Por Macarena Martinic y Felipe Pino
Abogados de ONG FIMA
En la cultura adulto-centrista en la que nos encontramos, tendemos a observar la crisis climática desde la perspectiva de los impactos ecológicos, en el desarrollo económico, en la afectación a las poblaciones más vulnerables en general. Pero olvidamos que dentro de los más afectados por el cambio climático están los niños, niñas y adolescentes.
En un primer sentido, es su futuro -el futuro de las nuevas generaciones- el que se encuentra en riesgo. Esta situación conlleva un sinnúmero de efectos no solo físicos, sino también de salud mental. La Sociedad Ecológica Británica ha indicado que la actual crisis climática y ecológica ha devenido en la generación de una situación mucho más compleja con respecto a la ansiedad y desesperación que puede generar el heredar una biósfera en colapso ecosistémico.
En un segundo sentido, los y las más jóvenes se ven igualmente vulnerados en sus derechos a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin embargo, los impactos se experimentan de forma agravada en la infancia. En este ámbito, la OMS ha señalado que más de una de cada cuatro muertes de niños y niñas, menores de 5 años, está directa o indirectamente relacionada con riesgos medioambientales.
Es así, como la contaminación atmosférica (ambiental y doméstica) causaron 543.000 muertes de menores de 5 años en el 2016 producto de infecciones de las vías respiratorias. Basta con exponer a un niño a niveles inseguros de contaminación a una edad temprana para someterlo a una vida de enfermedad.
En nuestro país vemos esa realidad día a día en las mal llamadas “Zonas de Sacrifico”, en donde varios de los grupos considerados de especial protección (mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes) se ven especialmente vulnerados por dinámicas sistemáticas de contaminación ambiental. Uno de los ejemplos más mediáticos fue el caso de las intoxicaciones masivas ocurridas en la escuela La Greda, en Quintero-Puchuncaví, en la cual más de 40 niños sufrieron de malestares, convulsiones y desmayos producto de nubes químicas tóxicas a partir de contaminantes emitidos por el cordón industrial de la comuna. Y es que, si bien la contaminación de la comuna afecta a todos sus habitantes, al ser sus pulmones más pequeños y por lo tanto necesitar de más bocanadas por minuto, son los niños quienes mayor cantidad de contaminantes respiran.
Situación similar se vive en Huasco, también denominada “Zona de Sacrificio” por su alta concentración de termoeléctricas, en donde un reciente informe llevado a cabo por la Universidad Católica ha indicado que el riesgo de adquirir enfermedades crónicas en las vías respiratorias inferiores es 2,3 veces más alto. Estudios también han apuntado a una disminución del Coeficiente de Desarrollo y el Coeficiente Intelectual en los niños expuestos a emisiones de Centrales Termoeléctricas a Carbón, en comparación a niños, niñas y adolescentes no expuestos. En la misma línea, diversos estudios ecológicos han confirmado una relación entre un mayor riesgo de autismo en menores que viven en zonas con fuentes de emisión de mercurio.
La vulnerabilidad antes descrita se incrementa en niños, niñas y adolescentes al ser dependientes en su toma de decisiones, sin poder desplazarse o hacer frente con rapidez a impactos climáticos. Esta dependencia se ve institucionalmente profundizada por las políticas públicas que dirigen todas las medidas de adaptación y mitigación al sujeto universal: el adulto; sin considerar la realidad particular de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, y pesar de su mayor vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes son agentes fundamentales en la protección del medio ambiente. Fueron ellos quienes lideraron las denuncias por la crisis climática el año 2019, destaca el movimiento Fridays for Future. Es así como en la carta resultante del “El futuro que queremos” de la Conferencia Río+20 del año 2012 reconoce en su artículo 11 la necesidad de lograr la estabilidad económica, el crecimiento económico sostenido, la promoción de la equidad social y la protección del medio ambiente, aumentando la protección, la supervivencia y el desarrollo de los niños hasta que hagan realidad todo su potencial, en particular mediante la educación.
Nuestra legislación ambiental reconoce el principio de equidad o justicia intergeneracional como manifestación de la interdependencia de cuidados entre seres humanos y en tanto seres pertenecientes a un medio ambiente del cual dependemos para nuestra subsistencia.
La equidad intergeneracional y, para ello el cuidado del medio ambiente, es un llamado a asegurar la sostenibilidad ambiental de forma igualitaria, no solo a quienes habitamos actualmente el planeta, sino que incorporando a las generaciones futuras. Para ello es fundamental reconocerla como un principio en la nueva Constitución, así como incorporar en la toma de decisiones a quienes habitarán la tierra en el futuro, partiendo por el fortalecimiento efectivo de los derechos de acceso en materia ambiental (derecho a la información, participación y acceso a la justicia) enfocada especialmente a niños, niñas y adolescentes.
Si bien, las medidas que esta crisis climática requiere son de carácter global, todos los esfuerzos que hagamos en lo local – incluyendo los artículos que emanen de la Convención Constitucional- deben estar dirigidos a cumplir con nuestra responsabilidad intergeneracional -considerando particular- mente a los niños, niñas y adolescentes- y así, asegurar a las generaciones futuras la posibilidad de habitar un planeta en el que se puedan desarrollar plenamente.
Columna publicada en NOesMENOR – Edición Nº5
