Nota de síntesis del side event en el marco de la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: «Impulsar la acción climática a través del Acuerdo de Escazú»
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«La Constitución que no fue» es un informe elaborado en conjunto por Democracia Viva y ONG FIMA, entrega 7 conclusiones respecto al proceso constituyente del 2019-2022 basados en entrevistas a 32 ex-convencionales.
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Quinto volumen de los apuntes de política ambiental elaborados por ONG FIMA.
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El 13 de mayo se llevó a cabo en la región de Los Lagos la jornada de inicio de la primera Asamblea Climática Ciudadana en Chile.
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Cuarto volumen de los análisis que realiza ONG FIMA a la política ambiental de Chile. Esta vez, se refiere a los delitos ambientales y su incorporación en la legislación del país.
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Este domingo 7 de mayo, la ciudadanía deberá acudir una vez más a las urnas, esta vez para escoger a los integrantes del Consejo Constitucional, el nuevo órgano encargado de discutir y votar la propuesta de nueva Carta Magna. Este se sumará al trabajo ya iniciado por el Comité de Expertos, quienes se encuentran redactando el anteproyecto, y el Comité de Admisibilidad, encargado de velar porque se cumplan las doce bases institucionales o “bordes” que acordaron los partidos políticos en los diálogos iniciales de este nuevo proceso constituyente.
Cabe recordar que uno de estos bordes o bases constitucionales, específicamente el punto número 12, señala que “Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad”. Por ello, ONG FIMA en conjunto con Fundación Ciudadanía Inteligente, revisaron las páginas web y redes sociales de los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional de las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Magallanes, a fin de identificar cuáles son sus propuestas para la protección del medio ambiente en el proyecto de nueva Constitución.
Para la evaluación, se calificó a cada uno de los aspirantes al Consejo según si su propuesta o sus principales ejes temáticos contienen: 1) la incorporación de la protección del medio ambiente; 2) la consagración de derechos humanos ambientales y/o de derechos de la naturaleza; 3) la inclusión de principios constitucionales para la protección del medio ambiente; 4) la creación o reestructuración de instituciones para la protección del medio ambiente; y 5) la necesidad de un cambio en la relación entre sociedad y naturaleza.
Entre los resultados obtenidos, se observó que en la Región Metropolitana, de las 30 candidaturas evaluadas, tres cumplieron con uno de los criterios, ocho cumplieron con dos, seis cumplieron con tres y solo dos cumplieron con cuatro de los criterios evaluados. Ninguno de los candidatos de la región cumplió con los cinco criterios entre sus propuestas y once no contaron con ninguna mención explícita al medio ambiente.
El criterio que más se repitió en las propuestas de los candidatos, fue el de incorporar la protección del medio ambiente en el nuevo texto constitucional, lo cual en su mayoría se propuso a través de la inclusión de un deber del Estado y de la ciudadanía. Por otra parte, el segundo criterio que más se cumplió fue la consagración de derechos humanos ambientales y/o derechos de la naturaleza, siendo el derecho humanos a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua los que más se repitieron.
Revisa aquí la evaluación de las propuestas ambientales de los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional.
Región Metropolitana
Región de Valparaíso
Documentos elaborados por ONG FIMA
Hacia una Constitución Ecológica: Acceso a la justicia ambiental (2022)
Informe de ONG FIMA que busca avanzar en el acceso a la justicia en materia ambiental. El documento inicia con un diagnóstico de las barreras existentes para luego expresar la importancia de reconocer los derechos de acceso en esta materia y la necesidad de avanzar en temas como la creación de una Defensoría de la Naturaleza, la asistencia legal como un deber, la ampliación de la legitimidad ambiental y el establecimiento de mecanismos para mejorar el cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales.
Hacia una Constitución Ecológica: Agencias reguladoras independientes en materia ambiental y la nueva Constitución de Chile (2022)
Informe de ONG FIMA que busca plantear la posibilidad de lograr una solución institucional a largo plazo de los problemas que tienen los actuales entes regulatorios en materia ambiental. Para ello, se realiza un estudio teórico de las agencias reguladoras independientes para luego analizar el caso en el país y revisar cómo se podrían materializar en la regulación ambiental.
Hacia una Constitución Ecológica: Ordenamiento territorial en la nueva Constitución (2022)
El informe, realizado por ONG FIMA con el apoyo de FILE Foundation, analiza las normas que son parte de la propuesta de nueva Constitución y que permitirían avanzar en un Ordenamiento Territorial y en una mejor protección al medio ambiente.
Protección Constitucional del Medio Ambiente: Bases para una Constitución Ecológica (2022)
Primera parte de una serie de informes que aborda las razones por las cuales es necesario incluir la protección del medio ambiente en la constitución, revisando en esta segunda y tercera entrega, algunos principios, derechos ambientales e instituciones.
Hacia una Constitución Ecológica: Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución (2022)
En este informe se realiza un análisis del desarrollo de los derechos de la naturaleza en el derecho, haciendo una breve revisión sobre su recepción e implementación, y comparando la situación de países como Ecuador, Colombia, Australia, India, Nueva Zelanda, Bolivia, Bangladesh, México, Uganda y Estados Unidos. Esto con la finalidad de plantear algunas propuestas que puedan resultar útiles para que, en Chile, estos derechos sean una herramienta eficaz para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos ambientales.
El camino de la transición socioecológica en Chile (2021)
Las discusiones sobre política económica han dejado de lado los factores sociales y ambientales, enfocándose únicamente en el crecimiento económico. Ante esto, y en búsqueda de revertir esta tendencia, ONG FIMA lanza un segundo informe -posterior a Reflexiones para la transición ecológica”-, con propuestas para transitar hacia una nueva política económica que considere el bienestar de la comunidad y el medio ambiente.
Hacia una Constitución Ecológica: Cambio climático y nueva Constitución (2021)
El texto toma como referencia las propuestas para una Constitución Ecológica formuladas por ONG FIMA, para mostrar la relevancia de considerar la crisis climática y ecológica en una nueva constitución.
La consagración jurídica de un modelo de desarrollo en la constitución de 1980 y sus consecuencias ambientales: Reflexiones para la transición ecológica (2021)
Informe de ONG FIMA que busca reflexionar sobre las propuestas que nos permitan acercarnos a una transición ecológica y a establecer un nuevo modelo adaptado a la situación climática y ecológica actual.
Hacia una Constitución Ecológica: Herramientas comparadas para la consagración constitucional de la protección del medio ambiente (2021)
Reporte en conjunto de Oceana y ONG FIMA que analiza ejemplos sobre cómo otros estados protegen el medio ambiente a través de sus constituciones. El informe, encargado a la Directora del programa de derecho ambiental de la Universidad Diego Portales y doctora en derecho, Dominique Hervé, revisa la forma en que 30 países han incorporado el reconocimiento y protección del medio ambiente en sus Constituciones.
Protección Constitucional del Medio Ambiente: Bases para una Constitución Ecológica (2021)
Primera parte: ¿Por qué necesitamos una Constitución Ecológica?
El documento revisa cinco de las razones por las que se debe mejorar la protección constitucional del medio ambiente, enfocándose en el contexto político, social y ambiental del país.
Bases para una Constitución Ecológica en Chile V. 25/11/20 (2020)
Documento que sintetiza las propuestas para una Constitución Ecológica en el proceso constituyente 2020-2021, trabajadas por organizaciones sociales, ambientales, académicas y territoriales.
Discusión sobre medio ambiente en el marco de una nueva Constitución (2018)
Documento elaborado en colaboración de la Fundación Heinrich Böll, que busca involucrar a representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia en la discusión sobre cómo debe resguardarse este derecho en un eventual proceso de reforma constitucional, con miras a difundir los resultados de esta discusión, generar propuestas e incidir en un cambio en este sentido.
La quinta versión de la Universidad Socioambiental, iniciativa organizada por ONG FIMA y FES Chile, en colaboración con la Universidad de Chile, ya tiene abierta su proceso de inscripción.
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Tribunal de Valdivia deja sin efecto Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del centro de cultivo de salmones «Leucotón», en la Reserva Nacional Kawésqar
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Necesidad de avanzar en un plan de acción de género, potenciar la participación de pueblos originarios y urgencia ampliar los mecanismos de difusión, siguen siendo puntos débiles para la gobernanza del tratado
La Conferencia de las Partes (COP2) del Acuerdo de Escazú que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina desde el 19 al 21 de abril, cierra sin anuncios de nuevas ratificaciones de países de la región, no obstante la presencia de delegaciones de Brasil y Colombia, países que ostentan los peores indicadores en materia de defensores a nivel regional y que aún no adhieren formalmente a este marco regional.
“Perú ha sido el gran ausente en esta Conferencia, un país que, a pesar de ser impulsor del Acuerdo, ha visto la oposición en el Congreso de la Republica en dos oportunidades, archivando la ratificación y con ello la seguridad de los y las defensores indígenas de la Amazonía”.- Aida Gamboa – DAR Peru
Esta COP extraordinaria, tenía como propósito dar término al proceso de elección, de más de un año, de los Candidatos del Comité de Apoyo a Aplicación y Cumplimiento (CAAC), cuya operación comenzará de manera formal en un año. Luego de tres días de encuentro, los países definieron a los siete miembros que conformarán dicha instancia dejando una sensación tibia frente a la exclusión de personas con reconocimiento a nivel regional por su rol en el impulso de la democracia ambiental y los derechos de acceso desde 1992. Ello, abonando a la sensación de exclusión de muchos representantes del organizaciones y pueblos y nacionalidades indígenas frente al proceso y lineamientos para la confirmación del CAAC y la participación en la COP propiamente tal.
“Pese a la urgencia de avanzar rápidamente en la puesta en marcha del Comité, resultó alarmante la intención de Bolivia de minar las características constitutivas de este órgano y su sentido basal de independencia gubernamental e imparcialidad al proponer la incorporación de miembros del gobierno”, señala Carmen Capriles, de Reacción Climática, Bolivia.
Por su parte, Ezio Costa, de ONG FIMA, Chile, señaló, “Felicitamos a los nuevos representantes del Comité de Cumplimiento, varios de ellos son personas que llevan años trabajando por este proceso y para que el Acuerdo de Escazú avance efectivamente. Lamentamos mucho que personas fundamentales no hayan quedado como parte, porque su experiencia hubiese sido un gran aporte para continuar con la implementación. Es fundamental que como Sociedad Civil estemos atentos a apoyar tanto esta instancia como a los y las representantes del público, porque son espacios por los que hemos luchado y que van en dirección de construir una herramienta sólida de democracia ambiental y protección de derechos humanos”.
Acciones para la protección de defensores ambientales
Otro de los temas tratados en la COP2 fue la presentación del índice que dará pié al Plan de Acción en materia de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que espera aprobarse en 2024, aspecto que fue cuestionado por el público en tanto el proceso no cumplió los plazos establecidos por los países ni las propuestas para su socialización tienen en cuenta las necesidades y realidades de la región, en particular en materia de acceso a tecnologías de información.
“Es fundamental que el proceso de consulta sea inclusivo y esté sustentado en las realidades de nuestros países, es decir el limitado acceso a internet y la baja familiarización con sistemas en línea por parte de las comunidades y pueblos indígenas. Consideramos que definir un proceso de consulta presencial que contemple el tiempo y los mecanismos para que todos puedan participar, es fundamental”, Vanesa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, Colombia.
Durante la COP2, fue destacable la presentación de propuestas concretas por parte de las y los defensores del ambiente como la incorporación y reconocimiento de protocolos de autoprotección y sistemas de alertas tempranas, hasta la ampliación de la idea de defensores a sujetos colectivos, reconociendo que son los pueblos los que dada su interrelación con la naturaleza la han protegido por milenios.
“Es fundamental reconocer y fortalecer el rol de los pueblos y nacionalidades en la defensa de los territorios y entender su defensa no solo en términos de su propio interés sino del interés público, es decir de cada uno de los seres que habitamos el planeta, en tanto protegen los bienes globales comunes fundamentales para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad”.- Karla Maass, Climate Action Network Latin America (CANLA)
Actualmente el Acuerdo tiene 15 partes, países como Honduras, Perú, Brasil y Colombia todavía no adhieren, siendo considerados dentro los países más peligrosos de América Latina y el Caribe para defender el medio ambiente.