Representantes de las organizaciones ambientales, vecinas y vecinos de Mejillones solicitaron mediante un recurso de reclamación en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que se anule la aprobación del proyecto “Conversión a gas Natural Infraestructura Energética Mejillones” de la empresa ENGIE
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Columna publicada en La Tercera, escrita por Carolina Palma de ONG FIMA y Camila Hernando de Fundación Democracia Viva respecto al estudio publicado «La Constitución que no fue»
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Columna por Santiago Correa, economista de ONG FIMA, publicada en CIPER sobre la discusión del proyecto de royalty minero.
Seguir leyendoQueremos generar una campaña para incidir en que la nueva Constitución realmente proteja al medio ambiente y la naturaleza ¿Quieres ser parte?
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Estas imágenes serán utilizadas en piezas gráficas para difundir temáticas ambientales en relación al actual proceso constituyente.
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1) Envíanos tu fotografía a comunicaciones@fima.cl escribiendo en el asunto «Foto campaña medio ambiente»
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Columna de opinión sobre el rol de los Municipios en el empoderamiento jurídico de las comunas.
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Sexto volumen de los análisis de política ambiental elaborado por ONG FIMA, en el que, luego de la aprobación del Royalty Minero, se explica la discusión en torno a este proyecto y reflexiona acerca de las consideraciones socioambientales de la industria.
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El fallo reconoce los impactos sinérgicos que este proyecto tendría al sumarse a otros dos centros que ya se encuentran autorizados al interior del área protegida y, por lo mismo, señala que es imposible estimar los verdaderos impactos de la actividad.
El centro de engorda de salmones “Estero Pérez de Arce”, perteneciente a la empresa Acuícola Cordillera Ltda., no podrá operar dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes. Esto debido a que, por quinta vez consecutiva, el Tribunal Ambiental falló en concordancia con la legislación chilena que vela porque los proyectos económicos no dañen el medio ambiente.
Estos precedentes se deben a la incansable resistencia de personas naturales y comunidades Kawésqar, en especial, las Comunidades Indígena Aswal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Indígena Atap e Indígena Residente Río Primero, quienes con el apoyo de la ONG FIMA, AIDA y Greenpeace, han llevado las causas ante el Tercer Tribunal Ambiental, que ha fallado para impedir las instalaciones de los centros dentro de esta área protegida. El actual caso se suma a otras cuatro RCA invalidadas, tres de ellas de la empresa de capitales noruegos Nova Austral y otra de Blumar S.A., empresa perteneciente a una de las siete familias que han sido llamadas “dueñas del mar”.
Para el Tribunal Ambiental, el SEA habría faltado a su deber de evaluar los impactos acumulativos o sinérgicos que se pueden producir por la cercanía del proyecto con otros dos: el centro de engorda “Colo Colo”, del mismo titular, y el centro de engorda “Leucotón”, de la empresa Blumar S.A. Los impactos que el centro podría implicar para el paisaje, por las navegaciones asociadas y producto de la liberación de sedimentos al mar, no pueden evaluarse de manera aislada, sino que debe considerarse la sinergia entre ellos. Como consecuencia, el Tribunal estimó que no es posible determinar adecuadamente los reales impactos que produciría el centro de engorda “Estero Pérez de Arce”, cuestión grave si se considera que podría afectar los objetos de protección de una zona declarada Reserva Nacional.
“Esta es la quinta sentencia de este tipo que observamos. Todas dan cuenta de algo que ya habíamos advertido: los centros de engorda salmoneros que pretenden operar al interior de la Reserva Nacional Kawésqar fueron deficientemente evaluados y nada permite determinar que no producirán impactos irreversibles en un área protegida de una fragilidad y singularidad ecosistémica a nivel mundial” señala Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA.
Desde AIDA Florencia Ortúzar, abogada Senior indica: “celebramos esta seguidilla de decisiones en sintonía con la legislación ambiental y con el sentido de protección que debe regir en un sitio que ha sido declarado Reserva Nacional. Un proyecto que no ha sido correctamente evaluado no puede permitirse y mucho menos en una zona de altísimo valor ambiental como es el territorio Kawésqar.”
“Este es un nuevo y anhelado triunfo por la efectiva protección de la Reserva Nacional Kawésqar, donde las comunidades demuestran su valentía por salvaguardar sus territorios frente a la expansión de la salmonicultura. Esperamos que los precedentes que marca el tribunal ambiental sean considerados dentro de próximas evaluaciones, y se rechacen los proyectos que amenazan la salud de ecosistemas tan únicos y relevantes, como son los fiordos y canales patagónicos” comenta Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace.
Te invitamos a leer la columna de opinión «Salmones en áreas protegidas, chanchos en misa» escrita por Macarena Martinic de ONG FIMA; Florencia Ortúzar y Cristina Lux de AIDA; y Estefanía González de Greenpeace. LEER AQUÍ
Durante la tramitación de la Ley sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Congreso rechazó la modificación del artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que buscaba prohibir la acuicultura de especies exóticas en áreas protegidas. Esto no significa que dicha acuicultura se encuentre ahora permitida en áreas protegidas, como erróneamente ha aparecido en el debate público.
La no modificación implica que continúa vigente la norma actual, que prohibe la actividad pesquera extractiva y de acuicultura en las áreas parte del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas. Si bien luego se establece que en reservas nacionales podrán realizarse dichas actividades, la Contraloria y los tribunales ambientales han interpretado que estas podrán operar siempre que sean compatibles con los fines ambientales bajo los cuales esas áreas fueron creadas.
Una cosa es aprobar proyectos acuicolas de baja escala y especies nativas, que es lo que el regulador tuvo en mente cuando estableció la excepción, y otra es el desarrollo de actividades de escala industrial y de especies exóticas como la salmonicultura.
A pesar de la prohibición que establece el artículo 158 de la LGPA. hoy existen sobre áreas protegidas 428 concesiones otorgadas y 75 en trámite.
Varias concesiones se han quedado sin oxígeno, imposibilitando la vida marina y la sobrevivencia de los propios salmones;están bajo procedimientos sancionatorios por infracciones graves y gravisimas; han sobreproducido fraudulentamente, falsificado información, ocultado mortalidades y daño ambiental, sólo por mencionar dos casos recientes (Australis y Nova Austral). Es la punta de un iceberg que no podemos vislumbrar del todo, ya que la fiscalización ha sido insuficiente.
No se diga entonces que las reservas y parques están ahora abiertos a la salmonicultura. Aún no hemos caido, afortunadamente, en ese nivel de contra-dicción. Lo votado en el Congreso deja las cosas como estaban, reguladas por un artículo ambiguo pero que, razonablemente interpretado, prohibe actividades intensivas e invasivas en áreas protegi-das. La información falsa hace daño al debate público y a la democracia.
Columna publicada en La Segunda – 06/06/23
La investigación, basada en 32 entrevistas en profundidad a ex convencionales de los distintos conglomerados políticos, busca ser un aporte para los debates que se darán en el próximo Consejo Constituyente
La importancia de consensuar qué debe contener una Constitución, el diálogo para la generación de acuerdos, la ética y responsabilidad en el ejercicio de los cargos de representación, son algunas de los principales aprendizajes que se detallan en el informe “La Constitución que no fue: 7 lecciones del proceso constituyente 2019-2022”, elaborado por Fundación Democracia Viva y ONG FIMA.
Se trata de una investigación basada en 32 entrevistas en profundidad a ex constituyentes, realizadas en un período de 6 meses, a través de las cuales las autoras indagaron en el funcionamiento de las comisiones temáticas, la articulación de los colectivos, los métodos de negociación entre los convencionales y la incidencia de actores externos al proceso, entre otros temas.
“La entrevistas incluyeron a ex convencionales de distintos sectores y con presencia en todas las comisiones temáticas de la Convención. Nos importaba contar con una mirada diversa y amplia, pues partimos reconociendo que existían diferencias que no habían sido superadas a través del proceso y nos interesaba saber los motivos, para así ser un aporte en las conversaciones que se están llevando a cabo hoy”, dijo Camila Hernando, abogada de Democracia Viva y una de las autora del informe.
Por otra parte, el estudio también hace hincapié en cuáles fueron los principales obstáculos del diseño institucional de la Convención; en la insuficiencia de las políticas institucionales para la difusión de los avances del proceso; y en el escenario político cambiante, que habría dificultado la generación de confianzas, la comunicación y la articulación al interior del órgano redactor.
“Desde nuestro punto de vista, los ex convencionales y su trabajo no deben ser marginados de la discusión democrática actual”, agregó Carolina Palma, Coordinadora de Incidencia de ONG FIMA y otra de las autoras del informe. “A una semana de que comience a funcionar el Consejo Constitucional, es esencial volver a mirar a la Convención e identificar cuáles fueron sus principales aciertos y errores, pues creemos que eso puede ser determinante para que este nuevo proceso se desarrolle de la mejor manera.”
Como su título lo indica, las autoras pudieron distinguir 7 lecciones que a su juicio el nuevo consejo constituyente debe tomar en consideración cuando comience a operar el próximo 7 de junio. Estos son:
“Más allá de realizar un análisis forense del proceso constituyente 2020-2022, basado en la opinión de un grupo amplio de ex-convencionales, el informe da cuenta de los aprendizajes que deja dicho proceso. Entre esos aprendizajes, la revalorización de la necesidad de construir consensos amplios, así como la conciencia respecto a lo difícil que resulta conseguirlos en la sociedad chilena de hoy, resuenan con mucha fuerza”, señaló Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política y director de Democracia Viva.
El informe fue presentado este martes 30 de mayo en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, por sus autoras, Camila Hernando y Carolina Palma, y contó con el comentario del doctor en Ciencia Política y director de Democracia Viva, Juan Pablo Luna, para luego dar paso a un conversatorio donde participaron Gaspar Domínguez, ex convencional de Independientes por la Nueva Constitución; Gloria Hutt, consejera constitucional electa de Evópoli; y Ximena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social.
Por Felipe Perillán, abogado del área de Incidencia en ONG FIMA
La protección de la biodiversidad y la preservación de los espacios naturales son temas cruciales para el futuro del planeta y de nuestro país.
En este sentido, el proyecto de Ley para la Naturaleza (que crea el el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en adelante SBAP) representa un paso importante hacia la consolidación de una institucionalidad ambiental más sólida y una mejor gobernanza de la biodiversidad.
Comprometido hace más de 10 años (la ley 20.417 ordenó en 2010 que se creara en 6 meses), ha sido largamente retrasada por diversas controversias y obstáculos. Hoy la creación del SBAP se encuentra en la recta final de su tramitación, y su aprobación significará mejorar la regulación actual de las áreas protegidas en Chile, que hoy carece de herramientas efectivas para su protección.
Dentro de los próximos días, la Comisión Mixta deberá resolver dos puntos críticos de la discusión; por un lado, hacerse cargo de la regulación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad; por el otro, solucionar el evidente conflicto que produce la autorización de actividades productivas en las áreas protegidas.
En este esfuerzo, un primer aspecto clave del proyecto de ley es la regulación de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, su forma de administración y protección. Sin embargo, el proyecto de ley presenta algunas contradicciones que deben ser abordadas.
Actualmente, los sitios prioritarios son designados por la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales, instrumentos de política pública que surgieron luego de que Chile ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1994.
Aunque hasta el momento se han identificado 331 sitios prioritarios en el país, solo 64 de ellos han sido considerados como relevantes para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo anterior, dado que sólo los sitios prioritarios contenidos en la Estrategia Nacional son considerados para definir si un determinado proyecto o actividad requiere pasar por un Estudio de Impacto Ambiental para su aprobación.
Esta diferencia se debe a una determinación administrativa adoptada el año 2010 por el Servicio de Evaluación Ambiental y que ha dejado fuera los sitios identificados en las Estrategias Regionales para la Conservación de la Biodiversidad.
Esto implica, en la práctica, la desprotección de espacios naturales con condiciones únicas para la conservación de especies, pese a haber sido designados luego un proceso de estudio técnico y haberse empleado fondos públicos a nivel regional para dicho fin, además de la evidente confusión que genera el tener dos categorías distintas con igual denominación.
La protección de la biodiversidad debe ser universal, pero en un contexto nacional y global con recursos limitados, es imprescindible priorizar aquellos sitios que son de mayor importancia para la conservación.
En este sentido, el proyecto de ley SBAP brinda una oportunidad inédita para incorporar seriamente estos sitios prioritarios en la discusión y asegurar su protección efectiva, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Así, una cuestión fundamental en la instancia en que nos encontramos es la inclusión tanto de los sitios identificados en la Estrategia Nacional como en las Estrategias Regionales de Biodiversidad bajo el rótulo de sitios prioritarios que contempla el proyecto. Una solución contraria deja en absoluta desprotección más de 250 sitios identificados como tales, mientras no se haga la categorización correspondiente, sin tampoco asegurar que sean incluidos luego de que esta se lleve a cabo.
Un segundo tema clave a tratar, es la preocupante inclusión de una categoría de concesiones, denominadas sectoriales, al interior de las áreas protegidas, pues esto podría comprometer la integridad de estos espacios y permitir la instalación de actividades económicas nocivas que amenacen la biodiversidad. Una adecuada protección de los espacios naturales no puede admitir el desarrollo de actividades extractivas intensivas que degraden los ecosistemas y pongan en riesgo la conservación.
Es fundamental resolver estas contradicciones en el proyecto de ley sin comprometer la protección ambiental que busca asegurar. Las designaciones de áreas protegidas no deben ser meramente nominales, sino que deben ir acompañadas de medidas concretas para garantizar su preservación efectiva. De nada sirve tener grandes extensiones de tierra y mar bajo alguna categoría de protección si aquello no se materializa en acciones para su conservación y, por el contrario, permite abiertamente la degradación de estos espacios.
Columna publicada en El Desconcierto – 26/05/23
