Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia ONG FIMA
Felipe Perillán, coordinador del proyecto “Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para la justicia ambiental”
La semana pasada dimos inicio al proyecto “Transferencia para el fortalecimiento de capacidades para la justicia ambiental”, un proyecto en colaboración con el Gobierno Regional de Valparaíso. La jornada inaugural se llevó a cabo en la sede del Gobierno Regional, en la ciudad de Valparaíso, donde las Municipalidades participantes firmaron un convenio de colaboración.
El proyecto tiene por objetivo que los gobiernos locales de la Región de Valparaíso que se suman a esta iniciativa conozcan diversas vías de acción al momento de definir una estrategia jurídica para la resolución de un conflicto socioambiental, que puedan robustecer sus capacidades técnico-científicas al momento de pensar la reparación ambiental del territorio y fortalecer el rol que tienen las municipalidades en la entrega de herramientas para vecinos/as, organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades territoriales, en la búsqueda de soluciones institucionales frente a la degradación de ecosistemas relevantes.
Esto último se realizará a través de la herramienta del empoderamiento jurídico.
El empoderamiento jurídico puede ser tanto un enfoque, un proceso de acompañamiento, como un resultado (Almeda, 2019) que tiene como objetivo 1) dar a conocer las herramientas jurídicas disponibles, 2) que quienes reciban ese conocimiento puedan hacer uso de ellas y 3) que ese uso esté orientado a exigir sus derechos y que efectivamente den cumplimiento a sus demandas de justicia en los territorios. En definitiva, se trata de volver a acercar el derecho y sus herramientas a las personas, para que estas puedan usarlas en sus demandas por justicia ambiental.
Como el organismo público más cercano a los vecinos y vecinas, los municipios son quienes tienen una posición clave en reunir dos saberes fundamentales a la hora de enfrentar conflictos socioambientales: por una lado, el conocimiento territorial – siendo además receptores de las experiencias de vecinos y vecinas- ambos irreemplazables en un juicio contra un proyecto que tendrá impactos ambientales en la comuna. Por otro lado, son quienes pueden reunir las capacidades técnico-científicas que se requieren para impulsar juicios ambientales. De esa manera, tienen un rol clave en el empoderamiento jurídico para la solución de conflictos socioambientales.
Además, las municipalidades tienen amplias facultades en materia ambiental, entre ellas, desarrollar funciones relacionadas con la protección del medio ambiente, la asistencia jurídica, la educación, la prevención de vulneraciones de derechos y la protección general de los mismos (artículo 4° de la Ley N° 18.695), la colaboración en la fiscalización ambiental (artículo 5° inciso 3° de la misma Ley), pueden presentar demandas de reparación del daño ambiental por hechos ocurridos en sus comunas (artículo 18 N°2 Ley 20.600), entre otras. Muchas de ellas no son posibles si no se cuenta con el apoyo de una comunidad activa de vecinos y vecinas quienes son receptores de la degradación ambiental en la comuna y contribuyen a su vez con la fiscalización y la protección directa del medio ambiente.
Por ello, desde ONG FIMA consideramos fundamental que las Municipalidades incorporen estrategias de empoderamiento jurídico como un aspecto principal en su trabajo al perseguir la protección ambiental y hacer frente a conflictos socioambientales en la comuna. Así, puedan 1) hacer uso y dar a conocer las amplias facultades que poseen en materia ambiental, para 2) potenciar su uso tanto por la municipalidad, como por los vecinos y vecinas y, finalmente, 3) puedan sacar el provecho de las herramientas jurídicas disponibles para alcanzar justicia ambiental en la comuna.
