio ambiente se reunieron este jueves 24 de abril en el lanzamiento de Municipio Verde 2025, una iniciativa de ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES) que busca comprometer a las distintas administraciones a utilizar plenamente sus facultades legales ambientales.

“En esta actividad tuvimos la oportunidad de compartir con distintos municipios de Chile, los cuales tienen diferentes desafíos ambientales ya sea por sus condiciones geográficas o sociales”, comentó Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA. “En ese sentido, nuestro propósito como Municipio Verde es que los municipios puedan avanzar en gestión ambiental y que se den espacios de compartir buenas iniciativas que sirvan de ejemplo para sus pares”.

Christian Sánchez, director de Proyectos de la Oficina de FES en Chile, señaló que “Desde la Fundación Friedrich Ebert creemos que enfrentar la crisis ambiental requiere un cambio profundo en la forma en que entendemos el desarrollo. Por eso, apoyamos proyectos como Municipio Verde, una iniciativa que fortalece el rol de los municipios, impulsa la participación ciudadana y promueve una gestión ambiental con un enfoque territorial, justo y democrático. Este año, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso, porque encontrar nuevos caminos de desarrollo viables y sustentables es una tarea urgente y colectiva”.

Durante la actividad, la cual se desarrolló en formato híbrido y contó con la participación de 20 municipios de todos Chile, los funcionarios y funcionarias reflexionaron sobre cuáles eran los tópicos que les parecían más desafiantes, aquellos en los cuales contaban con mayor experiencia, y tuvieron la oportunidad de compartir algunas de sus iniciativas de gestión ambiental. De esta forma, se buscó un intercambio de conocimientos y experiencias entre los asistentes.

Los municipios que participaron del encuentro fueron Calama, Coquimbo, Los Vilos, Cartagena, Viña del Mar, Villa Alemana, Peñaflor, Santiago, Recoleta, Quilicura, Huechuraba, Macul, Melipilla, Padre Hurtado, Maipú, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Curicó, Constitución, Hualpén y Ancud.

Compromiso Municipio Verde

Durante la actividad, se realizó la presentación actualizada del Compromiso Municipio Verde, un documento de 10 puntos de libre suscripción. Por medio de la firma de este, alcaldes y alcaldesas se comprometen a avanzar en una serie de medidas que buscan generar comunas más sustentables.

El Compromiso se construyó en base a los informes Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: La experiencia de 24 Municipios de Chile y Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, e incluye temas como participación ciudadana, residuos y contaminación, energía, gestión hídrica, infraestructura verde y biodiversidad, fiscalización ambiental y educación ambiental, entre otros.

Carolina Palma explicó que “el Compromiso Municipio Verde es un documento que busca ser una hoja de ruta en la gestión ambiental y funciona como una certificación. Con este invitamos a los municipios a avanzar haciendo pleno uso de las facultades que les confiere la ley, que en estos últimos años han ido en aumento y se han diversificado, con distintas herramientas legales como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley REP, entre otras”.

Hasta el momento, 38 municipios a lo largo de todo Chile han suscrito el Compromiso Municipio Verde, entre los cuales se encuentra Calama, Viña del Mar, Quilicura, Hualpén, Valdivia, Puerto Varas y Ancud.

Revisa imágenes del evento a continuación:

ONG FIMA y sociedad civil invitan a participar a la comunidad de Arica en taller sobre Acuerdo de Escazú

El taller se enmarca en la preparación del caso de contaminación por polimetales que será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que en febrero de este año el Estado finalizara el proceso de solución amistosa sin presentar ninguna contrapropuesta.

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca garantizar derechos fundamentales en materia ambiental para toda América Latina y el Caribe, promoviendo el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Para Karla Vargas, encargada de procesos territoriales de ONG FIMA, “el Acuerdo de Escazú puede ser de gran ayuda para comunidades que se han visto afectadas por conflictos socioambientales, como es el caso de la comunidad de Arica y la contaminación por polimetales, donde la falta de transparencia y participación han limitado una oportuna respuesta a sus problemáticas. Conocer y participar en la implementación del Acuerdo permite a la ciudadanía exigir transparencia, ser parte activa en la elaboración de políticas públicas y demandar justicia cuando sus derechos no son respetados”. 

Es por ello que ONG FIMA, en colaboración con Modatima Arica y Parinacota, la Universidad de Tarapacá y el Comité Ambiental Comunal de Arica, organizan el Taller “Participación Ciudadana y Medio Ambiente: Descubriendo el Acuerdo de Escazú”. Esta instancia se llevará a cabo el martes 29 de abril, y está dirigida a toda la comunidad, sin necesidad de conocimientos previos. El objetivo es dar a conocer los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, su relevancia para la región y cómo este puede contribuir a enfrentar los desafíos ambientales actuales. Puedes inscribirte aquí

Años de contaminación por polimetales en Arica

Durante años, las y los habitantes de Arica han sufrido las consecuencias de la contaminación por polimetales, un problema que inició en las décadas de los 80 y 90, luego del depósito de desechos tóxicos provenientes de Suecia en terrenos que entonces estaban deshabitados. A pesar de la peligrosidad de estos residuos, entre 1992 y 1996 se construyeron poblaciones en las cercanías, exponiendo a familias a metales pesados como plomo, arsénico y cadmio. Esto provocó distintos síntomas en los habitantes: abortos espontáneos, niños con dificultades de aprendizajes, jaquecas, dolor de huesos y cáncer.

Frente a esta situación, más de 900 personas demandaron al Estado en 1999, pero el proceso judicial ha sido largo y lleno de obstáculos. Aunque hubo una sentencia favorable en 2007, la mayoría de las víctimas no ha sido compensada y los residuos tóxicos no han sido debidamente gestionados. Hoy, las viviendas contaminadas están ocupadas por personas sin hogar e inmigrantes y el daño ambiental persiste. 

A pesar de las demandas y esfuerzos de las víctimas, el Estado de Chile aún no entrega una solución efectiva. En febrero de este año, el Estado puso fin al proceso de solución amistosa en el caso de los polimetales en Arica, sin ofrecer una contrapropuesta a las demandas de las personas afectadas. En este contexto, el proceso seguirá avanzando ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición presentada en 2007 y, eventualmente, determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de las más de 900 personas afectadas. 

Para avanzar en este proceso, se está desarrollando un trabajo clave para contactar a quienes presentaron esta petición hace más de 17 años. Muchos de ellos eran niños en ese entonces, otros han fallecido, se han trasladado o enfrentan problemas de salud que dificultan su participación. “Esta búsqueda no solo pretende informar sobre el estado actual del caso, sino también actualizar testimonios y asegurar una representación efectiva ante la CIDH. Recoger estas voces resulta fundamental para el proceso jurídico y para visibilizar una historia marcada por el abandono, la contaminación y la lucha por la justicia ambiental en el norte de Chile”, señaló la abogada de ONG FIMA. 

Si eres uno de los afectados o conoces a alguien que lo sea, puedes acceder al formulario de búsqueda y registrarte aquí

SLAPP: Empresa acuícola sancionada por contaminar un río ahora demanda a abogados ambientalistas

El caso se desarrolla en torno al Río Chesque, en la comuna de Villarrica, lugar sagrado para la comunidad Mapuche que habita aguas abajo y que fue seriamente perjudicada debido al actuar de la empresa.

Las SLAPP, conocidas por sus siglas en inglés, son demandas estratégicas contra la participación pública. Lo que buscan los que las interponen, es acallar y amedrentar a quienes se oponen a sus intereses. No son un fenómeno nuevo y mucho menos aislado, sin embargo, en los últimos años el uso de estas estrategias ha aumentado. Conformándose como una táctica más de ataque a las personas defensoras del medio ambiente.

La utilización de la justicia como herramienta de persecución no solo pone en riesgo la libertad de expresión de toda la ciudadanía, sino que también atenta contra la democracia. Así, hemos podido ver cómo múltiples defensores y defensoras ambientales han sido víctimas de estas acciones, que, si bien en su mayoría han sido desestimadas por los tribunales, han implicado graves consecuencias para su salud física y mental, así como daño económico al tener que dejar de lado su trabajo y financiar la defensa contra acusaciones sin fundamento.

Demanda contra abogados de ONG FIMA

ONG FIMA es una organización que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a diversas comunidades que enfrentan conflictos socioambientales. Así es como llegaron a representar a la Comunidad de Chesque Alto, quienes eran víctimas de la contaminación del río producida por una empresa acuícola, que luego de operar sin autorización ambiental por casi 20 años, una vez obtenida, continuó generando daños que llevaron a la autoridad a revocar su permiso de funcionamiento solo tres años después.

La empresa continuó operando sin autorización. Por este motivo, los abogados Antonio Madrid y Antonia Berrios, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Temuco una orden de no innovar, la cual paralizó la obra durante 11 meses. Posterior a esta situación, la empresa interpuso una demanda contra los abogados, argumentando que la solicitud de la orden de paralización les había causado perjuicio económico, por lo que exigen una indemnización de $400 millones de pesos.

Actualmente, la causa se encuentra abierta y en proceso de pruebas, a pesar de la constancia del daño causado a la comunidad, a la evidencia de que la empresa sistemáticamente incumplió la normativa ambiental y a que fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explica Antonia Berríos, abogada de ONG FIMA y demandada en este caso.

Sobre la utilización de este tipo de demandas, Antonia Berrios reflexiona: “Por supuesto que para nosotros implica un desgaste al cual no quisiéramos estar sometidos, pero por sobre todo, nos hace pensar ‘si esto nos sucede a nosotros, abogados que estamos acostumbrados y mandatados a trabajar con la ley, ¿qué pasa con las personas y comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos?’”.   

Lamentablemente, este caso es uno de tantos que han enfrentado defensores ambientales en Chile. Así lo vivió, por ejemplo, Rodrigo de la O, de la organización Vigilante Costero Maule Itata, quien por solicitar la aplicación instrumentos de planificación y gestión territorial, incluyendo una regulación rigurosa para proyectos de alto impacto ambiental, fue demandado en 2020 por la inmobiliaria Costa Calán, exigiendo al defensor más de $200 millones de pesos, alegando daño económico y de imagen. La acción fue desestimada por falta de fundamentos, pero el daño provocado es profundo.

“Uno se reconfigura muchas cosas, te hace pensar en tema de la sobreexposición, puede ser un arma de doble filo”, comenta Rodrigo.

“Uno empieza a cambiar la estrategia, a bajar el perfil, seguir haciendo actividades, pero no de forma tan directa o protagónica. Creo que aún falta acceso a la justicia y que el Tratado de Escazú se represente de verdad. Ni hablar de América Latina, pero en Chile ha ido incrementando la agresión y violencia hacia los defensores”, insistió de la O.

Más allá de estos casos, es necesario cuestionarse por qué este tipo de acciones judiciales pueden prosperar, a pesar de la constancia de los incumplimientos ambientales y del impacto en las comunidades. Aunque Chile ha firmado el Tratado de Escazú —instrumento internacional que promueve el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensores del medio ambiente—, aún falta avanzar en su implementación efectiva. La ausencia de mecanismos legales específicos que prevengan y sancionen las demandas SLAPP permite que se siga utilizando el sistema judicial como herramienta de hostigamiento. Incluir este debate en la agenda pública y legislativa es clave para asegurar que la participación ciudadana ambiental no sea castigada, sino protegida como un pilar fundamental de la democracia.

 

Revisa las infografías que preparamos explicando el caso:

¡Únete a nuestro equipo! Convocatoria para Ingenieros/as en Administración y Finanzas

Desde el área de Administración y Finanzas abrimos una nueva convocatoria para incorporar a un/a Ingeniero/a con interés en gestión administrativa y financiera. Buscamos a una persona organizada y comprometida, que nos ayude a coordinar y hacer seguimiento a los presupuestos de proyectos, garantizando una gestión eficiente de los recursos y el cumplimiento de nuestras obligaciones financieras.

Principales funciones:
  • Rendición de cuentas de proyectos: seguimiento de gastos, elaboración de rendiciones y reitemización, y recopilación de comprobantes contables.
  • Apoyo a la coordinación financiera: gestión de actividades con co-solicitantes y colaboración con auditores externos.
  • Gestión de eventos: planificación, logística y supervisión de eventos internos y externos.
  • Contratación de servicios externos: apoyo en la selección y contratación de proveedores.
  • Gestiones logísticas: compra de materiales, gestión de inventarios y necesidades de la oficina.
Requisitos:
  • Titulado/a en Ingeniería Civil (cualquier especialidad), Ingeniería Comercial u otras carreras afines.
  • Recién titulado/a o con experiencia en administración de proyectos, control de gestión o finanzas (deseable).
  • Conocimientos en herramientas contables y financieras, Excel avanzado y análisis de datos.
  • Habilidades de orden, planificación, trabajo en equipo y gestión con múltiples actores.
  • Motivación por trabajar en una organización dedicada a la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
  • Inglés nivel intermedio.
Condiciones:
  • Contrato plazo fijo (1 año) con período de prueba previo
  • Jornada completa (44 horas)
  • Modalidad: Presencial (lunes de teletrebajo)
  • Remuneración: A convenir según antecedentes

Plazo de postulación: viernes 18 de abril

Si cumples con los requisitos y te motiva contribuir a nuestro trabajo, ¡esperamos tu postulación!

Nuevo Apunte de Política Ambiental disponible: Análisis crítico sobre la regulación del hidrógeno verde en Chile

Ya está disponible el nuevo Apunte de Política Ambiental de ONG FIMA: «Hidrógeno verde «a la chilena»: Análisis crítico de la (des)regulación del hidrógeno en Chile». Este documento examina el desarrollo del hidrógeno verde en el país, analizando sus implicancias socioambientales y la falta de regulaciones robustas para garantizar su sustentabilidad.

El apunte aborda cómo la promoción del hidrógeno verde ha sido impulsada como una estrategia clave para la transición energética acelerada, sin considerar de manera adecuada los impactos ambientales y territoriales. A pesar del discurso de una «transición justa», la regulación actual parece priorizar la industrialización y competitividad del sector sobre la protección de ecosistemas y comunidades locales.

Entre los principales hallazgos del informe, se destaca la preocupación por la desregulación ambiental y territorial que podría facilitar el despliegue de esta industria sin los debidos resguardos. Asimismo, se señala la necesidad urgente de fortalecer los marcos normativos para evitar la flexibilización de estándares ambientales y garantizar la participación ciudadana y la consulta indígena en el desarrollo de estos proyectos.

Invitamos a revisar este apunte y a reflexionar sobre los desafíos que plantea el hidrógeno verde en Chile.