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Por Macarena Martinic

Abogada en ONG FIMA

La industria salmonicultora ha protagonizado más escándalos de los tolerables en el último tiempo. Anaerobismo, alto uso de antibióticos, vertimiento y escape de salmones, especies exóticas depredadoras de fauna nativa: nos encontramos con una industria que ha demostrado ser incompatible con la protección del medio ambiente y que, para su continuidad, requiere ir desplazándose hacia el sur en búsqueda de lugares prístinos.

Actualmente es el turno de la Reserva Nacional Kawésqar en la región de Magallanes, lugar donde ya hay 57 concesiones acuícolas otorgadas y -al menos- doce centros de cultivo aprobados desde que se declaró como reserva, a pesar de emplazarse en un área doblemente particular: área protegida de conservación y de territorio ancestral Kawésqar.

En octubre, más de 60 organizaciones locales y ambientales, además de comunidades indígenas, presentaron un proyecto de ley que busca expulsar a la salmonicultura de las áreas protegidas. Si bien carece de sentido la necesidad de aprobar un proyecto de ley que proteja estas áreas en Chile, lo cierto es que la única norma que excluye la actividad acuícola en áreas de conservación, contenida en la Ley General de Pesca y Acuicultura, no incluye todas las áreas protegidas -como es el caso de las Reservas Nacionales-, lo que ha permitido una interpretación a favor de la expansión de la industria en estos territorios.

A la intolerable expansión de la salmonicultura en áreas protegidas, debe sumarse su exclusión en territorios que han sido declarados espacios costeros marinos de pueblos originarios (ECMPO). La ley Nº 20.249, que las regula reconoce que su administración, deberá asegurar la conservación de los recursos naturales comprendidos en él, así como propender al bienestar de las comunidades, avanzando en una gobernanza ambiental local en manos de quienes históricamente se han vinculado con un territorio.

Tanto las áreas protegidas -sin excepcióncomo las ECMPO son instrumentos jurídicos que buscan proteger y reconocer una particularidad territorial con fines diversos e incompatibles a la instalación de un centro de cultivo de salmones.

La exclusión de la salmonicultura en áreas protegidas y de ECMPOs en el mediano plazo es un objetivo que debe integrarse en la planificación de la industria. La actividad debe incorporar en su planificación la exclusión de aquellos territorios, aceptando la necesidad de conservación y de reconocimiento de usos consuetudinario que existen detrás de aquellas declaratorias.

Por otro lado, aquellos proyectos que se encuentran fuera de áreas protegidas y de ECMPOs, aún no cumplen con las exigencias mínimas de una evaluación ambiental, eludiendo evaluaciones rigurosas que contemplen procesos de participación ciudadana y de consulta indígena. La decisión sobre qué instrumento ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es entregada -al menos inicialmente- a los titulares de los proyectos.

En el caso de los centros de cultivo de salmónidos, esta decisión va aparejada de una infravaloración y ocultamiento de los reales impactos sobre ecosistemas marinos que producirán sus proyectos acuícolas. Lo anterior no es casual, ya que a través del ingreso mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -en desmedro de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)-, los titulares eluden que el diseño de sus proyectos cuenten con procesos de participación ciudadana obligatorios y vinculantes, así como de consulta indígena, en caso de ser susceptibles de afectar a comunidades indígenas.

El crecimiento de la industria salmonicultora hasta el momento no ha sido compatible con la protección del medio ambiente y del reconocimiento de usos consuetudinarios en territorios indígenas. Frente a esto, un real compromiso con la protección de los ecosistemas clama porque al menos la industria salga de áreas donde sus impactos pueden significar daños irreparables para el medio ambiente.

Por Ezio Costa Cordella

Director Ejecutivo en ONG FIMA

«La forma en que hemos planteado el desarrollo, sólo basado en el crecimiento, y este a su vez basado en la explotación de la naturaleza, ha sido parte del problema».

En su columna (del domingo último), el señor Pérez Mackenna se expresa en torno a cómo la protección del medioambiente debe compatibilizarse con el crecimiento económico. Me parece útil hacer algunas precisiones, a la vez que mostrar puntos en los que puede existir un acuerdo.

Sobre la supuesta oposición entre protección ambiental y desarrollo, se detecta una primera confusión que es común. Quienes abogamos por la protección ambiental, también creemos en el desarrollo, pero no podemos pretender que ese desarrollo se base exclusivamente en el crecimiento económico ni tampoco que ese crecimiento sea a costa de la destrucción de nuestro patrimonio común. Esto, sobre todo si va a significar beneficios para quienes están en posiciones favorecidas y perjuicios para quienes se encuentran en posiciones vulnerables, o si comprometerá el bienestar de las generaciones futuras.

La simplificación de las métricas de desarrollo, mirando solo la variable del crecimiento, es un problema, pues nos deja ciegos a las múltiples dimensiones del bienestar, mirando solo aquella que tiene que ver con el bienestar material, que por supuesto es importante, pero no puede ser tenido como el único objetivo de nuestra organización social. Por lo demás, la supuesta causalidad entre el mayor crecimiento económico y la mayor protección del medioambiente observada en los años 1990 y llamada “Curva de Kuznets”, ha sido controvertida en las décadas posteriores.

Por otro lado, el hecho de que los bienes naturales no son infinitos y por lo tanto no pueden explotarse indefinidamente es una realidad ineludible, la primera ley de la termodinámica nos condiciona; no puede producirse crecimiento infinito en un sistema que sí tiene límites. A eso se adiciona el límite de los procesos sobre los que se sostiene la vida, como el del agua, el suelo, los flujos bioquímicos y el clima, siendo que ya hemos superado cuatro de los nueve límites de este tipo (U. de Estocolmo). La forma en que hemos planteado el desarrollo, sólo basado en el crecimiento, y este a su vez basado en la explotación de la naturaleza, ha sido parte del problema.

Otra parte, ha sido no reconocernos como parte de la naturaleza y dependientes de ella. En este sentido, el señor Përez Mackenna hace una apreciación imprecisa al creer que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es contradictorio con las mejoras en derechos sociales. Reconocer derechos a la naturaleza no significa dejar de aprovecharla, ni tampoco las mejoras en derechos sociales requieren de mayor explotación de la misma. Así por ejemplo, una naturaleza más cuidada genera mejoras considerables en materia de salud pública y de desarrollo económico a escala local, mientras hace posible que avancemos hacia una economía que no sea primaria y extractiva.

Coincidimos, sin embargo, en que la búsqueda del desarrollo debe ser un motor de nuestra sociedad. Un desarrollo inclusivo, armónico y sustentable nos mueve como colectivo, y nos conecta con los cambios que vienen sucediendo a nivel global. No es tarea fácil imaginar los caminos de ese desarrollo, pero al menos sabemos que el que venimos recorriendo es autodestructivo. Recuperar ecosistemas, generar empleos verdes y construir una economía baja en carbono es un esfuerzo central, que requiere de mucho conocimiento en materia ambiental y económica, de saber conectarse y relacionarse con el mundo y, sobre todo, de tener la convicción de que debemos avanzar institucionalmente hacia el siglo XXI y no repetir ni tributar a recetas retrógradas.

Por Ezio Costa Cordella

Director Ejecutivo en ONG FIMA

La COP es un evento del cual se espera todo y nada a la vez. El nivel de urgencia que existe por superar la crisis climática y ecológica es altísimo y se hace sentir en las calles y las redes. Por otro lado, las posibilidades fácticas de llegar a acuerdos consensuados y ambiciosos a nivel global es baja.

Una de las disonancias más grande entre la cumbre y las urgencias ciudadanas dice relación con la mirada sistémica de la crisis. Mientras sabemos que su causa está en no prever adecuadamente los impactos ambientales de nuestras acciones y explotar el planeta por sobre sus límites, una buena parte de las soluciones propuestas, pretende mantener el actual ritmo de explotación de la Tierra.

La necesidad de consenso hace que, teóricamente, ese tipo de acciones sean más fáciles de acordar, pues no hay disposición por parte de los gobiernos a hacer una reflexión más profunda. Adicionalmente, marcan una pauta más sencilla para la inversión, haciendo más probable un apoyo de grandes empresas, cuestión muy visible en los pabellones de la COP26. En este sentido, el compromiso de neutralidad en lugar de reducción, que pone el acento en la tecnología por sobre la política y la regulación, ha sido clave en atraerlos y también en alejar a la sociedad civil, que acusa la falsedad e inutilidad de dichas acciones.

Pero incluso con estas estrategias de mínimos, existen países cuya labor es retrasar la acción climática y quitar de ella toda mención a posibilidades de reparación para las personas y países más dañados y a la necesidad de respeto a los derechos humanos al momento de hacer frente a la crisis.

Pero es esa misma condición la que propició uno de los grandes aciertos del Acuerdo de París, como son las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC); compromisos voluntarios que cada país toma para cumplir con sus metas de reducción de gases de efecto invernadero. Finalmente, son esos compromisos los que marcan la acción climática, siendo que los acuerdos de las COP funcionan solo como pisos mínimos.

Por lo mismo, aunque el piso sea muy bajo, los países pueden comprometerse a mucho más. Los NDC le devuelven la responsabilidad a los estados para tomar acciones reales y urgentes. Así, entonces, Arabia Saudita puede bloquear la mención a los derechos humanos o India impedir que se acuerde el fin del carbón, pero no pueden evitar que otros países se comprometan a ello y de esa forma le pongan presión al espacio multilateral.

En Chile se ha ido trazando un camino con pasos claros: (i) darle fuerza a las NDC a través de una buena ley de cambio climático, (ii) acelerar el cierre de termoeléctricas y la prohibición de nuevas centrales de este tipo, así como de la explotación del carbón, (iii) darle contenido a las declaraciones regionales y comunales de emergencia climática y (v) acordar una Constitución ecológica que incorpore la variable climática.

La COP26 no tuvo grandes resultados y es comprensible la desazón por que no se lograran acuerdos más ambiciosos. Pero, mientras se debe seguir trabajando a nivel multilateral, hay muchas cosas que hacer por el bienestar nuestro y de las generaciones futuras. Entre ellas y en especial en estos días, contribuir en elegir gobiernos que hagan frente a la crisis y no darle espacio al negacionismo que va de la mano de proyectos políticos trasnochados e irresponsables.

Por Gabriela Burdiles

Directora de Proyectos en ONG FIMA

La COP26, terminó el sábado 13 de noviembre con la aprobación de la decisión denominada “Pacto Climático de Glasgow”. Tras dos semanas de negociaciones y anuncios, pese a que hay algunos avances, el resultado fue absolutamente débil respecto de las respuestas que se necesitan tomar para hacer frente a la grave emergencia climática que vivimos.

En medio de la pandemia y con muchas restricciones y dificultades de participación para los países del sur global, el objetivo de la COP26 era clave: mantener a salvo la meta del Acuerdo de París y la recomendación del IPCC de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C por sobre los niveles preindustriales y dar apoyo a los países más devastados por los impactos del cambio climático. Para eso las partes del Acuerdo de París debían presentar sus compromisos nacionales de mitigación y adaptación (o contribuciones determinadas a nivel nacional “NDC”), aportar fondos y acordar nuevas metas de financiamiento. Así, la primera semana de la COP escuchamos diferentes anuncios de líderes políticos, vimos a Estados Unidos (uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero) de vuelta en las negociaciones y conocimos el reporte de síntesis de los compromisos y NDCs presentadas hasta entonces.

Una primera semana de anuncios y compromisos

En primer lugar, de las conclusiones del informe de síntesis sobre todas las contribuciones nacionales presentadas, se estima que el nivel agregado de gases de efecto invernadero será un 13,7% superior (al nivel de 2010) en 2030. Es decir, las actuales promesas de reducción de emisiones siguen sin cumplir los objetivos del Acuerdo de París, lo que sitúa al mundo en la senda de un aumento de la temperatura de 2,4 grados, lo que provocará impactos climáticos significativos, incluso irreversibles.

Sin embargo, a estos compromisos, se fueron sumando otros anuncios como un compromiso conjunto de casi 40 países e instituciones (liderado por UK) de poner fin a la financiación pública de proyectos de petróleo, gas y carbón en el extranjero, la iniciativa de más de 100 países (incluido Brasil) para poner fin a la deforestación en 2030, la alianza liderada por Estados Unidos para reducir el metano en un 30% a 2030, y el acuerdo de este último país con China para trabajar juntos durante esta década para lograr la meta del 1.5 grados sin mayores detalles. Por último, la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas, lanzada por 12 países y regiones, y liderada por Dinamarca y Costa Rica, es la primera iniciativa diplomática que reconoce la necesidad de que los gobiernos gestionen la eliminación de la producción de todos los combustibles fósiles como herramienta clave para afrontar la crisis climática.

Todas estas iniciativas, pese a que no hay mayores detalles al respecto y que algunas no son nuevas como en el caso de la deforestación, se requiere que se conviertan en compromisos reales y que aumenten la ambición de las NDCs de los países en línea con el objetivo del 1.5 º C, o de lo contrario, no serán más que palabras.

Las negociaciones de las reglas de los denominados mercados de carbono

La segunda semana, comenzaron a cerrarse los textos de la negociación que estaban pendientes, en particular los relativos al artículo 6 del Acuerdo de París que trata los mecanismos de cooperación internacional para el logro de los compromisos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo los denominados mercados de carbono. Lo esencial en estas discusiones era acordar reglas de transparencia que permitieran regular estos mecanismos y mercados evitando la doble contabilidad de las reducciones, resguardando la integridad ambiental y los derechos humanos de los ecosistemas y comunidades que soportan estas iniciativas, y por último, evitar el traspaso de antiguos créditos desde los mecanismos establecidos en el Protocolo de Kyoto.

Estas reglas fueron acordadas, sin embargo, no logró evitarse este traspaso de créditos del antiguo esquema del Protocolo de Kyoto (desde 2013 en adelante), lo que amenaza la integridad misma y éxito del Acuerdo de París.

El insuficiente financiamiento de la acción climática

Otro punto que se negoció en Glasgow fue el financiamiento que los países desarrollados debían aportar a los países en desarrollo para poder implementar sus compromisos climáticos. La meta hasta 2020 era movilizar 100 mil millones de dólares anuales, lo que hasta la fecha no se ha cumplido y que se acordó extender hasta 2025, sin metas claras para el futuro. Por otra parte, se insta a duplicar el financiamiento para la adaptación en 2025 hasta lograr un balance con el financiamiento de mitigación, sin compromisos concretos.

Pero el punto más problemático fue la demanda de los países y comunidades más afectadas por los impactos del cambio climático. Esto, porque después de los anuncios de países como Escocia, había grandes expectativas de que la COP26 ofreciera por fin un apoyo real a las comunidades que necesitan recuperarse y reconstruirse tras las catástrofes climáticas que están ocurriendo, creándose un nuevo mecanismo de financiación para las pérdidas y los daños.

El denominado “tercer pilar” del Acuerdo de Paris es abordado en el texto del compromiso bajo la “Red de Santiago” como un mecanismo que brinda apoyo tecnológico a los países impactados por estas pérdidas del cambio climático y que es operacionalizado con funciones e institucionalidad. Sin embargo, pese a la presión del los países del G77 más AOSIS para el establecimiento de un mecanismo de apoyo financiero independiente, los países ricos no cedieron y finalmente sólo se acordó iniciar un “diálogo” al respecto (Glasgow Dialogue).

La discusión sobre los combustibles fósiles

Uno de los aspectos más complejos, fue la negociación de la mención a los combustibles fósiles en el texto del compromiso. Es primera vez en la historia que se mencionan en estas negociaciones acuerdos de mitigación y “transición justa” relativos al uso, producción y financiamiento de los combustibles fósiles, que son los mayores causantes del cambio climático. El texto propuesto inicialmente por la presidencia de Reino Unido hacía un llamado a eliminar el uso del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles en general. Luego, un segundo texto, mencionaba sólo eliminar gradualmente la quema de carbón “unabated” o que se realiza sin algún tipo de mecanismo que atrape y que almacene el carbón en el ambiente y sólo a los subsidios “ineficientes”. Sin embargo, este texto fue muy criticado por no incluir otros combustibles fósiles en la eliminación como el gas y el petróleo.

Finalmente, frente a la presión de países como India y China, se cambió este texto a última hora y se acordó sólo instar a una “reducción” del carbón, sin mayores detalles.

Hacia la COP Africana: la deuda con la sociedad civil y la emergencia climática

La COP26 será recordada como una conferencia que restringió la participación significativa de la sociedad civil en las negociaciones y esto no puede ser un precedente para futuras COP. Además, de garantizar la participación, durante los próximos meses, se necesitan compromisos concretos para luchar contra la emergencia climática. Esto incluye una rápida eliminación (no sólo reducción) de todos los combustibles fósiles (no sólo carbón) mediante una transición energética justa y la revisión de los objetivos climáticos nacionales de acuerdo con el objetivo de 1.5º.

Necesitamos urgentemente que, sobre todo, las grandes economías conviertan esto en realidad, volviendo en 2022 a la COP27 en Egipto, con compromisos climáticos alineados con este objetivo, aportando los tan esperados 100 mil millones de dólares al año para ayudar a los países vulnerables a adaptarse a un futuro cada vez más impredecible y peligroso.

Por Felipe Pino, abogado de ONG FIMA, y Violeta Rabi

Coordinadores Proyecto Transición Justa en Latinoamérica

Luego del más reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), hay consenso absoluto de que lo que hagamos los próximos nueve años en materia climática definirá parte importante de nuestro estilo de vida en la tierra. En este contexto, el sector energético tiene un rol particular y protagónico. Si bien es uno de los sectores que más gases de efecto invernadero emite, es también uno de los que más ha avanzado en los cambios que se requieren. Las energías renovables son algo mucho más accesible y cotidiano que hace unos años, y la descarbonización de la matriz eléctrica parece ser un imperativo, más allá de que todavía no haya acuerdo respecto a su fecha última.

A la mitad de lo que será probablemente una de las COP más decisivas de la historia de las negociaciones climáticas, el mundo entero se encuentra a la espera de avances concretos en materias de mitigación y adaptación para esta década. Y es que luego del más reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), hay consenso absoluto de que lo que hagamos los próximos nueve años en materia climática definirá parte importante de nuestro estilo de vida en la tierra. En este contexto, el sector energético tiene un rol particular y protagónico. Si bien es uno de los sectores que más gases de efecto invernadero emite, es también uno de los que más ha avanzado en los cambios que se requieren. Las energías renovables son algo mucho más accesible y cotidiano que hace unos años, y la descarbonización de la matriz eléctrica parece ser un imperativo, más allá de que todavía no haya acuerdo respecto a su fecha última.

El auge de las renovables se debe principalmente a que el mercado eléctrico ya ha incorporado la transición energética dentro de sus modelos, pasando a ser –en corto tiempo– una oportunidad estratégica para la inversión. Sin embargo, este cambio vertiginoso puede tener riesgos importantes en materia ambiental y de derechos humanos, si es que se pierde de vista el objetivo primordial: generar la energía que necesitamos con el menor impacto posible. Pero, ¿cuánta energía realmente necesitamos? ¿Cómo y quiénes la están generando? ¿Están accediendo a ella todos quienes la necesitan?

Las preguntas anteriores se relacionan estrechamente con un concepto que en los últimos años ha ganado terreno en el discurso público nacional e internacional, y que hoy se posiciona junto a demandas tan icónicas como la justicia ambiental, el desarrollo sostenible y la acción climática: la transición justa. ¿Qué significa este concepto y por qué se está pidiendo su inclusión en las políticas y planes de descarbonización?

Si bien –al igual que los otros conceptos esbozados– el contenido de la transición justa depende en gran parte de quién lo use y en qué contexto lo haga, podemos decir que sus orígenes se remontan a los movimientos obreros de Estados Unidos de los años 70, quienes, ante el inminente avance hacia energías más limpias, exigían medidas de compensación económica por la pérdida de puestos de trabajo en centrales e industrias ligadas al carbón, así como por los daños a la salud provocados por años de servicio en espacios tóxicos y con mínimas prevenciones. Sin embargo, cuatro décadas más tarde, hoy el concepto significa mucho más que demandas por compensaciones y mejoras laborales. En la actualidad, exigir una transición justa implica que los gobiernos y empresas generadoras tomen todas las medidas necesarias para que, en sus respectivos procesos de descarbonización y transición energética, no se vulneren derechos humanos, se cuente con participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones, y se reparen los daños socioambientales provocados después de años de contaminación. Sin ello, la transición energética se convierte en un mero recambio de tecnologías, dejando de lado el potencial transformador de transitar hacia una nueva forma de satisfacer nuestras necesidades y las de nuestro planeta.

En Chile, aunque no de manera totalmente simultánea a los planes de descarbonización, la necesidad de una transición justa ha sido “reconocida” por el gobierno en dos instrumentos de política pública: la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y la Estrategia de Transición Justa del sector Energía. Sin embargo, el contenido de estas políticas muestra que el concepto ha sido incorporado como si aún estuviésemos en 1970, apuntando casi exclusivamente a la protección laboral de trabajadores de termoeléctricas. Si bien dichas medidas son necesarias, la omisión de realidades como la asimetría y limitaciones del rol de los sindicatos en Chile, y la enorme cantidad de conflictos ambientales por temas energéticos –como los de las llamadas zonas de sacrificio–, no demuestran una aproximación integral y realista del problema.

Así, no sólo en Chile, sino que en todos los países latinoamericanos –en donde el sector energético ha generado durante décadas profundos daños socioecológicos–, aspirar a una transición justa no será algo fácil: requerirá de medidas transformadoras en términos de descentralización, democracia, participación y restauración ambiental. Pero, a cambio de ese esfuerzo, tendremos la oportunidad única de transformar uno de los sectores que como sociedad más necesitamos, y que a la vez más daño nos está generando. Y de paso pensar y definir en conjunto formas para remediar el daño provocado hasta el momento. La transición energética, como ningún otro proceso de este tipo, puede movilizar recursos, tecnología y personas para ello.

A comienzos de la semana decisiva de la COP26, y de una aún más decisiva década para la acción climática, es urgente comenzar a hacer real una transición justa para las personas, ecosistemas y sus territorios. Sobre todo, porque, si bien llega tarde, todavía es posible.

Por Macarena Martinic y Felipe Pino

Abogados de ONG FIMA

En la cultura adulto-centrista en la que nos encontramos, tendemos a observar la crisis climática desde la perspectiva de los impactos ecológicos, en el desarrollo económico, en la afectación a las poblaciones más vulnerables en general. Pero olvidamos que dentro de los más afectados por el cambio climático están los niños, niñas y adolescentes.

En un primer sentido, es su futuro -el futuro de las nuevas generaciones- el que se encuentra en riesgo. Esta situación conlleva un sinnúmero de efectos no solo físicos, sino también de salud mental. La Sociedad Ecológica Británica ha indicado que la actual crisis climática y ecológica ha devenido en la generación de una situación mucho más compleja con respecto a la ansiedad y desesperación que puede generar el heredar una biósfera en colapso ecosistémico.

En un segundo sentido, los y las más jóvenes se ven igualmente vulnerados en sus derechos a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin embargo, los impactos se experimentan de forma agravada en la infancia. En este ámbito, la OMS ha señalado que más de una de cada cuatro muertes de niños y niñas, menores de 5 años, está directa o indirectamente relacionada con riesgos medioambientales.

Es así, como la contaminación atmosférica (ambiental y doméstica) causaron 543.000 muertes de menores de 5 años en el 2016 producto de infecciones de las vías respiratorias. Basta con exponer a un niño a niveles inseguros de contaminación a una edad temprana para someterlo a una vida de enfermedad.

En nuestro país vemos esa realidad día a día en las mal llamadas “Zonas de Sacrifico”, en donde varios de los grupos considerados de especial protección (mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes) se ven especialmente vulnerados por dinámicas sistemáticas de contaminación ambiental. Uno de los ejemplos más mediáticos fue el caso de las intoxicaciones masivas ocurridas en la escuela La Greda, en Quintero-Puchuncaví, en la cual más de 40 niños sufrieron de malestares, convulsiones y desmayos producto de nubes químicas tóxicas a partir de contaminantes emitidos por el cordón industrial de la comuna. Y es que, si bien la contaminación de la comuna afecta a todos sus habitantes, al ser sus pulmones más pequeños y por lo tanto necesitar de más bocanadas por minuto, son los niños quienes mayor cantidad de contaminantes respiran.

Situación similar se vive en Huasco, también denominada “Zona de Sacrificio” por su alta concentración de termoeléctricas, en donde un reciente informe llevado a cabo por la Universidad Católica ha indicado que el riesgo de adquirir enfermedades crónicas en las vías respiratorias inferiores es 2,3 veces más alto. Estudios también han apuntado a una disminución del Coeficiente de Desarrollo y el Coeficiente Intelectual en los niños expuestos a emisiones de Centrales Termoeléctricas a Carbón, en comparación a niños, niñas y adolescentes no expuestos. En la misma línea, diversos estudios ecológicos han confirmado una relación entre un mayor riesgo de autismo en menores que viven en zonas con fuentes de emisión de mercurio.

La vulnerabilidad antes descrita se incrementa en niños, niñas y adolescentes al ser dependientes en su toma de decisiones, sin poder desplazarse o hacer frente con rapidez a impactos climáticos. Esta dependencia se ve institucionalmente profundizada por las políticas públicas que dirigen todas las medidas de adaptación y mitigación al sujeto universal: el adulto; sin considerar la realidad particular de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, y pesar de su mayor vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes son agentes fundamentales en la protección del medio ambiente. Fueron ellos quienes lideraron las denuncias por la crisis climática el año 2019, destaca el movimiento Fridays for Future. Es así como en la carta resultante del “El futuro que queremos” de la Conferencia Río+20 del año 2012 reconoce en su artículo 11 la necesidad de lograr la estabilidad económica, el crecimiento económico sostenido, la promoción de la equidad social y la protección del medio ambiente, aumentando la protección, la supervivencia y el desarrollo de los niños hasta que hagan realidad todo su potencial, en particular mediante la educación.

Nuestra legislación ambiental reconoce el principio de equidad o justicia intergeneracional como manifestación de la interdependencia de cuidados entre seres humanos y en tanto seres pertenecientes a un medio ambiente del cual dependemos para nuestra subsistencia.

La equidad intergeneracional y, para ello el cuidado del medio ambiente, es un llamado a asegurar la sostenibilidad ambiental de forma igualitaria, no solo a quienes habitamos actualmente el planeta, sino que incorporando a las generaciones futuras. Para ello es fundamental reconocerla como un principio en la nueva Constitución, así como incorporar en la toma de decisiones a quienes habitarán la tierra en el futuro, partiendo por el fortalecimiento efectivo de los derechos de acceso en materia ambiental (derecho a la información, participación y acceso a la justicia) enfocada especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Si bien, las medidas que esta crisis climática requiere son de carácter global, todos los esfuerzos que hagamos en lo local – incluyendo los artículos que emanen de la Convención Constitucional- deben estar dirigidos a cumplir con nuestra responsabilidad intergeneracional -considerando particular- mente a los niños, niñas y adolescentes- y así, asegurar a las generaciones futuras la posibilidad de habitar un planeta en el que se puedan desarrollar plenamente.