Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

A pesar de que parezca una herejía en estos tiempos, una multiplicidad de factores de la vida social deberían llevarnos a cuestionarnos el paradigma del crecimiento económico como elemento central de nuestra existencia conjunta. Indicador irremplazable del éxito del devenir de los países desde la mitad del siglo XX, esta métrica contiene inexorablemente un problema en sí mismo: pensar que el crecimiento infinito de la economía es posible, pues este se basa en la explotación de elementos materiales que son limitados, al igual que el sistema biofísico que conforman y que es el planeta donde habitamos.

Las ideas que lo retan no son para nada nuevas. Desde el famoso Límites del Crecimiento de 1972, varias nociones vienen siendo presentadas de manera consistente. La alarma no proviene solamente del hecho de que estemos sobrepasando seis de los nueve límites biofísicos del planeta y poniendo en riesgo nuestra existencia en el proceso, sino también del hecho de que tener un funcionamiento social dependiente del crecimiento económico es un riesgo adicional para la estabilidad de los países, ya que este crecimiento es cada vez más complicado.

El National Bureau of Economic Research ha estimado una pérdida del 12% del PIB global por cada 1 °C de temperatura promedio en la Tierra. Por ahora, incluso si los países cumplen con sus compromisos climáticos, para fines de siglo estaremos en un escenario en que el planeta estará cercano a los 3 °C de aumento de la temperatura, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), con el correspondiente impacto en términos de PIB. Gran parte de estos costos tienen que ver con los daños directos de los eventos climáticos extremos como inundaciones, huracanes, incendios y demás. No perdamos de vista que estos números contienen miles de muertes, no simplemente una pérdida material. En relación con la distribución de la pérdida, los últimos estudios cifran una afectación del 20% del PIB para los países de América Latina (en relación con un escenario sin crisis climática), midiendo hasta 2049. Para terminar este cóctel, podríamos agregar el gravísimo problema de distribución del crecimiento económico a nivel mundial. Un 54% es capturado por el 1% más rico, y un 70% por el 5% más rico. Son cifras que deberían aparecer a diario en nuestras pantallas para recordarnos para quién están trabajando los Gobiernos y nosotros mismos.

En este escenario, se vuelve cada vez más importante considerar teorías económicas alternativas que nos permitan cumplir con el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestros países, sin tener al crecimiento como eje central de ello. Y en esa misma comprensión, algunos de los principales autores de estas teorías alternativas han reunido esfuerzos para dar forma a las bases del pensamiento del postcrecimiento, publicados en la revista The Lancet. Se trata de una forma de pensar en la economía que pretende fijar su objetivo en el bienestar de las personas dentro de los límites de la naturaleza. El desafío no es fácil porque hoy el crecimiento no es solamente una fijación ideológica, es un componente esencial de la organización económica y social.

El postcrecimiento destaca la existencia de modelos macroeconómicos ecológicos que permiten pensar en el funcionamiento de economías estables sin depender del PIB, evaluar políticas públicas dentro de los límites planetarios y construir una estructura de empleo, inversión y bienestar social que no dependa del crecimiento constante. Para mi sorpresa, una cuestión esencial para que estos modelos funcionen es disminuir las horas de trabajo, junto con otras cuestiones más expandidas como los impuestos a los recursos naturales y al carbono, los servicios públicos universales y las ayudas económicas a los grupos vulnerables.

Por otro lado, se releva el desarrollo de estrategias para reducir la dependencia del crecimiento, con una batería de políticas que apuntan en ese sentido y que incluyen los impuestos a la riqueza, la inversión pública en desarrollo de industrias que operen dentro de los límites ecológicos y garantías laborales. Por supuesto, estas estrategias pueden tener algunas falencias y hay que explorarlas y mejorarlas, pero en este necesario debate también es conveniente intentar reducir el ruido del dogmatismo económico y de la defensa política de los intereses de grandes acumulaciones de capital.

En tercer lugar, los autores de estas teorías, también han levantado evidencia sobre la posibilidad de lograr bienestar para las personas (y desarrollo) dentro de los límites planetarios. Sin sorpresa alguna, la clave en esto es la redistribución de la riqueza y, entre otras cosas, se ha modelado que sin excesos – como viajar en jet privado a la boda de un amigo multimillonario en Venecia -, sería posible tener buenos estándares de uso energético para 10.000 millones de personas sin sobrepasar los 1,5 °C de aumento de la temperatura global, en línea con el Acuerdo de París.

Por supuesto, la manera en que estas políticas deberían implementarse difiere entre el norte y el sur global, a propósito de las diferencias actuales de nuestras economías y de la falta de evidencia empírica. Ese no es el único vacío en la literatura, como los propios autores de estas teorías reconocen, invitando a la investigación de un campo que, afortunadamente, avanza de manera decidida.

Mientras continuamos en camino hacia el caos climático y desde el ambientalismo o ecologismo se ponen los esfuerzos en frenar la destrucción y salvar vidas, convendría mirar con atención el surgimiento de alternativas realistas y democráticas para la organización social y económica. Pensar un futuro posible es necesario para darnos sentido y esperanza.

Columna publicada en América Futura de El País – 03/07/25

UNOC3: la línea azul que conecta Francia, Brasil y el mundo

  • Por Macarena Martinic, coordinadora de empoderamiento y participación pública en ONG FIMA; y Felipe Cárcamo, analista de programa en ONG FIMA.

Esta semana, Niza se convertirá en el epicentro de la política oceánica global. A orillas del mar Mediterráneo, se está celebrando la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), una instancia que marcará el ritmo de los compromisos internacionales por el futuro del mar.

Su lema, “Trabajando juntos por una gestión sostenible de los océanos”, no podría ser más pertinente: en plena cuenta regresiva hacia 2030, la UNOC3 busca articular ciencia, política y acción concreta para enfrentar el deterioro acelerado de los océanos del mundo.

El programa oficial contempla diez paneles temáticos que abordan grandes desafíos de la gobernanza marina: desde la restauración de ecosistemas costeros y profundos, la reducción de la contaminación y el impulso a la pesca artesanal, hasta la promoción de economías oceánicas sostenibles, el financiamiento azul y la aplicación del derecho internacional reflejado en la Convención del Mar (UNCLOS). La diversidad y profundidad de estos temas reflejan que el futuro del océano está directamente vinculado con la justicia climática y social.

Aunque la Declaración Final de UNOC3 no será jurídicamente vinculante, su borrador ya apunta a compromisos concretos en restauración de ecosistemas, financiamiento azul y cumplimiento del Tratado de Alta Mar (BBNJ por sus siglas en inglés), que podrían marcar el rumbo hacia la próxima Conferencia de las partes de Cambio Climático de Belém 2025. De esta manera, la conferencia se perfila también como una etapa decisiva en la carrera por ratificar y poner en marcha el nuevo Tratado de Alta Mar, el cual, pese a los llamados políticos para que entre en vigor antes de la COP 30, todavía necesita ser ratificado por 29 países más.

Línea azul

La idea de una “línea azul” que conecte Niza con Belém ya ha sido adoptada por líderes globales. En diciembre de 2024, los presidentes Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron la declaración conjunta “De Niza a Belém”, comprometiéndose a avanzar en gobernanza oceánica, descarbonización marítima y ratificación del tratado BBNJ. Meses después, desde Valparaíso, Chile y Francia reforzaron ese compromiso con una declaración propia, apuntando al liderazgo conjunto para proteger la alta mar y combatir la pesca ilegal.

Pero estas señales diplomáticas deben ser valoradas con realismo. La brecha entre las declaraciones y la acción efectiva es aún demasiado amplia. Alta mar, que representa más del 60% del océano global, sigue siendo un territorio con reglas débiles o nulas, gobernado por intereses fragmentados y con graves déficits de fiscalización. Las Áreas Marinas Protegidas carecen, en la mayoría de los casos, de presupuesto suficiente y monitoreo.

Y la presión industrial sobre los océanos no cesa: minería submarina, expansión portuaria sin evaluación ambiental estratégica, proyectos energéticos en el océano, entre otros, avanzan sin normas claras ni mecanismos de justicia ambiental.

Latinoamérica juega un rol decisivo

La región posee vastas zonas marinas bajo jurisdicción nacional y un capital ecológico incomparable. Países como Chile y Costa Rica ya han ratificado el Tratado BBNJ. México, Perú, Colombia, Argentina y otros, avanzan a distintas velocidades, convirtiendo a la articulación en nuestro gran desafío.

Necesitamos un bloque regional que impulse la implementación de este nuevo tratado con criterios de justicia ambiental, participación pública y de pueblos indígenas, y equidad intergeneracional.

Chile, en particular, tiene una oportunidad histórica. Además de ser uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Alta Mar, ha postulado oficialmente para albergar la Secretaría permanente del mismo en la ciudad de Valparaíso, “la joya del Pacífico”. Esta decisión, si se acompaña de coherencia interna, podría posicionar al país como líder global en política oceánica. Pero ese liderazgo no puede convivir con la expansión de industrias contaminantes en zonas costeras, ni con una visión de “industrialización verde” que ignora los límites ecológicos y sociales del mar. Ser sede del tratado requiere algo más que voluntad: exige coherencia.

Columna publicada en Biobío Chile – 11/06/25

Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes

Se trata del centro de engorda ubicado en la Península Barros Arana

Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes

  • Después de casi dos años de tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, por presentar deficiencias en su proceso de evaluación.
  • La reclamación fue presentada por la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace.

Valdivia, Junio 2025. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Centro de Engorda de Salmones de la empresa Australis, en la Península Barros Arana, en la Región de Magallanes.

El proyecto buscaba aumentar su producción de biomasa de 5.140 a 7.500 toneladas, lo que implicaba una intensificación significativa de la actividad acuícola en aguas cercanas al territorio de la Reserva, lo que llevó a la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, a presentar una reclamación ante la justicia la que, luego de casi dos años de tramitación, resultó favorable para ellos.

En el fallo, el tribunal sostiene que la  evaluación ambiental presentada por la empresa fue insuficiente respecto del área de influencia definida para el centro, sobre todo en lo relativo a la fauna marina, paisaje y turismo. Además, advierte que esta deficiencia se replicaba en el análisis del tránsito de embarcaciones y de la dispersión nociva de nutrientes en el agua, propias de la actividad acuícola.

A juicio de los reclamantes, esta sentencia confirma lo importante de una adecuada evaluación ambiental, ya que la sobrecarga de biomasa (salmones, fecas, alimento no consumido) que generaría este centro de cultivo causaría  colapsos ecológicos, aumento de enfermedades, uso intensivo de antibióticos y generación de residuos que devastan el fondo marino y afectan al resto de las especies, lo que pudo provocar un daño irreparable en el mar patagónico.

Y agregan que el proyecto fue autorizado sin medir adecuadamente sus impactos en las comunidades Kawésqar por el tránsito de embarcaciones, los ecosistemas marinos, sus efectos en el turismo, el paisaje y todas las especies que dependen del buen estado de las condiciones de los océanos para vivir.

Por último, denuncian que el titular no esperó obtener el permiso ambiental definitivo y aumentó igualmente su producción, al margen de la ley.

Ganar perdiendo: cómo un agricultor peruano trae esperanzas a la justicia climática

  • Por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA
El caso de Saúl contra RWE trae esperanzas en un mundo donde el derecho es aplastado junto con la dignidad de las personas y los pueblos.

Una ola de rocas, agua y hielo, más alta que un edificio y a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora bajó rugiendo por la montaña en una mañana de diciembre de 1941, destruyendo parcialmente la ciudad de Huaraz, en Perú, y llevándose con ella a 5.000 personas que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar frente a la sorpresa del aluvión. La Palcacocha, una laguna glaciar ubicada en la montaña sobre la ciudad, había colapsado esa mañana por el desprendimiento de una gran lengua del glaciar, provocando este aluvión que técnicamente es conocido como “fenómeno GLOF”.

Huaraz prometió conservar en su memoria ambiental la existencia de este riesgo, para evitar que este fenómeno volviera a llevarse con él las vidas de sus habitantes. Con lo que no contaban en ese entonces es con que la Tierra ya estaba calentándose de manera acelerada producto de las emisiones antropogénicas, y que los glaciares empezarían a tener un ciclo de vida más inestable, con derretimiento acelerado y fenómenos más difíciles de predecir.

¿Cómo hacerle frente a este riesgo? ¿Cómo detener el calentamiento del planeta, para evitar este (y muchos otros) desastres climáticos? Esta pregunta, urgente para muchos, movilizó a la comunidad local que representada por Luciano Saúl Lliuya llegó a la conclusión de que debía demandar a los culpables. Y en la búsqueda de responsabilidades, dio con la investigación de los Carbon Majors, un levantamiento de información que muestra a las principales empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de la crisis climática. Una base de datos que contiene las responsabilidades de estas emisiones, desde 1958 hasta la fecha.

Y fue así como decidieron partir por demandar a uno de ellos, la empresa alemana RWE, emisora de poco menos de un 0,5% de los gases totales que están causando la crisis climática. Y no se deje engañar por el porcentaje o piense que “entonces todos somos responsables de la crisis”, pues ese pequeño 0,5% equivale aproximadamente a 300 millones de automóviles siendo utilizados por 10 años.

La tarea no era simple. La regulación internacional del cambio climático ha diluido las responsabilidades de quienes más se beneficiaron de esta crisis, especialmente las empresas. Pero eso debía terminar, porque el derecho, desde hace milenios, exige que quien causa un daño lo repare y deje de causarlo. Luciano Saúl Lliuya demandó a RWE en los tribunales alemanes precisamente usando una antigua regla de posesión, contenida en el artículo 1004 del Código Civil Alemán, que permite a cualquier persona pedir medidas a un juez para evitar la interferencia con su propiedad. El demandante, además de ser un líder social de Huaraz, tiene una pequeña propiedad expuesta a nuevos fenómenos GLOF.

Las dudas de los juristas no se hicieron esperar. Argumentaron que esta no es una regla pensada para la crisis climática, que los emisores no son responsables de los daños de la crisis climática y que esto está siendo solucionado (¡vaya que no!) por los países en los acuerdos internacionales. Respuestas insatisfactorias no sólo para quien ha sufrido un evento climático extremo, sino para cualquier que esté atento a lo que estos fenómenos van a seguir causando en nuestro planeta.

El día 28 de mayo llegó el fallo de segunda instancia. Luciano Saúl Lliuya perdió el juicio por cuestiones de hecho y no será indemnizado. Pero tanto él como todas las personas del planeta, hemos ganado con esta derrota. El tribunal fue claro en establecer que las responsabilidades existen, que hay prueba suficiente (hace años) de que la crisis climática está causada por las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones han sido principalmente provenientes de los carbon majors (entre los cuales, está RWE) y que el derecho civil vigente, muy similar en casi todo el mundo occidental, sí tiene soluciones para este tipo de problemas, pues no es admisible que los causantes de un daño de esta magnitud, que se han beneficiado enormemente con las actividades que las han llevado a causar ese daño, no sean responsables del mismo.

Con esto se abre un nuevo camino a la justicia ambiental y climática que es luz de esperanzas en un mundo que ha sido dominado por una narrativa de imposición del más fuerte y donde el derecho y la justicia parecían estar siendo aplastadas junto con la dignidad de las personas y los pueblos. Nuestro trabajo será saber seguir esa luz y cuidarlo, sabiendo que el camino intentará ser clausurado. La ruidosa ola de la crisis climática se abalanza sobre nosotros y, gracias a la memoria ambiental de Huaraz, la tozuda constancia de Luciano Saúl Lliuya, y la adecuada lectura del derecho que han hecho los jueces alemanes, pareciera que ahora tenemos una vía que puede ayudar a detenerla.

Columna publicada en la sección América Futura de El País –  31/05/25.

Usocioambiental 2025 inicia con charla magistral sobre el rol transformador de la educación social

La séptima versión de este espacio formativo gratuito impulsado por ONG FIMA partió con una exposición a cargo de Santiago Álvarez (FUHEM Ecosocial), quien abordó los desafíos de la transición socioecológica desde la educación.

Con una charla magistral titulada “La educación social como espacio de disputa para la transición socioecológica”, a cargo del investigador y director del área Ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) de España, Santiago Álvarez, se dio inicio oficial a la séptima versión de la Usocioambiental, el lunes 26 de mayo en la sala Enrique Sazié de la Universidad de Chile. La actividad fue abierta a todo público y se transmitió en formato híbrido, marcando el lanzamiento de este reconocido espacio de formación ciudadana para la acción climática.

“Cada vez resulta más imperioso que exista una ciudadanía concienciada respecto a los problemas en los que nos encontramos. La ciencia lo viene diciendo hace décadas: estamos en una situación de emergencia que afecta a toda la población de forma desigual. Ser conscientes de esto requiere buen conocimiento científico, información y, sobre todo, procesos educativos que permitan una acción coordinada de la ciudadanía”, señaló el doctor en Economía Internacional y Desarrollo. 

“Conocimiento para la acción” es el lema de este 2025, con el que la Usocioambiental busca seguir fortaleciendo el rol activo de las personas frente a la crisis climática, ofreciendo una propuesta formativa abierta, gratuita y sin requisitos de ingreso. La iniciativa es impulsada por ONG FIMA, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) Transformación y la colaboración de la Universidad de Chile.

“Para la Universidad de Chile es fundamental participar en alianzas colaborativas con organizaciones que promueven el resguardo de nuestro planeta, en ese sentido, la Usocioambiental es una instancia relevante para construir y formar una ciudadanía más involucrada y crítica sobre los temas que hoy nos preocupan en materia medioambiental, legislativa y participativa. Estamos muy felices de colaborar con ONG FIMA, este vínculo muestra nuestro compromiso por activar en diferentes niveles los aportes de la Universidad de Chile con la sociedad civil y traspasar las aulas universitarias en espacios abiertos y transversales como es la Usocioambiental”, comentó Claudia Rojas, Secretaria Ejecutiva del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile.

Durante sus seis versiones anteriores, la Usocioambiental ha impartido más de 104 cursos y talleres, con un total de 22.787 personas inscritas, y se ha consolidado como un referente en educación ambiental crítica, promoviendo el aprendizaje entre pares y el empoderamiento jurídico de la ciudadanía. “El rol que cumple es que permite adquirir conocimientos y compartirlos con otros, generando redes, lazos y empoderamiento entre quienes buscan actuar ante la crisis climática y ecológica”, explicó Sofía Rivera, investigadora del área de Estudios de ONG FIMA.

A diferencia de las estructuras educativas tradicionales, la Usocioambiental no entrega grados académicos ni exige evaluaciones, sino que promueve un espacio horizontal de aprendizaje entre pares. Este año, además, su lema cobra especial relevancia en el contexto de la próxima COP30, donde se discutirá el financiamiento climático y la necesidad de implementar de forma efectiva los compromisos asumidos a nivel global, reforzando su enfoque de democratización del conocimiento y acción climática urgente.

Las inscripciones siguen abiertas a través del sitio web de la Usocioambiental, donde también se puede revisar el detalle de cada curso y taller. La versión 2025 se desarrolla de manera 100% virtual entre mayo y agosto, y contempla tres modalidades formativas: cursos de especialización, cursos de formación y talleres:

Cursos de especialización:
  • Gobernanza del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe
  • Camino a la COP30: incidencia política en materia de cambio climático
Cursos de formación: 
  • Herramientas de litigio climático 
  • Movilidad ambiental y climática ; desafío de escenarios futuros en Chile
  • Introducción a la triple crisis ambiental
  • Introducción al derecho ambiental
  • Políticas y Convenios Internacionales para la Protección Ambiental
  • Financiamiento Climático: Estrategias y Oportunidades
  • Salares y minería del litio: biodiversidad y marco legal
Talleres: 
  • Agroecología Popular 
  • Herramientas de acceso ciudadano para la fiscalización y acción socioambiental

Desde ONG Fima esperan llevar esta experiencia formativa a todos los rincones del país y aumentar el público internacional,  “conocemos el interés que genera la Usocioambiental en otros países, y por eso uno de nuestros objetivos es descentralizar el acceso a la información socioambiental dentro de Chile como en otros territorios. Los cursos son impartidos por personas y organizaciones de diversos países, lo que permite una difusión mutua y una mayor proyección internacional”, puntualizó Sofía Rivera.

 

Te invitamos a escuchar la charla magistral de Santiago Álvarez. Disponible en YouTube:

A medio camino: nuevo informe sobre el anteproyecto de NDC en Chile

El nuevo Policy Brief de ONG FIMA analiza los principales vacíos del anteproyecto de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), proponiendo recomendaciones clave para fortalecer la acción climática del país.

Mayo, 2025. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son compromisos que los países presentan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático, en el marco del Acuerdo de París. Estos compromisos deben actualizarse periódicamente para reflejar una mayor ambición climática, especialmente frente a la creciente urgencia de la crisis ecológica global.

Chile se encuentra actualmente en proceso de actualizar su NDC presentada en 2020, y en este contexto, es que ONG FIMA presenta un nuevo policy brief titulado «Anteproyecto de NDC en Chile: a medio camino para una política de cambio climático efectiva y ambiciosa», donde se analiza críticamente el contenido del anteproyecto sometido a consulta pública.

Si bien en el documento se reconocen ciertos avances, como la incorporación de una Estrategia Nacional de Transición Justa y un enfoque más profundo de integración entre ejes, también se identifican puntos críticos que deben ser abordados antes de su presentación en la COP30. Entre estos, se señala la falta de articulación con otros instrumentos de política climática, la necesidad de aumentar la ambición en todas las medidas propuestas, y la urgencia de incluir mecanismos eficaces de seguimiento, financiamiento y justicia climática.

Finalmente, en el apunte se ofrecen recomendaciones concretas para que Chile avance hacia una política climática coherente con sus compromisos internacionales y las demandas locales por justicia ambiental, en miras a la próxima COP30 de cambio climático a realizarse en noviembre de este año.

Descarga el documento aquí

Construir democracia

Por Ezio Costa, (ONG FIMA), Flavia Liberon (Fundación Terram), Hernando Silva (Observatorio Ciudadano), Matías Asún (Greenpeace), Liesbeth van der Meer (Oceana), Florencia Ortúzar (AIDA), Erwin Sandoval (CODESA), Juan Pablo Orrego (ONG Ecosistemas), Sara Larraín (Chile Sustentable).

Señor Director:

El cuerpo Crónica para el Futuro publicado en “El Mercurio” el 16 de mayo representa un ataque frontal a las organizaciones de la sociedad civil que cumplimos también un rol para la profundización de la democracia, la defensa del interés público, del medioambiente y de los derechos humanos.

Nuestros esfuerzos, y el de las comunidades con las que trabajamos y, en algunos casos, somos parte, están orientados a promover el desarrollo del país con justicia ambiental, impulsando el respeto a la legislación vigente, reconociendo un contexto de crisis climática y de desigualdad social; no a oponernos a proyectos.

En un sistema democrático, las personas y comunidades que son afectadas por las decisiones de la autoridad o privados tienen derecho a ser escuchadas y a utilizar las herramientas legales que como sociedad hemos acordado para el acceso efectivo a la justicia. Entendemos que algunos inversionistas vean estas como impedimentos para el desarrollo de sus iniciativas productivas, pero este ejercicio democrático nos permite vivir en armonía y balancear el interés económico con la protección de la naturaleza.

Por último, estamos de acuerdo con lo afirmado en su editorial: “hacer prevalecer el bien de la sociedad en su conjunto y no los intereses de quienes espuriamente pretenden hablar en nombre de ella”. Actualmente, existen presiones del mundo empresarial en búsqueda de flexibilizar el conjunto de leyes para facilitar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, descartando la evidencia científica y la problemática ambiental; nuestro compromiso es que esos aspectos no queden ajenos a una discusión tan relevante en nuestro país.

Carta publicada en El Mercurio – 21/05/25

Corte Suprema revierte fallo que anulaba la protección del humedal La Poza en Villarrica

El máximo tribunal acogió un recurso de queja y ordenó al Tercer Tribunal Ambiental pronunciarse sobre todas las reclamaciones pendientes. 

Mayo, 2025. El humedal La Poza y el Delta del Trancura, ubicados en la ciudad de Villarrica, Región de La Araucanía, conforman un ecosistema de gran relevancia para la biodiversidad local. Albergan especies vulnerables y en peligro de extinción, y cumplen funciones esenciales como la regulación del ciclo del agua, la recarga de acuíferos y la mitigación de eventos climáticos extremos. Sin embargo, este territorio se encuentra bajo fuerte presión debido a proyectos inmobiliarios, contaminación por aguas servidas y una urbanización acelerada y desregulada.

En 2022, el Ministerio del Medio Ambiente declaró oficialmente este sector como “Humedal Urbano”, según lo establece la Ley 21.202, lo que permitía proteger más de 800 hectáreas. La decisión fue cuestionada por particulares que presentaron una serie de reclamaciones argumentando el incumplimiento de los criterios para la declaración. En mayo de 2024, el Tercer Tribunal Ambiental  acogió parcialmente las reclamaciones, indicando que no existía una mayor conexión entre las áreas urbanas y rurales del humedal, anulando su protección. 

Frente a este escenario, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, contra los ministros del Tercer Tribunal Ambiental, sosteniendo que el fallo vulneró el principio de protección ambiental al anular el acto administrativo que reconocía el humedal urbano. Cuestionó que los ministros dieran prioridad al interés social y económico por sobre el análisis ecológico, y criticó que se negara la existencia de una unidad ecosistémica solo porque parte del humedal se encuentra degradada o ubicada en el límite entre lo urbano y lo rural.

El recurso fue acogido el 19 de mayo de 2025, dejando sin efecto la sentencia dictada por el tribunal ambiental. El máximo tribunal estableció que el Tercer Tribunal Ambiental incurrió en ilegalidad al anular la declaratoria de humedal urbano sin revisar todos los antecedentes del caso, enfatizando que,ante la duda o falta de prueba, debe aplicarse una interpretación que favorezca la protección ambiental del ecosistema.

En este sentido, la Corte ordenó al tribunal ambiental retomar la causa y pronunciarse sobre las reclamaciones que no fueron resueltas en el fallo anterior. “En virtud de lo resuelto, y atendido el cambio sobreviniente en la composición del Tercer Tribunal Ambiental, éste deberá proceder a una nueva vista y fallo que emita pronunciamiento respecto de aquellos puntos de las reclamaciones acumuladas que fueron omitidos por la sentencia recurrida”, concluye el escrito.

Puedes revisar la sentencia aquí

¿Por qué El Mercurio ataca a las ONG ambientales cuando se discute la ley de permisos ambientales?

El viernes 16 de mayo, el medio El Mercurio publicó un inserto de 12 páginas con una versión parcializada respecto al rol que ocupan las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección ambiental en Chile. Esta publicación se da en el contexto de la discusión sobre la mal llamada “permisología” y la búsqueda de flexibilizar la tramitación ambiental para facilitar la aprobación de proyectos de inversión. 

La narrativa de la sección “Crónica para el Futuro” supone erróneamente que las ONG ambientales producen una demora en ciertos proyectos, como si ello fuera un objetivo por nuestra parte. ONG FIMA es ampliamente mencionada, existiendo además una serie de aseveraciones que no se condicen con la realidad de nuestro trabajo. 

  1. En la editorial del mencionado suplemento, se atribuyen intenciones completamente equivocadas a nuestra labor, utilizando un lenguaje que busca sembrar dudas y desconfianzas. Por supuesto las ONG trabajan juntas cuando corresponde, como lo hace cualquier otro actor en la vida nacional y más todavía entre actores que creen en la colaboración por un futuro mejor. Ello no significa que exista un interés particular en oponerse a la inversión en general, ni menos al desarrollo del país. Sí es del caso que nos interesa profundizar en la idea de desarrollo, pues nuestra visión del mismo se relaciona con tener un país donde todos podamos respirar aire limpio, beber agua limpia y tener una naturaleza que dejar a nuestros descendientes. Por lo mismo, no toda inversión nos parece igualmente positiva y poder discutir eso, como parte de las libertades básicas de una sociedad democrática, no debiera significar que grandes medios de comunicación usen su poder para atacar la reputación de nuestras organizaciones. 

  2. Asimismo, la editorial, sin ninguna razonabilidad, acusa a las ONG de sobre utilizar las herramientas legales que democrácticamente han sido aprobadas en el país para defender los derechos de las personas. Es lamentable que se crea que el uso de las herramientas institucionales y pacíficas constituye un abuso, más cuando nos enfrentamos a una realidad donde grandes poderes concentrados por el Estado y las empresas, se oponen en general a personas que no tienen acceso a la justicia, el cual es proveído por ONG como la nuestra. Querer mermar las posibilidades de acción de organizaciones como la nuestra, simplemente redunda en dejar a las personas sin derecho de acceder a la justicia, dando carta blanca para el abuso de actores que quieran imponerse por vías ilegítimas. 

  3. En uno de los artículos del suplemento se indica que dos abogados de ONG FIMA podría ser multados por 400 millones. Esta información es falsa, y solo da cuenta del desconocimiento del sistema legal de nuestro país y del interés del medio por desprestigiar nuestro trabajo.
    La situación real es que actualmente dos abogados que trabajaron en FIMA se encuentran demandados en lo que es conocido mundialmente como “SLAPP” (Strategic Lawsuits Against Public Participation) son demandas judiciales estratégicas que tienen como objetivo silenciar o intimidar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y participación pública. Generalmente, estas demandas son presentadas por entidades poderosas contra individuos o grupos que critiquen o cuestionen sus acciones.
    Para que se entienda el sinsentido de la demanda, es útil explicar que dichos abogados ni siquiera eran demandantes, sino representantes de un grupo de personas, que interpusieron un recurso de protección y ganaron la paralización de un proyecto que opera sin  permisos y que fue, posteriormente, multado por la misma razón. La empresa que operaba en la ilegalidad decidió demandar a los abogados por daños y perjuicios, con la clara intención de amedrentarlos, cuestión que por supuesto no ha logrado. La demanda, que actualmente se encuentra en proceso probatorio, no ha sido resuelta por los tribunales y en ningún caso significa una multa por algún accionar fraudulento por parte de nuestros abogados.
    Se puede ver más información de ese caso aquí.

  4. El financiamiento de nuestra organización está transparentado en nuestra web, así como las memorias anuales. Tal como lo indica el artículo, nuestro financiamiento proviene principalmente de organizaciones internacionales, y en menor medida de las asesorías que hacemos a municipios que contratan nuestros servicio. No existe ni ha existido nunca una sanción por algún problema en la rendición o adjudicación de ninguno de los proyectos que llevamos a cabo y todas nuestras acciones están debidamente respaldadas en todos las instancias pertinentes. Esto no significa que en el marco de investigaciones a otras organizaciones, se haya querido hacer un aprovechamiento político para enlodar nuestra labor y se nos haya acusado al voleo. Peor aún, no significa que no existan publicaciones en medios de propaganda en que se haya publicado información falsa o descontextualizada en nuestra contra. 

El compromiso de ONG FIMA con la defensa del medio ambiente, los derechos de las personas y el patrimonio del país continúa igual de firme que siempre. El ascenso de visiones políticas extremas y exclusorias que quieren eliminar derechos y dañar la democracia es uno de los nuevos desafíos que debemos enfrentar. Les invitamos a mantenerse alerta, contrastar la información que reciban y defender la democracia y los derechos humanos. 

Entrevista | Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA: «Es corto de vista pensar que van a existir personas obstruyendo una actividad sin motivos»

El abogado destaca que en la mayoría de los proyectos «no hay conflictos», pero añade que «en algunos los hay, y hay que tener claro que es importante poder decirle que no a una inversión cuando causa daño».

Entrevista por Nadia Cabello.

Viernes 16 de mayo, 2025. Su nombre es reconocido entre ambientalistas, pero también en el mundo académico, político y empresarial.

Ezio Costa es abogado, máster en Ciencias de la Regulación de la London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho de la U. de Chile. Es autor de los libros «Por una Constitución Ecológica» y «El asilo contra la extinción» -este último, junto a la científica y exconvencional Cristina Dorador-, y de varias publicaciones académicas donde trata sobre derechos de la naturaleza, participación ciudadana y justicia ambiental, entre otros temas.

Llegó la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) en 2006 y seis años después se convirtió en el director ejecutivo de esta agrupación que ha sido parte de los litigios de HidroAysén, Alto Maipo y Río Cuervo, entre otros. Acá, accede a responder por escrito las preguntas de «El Mercurio».

¿Cómo describiría la labor que realiza FIMA, que ya cumple 27 años?

Me parece que ha tenido un desarrollo interesante. FIMA nace para darle asistencia jurídica en materia ambiental a personas que lo necesiten y en el proceso fuimos descubriendo otras necesidades en torno a la protección del derecho al ambiente sano y la conservación del patrimonio ambiental, pero también se ha ido agravando la situación, por lo que nuestro trabajo se ha hecho mucho más necesario y complejo. Organizaciones como FIMA son necesarias para el adecuado funcionamiento institucional y la protección del interés general, me alegra que podamos hacer esa labor.

Durante este tiempo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros?

Recuerdo muchos más desafíos que logros, la verdad. Pero hay algunas actividades que me han parecido especialmente interesantes. Me gusta mucho el proyecto de educación de la Usocioambiental y el sitio web poderambiental.cl que permite a las personas conocer sus derechos en los conflictos ambientales. Luego hay otras actividades como la Asamblea Climática de la Región de Los Lagos, el rol que jugamos en la organización de la Cumbre Social por la Acción Climática en 2019, los informes que hemos presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la mantención de la revista de derecho ‘Justicia Ambiental’.

Ustedes han representado a varias comunidades y grupos locales en distintos litigios. ¿Cómo llegan a ellos?

Normalmente cuando las personas tienen conflictos y quieren resolverlos de manera pacífica e institucional, buscan las vías para hacerlo y supongo que preguntando llegan a nosotros. Ofrecemos ayuda en esas vías y así llegan esas comunidades y personas a nosotros, buscando ayuda. Recibimos decenas de casos al mes, no podemos ayudarlos a todos porque no tenemos capacidad para hacerlo, pero intentamos al menos orientar y dar herramientas a la mayor cantidad de personas posibles, precisamente porque creemos que cualquiera debiera poder usar sus derechos.

«Pero es interesante la pregunta, porque coincide con la narrativa de algunos. Para nosotros lo ideal sería que hubiera menos conflictos ambientales, pero eso requiere un trato muy distinto de las empresas y el Estado para con las personas y el medio ambiente», agrega.

¿Cómo debiera ser ese trato de las empresas y el Estado?

Con un trato igualitario, deliberativo y que valore la vida. Y un punto de partida podría ser cumplir con la ley entendiendo que el derecho ambiental tiene por objetivo prevenir daños a las personas y a la naturaleza, razón por la cual algunas actividades no pueden realizarse en algunos lugares. Mire, le doy un par de avances muy sencillos que podríamos tener: el primero, consultores independientes y no contratados por las empresas que quieren hacer un proyecto, de manera que la información sea más neutral. Un segundo es que exista un servicio público autónomo que le de acceso a la justicia ambiental a las personas, en lugar de que esa carga tenga que ser soportada solo por la sociedad civil y nuestra limitada capacidad para otorgar ese servicio.

¿Cree que es posible conciliar el desarrollo de proyectos de inversión con el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo?

Claro que es posible y en muchos casos se hacen esfuerzos para que ello suceda. En la inmensa mayoría de los casos, además, no hay conflictos. Pero en algunos casos los hay y hay que tener claro que es importante también poder decirle que no a una inversión cuando causa daño. En este sentido, probablemente una cuestión es dar un paso atrás y preguntarse si la inversión es buena por sí misma o si podemos mirar en qué se está invirtiendo, para qué y quién gana y pierde con eso.

El abogado grafica: «Por ejemplo, no parece razonable hacer un proyecto minero de bajo valor y que durará 20 o 25 años, y a cambio comprometer el futuro de una zona de alto valor ambiental, donde las personas tienen un buen sistema de vida en armonía con dicha naturaleza, que puede mantenerse por siglos. En los números, el proyecto es “inversión” y la mantención de la vida no suma gran cosa al PIB, pero en la realidad material cualquier persona puede razonablemente darse cuenta de que es más conveniente la mantención de un sistema de vida funcional y armónico».

Hay quienes dicen que algunas ONGs, entre ellas Fima, buscan obstruir proyectos a través de observaciones, reclamaciones y judicialización. ¿Qué responde al respecto?

Es lamentable que haya personas que crean que los derechos de los demás son obstrucciones y un poco corto de vista pensar que van a existir personas obstruyendo una actividad sin motivos. Lo que las ONG hacemos es ayudar a representar derechos e intereses, la mayoría de las veces no propios aunque alineados con nuestra visión. El problema radica en la creencia de que por el solo hecho de ser un actor del mercado una idea productiva, entonces esta idea tiene que poder desarrollarse. En el mundo real hay valores y personas que tienen que ser consideradas antes de llevar adelante esas ideas, personas que no necesariamente tendrán un interés económico, sino que también pueden tener un interés ético, cultural, estético, de salud o incluso religioso.

«Piense que una vez por ejemplo tuvimos que ayudar a defenderse a un convento de monjas carmelitas a quienes querían instalarles una central de energía en su convento, un lugar que para ellas era sagrado. Pensar en que usar el derecho también en defensa de sus derechos y de su forma de ver el mundo es una obstrucción, solo da cuenta de un pensamiento lineal donde lo único válido es generar ingresos. Afortunadamente el mundo es mucho más complejo que eso y afortunadamente hay gente que pone en energía en defender esa complejidad de la naturaleza y la humanidad».

¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que busca que las ONGs deban transparentar su financiamiento? ¿Por qué?

Me encantaría tener una ley que transparente el financiamiento y actividades de todas las organizaciones privadas. Por ejemplo, saber cuánto se invierte en lobby para evitar leyes de protección ambiental o cómo se financian páginas web de propaganda que aparentan ser medios de comunicación. En nuestro caso, tenemos en línea nuestro financiamiento y no hay problema en mostrarlo. Sobre el proyecto de ley, por lo mismo, creo que hay que extenderlo a todas las organizaciones privadas, de otro modo aparece solo como un intento de complejizar a un sector para beneficiar a otros, algo que es típico de Estados capturados, donde se ha perdido la brújula democrática.

¿De dónde proviene el financiamiento de FIMA?

Está publicado en nuestra página web, pero la gran mayoría de él proviene de fondos internacionales a los que postulamos nuestras actividades. En general son procesos competitivos abiertos, parecidos a las licitaciones, con la diferencia de que no hay un encargo específico por parte de quien financia, sino que la idea de proyecto es del financiado y lo que mira el fondo es que se alinee con sus objetivos. Es parecido a lo que hacen los inversionistas, con la diferencia de que estos fondos internacionales no buscan tener un retorno económico, sino en términos de impacto social. Como decía antes, por suerte en el mundo queda mucha gente dispuesta a poner su dinero y esfuerzo para lograr mejoras que son para todos y no sólo para generarse un beneficio económico individual.

Usted participó en los equipos asesores del candidato Gabriel Boric. ¿Cómo evalúa su gestión, que prometía ser el primer “gobierno ecológico? 

Esta es una pregunta personal, pues FIMA no tiene una alineación político-paridista y por lo tanto como organización se mantiene al margen de esas instancias. En mi caso, sí, participé en la segunda vuelta, cuando el país tenía que optar entre el presidente Boric y un contendor de visiones extremas cuyo programa contenía varias medidas que apuntaban hacia la autocracia.

«Creo que la evaluación no se puede hacer sin tomar en cuenta el escenario alternativo, pues aún cuando me gustaría que este gobierno hubiera sido más activo en la protección del medio ambiente y hubiera generado más poder para lograrlo, no es menos cierto que en los lugares donde se han instalados esos gobiernos autoritarios o autocráticos se ha entregado más poder a los grandes grupos económicos en desmedro de la ciudadanía, se ha degradado la dignidad humana, perseguido a personas y grupos que no son del gusto de los gobernantes e incentivado la destrucción del medio ambiente sin ningún respeto por las generaciones futuras ni el bien común». 

Entrevista publicada en El Mercurio – 16/05/25