Usocioambiental finaliza su séptima edición con más de 1.700 personas inscritas y gran presencia regional

La  versión 2025 de la iniciativa de ONG FIMA contó con participantes de 19 países de América Latina y el Caribe y finalizó este 7 de agosto con una charla magistral sobre Derechos de La Naturaleza a cargo de Natalia Greene.

Agosto, 2025. Luego de tres meses de formación virtual, la Usocioambiental 2025 cierra una nueva edición con cifras que reflejan su alcance y consolidación como espacio formativo abierto. La iniciativa, organizada por ONG FIMA con el apoyo e la Fundación Friedrich Ebert (FES) Transformación, ofreció este año 11 cursos y talleres enfocados en temáticas socioambientales claves.

Desde su primera versión, la Usocioambiental se ha propuesto ser un espacio abierto, gratuito y sin requisitos de ingreso, para promover la participación ciudadana informada frente a los desafíos sociales, ambientales y políticos de la actualidad. Este año, bajo el lema “Conocimiento para la acción”, los cursos y talleres estuvieron enfocados en el empoderamiento jurídico, la incidencia política y nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza. 

“La Usocioambiental también funciona como un barómetro social de aquellas materias socioambientales que están siendo más relevantes para las personas, y en ese sentido, no es raro que el curso ‘Salares y minería del litio’ fuera el más demandado en virtud de que refleja el creciente interés por los impactos ambientales que está teniendo la transición energética. También hay otros cursos que fueron destacados y que tuvieron gran interés, y que también van reflejando cómo las materias ambientales van evolucionando y van siendo contingentes, como por ejemplo, las políticas internacionales, el financiamiento climático, o las herramientas de litigio climático”, comenta Sofía Rivera, coordinadora del proyecto de ONG FIMA. 

Conocimientos que atraviesan fronteras y generaciones

Además de Chile, este año destacó la participación significativa desde México, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador, confirmando que las problemáticas medioambientales se extienden a lo largo de toda latinoamérica y la importancia de mantener estos temas en el debate público. A nivel nacional, las regiones con mayor cantidad de inscripciones fueron la Metropolitana, Antofagasta, Biobío, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Otro elemento que marcó esta séptima versión fue su diversidad generacional. La edad de las personas inscritas fue desde quienes aún están en edad escolar (15 años) hasta mayores de 50 años, lo que permitió identificar ciertos patrones en los intereses formativos. Por un lado, los menores de 30 años optaron por cursos vinculados a los desafíos globales actuales, que cruzan lo jurídico con lo ambiental; mientras que las personas entre 30 y 49 años se inclinaron por contenidos más específicos y técnicos, como el financiamiento climático. En tanto, las personas mayores de 50 años destacaron por su interés en herramientas de fiscalización ciudadana y mecanismos de participación.

Tanto los cursos y talleres de este año, como los de versiones anteriores, están disponibles de forma abierta en www.usocioambiental.cl, fortaleciendo así el acceso libre al conocimiento.

Además, con más de un 60% de participación, las mujeres representaron la mayoría de las personas inscritas. Esta cifra da cuenta del alto interés que tienen por formarse e involucrarse en temáticas socioambientales.

Cierre con mirada regional: Derechos de la Naturaleza

El cierre de esta séptima edición estuvo a cargo de la actual Directora Global de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN), Natalia Greene, quien compartió su experiencia y visión en la charla magistral virtual “Derechos de la naturaleza desde Ecuador al mundo” el jueves 7 de agosto. 

Greene es una destacada activista ecuatoriana que ha trabajado por el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. En su labor, promovió activamente la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador, siendo este el primer país del mundo en reconocerlos en el año 2008. Además, ha trabajado en la iniciativa Yasuní-ITT que buscaba mantener el petróleo bajo tierra en la Amazonía.

La charla fue abierta y gratuita, y su grabación quedó disponible en el canal de YouTube de ONG FIMA.

Derechos de la Naturaleza: Nuevo libro de ONG FIMA profundiza en sus fundamentos interdisciplinarios

La publicación reúne siete capítulos en los que los autores y autoras exploran herramientas conceptuales y jurídicas para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.

En los últimos años, la idea de otorgar derechos a la naturaleza ha dejado de ser una aspiración marginal para instalarse con fuerza en debates constitucionales, jurídicos y territoriales. Desde la Asamblea Constituyente en Ecuador hasta el proceso constitucional chileno, pasando por decisiones judiciales en Colombia y movilizaciones ciudadanas en Bolivia y México, la noción de “Derechos de la Naturaleza” ha ido tomando fuerza y contenido. 

En ese contexto, la ONG FIMA lanza una publicación que viene a dialogar directamente con este momento histórico: “Exploraciones interdisciplinarias de los Derechos de la Naturaleza”, un libro que invita a pensar desde distintas disciplinas cómo avanzar hacia un nuevo marco de relación entre las sociedades humanas y el mundo natural. En siete capítulos, el libro ofrece una mirada crítica y diversa sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, proponiendo herramientas conceptuales y prácticas desde disciplinas como la filosofía, el derecho ambiental, las ciencias ambientales y las ciencias sociales.

El valor de esta publicación se ve reforzado con la reciente liberación de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual marcó un hito jurídico al reconocer que los derechos de la naturaleza pueden derivarse directamente del derecho internacional, y que los Estados deben considerarla como un sujeto digno de protección autónoma. Esta interpretación abre nuevas puertas para avanzar hacia un paradigma ecocéntrico en América Latina y el Caribe.

“Exploraciones interdisciplinarias de los Derechos de la Naturaleza” surge para enriquecer ese debate. El libro ha sido coordinado por Constanza Gumucio y María José Kaffman, con edición de Antonio Pulgar y Constanza Araya. El prólogo está a cargo de la reconocida activista ecuatoriana Natalia Greene, directora y cofundadora de la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN), quien destaca el valor del texto como una invitación abierta a repensar nuestras categorías y vínculos con la Naturaleza.

“Si he de resaltar el hilo conductor de este libro, hablaría de la constante búsqueda de los autores por entender lo que es la Naturaleza y definirla, como punto de partida para avanzar con los derechos de la Naturaleza. Y este es un punto clave, porque hay que entender al sujeto que buscamos reconocer. Pero, en todos los autores y autoras prima la comprensión de que hay que superar la visión utilitarista de la Naturaleza y trascender hacia un entendimiento que somos parte interrelacionada de un todo y que la Naturaleza no es externa a nosotros, sino que somos Naturaleza que se defiende”, señala Greene en el prólogo.

Lejos de ser una obra cerrada o doctrinaria, el libro propone una exploración abierta, consciente de que los Derechos de la Naturaleza son un terreno aún en construcción. Sus páginas invitan a recorrer ese camino, planteando más preguntas que respuestas, y proponiendo un diálogo interdisciplinario como herramienta para avanzar.

Antonio Pulgar, editor del libro, comenta: “En un momento donde el sistema jurídico comienza a reconocer formas integrales de comprender aspectos de justicia ambiental en el contexto de regresión generalizada en la región, este libro busca contribuir sobre el desarrollo que ha tenido en la región aspectos sobre la relación entre sociedad y naturaleza, así como valorar el funcionamiento de los ecosistemas. Así, se busca generar una contribución para que estas discusiones puedan darse de manera informada, crítica y relacionada a las experiencias de los territorios”.

La presentación oficial de la obra se realizará en un webinar el martes 2 de septiembre a las 12:00 hrs. con inscripción previa aquí y contará con la participación de Andrés Pinto, abogado y académico de la Universidad de Chile y de Constanza Gumucio, abogada y máster en Ciencias de Gobernanza del Riesgo y Recursos, junto a la moderación de María José Kaffmann, bióloga ambiental e investigadora de Estudios en ONG FIMA.

Descargar el libro aquí

Histórico avance para la justicia climática: Corte IDH orienta a los Estados sobre sus obligaciones climáticas y reconoce derechos de la Naturaleza

Histórico avance para la justicia climática: Corte IDH orienta a los Estados sobre sus obligaciones climáticas y reconoce derechos de la Naturaleza

En un hito jurídico y ambiental sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves que el derecho humano a un clima sano es un derecho autónomo, exigible por sí mismo, y reconoció que la Naturaleza puede ser considerada como sujeto de derechos. 

Esta definición surge de la Opinión Consultiva solicitada en 2023 por Chile y Colombia, y sienta un precedente clave para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos, con implicancias para todos los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El pronunciamiento constituye la interpretación más relevante y vinculante hasta la fecha sobre las obligaciones estatales frente a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Llega tras un proceso participativo de gran envergadura, que incluyó más de 200 presentaciones de Estados, pueblos indígenas, organizaciones sociales y científicas, y audiencias públicas en tres ciudades de la región: Bridgetown (Barbados), Brasilia y Manaos (Brasil).

La Corte fue enfática: el mundo enfrenta una emergencia climática global, progresiva y desigual, causada principalmente por la acción humana. Sus efectos golpean con mayor dureza a pueblos indígenas, comunidades rurales, mujeres, infancia y otros grupos en situación de vulnerabilidad, lo que exige respuestas urgentes, ambiciosas y justas.

“El resultado de la opinión consultiva emitida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy positiva para  efectos de la protección ambiental puesto que clarifica la manera en que los Estados deben proteger a las personas y la naturaleza en la crisis climática. Hace un reconocimiento de algunos elementos que son muy importantes porque es primera vez que se reconocen de manera tan explícita”, comenta Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA y quien tan bien fue parte de los abogados que expusieron ante la CIDH en las audiencias previas.

Sobre los puntos más relevantes de la resolución, Costa explica “En primer lugar, se reconoce el derecho al clima seguro, esto es importante evidentemente, porque lo que está diciendo la Corte Interamericana, es que para que las persona podamos efectivamente tener nuestros derechos protegidos, necesitamos tener un clima que sea estable y seguro, y eso depende de la forma en que los Estados cumplen con sus obligaciones climáticas y por lo tanto, los Estados están obligados a tomar determinaciones, tanto en disminución de los gases de efecto invernadero, como de adaptación que sean consistentes con la protección de las personas y del territorio de sus países. En segundo lugar, la corte hace un reconocimiento detallado de cómo los derechos humanos se ven vulnerados por la crisis climática y eso mira derechos como el derecho a la vida, a la educación, a la viviendo, y a la propiedad, todos los cuales se ven de alguna manera dañados por la crisis climática y cómo los Estados tienen que resguardarlos, especialmente para las personas en situaciones más vulnerables. 

Además, agrega, “se hace un énfasis en el Acuerdo de Escazú y por lo tanto cómo el acceso a la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia son necesarios para hacerle frente a la crisis climática. En este sentido, también se hace un especial reconocimiento a la necesidad de proteger a los defensores y defensoras ambientales que están en distintos riesgos en el mundo y en América Latina por distintos tipos de violencia en su contra, como también por riesgos que tienen que ver con la promoción por parte de los grupos poder,  de leyes para acallar o censurar o disminuir el trabajo de las ONG y de los defensores y defensoras ambientales. Por último, algo que es muy propio del derecho ambiental latinoamericano, hay un reconocimiento explícito a los derechos de la naturaleza y la necesidad de protegerla de distintas formas, incluyendo lo que existe en muchos países de la región, que son los Derechos de la Naturaleza. Lo anterior, entendiendo que la naturaleza es un sistema complejo, un todo, del cual participamos también las personas y que se requiere proteger como sistema, precisamente para que tanto las vidas humanas como el resto de las vidas, estén efectivamente a salvo, de la mejor manera posible, durante esta crisis climática”.     

Entre sus principales puntos, la Opinión Consultiva señala que:

  • El derecho a un clima sano es autónomo y no solo una dimensión del derecho al medio ambiente, siendo exigible en sí mismo.
  • La Naturaleza posee derechos, reforzando la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas a largo plazo y reconociendo su valor intrínseco.
  • Los Estados tienen responsabilidades diferenciadas, según su contribución histórica a las emisiones y su capacidad actual de respuesta.
  • La acción climática debe guiarse por los principios de equidad intergeneracional e intrageneracional.
  • El acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental son obligaciones clave, así como la protección de personas defensoras del ambiente frente a amenazas, criminalización o violencia.
  • Los saberes indígenas, locales y científicos deben integrarse activamente en la toma de decisiones sobre el clima y el territorio.

Esta Opinión Consultiva entrega directrices jurídicas claras y una hoja de ruta ética y legal para avanzar hacia una justicia climática que proteja tanto a las personas como a los ecosistemas. Con este pronunciamiento, la Corte IDH eleva los estándares regionales e internacionales sobre acción climática y refuerza la obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos en el contexto de la urgente crisis ambiental.

Material de interés

Te invitamos a revisar la opinión consultiva emitida este jueves 3 de julio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el sitio web de la Opinión Consultiva 32 de 2025 y su transmisión en español e inglés. Además, puedes revisar la intervención en el período de audiencias públicas de nuestro director ejecutivo Ezio Costa aquí, y el documento «Reconocimiento de las personas, grupos y organizaciones defensoras ambientales como un grupo en situación de vulnerabilidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y obligaciones de los Estados para su protección en el contexto de la emergencia climática« en el que participaron nuestros abogados Marcos Emilfork, Karla Vargas y Javiera Pérez.

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

Postcrecimiento: cómo vivir dentro de los límites naturales

  • Por Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA

A pesar de que parezca una herejía en estos tiempos, una multiplicidad de factores de la vida social deberían llevarnos a cuestionarnos el paradigma del crecimiento económico como elemento central de nuestra existencia conjunta. Indicador irremplazable del éxito del devenir de los países desde la mitad del siglo XX, esta métrica contiene inexorablemente un problema en sí mismo: pensar que el crecimiento infinito de la economía es posible, pues este se basa en la explotación de elementos materiales que son limitados, al igual que el sistema biofísico que conforman y que es el planeta donde habitamos.

Las ideas que lo retan no son para nada nuevas. Desde el famoso Límites del Crecimiento de 1972, varias nociones vienen siendo presentadas de manera consistente. La alarma no proviene solamente del hecho de que estemos sobrepasando seis de los nueve límites biofísicos del planeta y poniendo en riesgo nuestra existencia en el proceso, sino también del hecho de que tener un funcionamiento social dependiente del crecimiento económico es un riesgo adicional para la estabilidad de los países, ya que este crecimiento es cada vez más complicado.

El National Bureau of Economic Research ha estimado una pérdida del 12% del PIB global por cada 1 °C de temperatura promedio en la Tierra. Por ahora, incluso si los países cumplen con sus compromisos climáticos, para fines de siglo estaremos en un escenario en que el planeta estará cercano a los 3 °C de aumento de la temperatura, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), con el correspondiente impacto en términos de PIB. Gran parte de estos costos tienen que ver con los daños directos de los eventos climáticos extremos como inundaciones, huracanes, incendios y demás. No perdamos de vista que estos números contienen miles de muertes, no simplemente una pérdida material. En relación con la distribución de la pérdida, los últimos estudios cifran una afectación del 20% del PIB para los países de América Latina (en relación con un escenario sin crisis climática), midiendo hasta 2049. Para terminar este cóctel, podríamos agregar el gravísimo problema de distribución del crecimiento económico a nivel mundial. Un 54% es capturado por el 1% más rico, y un 70% por el 5% más rico. Son cifras que deberían aparecer a diario en nuestras pantallas para recordarnos para quién están trabajando los Gobiernos y nosotros mismos.

En este escenario, se vuelve cada vez más importante considerar teorías económicas alternativas que nos permitan cumplir con el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestros países, sin tener al crecimiento como eje central de ello. Y en esa misma comprensión, algunos de los principales autores de estas teorías alternativas han reunido esfuerzos para dar forma a las bases del pensamiento del postcrecimiento, publicados en la revista The Lancet. Se trata de una forma de pensar en la economía que pretende fijar su objetivo en el bienestar de las personas dentro de los límites de la naturaleza. El desafío no es fácil porque hoy el crecimiento no es solamente una fijación ideológica, es un componente esencial de la organización económica y social.

El postcrecimiento destaca la existencia de modelos macroeconómicos ecológicos que permiten pensar en el funcionamiento de economías estables sin depender del PIB, evaluar políticas públicas dentro de los límites planetarios y construir una estructura de empleo, inversión y bienestar social que no dependa del crecimiento constante. Para mi sorpresa, una cuestión esencial para que estos modelos funcionen es disminuir las horas de trabajo, junto con otras cuestiones más expandidas como los impuestos a los recursos naturales y al carbono, los servicios públicos universales y las ayudas económicas a los grupos vulnerables.

Por otro lado, se releva el desarrollo de estrategias para reducir la dependencia del crecimiento, con una batería de políticas que apuntan en ese sentido y que incluyen los impuestos a la riqueza, la inversión pública en desarrollo de industrias que operen dentro de los límites ecológicos y garantías laborales. Por supuesto, estas estrategias pueden tener algunas falencias y hay que explorarlas y mejorarlas, pero en este necesario debate también es conveniente intentar reducir el ruido del dogmatismo económico y de la defensa política de los intereses de grandes acumulaciones de capital.

En tercer lugar, los autores de estas teorías, también han levantado evidencia sobre la posibilidad de lograr bienestar para las personas (y desarrollo) dentro de los límites planetarios. Sin sorpresa alguna, la clave en esto es la redistribución de la riqueza y, entre otras cosas, se ha modelado que sin excesos – como viajar en jet privado a la boda de un amigo multimillonario en Venecia -, sería posible tener buenos estándares de uso energético para 10.000 millones de personas sin sobrepasar los 1,5 °C de aumento de la temperatura global, en línea con el Acuerdo de París.

Por supuesto, la manera en que estas políticas deberían implementarse difiere entre el norte y el sur global, a propósito de las diferencias actuales de nuestras economías y de la falta de evidencia empírica. Ese no es el único vacío en la literatura, como los propios autores de estas teorías reconocen, invitando a la investigación de un campo que, afortunadamente, avanza de manera decidida.

Mientras continuamos en camino hacia el caos climático y desde el ambientalismo o ecologismo se ponen los esfuerzos en frenar la destrucción y salvar vidas, convendría mirar con atención el surgimiento de alternativas realistas y democráticas para la organización social y económica. Pensar un futuro posible es necesario para darnos sentido y esperanza.

Columna publicada en América Futura de El País – 03/07/25

UNOC3: la línea azul que conecta Francia, Brasil y el mundo

  • Por Macarena Martinic, coordinadora de empoderamiento y participación pública en ONG FIMA; y Felipe Cárcamo, analista de programa en ONG FIMA.

Esta semana, Niza se convertirá en el epicentro de la política oceánica global. A orillas del mar Mediterráneo, se está celebrando la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), una instancia que marcará el ritmo de los compromisos internacionales por el futuro del mar.

Su lema, “Trabajando juntos por una gestión sostenible de los océanos”, no podría ser más pertinente: en plena cuenta regresiva hacia 2030, la UNOC3 busca articular ciencia, política y acción concreta para enfrentar el deterioro acelerado de los océanos del mundo.

El programa oficial contempla diez paneles temáticos que abordan grandes desafíos de la gobernanza marina: desde la restauración de ecosistemas costeros y profundos, la reducción de la contaminación y el impulso a la pesca artesanal, hasta la promoción de economías oceánicas sostenibles, el financiamiento azul y la aplicación del derecho internacional reflejado en la Convención del Mar (UNCLOS). La diversidad y profundidad de estos temas reflejan que el futuro del océano está directamente vinculado con la justicia climática y social.

Aunque la Declaración Final de UNOC3 no será jurídicamente vinculante, su borrador ya apunta a compromisos concretos en restauración de ecosistemas, financiamiento azul y cumplimiento del Tratado de Alta Mar (BBNJ por sus siglas en inglés), que podrían marcar el rumbo hacia la próxima Conferencia de las partes de Cambio Climático de Belém 2025. De esta manera, la conferencia se perfila también como una etapa decisiva en la carrera por ratificar y poner en marcha el nuevo Tratado de Alta Mar, el cual, pese a los llamados políticos para que entre en vigor antes de la COP 30, todavía necesita ser ratificado por 29 países más.

Línea azul

La idea de una “línea azul” que conecte Niza con Belém ya ha sido adoptada por líderes globales. En diciembre de 2024, los presidentes Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron la declaración conjunta “De Niza a Belém”, comprometiéndose a avanzar en gobernanza oceánica, descarbonización marítima y ratificación del tratado BBNJ. Meses después, desde Valparaíso, Chile y Francia reforzaron ese compromiso con una declaración propia, apuntando al liderazgo conjunto para proteger la alta mar y combatir la pesca ilegal.

Pero estas señales diplomáticas deben ser valoradas con realismo. La brecha entre las declaraciones y la acción efectiva es aún demasiado amplia. Alta mar, que representa más del 60% del océano global, sigue siendo un territorio con reglas débiles o nulas, gobernado por intereses fragmentados y con graves déficits de fiscalización. Las Áreas Marinas Protegidas carecen, en la mayoría de los casos, de presupuesto suficiente y monitoreo.

Y la presión industrial sobre los océanos no cesa: minería submarina, expansión portuaria sin evaluación ambiental estratégica, proyectos energéticos en el océano, entre otros, avanzan sin normas claras ni mecanismos de justicia ambiental.

Latinoamérica juega un rol decisivo

La región posee vastas zonas marinas bajo jurisdicción nacional y un capital ecológico incomparable. Países como Chile y Costa Rica ya han ratificado el Tratado BBNJ. México, Perú, Colombia, Argentina y otros, avanzan a distintas velocidades, convirtiendo a la articulación en nuestro gran desafío.

Necesitamos un bloque regional que impulse la implementación de este nuevo tratado con criterios de justicia ambiental, participación pública y de pueblos indígenas, y equidad intergeneracional.

Chile, en particular, tiene una oportunidad histórica. Además de ser uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Alta Mar, ha postulado oficialmente para albergar la Secretaría permanente del mismo en la ciudad de Valparaíso, “la joya del Pacífico”. Esta decisión, si se acompaña de coherencia interna, podría posicionar al país como líder global en política oceánica. Pero ese liderazgo no puede convivir con la expansión de industrias contaminantes en zonas costeras, ni con una visión de “industrialización verde” que ignora los límites ecológicos y sociales del mar. Ser sede del tratado requiere algo más que voluntad: exige coherencia.

Columna publicada en Biobío Chile – 11/06/25

Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes

Se trata del centro de engorda ubicado en la Península Barros Arana

Justicia retira permiso ambiental para operar a proyecto salmonero de Australis en Magallanes

  • Después de casi dos años de tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, por presentar deficiencias en su proceso de evaluación.
  • La reclamación fue presentada por la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace.

Valdivia, Junio 2025. El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Centro de Engorda de Salmones de la empresa Australis, en la Península Barros Arana, en la Región de Magallanes.

El proyecto buscaba aumentar su producción de biomasa de 5.140 a 7.500 toneladas, lo que implicaba una intensificación significativa de la actividad acuícola en aguas cercanas al territorio de la Reserva, lo que llevó a la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, la comunidad indígena ATAP, y la comunidad indígena Residente Río Primero, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil ONG FIMA; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, a presentar una reclamación ante la justicia la que, luego de casi dos años de tramitación, resultó favorable para ellos.

En el fallo, el tribunal sostiene que la  evaluación ambiental presentada por la empresa fue insuficiente respecto del área de influencia definida para el centro, sobre todo en lo relativo a la fauna marina, paisaje y turismo. Además, advierte que esta deficiencia se replicaba en el análisis del tránsito de embarcaciones y de la dispersión nociva de nutrientes en el agua, propias de la actividad acuícola.

A juicio de los reclamantes, esta sentencia confirma lo importante de una adecuada evaluación ambiental, ya que la sobrecarga de biomasa (salmones, fecas, alimento no consumido) que generaría este centro de cultivo causaría  colapsos ecológicos, aumento de enfermedades, uso intensivo de antibióticos y generación de residuos que devastan el fondo marino y afectan al resto de las especies, lo que pudo provocar un daño irreparable en el mar patagónico.

Y agregan que el proyecto fue autorizado sin medir adecuadamente sus impactos en las comunidades Kawésqar por el tránsito de embarcaciones, los ecosistemas marinos, sus efectos en el turismo, el paisaje y todas las especies que dependen del buen estado de las condiciones de los océanos para vivir.

Por último, denuncian que el titular no esperó obtener el permiso ambiental definitivo y aumentó igualmente su producción, al margen de la ley.

Ganar perdiendo: cómo un agricultor peruano trae esperanzas a la justicia climática

  • Por Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de ONG FIMA
El caso de Saúl contra RWE trae esperanzas en un mundo donde el derecho es aplastado junto con la dignidad de las personas y los pueblos.

Una ola de rocas, agua y hielo, más alta que un edificio y a una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora bajó rugiendo por la montaña en una mañana de diciembre de 1941, destruyendo parcialmente la ciudad de Huaraz, en Perú, y llevándose con ella a 5.000 personas que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar frente a la sorpresa del aluvión. La Palcacocha, una laguna glaciar ubicada en la montaña sobre la ciudad, había colapsado esa mañana por el desprendimiento de una gran lengua del glaciar, provocando este aluvión que técnicamente es conocido como “fenómeno GLOF”.

Huaraz prometió conservar en su memoria ambiental la existencia de este riesgo, para evitar que este fenómeno volviera a llevarse con él las vidas de sus habitantes. Con lo que no contaban en ese entonces es con que la Tierra ya estaba calentándose de manera acelerada producto de las emisiones antropogénicas, y que los glaciares empezarían a tener un ciclo de vida más inestable, con derretimiento acelerado y fenómenos más difíciles de predecir.

¿Cómo hacerle frente a este riesgo? ¿Cómo detener el calentamiento del planeta, para evitar este (y muchos otros) desastres climáticos? Esta pregunta, urgente para muchos, movilizó a la comunidad local que representada por Luciano Saúl Lliuya llegó a la conclusión de que debía demandar a los culpables. Y en la búsqueda de responsabilidades, dio con la investigación de los Carbon Majors, un levantamiento de información que muestra a las principales empresas responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de la crisis climática. Una base de datos que contiene las responsabilidades de estas emisiones, desde 1958 hasta la fecha.

Y fue así como decidieron partir por demandar a uno de ellos, la empresa alemana RWE, emisora de poco menos de un 0,5% de los gases totales que están causando la crisis climática. Y no se deje engañar por el porcentaje o piense que “entonces todos somos responsables de la crisis”, pues ese pequeño 0,5% equivale aproximadamente a 300 millones de automóviles siendo utilizados por 10 años.

La tarea no era simple. La regulación internacional del cambio climático ha diluido las responsabilidades de quienes más se beneficiaron de esta crisis, especialmente las empresas. Pero eso debía terminar, porque el derecho, desde hace milenios, exige que quien causa un daño lo repare y deje de causarlo. Luciano Saúl Lliuya demandó a RWE en los tribunales alemanes precisamente usando una antigua regla de posesión, contenida en el artículo 1004 del Código Civil Alemán, que permite a cualquier persona pedir medidas a un juez para evitar la interferencia con su propiedad. El demandante, además de ser un líder social de Huaraz, tiene una pequeña propiedad expuesta a nuevos fenómenos GLOF.

Las dudas de los juristas no se hicieron esperar. Argumentaron que esta no es una regla pensada para la crisis climática, que los emisores no son responsables de los daños de la crisis climática y que esto está siendo solucionado (¡vaya que no!) por los países en los acuerdos internacionales. Respuestas insatisfactorias no sólo para quien ha sufrido un evento climático extremo, sino para cualquier que esté atento a lo que estos fenómenos van a seguir causando en nuestro planeta.

El día 28 de mayo llegó el fallo de segunda instancia. Luciano Saúl Lliuya perdió el juicio por cuestiones de hecho y no será indemnizado. Pero tanto él como todas las personas del planeta, hemos ganado con esta derrota. El tribunal fue claro en establecer que las responsabilidades existen, que hay prueba suficiente (hace años) de que la crisis climática está causada por las emisiones de gases de efecto invernadero, que dichas emisiones han sido principalmente provenientes de los carbon majors (entre los cuales, está RWE) y que el derecho civil vigente, muy similar en casi todo el mundo occidental, sí tiene soluciones para este tipo de problemas, pues no es admisible que los causantes de un daño de esta magnitud, que se han beneficiado enormemente con las actividades que las han llevado a causar ese daño, no sean responsables del mismo.

Con esto se abre un nuevo camino a la justicia ambiental y climática que es luz de esperanzas en un mundo que ha sido dominado por una narrativa de imposición del más fuerte y donde el derecho y la justicia parecían estar siendo aplastadas junto con la dignidad de las personas y los pueblos. Nuestro trabajo será saber seguir esa luz y cuidarlo, sabiendo que el camino intentará ser clausurado. La ruidosa ola de la crisis climática se abalanza sobre nosotros y, gracias a la memoria ambiental de Huaraz, la tozuda constancia de Luciano Saúl Lliuya, y la adecuada lectura del derecho que han hecho los jueces alemanes, pareciera que ahora tenemos una vía que puede ayudar a detenerla.

Columna publicada en la sección América Futura de El País –  31/05/25.

Usocioambiental 2025 inicia con charla magistral sobre el rol transformador de la educación social

La séptima versión de este espacio formativo gratuito impulsado por ONG FIMA partió con una exposición a cargo de Santiago Álvarez (FUHEM Ecosocial), quien abordó los desafíos de la transición socioecológica desde la educación.

Con una charla magistral titulada “La educación social como espacio de disputa para la transición socioecológica”, a cargo del investigador y director del área Ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) de España, Santiago Álvarez, se dio inicio oficial a la séptima versión de la Usocioambiental, el lunes 26 de mayo en la sala Enrique Sazié de la Universidad de Chile. La actividad fue abierta a todo público y se transmitió en formato híbrido, marcando el lanzamiento de este reconocido espacio de formación ciudadana para la acción climática.

“Cada vez resulta más imperioso que exista una ciudadanía concienciada respecto a los problemas en los que nos encontramos. La ciencia lo viene diciendo hace décadas: estamos en una situación de emergencia que afecta a toda la población de forma desigual. Ser conscientes de esto requiere buen conocimiento científico, información y, sobre todo, procesos educativos que permitan una acción coordinada de la ciudadanía”, señaló el doctor en Economía Internacional y Desarrollo. 

“Conocimiento para la acción” es el lema de este 2025, con el que la Usocioambiental busca seguir fortaleciendo el rol activo de las personas frente a la crisis climática, ofreciendo una propuesta formativa abierta, gratuita y sin requisitos de ingreso. La iniciativa es impulsada por ONG FIMA, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) Transformación y la colaboración de la Universidad de Chile.

“Para la Universidad de Chile es fundamental participar en alianzas colaborativas con organizaciones que promueven el resguardo de nuestro planeta, en ese sentido, la Usocioambiental es una instancia relevante para construir y formar una ciudadanía más involucrada y crítica sobre los temas que hoy nos preocupan en materia medioambiental, legislativa y participativa. Estamos muy felices de colaborar con ONG FIMA, este vínculo muestra nuestro compromiso por activar en diferentes niveles los aportes de la Universidad de Chile con la sociedad civil y traspasar las aulas universitarias en espacios abiertos y transversales como es la Usocioambiental”, comentó Claudia Rojas, Secretaria Ejecutiva del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile.

Durante sus seis versiones anteriores, la Usocioambiental ha impartido más de 104 cursos y talleres, con un total de 22.787 personas inscritas, y se ha consolidado como un referente en educación ambiental crítica, promoviendo el aprendizaje entre pares y el empoderamiento jurídico de la ciudadanía. “El rol que cumple es que permite adquirir conocimientos y compartirlos con otros, generando redes, lazos y empoderamiento entre quienes buscan actuar ante la crisis climática y ecológica”, explicó Sofía Rivera, investigadora del área de Estudios de ONG FIMA.

A diferencia de las estructuras educativas tradicionales, la Usocioambiental no entrega grados académicos ni exige evaluaciones, sino que promueve un espacio horizontal de aprendizaje entre pares. Este año, además, su lema cobra especial relevancia en el contexto de la próxima COP30, donde se discutirá el financiamiento climático y la necesidad de implementar de forma efectiva los compromisos asumidos a nivel global, reforzando su enfoque de democratización del conocimiento y acción climática urgente.

Las inscripciones siguen abiertas a través del sitio web de la Usocioambiental, donde también se puede revisar el detalle de cada curso y taller. La versión 2025 se desarrolla de manera 100% virtual entre mayo y agosto, y contempla tres modalidades formativas: cursos de especialización, cursos de formación y talleres:

Cursos de especialización:
  • Gobernanza del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe
  • Camino a la COP30: incidencia política en materia de cambio climático
Cursos de formación: 
  • Herramientas de litigio climático 
  • Movilidad ambiental y climática ; desafío de escenarios futuros en Chile
  • Introducción a la triple crisis ambiental
  • Introducción al derecho ambiental
  • Políticas y Convenios Internacionales para la Protección Ambiental
  • Financiamiento Climático: Estrategias y Oportunidades
  • Salares y minería del litio: biodiversidad y marco legal
Talleres: 
  • Agroecología Popular 
  • Herramientas de acceso ciudadano para la fiscalización y acción socioambiental

Desde ONG Fima esperan llevar esta experiencia formativa a todos los rincones del país y aumentar el público internacional,  “conocemos el interés que genera la Usocioambiental en otros países, y por eso uno de nuestros objetivos es descentralizar el acceso a la información socioambiental dentro de Chile como en otros territorios. Los cursos son impartidos por personas y organizaciones de diversos países, lo que permite una difusión mutua y una mayor proyección internacional”, puntualizó Sofía Rivera.

 

Te invitamos a escuchar la charla magistral de Santiago Álvarez. Disponible en YouTube:

A medio camino: nuevo informe sobre el anteproyecto de NDC en Chile

El nuevo Policy Brief de ONG FIMA analiza los principales vacíos del anteproyecto de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), proponiendo recomendaciones clave para fortalecer la acción climática del país.

Mayo, 2025. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son compromisos que los países presentan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático, en el marco del Acuerdo de París. Estos compromisos deben actualizarse periódicamente para reflejar una mayor ambición climática, especialmente frente a la creciente urgencia de la crisis ecológica global.

Chile se encuentra actualmente en proceso de actualizar su NDC presentada en 2020, y en este contexto, es que ONG FIMA presenta un nuevo policy brief titulado «Anteproyecto de NDC en Chile: a medio camino para una política de cambio climático efectiva y ambiciosa», donde se analiza críticamente el contenido del anteproyecto sometido a consulta pública.

Si bien en el documento se reconocen ciertos avances, como la incorporación de una Estrategia Nacional de Transición Justa y un enfoque más profundo de integración entre ejes, también se identifican puntos críticos que deben ser abordados antes de su presentación en la COP30. Entre estos, se señala la falta de articulación con otros instrumentos de política climática, la necesidad de aumentar la ambición en todas las medidas propuestas, y la urgencia de incluir mecanismos eficaces de seguimiento, financiamiento y justicia climática.

Finalmente, en el apunte se ofrecen recomendaciones concretas para que Chile avance hacia una política climática coherente con sus compromisos internacionales y las demandas locales por justicia ambiental, en miras a la próxima COP30 de cambio climático a realizarse en noviembre de este año.

Descarga el documento aquí

Construir democracia

Por Ezio Costa, (ONG FIMA), Flavia Liberon (Fundación Terram), Hernando Silva (Observatorio Ciudadano), Matías Asún (Greenpeace), Liesbeth van der Meer (Oceana), Florencia Ortúzar (AIDA), Erwin Sandoval (CODESA), Juan Pablo Orrego (ONG Ecosistemas), Sara Larraín (Chile Sustentable).

Señor Director:

El cuerpo Crónica para el Futuro publicado en “El Mercurio” el 16 de mayo representa un ataque frontal a las organizaciones de la sociedad civil que cumplimos también un rol para la profundización de la democracia, la defensa del interés público, del medioambiente y de los derechos humanos.

Nuestros esfuerzos, y el de las comunidades con las que trabajamos y, en algunos casos, somos parte, están orientados a promover el desarrollo del país con justicia ambiental, impulsando el respeto a la legislación vigente, reconociendo un contexto de crisis climática y de desigualdad social; no a oponernos a proyectos.

En un sistema democrático, las personas y comunidades que son afectadas por las decisiones de la autoridad o privados tienen derecho a ser escuchadas y a utilizar las herramientas legales que como sociedad hemos acordado para el acceso efectivo a la justicia. Entendemos que algunos inversionistas vean estas como impedimentos para el desarrollo de sus iniciativas productivas, pero este ejercicio democrático nos permite vivir en armonía y balancear el interés económico con la protección de la naturaleza.

Por último, estamos de acuerdo con lo afirmado en su editorial: “hacer prevalecer el bien de la sociedad en su conjunto y no los intereses de quienes espuriamente pretenden hablar en nombre de ella”. Actualmente, existen presiones del mundo empresarial en búsqueda de flexibilizar el conjunto de leyes para facilitar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, descartando la evidencia científica y la problemática ambiental; nuestro compromiso es que esos aspectos no queden ajenos a una discusión tan relevante en nuestro país.

Carta publicada en El Mercurio – 21/05/25