Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile

Entra en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores: un paso para la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile
Chile avanza en la protección de defensores de derechos humanos y del medio ambiente con la entrada en vigencia de un protocolo específico, enmarcado en los compromisos del Acuerdo de Escazú. Este instrumento busca garantizar su seguridad y promover un entorno que facilite la defensa de derechos fundamentales.

Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales han trabajado históricamente en un entorno marcado por conflictos socioambientales y presiones económicas. Así se ha visto con casos emblemáticos como el de Julia Chuñil, desaparecida en la Región de Los Ríos hace dos meses y reconocida por su activismo y defensa del bosque nativo; o el de Rodrigo de la O, fundador y director de Maule-Itata Coast Keeper, quien se opuso públicamente al desarrollo de un proyecto inmobiliario en el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán, humedal costero de alto valor ecológico y que fue demandado sin fundamentos por la empresa con el solo propósito de hacerlo desistir de su defensa. Estos hechos ejemplifican cómo estas situaciones tienden a ser una constante para quienes buscan el cuidado del medio ambiente. 

En el mundo también se ha visto un aumento en las amenazas contra activistas, líderes comunitarios y periodistas. En 2022, según Global Witness, una persona defensora fue asesinada cada dos días en América Latina, lo que resulta en que nuestra región concentra más del 60% de estos casos con países como México, Colombia y Brasil a la cabeza. Estos informes subrayan la urgencia de implementar soluciones efectivas. En Chile, aún no hemos llegado a los niveles de nuestros vecinos, sin embargo, cada día conocemos más casos de amedrentamiento, amenazas y demandas legales. 

En este contexto, el Acuerdo de Escazú, ratificado en nuestro país en 2022, marca un hito como el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que vincula derechos humanos y medio ambiente. Este compromiso internacional además de establecer principios como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, recalca la protección prioritaria a quienes defienden el medio ambiente, reconociendo los riesgos inherentes a su labor.

En Chile, el Acuerdo ha implicado superar desafíos importantes. La necesidad de adaptar el marco legal y desarrollar políticas públicas ha llevado al país a ponerse al día en aquellas áreas donde estaba más débil, especialmente el artículo 9 del tratado que indica que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.  Es por ello, que el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, significa un avance en esta materia, buscando mejorar la respuesta del Estado y establecer medidas de articulación institucional.

“El protocolo de Protección a las personas defensoras de Derechos Humanos es un avance en una materia en la que estábamos totalmente en deuda en Chile. Si bien, en su elaboración hubiésemos agradecido una mayor participación ciudadana, creemos que la puesta en marcha de esta instancia de coordinación es fundamental para visibilizar la labor que realizan quienes día a día están en los territorios trabajando por conservar nuestro medio ambiente”, señala Constanza Dougnac, Coordinadora del Proyecto Escazú y Clima de ONG FIMA.  

¿Qué es el Protocolo? 

El Protocolo, que empezó a regir a partir del 27 de diciembre, fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en él se establecen medidas para prevenir riesgos, como la identificación temprana de amenazas y la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales. Además, fomenta la articulación interinstitucional y la capacitación de funcionarios en derechos humanos, asegurando que el enfoque sea integral y especializado. 

Sin embargo, el protocolo enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales es garantizar que los recursos asignados para su implementación sean suficientes y sostenibles en el tiempo. También existe preocupación respecto a la voluntad política necesaria para asegurar que las medidas se apliquen de manera uniforme en todo el país, especialmente en contextos de conflicto socioambiental. Y aunque la participación de la sociedad civil es un elemento positivo, es crucial que esta no sea simbólica, sino que implique una influencia real en la toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que se requieren recursos suficientes y mecanismos de seguimiento sólidos, que incluyan la participación activa de los defensores en todas las etapas.

«Se trata de un primer paso pero no es suficiente, ya que su impacto dependerá de cómo se articulen las instituciones responsables y se implemente. Hoy en día proteger a los defensores no es solo reaccionar ante amenazas, sino también reconocer públicamente su valor por alzar la voz. Este protocolo debe ser más que un documento, debe convertirse en una garantía real para que sigan trabajando sin miedo», puntualiza Carolina Palma, coordinadora de Incidencia de ONG FIMA.

Funcionarios municipales de la Región de Valparaíso finalizan capacitación en justicia ambiental

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

El programa fue implementado por  ONG FIMA con el aporte del Gobierno Regional de Valparaíso para  capacitar en derecho ambiental y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias municipales  de la región.

 

En una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 53 funcionarios y funcionarias de 12 municipalidades de Valparaíso recibieron una certificación por su participación en el programa “Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”, un proyecto desarrollado entre 2023 y 2024 gracias al aporte de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso. 

El objetivo del programa es dejar capacidades permanentes en los municipios para que los mismos profesionales puedan hacer frente a los riesgos o afectaciones ambientales existentes en sus localidades, de modo de poder facilitar el acceso a la justicia ambiental sin la necesidad de contratar servicios jurídicos externos.

“Los municipios son, sin duda, el primer lugar al que recurren los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen problemas o conflictos relacionados con el medio ambiente”, señaló Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de ONG FIMA. “Al conversar con las y los participantes y ver cómo han recibido todos los elementos del programa, creo que efectivamente esto les va a permitir tener un rol más activo en proteger sus territorios y en ayudar a las personas que viven en esas comunas a llevar adelante tanto proyectos y procesos de protección ambiental, como a solucionar sus conflictos”, agregó.

Felipe Perillán, abogado de ONG FIMA y coordinador del programa, destacó que ha sido un trabajo muy arduo que “se traduce en frutos, en productos, que pueden ser relevantes para abordar las problemáticas que puedan tener los distintos municipios, generar capacidades a nivel de funcionarios municipales y también generar herramientas y entregar metodologías para poder trabajar con las comunidades locales y relevar sus sentires y sus preocupaciones”.

Un proceso de dos años

Para la selección de quienes fueron parte del programa, por un lado, se invitó a participar a los municipios en cuyos territorios existiera algún conflicto socioambiental identificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, también se llevó a cabo una convocatoria entre otras municipalidades de la Región de Valparaíso que tuvieran interés en ser parte. Finalmente, las comunas beneficiadas fueron Algarrobo, Cartagena, Catemu, Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quilpué, Quintero, San Antonio y Viña del Mar.

Uno de los participantes del programa fue Vladimir Vicencio, encargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, quien se refirió a los próximos desafíos ambientales ante una nueva administración edilicia. “Es importante podamos extrapolar las herramientas conseguidas gracias a este proyecto a la nueva administración y que en conjunto podamos conseguir los resultados que buscamos, que es que todas las industrias y las empresas que están trabajando y desarrollando riquezas en Petorca cumplan con la normativa ambiental sin perjudicar a ningún vecino ni vecina”, comentó.

Por su parte, Daniela Albornoz, del Departamento de Medio Ambiente de Catemu y parte de Catemu en Movimiento, fue otra de las 53 personas que recibieron el certificado por haber completado su participación en el proyecto. Durante la ceremonia destacó el rol de la ciudadanía en la protección del territorio. “Necesitamos que la población, en general, tenga un pronunciamiento respecto de estos temas y, para que esto ocurra, necesitamos que la gente se interese y pueda tener la confianza y la seguridad de saber que, con las capacidades que tiene, puede abordar un proceso de evaluación ambiental, por ejemplo”. Agregó también que existe una responsabilidad institucional de parte de los municipios como tomarse un espacio para difundir sobre un proyecto, sobre la participación ciudadana, etcétera, pero es mutuo, porque a veces la ciudadanía puede tener muchas ganas pero no tiene las herramientas”.

Los resultados del proyecto

La implementación del programa Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental comenzó en marzo de 2023 con la capacitación a funcionarios y funcionarias de 6 comunas de Valparaíso en temas de derecho ambiental. Las primeras municipalidades beneficiadas fueron: Concón, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Quintero y San Antonio, quienes luego realizaron talleres abiertos a la comunidad sobre fiscalización ciudadana y denuncias ambientales, haciendo uso de los nuevos conocimientos adquiridos.

Este mismo proceso se repitió durante 2024 con los municipios de Algarrobo, Cartagena, Catemu, Putaendo, Quilpué y Viña del Mar.

Como resultado general, a lo largo del proyecto se realizaron 96 sesiones de capacitación para 80 funcionarios y funcionarias además de otras 60 sesiones para el co diseño de 14 talleres abiertos a la comunidad.

Sumado a lo anterior, el programa también incluyó un trabajo para la identificación de ecosistemas dañados, así como la realización de un informe de diagnóstico sobre su estado. Para esto, se generó un cuestionario ciudadano enfocado en las 12 comunas participantes, aunque no excluyente, a través del cual se logró identificar 180 ecosistemas de la región de Valparaíso con algún tipo de daño o intervención. Algunos de los más mencionados por los habitantes de la región fueron las Dunas de Concón, el Estero La Cigüeña, el Estero Marga Marga, el Humedal Ojos de Mar, el Río Putaendo y la Laguna El Peral. 

En tercer lugar, en el marco del proyecto se desarrolló el sitio web Poder Ambiental, una plataforma con información legal para proteger el medioambiente explicada de forma clara y sencilla, a fin de poder acercar la normativa chilena a quienes buscan defender sus territorios. Actualmente la página cuenta con diversas entradas sobre temas como conservación de ecosistemas, contaminación, derecho al agua y gestión ambiental local. Finalmente, con el objetivo de difundir el trabajo de los municipios, la academia y la sociedad civil en la protección del medio ambiente, se grabó el podcast Diálogos por la Justicia Ambiental, que consta de 16 capítulos de entrevistas con distintos actores, principalmente de la Región de Valparaíso. Los episodios se están emitiendo a través de Radio Valparaíso y están disponibles también a través de Spotify.

“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”
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“Transferencias para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”

Sobreproducción de salmones en áreas protegidas

Por Estefanía González, subdirectora Campañas Greenpeace; Florencia Ortúzar, directora del Programa Clima AIDA; Sofia Barrera, encargada de litigios ONG FIMA, Erwin Sandoval, presidente CODESA

Sr. Director,

Que Cooke Aquaculture acuse a la SMA de incurrir en un “grave incumplimiento” por ejercer sus funciones demuestra una profunda falta de respeto a los territorios y a la institucionalidad, considerando el enorme historial de infracciones con el que carga la empresa.

Cabe recordar que en 2020, Sernapesca informó a la SMA que el centro Huillines 3 (operado por Cooke en el Parque Nacional Laguna San Rafael) alcanzó una producción total de 5.163 toneladas de salmones, 5.038 toneladas por sobre lo autorizado (más de 4.000%).

Y esta no fue la primera vez: ya se habían detectado importantes sobreproducciones en 2012, 2014 y 2016, lo que evidencia un historial de infracciones reiteradas dentro de un Parque Nacional. Lejos de asumir responsabilidad y enfocarse en tomar medidas correctivas para cumplir con la normativa, la empresa ha respondido acusando persecución, animadversión y conspiración, por parte de las organizaciones que han denunciado las irregularidades.

En este contexto, la SMA, cumpliendo con su rol fiscalizador, inició un procedimiento sancionatorio (que ha sido suspendido reiteradamente con acciones legales iniciadas por Cooke) solicitando al Tercer Tribunal Ambiental la paralización de las operaciones del centro mientras se resuelve el proceso, considerando que la empresa no sólo sobreproduce sino que también elude nuestro sistema de evaluación ambiental.

Que Cooke acuse un “incumplimiento grave” de parte de la SMA no sólo es una aberración, sino que se trata de una actitud francamente ofensiva hacia nuestros territorios, comunidades y toda la institucionalidad nacional, y demuestra la nula intención de la empresa de ajustarse a la legislación vigente.

Carta al Director publicada en El Mercurio – 22/12/24

La porfía contra la evidencia

Por Antonio Pulgar, Coordinador de Estudios en ONG FIMA

Este lunes, casi a un año de que el Primer Tribunal Ambiental acordara el fallo del caso Dominga, la sentencia fue publicada. En ella se ordena, por segunda vez, un nuevo pronunciamiento de la Administración, el tercero sobre este caso. Anteriormente, el 2021 y durante el gobierno de Sebastián Piñera, se ordenó una nueva votación de la COEVA, luego del rechazo por el Comité de Ministros en el mandato de Bachelet. Al respecto, algunas reflexiones.

Primero, los hechos indesmentibles: hablamos de un proyecto que ha sido rechazado tres de las cuatro veces que ha sido calificado por los órganos competentes, en distintos gobiernos y temporalidades. A diferencia de lo que se ha planteado, la causa de la evaluación negativa no es algún tipo de rencilla política, sino que los órganos sectoriales y técnicos han determinado que la información presentada por el titular es deficiente. El proyecto no integra de buena manera las consideraciones ambientales y la fragilidad de la biodiversidad del Archipiélago de Humboldt y la comuna de La Higuera, sin lograr descartar los impactos ambientales significativos, ni acreditar la suficiencia de las medidas de mitigación, compensación o reparación propuestas. En simple, es un proyecto que no alcanza los estándares mínimos de la regulación ambiental.

En segundo término, conviene recordar el rol de los tribunales ambientales dentro de la institucionalidad. Como tribunal de control de legalidad, en estas instancias los tribunales deben revisar si las decisiones de la Administración están tomadas dentro de los límites de sus atribuciones legales, pero considerando una limitación -álgidamente discutida en el Congreso- presente en el artículo 30 de la Ley 20.600: los tribunales ambientales no puede sustituir las competencias de los órganos técnicos, quienes de manera siempre técnicamente justificada deben tomar las decisiones ambientales que la ley les señala.

Ciertamente su rol no es aprobar o rechazar proyectos, eso corresponde al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde los antecedentes presentados por los titulares son evaluados técnicamente por los organismos competentes. Al tribunal le corresponde analizar si la decisión tomada por el Comité de Ministros es conforme a derecho, pero en ningún caso fijar medidas sobre cómo estos deben resolver. Precisamente ahí se encuentra el gran problema de la sentencia publicada esta semana, en que se le indica cómo debe razonar, se restringen los temas a revisar y se da un plazo muy acotado para que el Comité vote nuevamente el proyecto. Todo eso le otorga un contenido discrecional y político a la sentencia, extralimitándose en las funciones del tribunal.

Más allá de las posiciones personales sobre el diseño institucional, hay una cuestión que no podemos perder de vista: el respeto por el Estado de Derecho implica que los organismos respeten sus funciones. Las reglas del juego, que han sido establecidas para todos por igual, deben ser cuidadas para tener una razonable vida en sociedad. Varios comentaristas olvidan esto y parecen creer que en nombre de la inversión, cualquier cosa es justificable.

Ya van once años de este caso y la demora en su decisión final no responde al ejercicio de las funciones de los servicios públicos ni a la judicialización por parte de sus opositores. Más bien, su problema es la porfía de seguir empujando un proyecto incapaz de justificar que es viable y razonable.

Columna publicada en la sección Frente a Frente de La Tercera – 13/12/24

También puedes escuchar la columna en formato podcast:

Tribunal Ambiental excede sus atribuciones para favorecer a Dominga y ordena al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto

  • Será la tercera vez que la instancia ministerial califique la iniciativa de Andes Iron
  • Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, junto a las comunidades locales, anuncian que impugnarán el fallo ante la Corte Suprema

Santiago, 9 de diciembre, 2024. En una inédita sentencia, el 1er Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron, empresa titular de Dominga, y ordenó al Comité de Ministros votar nuevamente el proyecto minero portuario, poniéndole una serie de condiciones que exceden sus atribuciones.

“Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades, el Tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA. “El tribunal ambiental olvida su rol que es el de revisar si las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros están dentro de la legalidad o no y, en su lugar, pretende que la forma en que el propio tribunal analiza los antecedentes técnicos es la forma correcta, eso es inadecuado y es un incumplimiento directo de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule”, agregó el abogado que representa a la organización de conservación marina Oceana en el litigio.

La sentencia establece que en un plazo máximo de 15 días, el Comité de Ministros debe emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga “considerando que se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande”, además de “dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”.

Desde Alianza Humboldt criticaron la sentencia y la directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”, añadió.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, aseguró que “nos preocupa la decisión del tribunal ambiental, creemos que se equivoca en varios de sus argumentos, y, en consecuencia, deja en desprotección al ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales”. “Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del tribunal ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, agregó la abogada representante de las comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.

Dominga: Una historia sin fin

En 2013, el proyecto minero portuario Dominga, que consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre en un periodo de 22 años, entró a evaluación ambiental. En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario de Andes Iron, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt y donde, recordemos, se creó la reciente área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt.

Desde entonces, la empresa Andes Iron decidió buscar la aprobación del proyecto por vías judiciales, las que hasta ahora han fracasado. De hecho, Dominga ha sido rechazada dos veces por el Comité de Ministros, y en dos oportunidades la Corte Suprema ha revisado las sentencias del Tribunal Ambiental; la primera vez, estableció que el rechazo entregado al proyecto en 2017 fue legal, al contrario de lo que proponía la empresa, y ordenó al Tribunal Ambiental referirse a los aspectos técnicos que motivaron ese rechazo. En la segunda oportunidad, la Suprema determinó que el caso debía resolverse a nivel administrativo, es decir, dejó la decisión en el Comité de Ministros, instancia que rechazó por segunda vez el proyecto Dominga, resolución ante la cual la empresa volvió a apelar ante el 1TA, cuya resolución se da a conocer ahora.

Frente a este nuevo escenario de incertidumbre son nuevamente las comunidades locales las más afectadas. Rodrigo Flores, presidente de la Mesa Consultiva del Archipiélago de Humboldt afirmó que no hay apoyo para la minera en la comunidad. “Nosotros llevamos décadas trabajando en un turismo sostenible y en nuestras áreas de manejo, tenemos una economía local que va de la mano con la protección del medio ambiente, y no estamos dispuestos a que se destruya todo lo que hemos construido en este territorio” afirmó Flores.

Por su parte, desde del Movimiento en Defensa del Medioambiente, Modema, aseguraron que, pese a todo el tiempo de lucha por la defensa de esta área, continuarán trabajando por frenar la iniciativa de Andes Iron. “Por años hemos sido testigos de las irregularidades de Dominga en nuestra comuna, intentando comprarse a la gente por medio de regalías. Dominga es parte de los casos de corrupción más bullados del último tiempo en Chile, y no es posible que se le deje la puerta abierta en una zona que, además, tiene un valor ambiental reconocido a nivel mundial”, señaló Carolina Bahamondes, presidenta de Modema, una de las agrupaciones locales que son parte de Alianza Humboldt.

Crisis climática y responsabilidades estatales: presentan libro con herramientas clave para la justicia ambiental

“State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation”, es el nombre del libro coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile que será lanzado en el marco de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia  en La Haya sobre la opinión consultiva realizada por Vanuatu. 

Entre el 2 y el 12 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia iniciará las audiencias públicas sobre la opinión consultiva realizada por la Asamblea General de la ONU, e iniciada por el país insular Vanuatu, respecto a las responsabilidades de los Estados ante la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos.

En este contexto, el miércoles 4 de diciembre en el hotel Marriot de La Haya, se realizará el lanzamiento de forma presencial del libro “State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation” («Responsabilidades Estatales en la Crisis Climática: Normas Legales y Litigio Global»), coordinado por ONG FIMA y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Este libro es un proyecto colectivo que reúne las contribuciones de más de 10 académicos de renombre en Derecho Internacional Ambiental, provenientes de diversas regiones del mundo. Su objetivo principal es explorar las obligaciones legales de los Estados frente a la crisis climática, una problemática que exige una respuesta global urgente. 

Derecho para la justicia ambiental

El libro aborda los desafíos de la transición ecológica desde una perspectiva jurídica, destacando el rol del Derecho en la protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Estado de Derecho en un contexto de crisis climática. 

A través de un análisis detallado, el ejemplar conecta estas obligaciones con los derechos humanos, subrayando cómo la inacción frente al cambio climático afecta a las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables. En este sentido, propone reformas institucionales que permitan avanzar hacia la justicia climática, reconociendo responsabilidades y estableciendo estándares legales que respondan a las demandas de las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, el texto profundiza en el papel que deben jugar los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, junto con las instancias judiciales nacionales, para ser clave en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad frente a las consecuencias del cambio climático. A lo largo de los capítulos, se destacan las responsabilidades diferenciadas entre los países y la necesidad de que las leyes evolucionen para adaptarse a los retos del siglo XXI.

Fruto del trabajo de académicos de distintas regiones del mundo, esta obra explora soluciones jurídicas innovadoras para enfrentar la crisis climática, integrando valores esenciales como la dignidad humana y la integridad ambiental. Con un enfoque global, el libro invita a repensar el sistema jurídico actual para convertirlo en una herramienta transformadora hacia un futuro más sostenible.

Al respecto, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, señala que este documento trata varios temas relacionados con las preguntas que deben ser resueltas en la audiencia de la CIJ. “Entre ellos cuestiones como la protección de los derechos humanos de los migrantes climáticos, la protección de la naturaleza, la forma en que los estados deben cumplir internamente con obligaciones de protección de su población a propósito de la crisis climática y también como otros tribunales ya han abordado el asunto, por ejemplo como lo hizo el Tribunal del Derecho del Mar, son algunos de los capítulos interesantes que tiene el libro”, comenta. 

El libro no solo se limita al análisis académico, sino que también ofrece herramientas prácticas para involucrar a un público más amplio en la lucha por la justicia climática. En paralelo con la publicación, se ha creado un MOOC (Massive Open Online Course) que se ofrecerá de manera gratuita en la plataforma Udemy, con el objetivo de acercar el tema del litigio climático estratégico a estudiantes, profesionales y activistas interesados en el tema. Este curso, que cuenta con la participación de académicos y abogados de organizaciones internacionales como Greenpeace y Price for Oil, busca empoderar a los participantes para que comprendan y utilicen el derecho como herramienta de acción climática, brindando una perspectiva amplia y global sobre cómo las comunidades pueden utilizar las vías judiciales para abordar la crisis climática. 

Audiencias en la Corte Internacional 

Vanuatu, un pequeño estado insular que enfrenta su desaparición debido al aumento del nivel del mar, es uno de los países más afectados por la crisis climática, a pesar de ser responsable de una baja emisión de huella de carbono. Estos países, aunque tienen mínima contribución a la problemática, son los primeros en sufrir sus consecuencias, y muchos de sus habitantes ya se ven obligados a migrar por razones climáticas. 

En un esfuerzo por hacer frente a esta situación, Vanuatu presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, un mecanismo que permite obtener un precedente no vinculante sobre temas con poca jurisprudencia internacional. Esta solicitud busca esclarecer las obligaciones de los estados frente a los impactos de la crisis climática y sus efectos en los derechos humanos, utilizando el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» del derecho internacional ambiental, que establece que todos somos responsables, pero de manera desigual, según nuestras capacidades y emisiones.

Es por esto que La Corte Internacional de Justicia escuchará las opiniones de más de 100 países sobre esta solicitud durante audiencias que se llevarán a cabo entre el 2 y el 12 de diciembre en el Palacio de la Paz de La Haya. Aunque la opinión consultiva no es vinculante, su desarrollo puede servir como un importante precedente legal y fortalecer el argumento de que la justicia ambiental debe ser alcanzada mediante un enfoque equitativo.

Más de 40 funcionarios municipales se reunieron en el 4° “Encuentro Municipio Verde”

El evento, realizado el pasado 15 de noviembre,  fue organizado por  ONG FIMA y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el apoyo del Programa de Sustentabilidad de la UTEM. En la instancia, se  reunieron 43 funcionarios y funcionarias de las áreas de medio ambiente de 19 municipios,  con el objetivo de generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la gestión ambiental municipal.

Algunos de los municipios que llegaron hasta la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), fueron Santiago, Viña del Mar, San Joaquín, Recoleta, Cartagena, San Antonio, El Quisco, Mostazal y San Clemente, entre otros.

“Nos alegra mucho haber culminado nuestro 4° Encuentro de Municipio Verde en conjunto con UTEM y FES”, dijo Carolina Palma, politóloga y coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA. “Esperamos haber aportado en un espacio de reunión para funcionarios y funcionarias de distintos lugares de nuestro país, donde se sientan alentados a aprovechar las oportunidades que les entrega la ley para llevar a cabo la gestión ambiental de la comuna. Nos entusiasma aportar en la generación de espacios de conversación en torno a las estrategias y desafíos que han asumido los municipios en materia ambiental”.

El director de Proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES), Christian Sánchez, indicó que “para avanzar en la gestión ambiental, la crisis climática y la biodiversidad necesitamos de un trabajo conjunto. En ese sentido, el apoyo mutuo que hemos tenido con los Municipios Verdes ha sido muy fructífero este cuarto año de trabajo. Para ello, buscamos aportar en entregar herramientas que sean útiles para quienes llegan a trabajar el medio ambiente en las diversas comunas que abarca Municipio Verde”.

Por otra parte, Carolina Rojas, coordinadora de Compromiso Institucional del Programa de Sustentabilidad UTEM, señaló que “los municipios, al igual que la UTEM, enfrentamos retos comunes, como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, entre otros, que tienen un impacto significativo en los territorios. Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es esencial crear y fortalecer redes de colaboración, compartir experiencias y construir un conocimiento colectivo que maximice los resultados de nuestro trabajo en las comunidades. En este contexto de urgencia climática, la unión de esfuerzos entre el Estado, la academia, la sociedad civil y las comunidades es más necesaria que nunca. Solo a través de una acción conjunta, podremos diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y adaptadas a las realidades locales, asegurando un impacto positivo y duradero en los territorios”

Durante el Encuentro se llevó a cabo la presentación del informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades, un documento elaborado por ONG FIMA con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, que contiene información sobre las principales competencias con las que cuentan los municipios en temas ambientales.

Se trata de la segunda versión del informe cuya primera edición fue publicada en 2021. En el documento actualizado, se encuentra el detalle de las leyes ambientales publicadas desde entonces hasta la fecha, como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso y la Ley Marco de Cambio Climático. Asimismo, el texto incluye un capítulo sobre leyes ya publicadas que aún no se implementan de forma plena, pero que representan oportunidades para la gestión ambiental municipal, entre ellas, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“El informe de Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal se elaboró de manera participativa, con Municipios Verdes que nos colaboraron con sus iniciativas, desafíos y oportunidades”, explicó Carolina Palma de ONG FIMA. “Esperamos que sea una herramienta útil para funcionarios y funcionarias municipales en la gestión ambiental local”.

El informe Facultades Legales para la Gestión Ambiental Municipal: Nuevas Oportunidades está disponible en el siguiente enlace:

Poder Ambiental

Posteriormente, los funcionarios y funcionarias municipales fueron parte de un taller sobre Poder Ambiental, un sitio web que busca entregar información legal para la defensa del medio ambiente en un lenguaje claro y sencillo.

En esta ocasión, el taller ahondó en tres de las entradas disponibles en la página y que refieren a la gestión de los gobiernos locales: Competencia legales en materia ambiental; Gestión Ambiental Local; y Protección de Ecosistemas y Ordenamiento Territorial.

El sitio web Poder Ambiental fue desarrollado por ONG FIMA en el marco del programa Transferencias de conocimientos para el fortalecimiento de capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental llevado a cabo con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso.

Municipio Verde

El Compromiso Municipio Verde es un documento de libre suscripción elaborado por ONG FIMA y FES que consta de 10 puntos para avanzar en la gestión ambiental, con lo que busca ser una hoja de ruta para el desarrollo de medidas sustentables en las comuna. Los municipios que deciden firmar este compromiso reciben material de apoyo para el uso de sus facultades ambientales y pueden participar de actividades de capacitación y de intercambio de experiencias, tal como el Encuentro Nacional de Municipios Verdes.

Actualmente hay 36 municipios comprometidos, de los cuales 6 se encuentran en la Región de Valparaíso: Casablanca, Concón, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Además, también son parte de este compromiso comunas como Calama, Ñuñoa, Rancagua, Talca, Hualpén, Ancud y Coyhaique.

Revisa aquí una galería del evento:

Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM
Créditos: Programa de Sustentabilidad de la UTEM

Transición energética y derechos humanos: comunidades exponen ante la CIDH las vulneraciones por la extracción de litio

El 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar las vulneraciones asociadas a la extracción de minerales como el litio. Se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

La transición energética, fundamental en la lucha contra el cambio climático, ha impulsado una demanda creciente de minerales críticos como el litio, que se utiliza en la fabricación de baterías para energías renovables. Sin embargo, esta transición ha tenido un costo significativo para las comunidades de América Latina, donde la explotación de estos recursos ha generado graves consecuencias sociales y ambientales. 

Ante esta problemática, organizaciones de la Alianza Humedales Andinos solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar estos impactos y solicitar recomendaciones específicas para prevenir vulneraciones de derechos humanos. La instancia se llevó a cabo el 15 de noviembre, donde se presentaron testimonios de comunidades de Colombia, Argentina, Chile y Bolivia sobre los efectos socioambientales de estas actividades en sus territorios.

Felipe Pino, coordinador de Programa de ONG FIMA, abrió la jornada ante la CIDH, destacando los desafíos y contradicciones que enfrenta América Latina en el contexto de la transición energética. Pino subrayó cómo, en lugar de fortalecer las economías de las comunidades afectadas, los proyectos de extracción de minerales están debilitando la regulación ambiental y limitando la participación local, abriendo espacio para la explotación desmedida por parte de empresas transnacionales.

“Los efectos de la crisis climática ya afectan significativamente los derechos de las comunidades más vulnerables del planeta. Sus impactos se expresan de forma violenta y evidente, en la magnitud y recurrencia de eventos climáticos extremos, así como en el funcionamiento de sus actividades económicas de subsistencia”, comentó.

Además, el abogado explicó que a medida que se posicionan proyectos de transición energética, también se multiplican las voces que demandan una “transición justa”. “Esto debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas de nuestro planeta. Así, si bien el alcance del concepto varía según su uso, hay consenso en que una transición justa es aquella que pone en el centro el respeto de los derechos humanos, tanto en su destino como en su transcurso”, añadió.

Impacto de la extracción de litio en Chile

Diversos testimonios expusieron cómo las actividades extractivas han afectado sus ecosistemas y sus formas de vida. Un ejemplo desde Chile, fue la intervención de Lady Sandon, originaria del pueblo Atacameño Lickanantay y representante de la Comunidad Atacameña de Coyo, ubicada en la cuenca del Salar de Atacama, quien relató los impactos de la sobreexplotación del agua en su territorio, especialmente debido a la extracción de litio, y cómo las políticas estatales y privadas están vulnerando los derechos de su comunidad.

“Lo que está pasando en nuestros territorios es por incumplimiento de las obligaciones del Estado Chileno a través de Corfo, porque se están vulnerando nuestros derechos en post de extraer litio que es agua salada. Además, donde no llega el Estado, llega el privado, ofreciendo solucionar los servicios básicos, como salud, educación, agua potable, energía, como moneda de cambio por el territorio. Empresas como SQM, Albemarle y Codelco, a pesar de sus infracciones medioambientales siguen siendo actores claves para la posible estrategia nacional del litio que evapora el agua de nuestro abuelo salar”, afirmó Sandon.

Asimismo, agregó que la Estrategia Nacional del Litio es un claro ejemplo de la falta de igualdad de condiciones y acceso a la información en los procesos de consulta indígena. “Para el mundo occidental son recursos, en nuestro mundo ancestral son bienes de la naturaleza que tienen la espiritualidad del pueblo, con importancia para el mundo global tenemos la ciencia ancestral en base al agua porque los salares y sus extremófilos, son claves para afrontar la crisis ambiental y en honor a nuestros antepasados y pensando en las generaciones venideras seguiremos cuidando protegiendo y preservando nuestros derechos”, concluyó. 

Testimonios en Latinoamérica

Además de los testimonios de Chile, se compartieron otras preocupantes historias de vulneraciones de derechos humanos y ambientales provocadas por la extracción de minerales críticos en diferentes países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, se expuso cómo las comunidades han sufrido desplazamientos forzados debido a la expansión de proyectos extractivos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

“Hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. Es decir, hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos como el oro, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal. Así, la transición energética ya ha llegado a los territorios amazónicos en forma de vulneraciones a los derechos humanos. No se trata de una discusión futura con consecuencias producto de la especulación”, manifestó Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia.

En Argentina, regiones como el Salar del Hombre Muerto en Catamarca y la Cuenca de Salinas Grandes han sido escenario de impactos devastadores. En el primero, la extracción masiva ha secado ríos y humedales, mientras que en Salinas Grandes, más de 38 comunidades indígenas ven amenazada su supervivencia debido a la contaminación y la disputa por los recursos hídricos. Pese a la riqueza de recursos naturales, las comunidades denuncian que estas actividades no solo dañan el ambiente, sino que agravan desigualdades y violan sus derechos, mientras el Estado prioriza las inversiones extranjeras por sobre la protección del territorio.

Verónica Chávez, integrante de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes, resume la situación: “Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias, está en peligro. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral”. 

Finalmente, la situación en Bolivia es igual de alarmante. El Salar de Uyuni, el mayor del mundo, alberga unos 21 millones de toneladas de litio, lo que lo posiciona como un centro clave para la explotación de este mineral. Adicionalmente, existen otros 26 salares reservados por norma para esta actividad. Aunque la extracción estatal del litio inició formalmente en 2024, ya se han invertido más de 1.000 millones de dólares en proyectos durante más de una década. Sin embargo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, como problemas de corrupción y la firma de acuerdos con empresas rusas y chinas sin consultar a las comunidades locales. Esto, además, se combina con el impacto ambiental significativo de la extracción, que implica la retirada de millones de metros cúbicos de agua, amenazando los frágiles ecosistemas del altiplano. 

«Si bien en Bolivia se ha iniciado la extracción de litio recién este año ya desde hace 12 años el propio estado boliviano viene vulnerando derechos: Se han realizado 2 ‘denominadas consultas públicas’ el 2012 y 2018 en las que no se ha hecho participar a las comunidades indígenas y originarias con tierras colectivas tituladas, elaboradas sin información precisa existente, sin responder a las preguntas y preocupaciones de los participantes. Ya existen denuncias informales de comunidades que han visto significativamente disminuida la cantidad de sus vertientes y pozos”, detalló Oscar Campanini, director e investigador del Centro de Documentación e Información, Bolivia. 

Llamado a la acción: Recomendaciones urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene la facultad de emitir recomendaciones a los Estados para proteger los derechos humanos. En este sentido se espera que emita un informe con recomendaciones para abordar las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la extracción de litio en América Latina y también organice «visitas in loco» para documentar las violaciones de derechos humanos en los países afectados. 

Estas acciones serían clave para que los Estados adopten medidas eficaces que protejan a las comunidades y sus ecosistemas, promoviendo un desarrollo que respete tanto los derechos humanos como el medioambiente. La audiencia frente a la CIDH marca un hito en la lucha por una transición energética que proteja los ecosistemas y respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

Revisa la audiencia aquí

¿Qué es la Alianza de Humedales Andinos?

Su objetivo principal es promover la protección y conservación de estos ecosistemas —así como del agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos— en América Latina, con especial énfasis en Argentina, Bolivia y Chile. La alianza está integrada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, ONG Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. 

Conoce más de la Alianza aquí.

Surfeando la ola de las COPs: los océanos lo conectan todo

  • Felipe Cárcamo, analista de Programa en ONG FIMA

Quienes saben surfear entienden que el ritmo de las olas es cambiante. Aferrado a la tabla, observando el océano, se decide qué ola tomar o dejar pasar, calculando la dirección. Y de pronto, sin buscarlo, ya estás de pie, deslizándote por el mar… Por el ritmo del océano, mirando al horizonte, puedes ver con claridad lo que se avecina.

Este año ha sido decisivo en la gestión de las crisis ecológicas que afectan el océano. Actualmente navegamos entre tres Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, dedicadas a tres convenciones diferentes de la ONU. Cada una tiene un orden del día diferente, pero también varios elementos en común. Entre ellos, el océano destaca como un tema transversal y potencialmente unificador.

Pero a pesar de su importancia central, hay un déficit de atención al océano y sus tres crisis. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad en los mares ya se están manifestando en la subida del nivel del mar, temperaturas récord del agua, cambios en las precipitaciones, acidificación y desoxigenación de los océanos y declive de los ecosistemas.

Tres reuniones de la ONU dominan la agenda medioambiental de fin de año: la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Colombia, la COP29 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Azerbaiyán y la COP16 de la Convención de Lucha contra la Desertificación en Arabia Saudita. ¿Recibirá el océano la atención que requiere?

Octubre | Biodiversidad, COP16 | Cali

En 2022, las partes del Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (KMGBF, por sus siglas en inglés) fijaron el objetivo de proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030. A mitad de camino, se reunieron en Cali, Colombia, el mes pasado, donde quedó claro que la protección mundial de los océanos está muy lejos de este objetivo.

Otro tratado de la ONU será un elemento clave para alcanzar este objetivo: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Fuera de Jurisdicción Nacional, también conocido como Tratado de Alta Mar. Una vez ratificado por 60 países —actualmente solo lo han hecho 14, y muy recientemente se ha sumado Francia—, permitirá establecer zonas marinas protegidas en alta mar, los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Su protección complementará los esfuerzos por alcanzar el objetivo del 30% del KMGBF.

La protección de los océanos se ve reforzada por otros instrumentos internacionales negociados en los últimos años: el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (MERP) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, orientados a combatir la pesca ilegal y promover la sostenibilidad marina.

El financiamiento, sin embargo, siguió siendo un desafío central y pendiente en la COP16 de Cali.

La Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS) afirma que es necesario establecer el flujo de financiación destinado específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad en cada país. La red afirma que los recursos financieros actualmente disponibles son insuficientes y que la crítica situación de los mercados de deuda en los países del Sur Global está desviando fondos que podrían combatir el cambio climático al pago de intereses. REDFIS también afirma que se necesitan mecanismos más eficaces para canalizar los fondos directamente a quienes protegen la naturaleza, en particular las comunidades locales, los pueblos indígenas y los afrodescendientes que gestionan las zonas marinas.

Noviembre | Cambio climático, COP29 | Bakú

Es de esperar que un informe reciente indique un punto de inflexión para que los debates sobre el cambio climático incorporen suficientemente el océano. Recopilado por los facilitadores del “diálogo sobre los océanos” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el reporte subraya la necesidad de sinergias entre diversos marcos multilaterales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica fuera de las Jurisdicciones Nacionales y el Marco Mundial sobre la Diversidad Biológica. El informe destaca que esta colaboración es fundamental para el éxito de las políticas nacionales sobre cambio climático, incluidas las de adaptación y mitigación.

Un tema central de la COP29 será cómo poner en práctica los compromisos climáticos. El informe del diálogo sobre los océanos insta a los países a unificar sus esfuerzos para evitar la duplicación y reforzar la acción colectiva sobre los océanos. La financiación de los compromisos climáticos de los países en desarrollo ocupará un lugar destacado.

Para América Latina, es crucial establecer un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) que defina un nivel de apoyo internacional para la financiación climática que apoye efectivamente a los países en desarrollo en la protección de sus aguas. Además, los países deben integrar a los océanos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y en sus Planes Nacionales de Adaptación para 2025. Ambos objetivos detallan los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono y adaptarse al cambio climático.

La tecnología se está convirtiendo en un tema controvertido cuando las preocupaciones oceánicas se encuentran con el cambio climático, sobre todo en dos ámbitos. El primero es la geoingeniería para el secuestro de carbono marino, supervisada por la Organización Marítima Internacional de la ONU. Las consecuencias de estas tecnologías están aún por demostrarse. Podrían aumentar la absorción de dióxido de carbono por parte de los océanos, pero también podrían no marcar una diferencia significativa y dañar aún más a estos ecosistemas ya afectados.

El segundo ámbito es la explotación minera de los fondos marinos, supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. A algunos expertos les preocupa que esto pueda perturbar el secuestro de carbono en las profundidades, mientras que sus defensores afirman que es una fuente vital de elementos necesarios para la transición verde. Algunos países, entre ellos varios latinoamericanos, promueven una moratoria. Esto permitiría seguir investigando científicamente estos ecosistemas poco conocidos de las profundidades, aplicando el principio de precaución ante posibles impactos ambientales.

Para lograr avances significativos en la protección de los océanos en Bakú, es necesario llegar a un acuerdo sobre cambios concretos en todos los ámbitos mencionados.

Diciembre | Desertificación, COP16 | Riad

La conexión entre la tierra y el océano es de especial relevancia para la tercera COP de 2024: en Arabia Saudita, los miembros de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se reunirán para celebrar su decimosexta conferencia.

Al abordar la intensificación de las sequías, la convención subraya la necesidad de alinear los esfuerzos con las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El enfoque de la convención es holístico: destaca la interrelación de los ecosistemas terrestres y marinos, y fomenta un desarrollo que refuerce su resiliencia. También reconoce que las presiones sobre los ecosistemas oceánicos y los recursos hídricos están íntimamente ligadas a la necesidad de garantizar alimentos y agua para millones de personas.

Este año ha estado marcado por ciclones devastadores y un calentamiento oceánico sin precedentes, lo que nos alerta sobre el rol fundamental de los océanos en el clima y la biodiversidad. La “simultaneidad” de estas tres COP ofrece una oportunidad única para generar sinergias efectivas entre los espacios multilaterales.

Resulta esperanzador constatar que detrás de cada decisión política siempre existe una lucha activista incesante, conformada por comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, movilizadas por la protección de los océanos.

Como saben los surfistas, hace falta equilibrio para subir a la tabla. Domar las olas del cambio exige un triple equilibrio: guiarse por los conocimientos científicos y locales, tomar medidas permanentes que sean contundentes y tener una gran ambición en la labor de mitigar el cambio climático. Hagámoslo bien y, antes de que nos demos cuenta, estaremos de pie, surfeando sobre el mar.

Publicada en Dialogue Earth – 08/11/24

Las inexplicables deudas del país con sus áreas protegidas

  • Por Silvana Espinosa (vocera de Greenpeace); Felipe Perillán (abogado de Incidencia en ONG FIMA) y Florencia Ortúzar (abogada senior en AIDA).

La reciente imagen de una ballena jorobada muerta en las mallas de un centro de cultivo de salmones, instalado al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, es un duro recordatorio de las consecuencias que el retraso en la aplicación de la normativa ambiental implica para nuestros ecosistemas y especies.

La recién finalizada COP 16 de Biodiversidad celebrada en Cali, Colombia, reforzó la relevancia de la conservación de ecosistemas marinos. Sin ir más lejos, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue designada “Champion” para destrabar las negociaciones sobre biodiversidad marina, costera e insular. En ese rol es que se logró un acuerdo respecto de modalidades para actualizar y ampliar las descripciones de las zonas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSAS) y se instó a más países a firmar el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), para que este pueda entrar en vigor.

En nuestro país, el 21 de agosto se cumplió un año de la promulgación de la Ley SBAP, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de un pilar fundamental de la institucionalidad ambiental en Chile, necesario para garantizar la conservación de nuestra biodiversidad. Sin embargo, su lenta implementación preocupa: de los 21 reglamentos necesarios para que la ley entre en vigencia plena, sólo dos han sido sometidos a consulta pública, por lo que parece difícil que se logre cumplir con el plazo fijado para el 6 de septiembre de 2025.

En el mismo sentido, el país está al debe en la creación de planes de manejo para sus áreas protegidas. Actualmente, en Chile existen 28 áreas marinas protegidas, lo que representa alrededor de un 43% de su Zona Económica Exclusiva, superando -al menos nominalmente- la llamada Meta 30×30 -una de las principales del Marco Mundial de la Diversidad Biológica- respecto de ecosistemas marinos. Sin embargo, 22 de esos 28 espacios (casi el 80%), no cuentan con un plan de manejo , lo que impide que se cumplan los objetivos de protección y conservación para los que fueron creadas, es decir, carecen de una protección y gestión efectiva.

Estas demoras y carencias impactan directamente en nuestras áreas protegidas, tan valiosas para resguardar nuestro patrimonio ambiental, darnos resiliencia frente a la crisis climática y, en general, darle chance a la naturaleza de regenerarse.

Un caso emblemático es el de la Reserva Nacional Kawésqar, expuesta desde antes de su creación a los impactos de la industria salmonera. En ella existen hoy 67 concesiones de cultivo de salmón aprobadas, mientras otras 55 están en trámite para iniciar operaciones. Varias de las concesiones muestran señales de desgaste ambiental, como condiciones anóxicas oanaeróbicas en el agua y altos índices de contaminación, y existen procesos sancionatorios contra otras tantas. La falta de un plan de manejo efectivo que gestione adecuadamente el área debilita su capacidad para cumplir su función de protección.

Chile tiene la posibilidad de sacar adelante dicho plan, destrabando el proceso participativo que las comunidades Kawésqar llevan esperando hace casi cinco años, desde la reclasificación de la Reserva Nacional Los Alacalufes en el año 2018. En esa ocasión, se ampliaron los territorios de la reserva y se reclasificó, creando el Parque Nacional Kawésqar en territorio terrestre y la Reserva Nacional Kawésqar en sus aguas marinas. Uno de los propósitos detrás de estos cambios fue proteger dichas aguas y responder a las demandas del pueblo Kawésqar. Sin embargo, el proceso de elaboración del plan de manejo para esta área protegida sigue estancado, y el plazo para realizar la consulta indígena comprometida con las comunidades ya está vencido.

El hallazgo del cadáver de una ballena jorobada enmallada en un centro de cultivo de salmones de Australis Mar S.A., dentro de la reserva, es un duro recordatorio de la urgencia de actuar. Cabe recordar que, de las 94 especies de cetáceos que hay en el mundo, 43 se encuentran en Chile y 26 habitan específicamente en la Patagonia. Pero, lamentablemente, ni nuestros mares, ni sus áreas protegidas son hoy espacios seguros para la biodiversidad marina.

A pesar de la falta de estudios y de información o registros oficiales, existen muchos casos documentados de muertes de delfines y ballenas en centros de cultivos de salmones en Chile, tanto por el enmallamiento involuntario de estas especies, como por los daños colaterales que genera el tránsito de embarcaciones de la industria en estas zonas. Al respecto, existen registros de colisiones que causan muerte o heridas graves en los cetáceos y el ruido de los barcos también les afecta a nivel fisiológico, conductual y en sus formas de comunicación.

Un oportuno plan de manejo podría aportar inmensamente en este sentido. Sin uno, esta área protegida corre el riesgo de convertirse en una declaración vacía, sin efectos reales para la conservación de nuestros ecosistemas y especies.

En este momento crítico para el planeta, donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad demandan respuestas inmediatas y efectivas, Chile tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo. Hagamos de este Día de las Áreas Protegidas uno para recordar y celebrar, uno en el que Chile muestre al mundo que la protección de ecosistemas claves es prioridad.

Publicada en El Dínamo – 08/11/24