Ya está disponible el nuevo Apunte de Política Ambiental de ONG FIMA: «Hidrógeno verde «a la chilena»: Análisis crítico de la (des)regulación del hidrógeno en Chile». Este documento examina el desarrollo del hidrógeno verde en el país, analizando sus implicancias socioambientales y la falta de regulaciones robustas para garantizar su sustentabilidad.
El apunte aborda cómo la promoción del hidrógeno verde ha sido impulsada como una estrategia clave para la transición energética acelerada, sin considerar de manera adecuada los impactos ambientales y territoriales. A pesar del discurso de una «transición justa», la regulación actual parece priorizar la industrialización y competitividad del sector sobre la protección de ecosistemas y comunidades locales.
Entre los principales hallazgos del informe, se destaca la preocupación por la desregulación ambiental y territorial que podría facilitar el despliegue de esta industria sin los debidos resguardos. Asimismo, se señala la necesidad urgente de fortalecer los marcos normativos para evitar la flexibilización de estándares ambientales y garantizar la participación ciudadana y la consulta indígena en el desarrollo de estos proyectos.
Invitamos a revisar este apunte y a reflexionar sobre los desafíos que plantea el hidrógeno verde en Chile.
Con una presentación a cargo del equipo de incidencia de ONG FIMA y luego un conversatorio en el que participaron Anahí Urquiza, del CR2 de la Universidad de Chile, Andrés Pica del Ministerio de Medio Ambiente y Mariana Cruz de la ONG Ceus, se dio a conocer el policy brief “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?” en el cual se abordan los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en su proceso de descarbonización.
El 2024 fue el año más caluroso registrado hasta la fecha y este es solo uno de los síntomas de que la crisis climática ha tomado una magnitud sin precedentes. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan su ascenso, y la comunidad internacional espera que los países actualicen sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales deben marcar el rumbo y paso de la acción climática de los próximos cinco años. Chile, al igual que otros países, está ante la oportunidad de tomar decisiones cruciales.
Frente a este panorama, ONG FIMA lanzó el policy brief titulado “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?”, en un evento desarrollado en la Fundación Heinrich Boll. En el espacio, Mariana Carrasco, una de las autoras del policy brief y analista de Incidencia Internacional de ONG FIMA, presentó un análisis exhaustivo del documento, donde expuso las principales barreras de Chile en su camino hacia la descarbonización, a través de una revisión del Plan de Descarbonización y la entrega de recomendaciones para aumentar la ambición del país de cara a la COP30.
“Vemos que el proceso de descarbonización en Chile enfrenta desafíos no resueltos y promesas incumplidas. Desde un principio ha estado limitado por este carácter voluntario y los resultados han sido que las emisiones no se han reducido. En este contexto, la actualización de la NDC propone una oportunidad concreta para elevar la ambición de cara a la COP30. En este sentido, los avances dependen de la adopción de un enfoque integral de la descarbonización centrado en la eliminación de las emisiones de carbono a la atmósfera; de establecer compromisos vinculantes enfocados en asegurar y acelerar el proceso de cierre de las centrales a través de planes de cierre efectivos y participativos; de aprovechar las oportunidades presentadas por la generación distribuida y la eficiencia energética. Todo esto debe desarrollarse bajo una perspectiva de transición socioecológica justa como condición habilitante, hasta ahora presente solo en lo narrativo”, señaló Carrasco.
Participación de panelistas
Posteriormente, en un panel con representantes del mundo académico, Estado y sociedad civil, se destacó la importancia de fortalecer las políticas climáticas de Chile en la actualización de las NDC, abordando tanto los aspectos técnicos como sociales de la transición energética, y la necesidad de garantizar un desarrollo socio ecológico justo para las comunidades en el proceso de descarbonización.
Andrés Pica Téllez, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, señaló que, pese a que las NDC no son vinculantes, existen varios elementos que buscan asegurar el cumplimiento por parte de Chile, pues la estrategia climática a largo plazo se traduce en responsabilidades para cada ministerio que pueden implementar normas de emisión o incentivos para la reducción de emisiones. “Ahora estamos armando todo un sistema nacional de acceso a la información de cambio climático, que busca ser la plataforma que también va a permitir un seguimiento más ciudadano de este tema”, agregó Pica, “se está avanzando en generar esa transparencia, en comunicar eso y las metas de Chile también se están reportando”.
Por su parte, Mariana Cruz, directora ejecutiva de la ONG Ceus Chile, comentó los principales obstáculos que están frenando el progreso hacia la carbono neutralidad en Chile. “Hay dos ítems en este proceso de descarbonización que han sido complejos, el primero es que nos falta mucho para que estas metas sean efectivamente vinculantes, por ejemplo, revisamos la Ley Marco de Cambio Climático en sus planes y en los procesos de los reglamentos y no hemos visto algo que sea estructuralmente vinculante para exigir estos compromisos. Lo segundo, creo que hay un temor a soltar la necesidad del carbón y el gas para asegurar energía a lo largo del país, eso se relaciona, porque no hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de adaptación de nuestros sistemas eléctricos y todo lo que conlleva la energía. Hay una falta de consideración de que a medida que avanzan los efectos del cambio climático somos más vulnerables a quedarnos sin energía”.
En tanto, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2) y parte del directorio de ONG FIMA, se refirió a los impactos que las transformaciones tienen en los territorios. “Lo que podemos hacer es reducir los impactos y tratar que estas transformaciones sean una oportunidad de desarrollo para los territorios. Estamos en un país donde todavía parte importante de nuestra población vive en condiciones de vida que no son adecuadas y tienen expectativas de mejorar su calidad de vida. Eso en parte es un espacio que ocupan las empresas que apoyan a las comunidades con ciertas cosas que pueden ser muy asistencialistas y focalizadas y es porque los territorios no tienen resueltas las necesidades básicas. Entonces tenemos un problema de cómo logramos esas transiciones, que no es tan fácil de resolver y requiere inversión en infraestructura, en nuevas fuentes de trabajo, y que los territorios puedan reinventarse para que puedan tener nuevas actividades económicas que le den vida a esos territorios”.
El documento entrega 14 propuestas, entre las que se mencionan temas como la seguridad hídrica, economía circular, reducción de emisiones y la modificación del impuesto al carbono.
El Comité de Carbono-Neutralidad y Resiliencia fue creado en marzo de 2024 convocado por los ministerios de Economía, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Agricultura y Obras Públicas, cuya finalidad fue desarrollar propuestas que impulsen la economía del país hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática. Este comité, conformado por 19 expertos provenientes del sector privado, la academia y la sociedad civil, entre los que se encuentran el Director Ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, entregó su informe final, marcando un hito en el camino hacia una transición energética en el país.
El informe fue producto de un trabajo consensuado y participativo entre diversos actores, entregando 14 propuestas que abordan aspectos como la seguridad hídrica, reducción de emisiones, economía circular y, marcado como una de las más relevantes, la modificación del impuesto al carbono para reflejar de manera progresiva las externalidades de las emisiones, incentivando la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias.
Para Ezio Costa la transición hacia la carbono-neutralidad no solo debe ser eficiente económicamente, sino que “también debe propender hacia un sistema más justo donde los beneficios sean repartidos de manera equitativa, se proteja al medio ambiente, la salud y calidad de vida de las personas”.
Respecto al factor de participación ciudadana, en el informe se recoge que debido a tiempo acotado de elaboración, no se realizó un proceso formal, sin embargo, el Comité mantuvo a la ciudadanía informada mediante reuniones virtuales y una plataforma web abierta a sugerencias, lo que aportó a la creación de las propuestas.
Finalmente, las y los comisionados transparentan que para que estas propuestas puedan ser llevadas a cabo, deben existir ciertas condiciones, tales como voluntad política, planificación, integración con políticas públicas, financiamiento, comunicación y transparencia.
“Chile ha hecho esfuerzos por encaminarse hacia la carbono neutralidad y me parece que eso puede ser fuente de orgullo, pero ese camino solo es sostenible en el tiempo si en él cabemos todos y todas, para lo cual hay que mirar en detalle las vulnerabilidades que existen y abordarlas. Hay muchos discursos que intentan tomar las soluciones climáticas para generar mayor acumulación, o que no miran que las nuevas tecnologías bajas en carbono pueden producir otros daños. Hay que seguir avanzado, con velocidad, pero con cuidado e inclusión”, señala Costa.
Las propuestas
Acelerar la implementación del sistema de certificación voluntaria para huella de carbono establecido en el Art. 30 de la Ley 21.455, en línea con estándares internacionales.
Agricultura climáticamente inteligente.
Aumentar la resiliencia de las ciudades y aumentar su captura de GEI.
Aumento de captura de carbono en sector agroforestal y prevención de incendios forestales.
Diseñar e implementar un enfoque territorial integrado y multi-actor para la seguridad hídrica en cuencas de las regiones de Coquimbo (Elqui, Limarí y Choapa), Valparaíso (La Ligua-Petorca), Metropolitana de Santiago (Maipo) y Los Lagos (isla cuenca de Chiloé).
Disminuir las emisiones derivadas del consumo energético en las ciudades.
Impulsar economía circular en ciudades.
Impulsar la transición de una economía basada en materias primas fósiles a una fundada en recursos biobasados renovables.
Impulsar recursos energéticos distribuidos para minimizar el consumo de energía de fuentes fósiles.
Modificar el impuesto al carbono de manera que refleje adecuada y progresivamente las externalidades que generan sus emisiones, y que sea capaz de orientar inversiones y gatillar innovaciones para la reducción de emisiones en todas las industrias.
Promover construcción en madera.
Protección y valorización del Capital Natural y fomento de Soluciones basadas en la Naturaleza.
Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
Reacondicionamiento de la Industria con foco en eliminación de combustibles fósiles.
El Comité
Compuesto por Paloma Ávila, directora de CNN; Olga Barbosa, académica y consejera de WWF-Chile; Alex Berg, director ejecutivo de la Unidad Desarrollo Tecnológico (UDT) de Universidad de Concepción; Marcela Bravo, gerente general de Acción de Empresas; Claudio Castro, alcalde de Renca; Amparo Cornejo, directora de Sonami; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental (CDA); Lorenzo Gazmuri, presidente de ICARE; Mónica Gazmuri, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESCO); Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Ismaela Magliotto, joven negociadora de Chile para la COP27; Marcelo Mena, exministro de Medioambiente; Gonzalo Muñoz, exChampion de la COP25; Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de Corporate Leaders Group for Climate Action, CLG-Chile; Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society (WCS); Carolina Schmidt, exministra de Medioambiente; Claudio Seebach, decano de Ingeniería y Ciencias Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Torrejón, director de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.
Se han publicado tres informes que abordan la justicia ambiental, territorial y de género en el contexto de la extracción de minerales críticos para la transición energética. Dos de estos informes fueron presentados en un webinar el 28 de agosto, mientras que el tercero fue dado a conocer en un taller de devolución el 31 de agosto en San Pedro de Atacama.
Septiembre, 2024. Desde el área de Estudios de ONG FIMA se han elaborado dos informes que analizan distintos aspectos de la transición energética y sus implicancias socioambientales: «Narrativas sobre la extracción de minerales críticos para la transición energética: Críticas desde la justicia ambiental y territorial» y «¿Hacia una Transición Justa? Recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel».
El primero examina las narrativas sobre la extracción de minerales críticos, revelando cómo el modelo extractivista profundiza injusticias territoriales y ambientales, mientras que el segundo ofrece recomendaciones a partir del caso de descarbonización en Coronel, destacando la importancia de una transición que no solo sea ambientalmente sostenible, sino también equitativa para las comunidades afectadas.
Ambos informes fueron presentados en un webinar de lanzamiento donde participaron Cristina Lux de AIDA, Rudencindo Espindola de la Comunidad Lickanantay de Toconao y OPSAL, y Natalia Soto, ciudadana de Coronel. Puedes verlo aquí.
Adicionalmente, producto de un trabajo colaborativo entre GI-ESCR y ONG FIMA, se ha publicado un tercer informe titulado «Minerales críticos e igualdad de género: Las voces de las mujeres de Antofagasta y Atacama», que busca amplificar las experiencias y testimonios de mujeres de las regiones de Antofagasta y Atacama que se han visto afectadas por la minería de litio, entregando recomendaciones para avanzar hacia una gobernanza más democrática, sostenible y equitativa. Este trabajo fue presentado en un taller de devolución presencial en San Pedro de Atacama.
Este documento elaborado por el equipo de empoderamiento y participación pública de ONG FIMA, aborda cómo ha sido el proceso de organización y empoderamiento jurídico de la comunidad Kawésqar y de las organizaciones de la sociedad civil frente al agresivo aumento de la industria salmonera en Magallanes.
Octava entrega de los análisis de política ambiental elaborado por ONG FIMA, donde se analizan los efectos en la salud pública de la contaminación atmosférica en Chile y la efectividad de los instrumentos de gestión ambiental.
El proyecto termo solar busca convertir las centrales 1 y 2 de la termoeléctrica Angamos en Mejillones a un sistema de sales solares fundidas
Inicialmente, el proyecto ingresó al sistema de evaluación ambiental por medio de una declaración de impacto ambiental (DIA), por lo que fueron los vecinos de Mejillones quienes tuvieron que exigir la apertura de este proceso de participación ciudadana para poder ingresar sus comentarios y dudas respecto, instancia que fue otorgada a partir de este martes 10 de enero y que contempla 20 días hábiles, es decir, estará disponible hasta el día 6 de febrero.
Si bien para la comunidad es importante terminar con la generación a base de carbón, también es muy necesario que esta reconversión se haga tomando en cuenta un proceso de transición justa en el que se expliquen todos los alcances e impactos que este sistema pudiera generar tanto ambientales como sociales.
“Los habitantes de Mejillones hemos vivido muchos años sin ser escuchados y en el constante riesgo que genera ser el sector con la mayor cantidad de centrales termoeléctricas del país. Por lo cual valoramos de forma positiva el reemplazo de la Central Termoeléctrica Angamos, pero esto no se puede realizar sin que la comunidad tenga todos los antecedentes del proyecto y pueda plantear sus legítimas dudas”. Agrega que “estamos muy contentos de que se inicie este proceso de participación ciudadana que tuvimos que solicitar debido a que ingresó por Declaración de Impacto Ambiental. Esperamos que toda la comunidad ingrese y haga sus preguntas en el proceso y participe en las instancias de información que se desarrollen”, señala Manuel Carvajal de la organización Despierta Mejillones.
De qué se trata
La planta contempla utilizar el mismo espacio físico en el que se encuentran hoy las centrales termoeléctricas Angamos 1 y 2 para la producción de energía eléctrica a partir de energía solar. Para esto se utilizarían sales solares que, al ser calentadas, permiten para evaporar agua. Este vapor será usado en la generación de energía eléctrica al circular a través de una turbina. Esta última etapa funcionaría de la misma forma que una central termoeléctrica clásica, siendo la única diferencia el origen de la energía que permite evaporar el agua. Por una parte, el proyecto Alba contempla el uso de energía eléctrica para calentar las sales solares, mientras que en el caso de una termoeléctrica convencional, ésta se origina por un proceso de combustión cuya materia prima puede ser, por ejemplo, combustibles fósiles como el carbón o biomasa
Qué y quiénes pueden hacer observaciones
“Pueden participar de este proceso todas las personas jurídicas y naturales, no importa que no vivan en el territorio donde se emplaza el proyecto” explica Marcos Emilfork, Coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA
Para participar, las personas puede hacerlo electrónicamente ingresando al Portal de Participación Ciudadana en sea.gob.cl o por escrito en la oficina del SEA en la región de Antofagasta (Oficina de Partes SEA, Dirección Regional de Antofagasta: República de Croacia N° 0336, Antofagasta)
Respecto a los temas que se pueden observar, “estos no tienen limitaciones en tanto tengan relación con el proyecto mismo. Es así, como por ejemplo se puede preguntar por infraestructura que se utilizará, terreno en que se implementará, riesgos climáticos o para los ecosistemas que se puedan producir, fuerza de trabajo que requerirá, medidas previstas para evitar accidentes, etc.” agrega el abogado de ONG FIMA.
Para saber más sobre cómo y quién puede hacer una observación ciudadana, puedes ingresar a este link de la web Poder Ambiental.
En el marco del convenio de colaboración con Gobierno Regional de Valparaíso, nuestra organización capacitará a distintos municipios de la región para que tengan un rol activo ante casos de degradación ambiental.
De acuerdo con el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del Instituto de Derechos Humanos, en la Región de Valparaíso se han reportado 21 de estos conflictos, de los cuales 16 se encuentran activos y otros tres en estado latente. Algunos de ellos, como la contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví o la escasez hídrica en Petorca, se han convertido en símbolos de la conflictividad ambiental a nivel nacional.
Teniendo en cuenta esta realidad, y en el contexto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso, ONG FIMA, se adjudicó el proyecto“Transferencia para el Fortalecimiento de Capacidades para el Acceso a la Justicia Ambiental”. La iniciativa, tiene como fin la capacitación y asesoramiento a 12 municipios de la Región en acceso a la justicia en materia de reparación ambiental, para que estos puedan tomar un rol activo en la toma de acciones institucionales y/o jurídicas.
“El Programa busca ser un aporte para abordar una de las necesidades urgentes de los gobiernos locales del país: fortalecer sus capacidades para hacer frente ante casos de degradación ambiental”, explica Felipe Pino, abogado ycoordinador de Proyectosde ONG FIMA. “Además de las facultades de las Municipalidades en la gestión ambiental de sus comunas, estos organismos tienen un rol preponderante en el accionar ante tribunales ambientales para buscar la reparación en casos de daño ambiental. Desde ONG FIMA queremos potenciar el uso de esta facultad, aportando con una asesoría especializada a funcionarios municipales para que estos puedan llevar autónomamente dichos casos, sin depender de la contratación de servicios jurídicos externos.
El programa tendrá una duración de 26 meses e incluirá actividades tales como la capacitación de funcionarios municipales en derecho ambiental, talleres de empoderamiento jurídico ambiental para comunidades y organizaciones sociales de la Región de Valparaíso, y un diagnóstico sobre el estado de ecosistemas relevantes para la zona, así como la causalidad de los daños que se identifiquen en ellos.
La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II quedó sin efecto por orden del Tercer Tribunal Ambiental, mientras que la Corte Suprema ratificó la anulación de la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago.
Alta Vista Pucón II
El Tercer Tribunal Ambiental decidió dejar sin efecto la RCA del proyecto Condominio Alta Vista Pucón II, acogiendo de esta forma la reclamación presentada por la Municipalidad de Pucón, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y varios habitantes de la comuna, con el apoyo de ONG FIMA.
Según se argumentó ante el Tribunal, el titular del proyecto, no descartó correctamente sus impactos ambientales, pues, entre otros puntos, en la evaluación ambiental se desconoció la existencia de un cauce natural en el área de influencia, no se levantó información suficiente sobre la biodiversidad y no se hizo cargo de los efectos que el proyecto tendría sobre la Zona de Interés Turística Araucanía Lacustre.
Además, se señaló que existiría un fraccionamiento, ya que hay antecedentes suficientes para afirmar que existe una “Unidad de Proyectos” entre los condominios Alta Vista Pucón I y Alta Vista Pucón II, lo que obliga a su titular a evaluarlo cabalmente ante el Servicios de Evaluación Ambiental.
Marcos Emilfork, abogado y coordinador del área de Acceso a la Justicia de ONG FIMA, explicó que el Proyecto Alta Vista Pucón contemplaba la construcción de tres condominios, de los cuales “al menos dos de ellos tienen el mismo titular, idéntico nombre y se encuentran adyacentes, separados por la Calle 4, que es una obra común por la cual se accede a ambos proyectos y que fue construida a propósito de la ejecución del primer condominio. Estos proyectos cuentan con señalética común desde el camino internacional y la construcción y tramitación administrativa ha sido parcialmente paralela. Esto permitió al Tribunal afirmar que es en realidad una «Unidad de Proyectos» que obliga a su titular a evaluarlo íntegramente”.
Específicamente, Alta Vista Pucón II consistía en la construcción de 6 edificios de departamentos con 4 pisos, que incluían un total de 306 viviendas. Además, de la construcción de 317 estacionamientos de vehículos, 153 estacionamientos de bicicletas y 2 piscinas. Todo esto en un terreno de 2,1 hectáreas emplazadas en la comuna de Pucón, Región de la Araucanía.
Pinares del Lago
Por su parte, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra de la sentencia que anuló la RCA del proyecto inmobiliario Pinares del Lago, dictada por el Tercer Tribunal Ambiental en abril de 2022.
En dicha ocasión, el Tribunal consideró que durante su etapa de evaluación el titular del proyecto no entregó los antecedentes suficientes para poder descartar de forma adecuada los impactos ambientales sobre el humedal La Poza, el cual actualmente está reconocido como humedal urbano.
El proyecto inmobiliario Pinares del Lago consistía en la construcción de 3 condominios con alrededor de 480 viviendas y 600 estacionamientos, los que se instalarían en la comuna de Pucón en el camino hacia el lago Villarrica.
Medio Ambiente, Salud, Subsecretaría de Pesca, Conaf, Dirección General de Aguas y SAG dejaron en claro sus reparos a la minera en los documentos que el Comité de Ministros deberá tener a la vista para votar si aprueba o rechaza la iniciativa de Andes Iron. Desde Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organismos nacionales e internacionales por la defensa del archipiélago, afirman que los informes confirman los antecedentes técnicos que justifican el rechazo del proyecto.
Santiago, 30 de diciembre, 2022. “Esta Subsecretaría sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto Dominga”, “es claro que no da cumplimiento a la normativa ambiental vigente”, “no existió durante todo el proceso una definición adecuada del área de influencia, desestimando toda base científica existente”, son solo algunas de las conclusiones a las que llegaron los distintos servicios públicos que hicieron llegar sus informes al Comité de Ministros, instancia que deberá votar el futuro del proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron. Los reportes, publicados en la web, serán parte de los antecedentes que los ministros y ministras del Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud deberán tener a la vista cuando se lleve a cabo la votación, cuya fecha aún no ha sido fijada.
“No nos extraña que el pronunciamiento de los servicios que son competentes hayan nuevamente expresado y destacado la gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable en una zona tan biodiversa como el archipiélago Humboldt”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana. Desde FIMA, la abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros agregó que «si todas estas deficiencias hubieran sido notadas a tiempo, si se hubieran considerado las observaciones de los vecinos, Dominga ya estaría terminada. Las deficiencias son graves y dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este».
Lo que dicen los informes.
El reporte emitido por la Subsecretaría de Medio Ambiente asevera que la empresa no consideró dentro de su área de influencia, las zonas utilizadas por especies emblemáticas del archipiélago como el pingüino de Humboldt, el pato yunco y el chungungo por lo que “no es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema”. Adicionalmente, alerta sobre la insuficiente información de línea de base especialmente en lo que respecta a los cetáceos, concluyendo que las medidas de mitigación, compensación y reparación de la fauna marina protegida afectada por el proyecto no son suficientes.
Conaf, uno de los servicios que posee más información de la zona, reiteró sus críticas a la empresa al no haber definido adecuadamente el área de influencia del proyecto, sin tomar en cuenta la evidencia científica, y no realizar un levantamiento de la línea de base sobre las especies protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. “La ciencia ha sido categórica en demostrar que toda la bahía del archipiélago dentro del cual se proyecta el puerto del Titular es un sitio clave para alimentación, descanso y reproducción de especies de aves que anidan en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las otras islas del archipiélago de Humboldt”, argumentó el servicio que además es el encargado de resguardar y administrar la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Adicionalmente, alerta sobre los impactos del ruido submarino y la contaminación lumínica, esta última podría llevar a la extinción en el corto plazo del yunco, ave marina que utiliza esta zona para reproducirse.
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) calificaron que los antecedentes aportados por la empresa “no fueron suficientes ni adecuados” para hacerse cargo de los impactos que el proyecto generaría sobre las especies de comunidades intermareales y submareales de baja movilidad, lo cual es especialmente sensible para las comunidades costeras que dependen de estos recursos naturales. Asimismo, el organismo pone de manifiesto que posterior a la evaluación ambiental, la empresa propuso algunas medidas para mitigar los impactos de la planta desaladora, las cuales no pudieron ser evaluadas por Subpesca, especialmente en lo referente a las áreas de manejo de recursos bentónicos, cruciales para los pescadores artesanales de la zona.
“La pureza de nuestro mar es la que nos permite tener las áreas de manejo de locos más productivas de Chile, por lo que la intervención de la minera y el puerto pone en riesgo no solo nuestra fuente de trabajo, sino que la alimentación de cientos de personas, considerando que nosotros producimos el 60% de la pesca del norte grande”, afirmó Gabriel Molina, vocero y secretario de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros. ”Desde el territorio que se vería afectado por el proyecto hemos sido claros en que no queremos Dominga, han sido años en que hemos visto cómo esta empresa ha destruido el tejido social de la comunidad con sus regalos y ofrecimientos, por lo que esperamos que de una vez por todas se rechace de manera definitiva”, afirmó Tamara Gaymer, Presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA).
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) criticó varios aspectos del proyecto, primero, la limitada área de influencia establecida por la empresa y no haber evaluado el efecto sinérgico y acumulativo con el proyecto Cruz Grande y su afectación a la fauna marina; segundo, la escasa línea de base y el “muestreo de solo dos días” realizado en invierno sin que existiera una justificación técnica que permita asegurar que “la intensidad y oportunidad de muestreo sea la apropiada”, y finalmente, el servicio califica de “insuficiente” la medida para mitigar el impacto sobre la fauna de derrames de hidrocarburos.
La Dirección General de Aguas (DGA) criticó la intervención del acuífero Los Choros, mostrando su preocupación por las serias falencias en la información aportada por Andes Iron lo que impediría asegurar que se han identificado correctamente todos los impactos adversos significativos relativos a la conservación de los acuíferos que resultarán afectados por el proyecto. En las observaciones ciudadanas se hizo notar una gran preocupación por la estabilidad, disponibilidad y calidad de las aguas del acuífero Los Choros, por los diversos servicios ecosistémicos que este presta. Entre ellos, la irrigación del valle y el uso para la pequeña agricultura campesina.
Desde la cartera de Salud mostraron sus reparos respecto a la evaluación de los impactos asociados al material particulado y gases que se generarían por las obras y actividades del proyecto. De acuerdo con la empresa, las emisiones atmosféricas de Dominga no provocarían cambios significativos en la calidad del aire, pero la Subsecretaría de Salud advierte que la norma que se utilizó en la evaluación ambiental del proyecto, en 2013, ya no está vigente y fue reemplaza por una más exigente que data de 2021.
“El proyecto Dominga no cumple con los estándares ambientales mínimos tanto en tierra como en mar, cuestión que hemos alertado desde un inicio y sobre todo hoy cuando han pasado 10 años desde que la empresa hizo sus estudios de línea de base”, sostuvo Alejandra Donoso, Directora de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades locales. “El siguiente paso es que el Comité de Ministros, en atención a los antecedentes por todos conocidos y denunciados por organizaciones y comunidades, termine con este proyecto nefasto”, sentenció Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile.
Los informes ya publicados están a disposición de los ministros y ministras, faltando únicamente el pronunciamiento por parte de la cartera de Energía.
Recordemos que el proyecto minero portuario Dominga fue rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero la empresa decidió judicializar el caso. Desde entonces, y luego de dos instancias en el tribunal ambiental y en la Corte Suprema, esta última derivó la decisión al Comité de Ministros el que deberá votar próximamente si confirma el rechazo.
