Por Ezio Costa, (ONG FIMA), Flavia Liberon (Fundación Terram), Hernando Silva (Observatorio Ciudadano), Matías Asún (Greenpeace), Liesbeth van der Meer (Oceana), Florencia Ortúzar (AIDA), Erwin Sandoval (CODESA), Juan Pablo Orrego (ONG Ecosistemas), Sara Larraín (Chile Sustentable).
Señor Director:
El cuerpo Crónica para el Futuro publicado en “El Mercurio” el 16 de mayo representa un ataque frontal a las organizaciones de la sociedad civil que cumplimos también un rol para la profundización de la democracia, la defensa del interés público, del medioambiente y de los derechos humanos.
Nuestros esfuerzos, y el de las comunidades con las que trabajamos y, en algunos casos, somos parte, están orientados a promover el desarrollo del país con justicia ambiental, impulsando el respeto a la legislación vigente, reconociendo un contexto de crisis climática y de desigualdad social; no a oponernos a proyectos.
En un sistema democrático, las personas y comunidades que son afectadas por las decisiones de la autoridad o privados tienen derecho a ser escuchadas y a utilizar las herramientas legales que como sociedad hemos acordado para el acceso efectivo a la justicia. Entendemos que algunos inversionistas vean estas como impedimentos para el desarrollo de sus iniciativas productivas, pero este ejercicio democrático nos permite vivir en armonía y balancear el interés económico con la protección de la naturaleza.
Por último, estamos de acuerdo con lo afirmado en su editorial: “hacer prevalecer el bien de la sociedad en su conjunto y no los intereses de quienes espuriamente pretenden hablar en nombre de ella”. Actualmente, existen presiones del mundo empresarial en búsqueda de flexibilizar el conjunto de leyes para facilitar la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, descartando la evidencia científica y la problemática ambiental; nuestro compromiso es que esos aspectos no queden ajenos a una discusión tan relevante en nuestro país.
Carta publicada en El Mercurio – 21/05/25
