Carta al Director: Acuerdo de Escazú

Este 11 de septiembre el ex subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, publicó una columna sobre el Acuerdo de Escazú en que analiza algunos de los cambios a la normativa nacional que se tendrían que implementar para dar cabida a los estándares del tratado.

Su análisis resulta muy interesante, pues la comprensión que tiene una ex autoridad de gobierno sobre el tema, parece mucho más realista que las razones que el Ejecutivo ha dado para no suscribir. De la lectura de su columna, podemos ver claramente que la decisión sobre adherir o no al Acuerdo pasa por la voluntad de implementar los derechos que el propio convenio aborda: acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, además de la protección de las y los defensores ambientales.

Como el propio ex subsecretario señala, el reconocimiento de dichos derechos humanos y de los estándares de Escazú significaría algunos cambios normativos, y muchos en la gestión de las instituciones con competencia ambiental. Estos cambios vendrían a mejorar la profunda inequidad ambiental de nuestro país, dirigiendo el actuar del Estado hacia la protección del medio ambiente y las personas, poniendo en el centro de las políticas públicas la protección de la salud, la vida y los ecosistemas.

Pareciera que ni la mejora de estándares ambientales, ni la protección de derechos humanos, son cuestiones que interesen a quienes nos gobiernan hoy. Por eso valoramos la columna del señor Riesco, que nos permite entender a qué se refería el canciller Allamand cuando expresaba que el Acuerdo no era conveniente para los intereses de Chile.

Por Andrea Sanhueza, representante electa del público para el Acuerdo de Escazú; Ezio Costa, Director ejecutivo ONG FIMA; Violeta Rabí, investigadora Espacio Público; Pedro Glatz, Coordinador de Contenido Nuestra América Verde; Matías Asún, Director Nacional de Greenpeace

 

 

 

 

A dos años de la crisis en Puchuncaví, Gobierno asegura que la contaminación bajó 80%

Plan del Ejecutivo se enfocó en reducir las emisiones de dióxido de azufre, el principal contaminante industrial de la zona.

‘Llevan años envenenándonos. Sólo este año llevamos más de 50 episodios donde se supera la norma permitida para la calidad del aire, siete emergencias sanitarias, y las cosas continúan igual en Quintero y Puchuncaví’, describe tajante Katta Alonso, vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio.

La dirigenta vive en Ventanas, localidad costera de Puchuncaví, y vivió de cerca el episodio del 21 de agosto del 2018, cuando una emanación de gases gatilló cerca de 1.700 consultas médicas e intoxicaciones masivas.

A dos años de lo ocurrido, aún no existe la claridad de qué gases provocaron al fenómeno. En abril, del año pasado el gobierno desplegó un plan de descontaminación con 11 medidas y cuyo énfasis era el control de emisiones de material particulado, óxido nitroso y éxido de azufre. En septiembre de 2018, el Presidente Sebastián Piñera había comprometido avances ante el pleno de las Naciones Unidas en Nueva York y pidió disculpas por las denominadas zonas de sacrificio.

¿Cuánto se avanzó en este plan? La Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Victoria Gazmuri, dice que gracias al plan en marcha se redujeron los peaks de dióxido de azufre, el principal contaminante, en un 80%.

‘El plan congela las emisiones de las empresas en forma inmediata y les da un plazo de tres años para cumplir con metas adicionales de reducción’, explica la profesional que fue definida como vocera en el ministerio liderado por Carolina Schmidt.

En paralelo a la acción gubernamental, en mayo del año pasado un fallo de la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección contra las empresas que operan en la zona como Enap, Enel, Copec, GNL Quintero, Codelco Ventanas, Oxiquim y AES Gener, entre otras, en el que si bien no estableció culpabilidades, sugirió al Gobierno implementar 15 puntos para solucionar el problema de raíz. Entre ellos, contiuar la búsqueda del culpable de la crisis de agosto de 2018, la relocalización de niños y adultos mayores cuando se superen las emisiones y una revisión de los permisos ambientales de cada una de las empresas de la zona.

Para el abogado que ganó el juicio, Ezio Costa, en términos generales, ‘no se ha cumplido’ con las medidas que ordenó la Corte Suprema. ‘El Estado pretende haber cumplido parcialmente, por el hecho de haberse dictado un plan de prevención y descontaminación atmosférica, estar en proceso una norma de compuestos orgánicos volátiles y haber abierto una página web’, sostiene.

Agrega que ‘si miramos las obligaciones del fallo, podemos ver de manera sencilla que eso es abiertamente insuficiente. La primera medida es establecer cuales fueron los contaminantes que causaron la emergencia, eso no se ha hecho. Tampoco se han instalado detectores de los mismos, no se han revisado las RCA, no se han tomado medidas de salud’.

Niños y Ventanas

Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente en el segundo período de Michelle Bachelet y actual director del Centro de Acción Climática de la UCV, reconoce una mejora marginal en la calidad del aire en los últimos dos años, pero sostiene que uno de los grandes ‘pendientes’ en la zona es la Fundición Ventanas de Codelco. El ingeniero hoy asesora a la Defensoría de la Niñez en una demanda contra el Estado, y sus dardos se dirigen a la operación de la minera estatal y a sus efectos en la salud de los vecinos.

‘Uno de los principales costos de no tener la COP 25 en Chile fue no tener el anuncio del cierre de Ventanas. Por lo que yo pude averiguar, el Gobierno tenía la determinación arriba de la mesa. Mientras no se refaccione o no se cierre, seguirán existiendo episodios y niños con riesgo de tener cáncer por la exposición al polvo de metales pesados’, asegura Mena.

PUBLICADO EN: La Segunda 08/09/20

 

Apertura de datos climáticos

Ruta para fortalecer la transparencia en la acción climática

Los datos abiertos suman valor a la agenda de cambio climático. Luego de un poco más de un año de trabajo, estamos finalmente terminando el proyecto piloto de implementación de la versión Beta de la Guía de Apertura de datos para la acción climática. 

El proyecto nace de una colaboración entre el Open Data Charter (ODC) y el World Resources Institute (WRI) quienes, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrollaron una primera versión de una Guía de Apertura de Datos para la Acción Climática. La misma barre una serie de datos relevantes para la acción climática que responden a un proceso de consulta y trabajo con las comunidades de cambio climático y datos abiertos, y presenta una lista no prescriptiva de datos prioritarios a abrir en el sector. 

Con esta primera versión de la Guía nos acercamos a los equipos de la División Digital del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio de Medio Ambiente de Chile con la propuesta de poner a prueba la Guía y la metodología de implementación. La coordinación entre las áreas es crucial para poder avanzar con proyectos de datos abiertos y este no es la excepción. Como parte del proceso del piloto se hizo un mapeo de los datos climáticos existentes, que no buscó ser exhaustivo, pero que permitió entender el ecosistema de datos de cambio climático chileno y tener una foto de la situación sobre la cual iniciar el diálogo entre las áreas. FIMA, el socio local de este proyecto, realizó también entrevistas semiestructuradas a organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de Gobierno para conocer su percepción respecto de  los desafíos y necesidades sobre la apertura de datos y poder entonces reforzar las recomendaciones para avanzar con esta agenda en Chile. 

Como parte de las actividades de esta acción, en enero de este año, se llevó a cabo un taller presencial en el cual participaron distintos actores de la comunidad de cambio climático y de datos abiertos. Los participantes de diferentes Ministerios, Universidades, organizaciones de sociedad civil y organismos de cooperación compartieron una jornada para reflexionar sobre la apertura de datos, evaluar la Guía y conocer las prioridades de la agenda de cambio climático desde diferentes perspectivas.

Luego de un camino de un año de trabajo con aprendizajes y aspectos para mejorar, presentamos un plan de trabajo de publicación y propuestas para seguir trabajando en conjunto en el futuro. ODC y WRI nos llevamos muchos puntos para seguir trabajando este proyecto, datos para incorporar a la Guía como aquellos que reportan temas oceanográficos y aquellos de vulnerabilidad frente al cambio climático, pensar cómo acercar desde un principio las NDCs y los otros instrumentos de gestión del cambio climático con la información levantada en el mapeo.. 

La Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile ve este proyecto como un aporte muy importante para la gestión del cambio climático, pues el acceso público a la información y a datos climáticos de calidad que permitan su fácil visualización, entendimiento y reutilización, permiten aumentar la participación de la sociedad en todos sus niveles, la sensibilización del público, y en general contribuyen a mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones. Desde la perspectiva del Gobierno, los aprendizajes y espacios de mejora pasan por las instancias de colaboración y los puentes que se han construido con otras áreas de la administración pública, así como con la comunidad de datos abiertos. Fue importante poder tener un primer espacio de  conversación respecto de la apertura de datos de cambio climático al interior del sistema que los genera, y avanzar sobre el entendimiento del potencial de la apertura gracias al valor que dicha apertura puede generar para los distintos tipos de actores.

Asimismo, el reporte final manifiesta tanto la necesidad de la sociedad civil de formar parte activa de la reutilización de conjuntos de datos para arribar a sus propias conclusiones, como la voluntad de algunos organismos del Estado por generar una mayor y mejor sinergia con aquella población que demanda y accede a los conjuntos de datos climáticos. En ese sentido, la búsqueda de la apertura de datos es a la vez causa y efecto del empoderamiento de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, quienes en un contexto de crisis climática y ecológica han decidido convertirse en un eje fundamental de la defensa del medio ambiente y los derechos humanos que devienen de nuestra interacción con el mismo. De igual forma, se constata un reconocimiento por parte de las instituciones públicas de que una relación más fluida y dinámica entre generadores, usuarios y reutilizadores de datos deviene en la creación de políticas ambientales y climáticas más legítimas, representativas y eficientes, así como con una mayor y mejor participación y sensibilización pública. Por este motivo, el presente proceso va mucho más allá de la generación de una Guía de Apertura, ha aportado en el robustecimiento y profundización de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y que la hoja de ruta generada, correctamente implementada, puede ser una herramienta importante para facilitar el enfrentamiento al cambio climático desde una perspectiva multisectorial, y en definitiva, como sociedad en su conjunto.

Sabemos que queda mucho camino por recorrer y esperamos poder seguir avanzando y poner a prueba cómo los datos abiertos pueden ayudar a avanzar la agenda de cambio climático, una agenda que, aún en medio de una crisis internacional como la que representa el Covid-19, sigue teniendo una vigencia e importancia crucial en nuestras vidas. Pero de toda crisis puede surgir una posibilidad de repensarse y reorganizarse; la propuesta de una economía sustentable, que tenga una relación más sana con el medio ambiente es ahora más realizable que nunca. Y, como el manejo y salida de esta pandemia sólo es posible colaborando, los datos abiertos serán una herramienta importante para poder entender la nueva realidad y coordinar acciones futuras.

FUENTE: https://medium.com/@opendatacharter/apertura-de-datos-clim%C3%A1ticos-c1ea2d3982a6

 

 

 

 

OPINIÓN: Una extraña idea de soberanía. Escazú y el TPP11

Por Ezio Costa, director ejecutivo ONG FIMA

La semana pasada, en un programa radial, el Canciller Allamand indicó que “en el caso del TPP 11 la posición del gobierno es que debe aprobarse; en el caso de Escazú no ha variado nuestro punto de vista, en el sentido de que no es un tratado conveniente para los intereses generales y convenientes del país”. Dicho punto de vista del gobierno se refiere a supuestos problemas de soberanía que generaría el Acuerdo de Escazú.

Esta posición resulta ser una extraña manera de entender los intereses del país y sobre todo la soberanía. El ministro Allamand obvia los problemas de soberanía que generaría el TPP-11, siendo que este tratado amplía las posibilidades de que Chile sea demandado en tribunales arbitrales internacionales por parte de empresas transnacionales y genera, además, obligaciones de transparencia y coherencia regulatorias pensadas para favorecer a dichas empresas y capitales.

Muy por el contrario, el Acuerdo de Escazú genera una distribución de poder interna que le permite a la ciudadanía mejores oportunidades para, efectivamente, ejercer su soberanía. Escazú pretende un ejercicio más informado, con mejores instancias de incidencia en las decisiones ambientales y mayores garantías jurisdiccionales para todos y todas, pero especialmente para quienes se dedican a defender el medio ambiente, encontrándose en una situación de mayor exposición. Por otro lado, el acuerdo no amplía significativamente las posibilidades de demandas contra Chile de ningún otro actor internacional y en ningún caso alcanza intereses territoriales.

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos que recordar que todo tratado implica ceder alguna soberanía, pues la misma idea de llegar a un acuerdo con otro ente, implica ceder un poco de nuestra parte. En el caso del Derecho Internacional, un poco de nuestra soberanía en favor del beneficio internacional. Respecto de Escazú, esa cesión tiene que ver principalmente con la posibilidad de que el cumplimiento de los estándares sea revisado por los mecanismos de cumplimiento del propio acuerdo.

Parece importante recordar que la soberanía, en su primera conceptualización por el francés Jean Bodin, es “la suprema autoridad” y el “poder absoluto y perpetuo de la República”, y, desde las teorías contractualistas en adelante, es innegable que esta recae en el pueblo. Por ello, mejorar la democracia es precisamente honrar la soberanía y el Acuerdo de Escazú apunta en ese sentido, al profundizar la democracia y distribuir el poder, generando una especie de devolución del Estado a los ciudadanos, por medio de las garantías fundamentales para ejercer su soberanía: transparencia, participación y acceso a la justicia en materia ambiental.

Así mismo, extraña idea de soberanía es aquella que entiende que traspasar más poder a los capitales globales es un acto inocuo, mientras que mejorar la democracia “no es conveniente para los intereses del país”. Es este tipo de cesiones y tergiversaciones conceptuales las que van profundizando el malestar ciudadano, por lo que es de esperar que el ministro Allamand sea capaz, al menos, de ver la inconveniencia de seguir ese camino.

Columna publicada en La Tercera

Seminario web Hacia una #ConstituciónEcológica: Bienes comunes y Pueblos Indígenas

Durante la tarde del Jueves 27 de agosto se realizó, via Zoom, el conversatorio que es parte de la serie hacia una #ConstituciónEcológica, en la cual se abordan diversas temáticas para proponer un nuevo modelo en la constitución. Donde exista una relación armoniosa entre Estado y las personas con el medio ambiente, junto a su debida protección.

En esta instancia tuvimos destacados invitados e invitadas que nos presentaron sus ideas, reflexiones y propuestas sobre los bienes comunes y Pueblos Indígenas. Desde la vereda femenina, conversamos con Amaya Álvez Abogada UdeC, especialista en derecho de aguas y pueblos indígenas y Doris Quiñimil Psicóloga educacional, integrante del colectivo Rangiñtulewfü y especialista en género e interculturalidad.

Por otra parte, Rubén Sanchez, miembro de la comunidad mapuche Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, defensor de territorio y miembro del directorio del Observatorio ciudadano junto Yaku Pérez, Ecuatoriano, Abogado, político defensor de pueblos indígenas y del agua como bien común, enriquecieron la discusión desde su cosmovisión.

La actividad quedó registrada en el canal de YouTube de ONG FIMA para que quienes no pudieron participar de la instancia en vivo, puedan revisar esta y las anteriores.

Asimismo, en el marco de esta serie de discusiones , ya está disponible, en la cuenta de Spotify de nuestra organización, el segundo capítulo del  Podcast hacia una #ConstituciónEcológica,

 

 

Opinión | La Acción Climática como principio de una Constitución Ecológica en Chile

Por: Ezio Costa 

La discusión constituyente debe enfrentar los desafíos de nuestros tiempos y ayudarnos a superar estructuras que reproducen las injusticias. La idea de una Constitución Ecológica apunta en ese sentido. Nos referimos a una Constitución cuyo contenido incorpore transversalmente y como ejes ordenadores, la protección del medio ambiente y la armonía entre la sociedad y la naturaleza.

La discusión constituyente debe enfrentar los desafíos de nuestros tiempos y ayudarnos a superar estructuras que reproducen las injusticias. Uno de los desafíos principales es hacer frente a la crisis climática y ecológica, lo que supone una serie de cambios estructurales, necesarios para asegurar nuestra continuidad social en este planeta.

La idea de una Constitución Ecológica apunta en ese sentido. Nos referimos a una Constitución cuyo contenido incorpore transversalmente y como ejes ordenadores, la protección del medio ambiente y la armonía entre la sociedad y la naturaleza. No se trata simplemente de sumarle derechos a una Constitución, sino de crear un marco normativo que permita una transformación, incluyendo, entre otras cosas, principios que marquen los objetivos de nuestra organización social.

Uno de los roles de la Constitución es, precisamente, cimentar el orden que nos daremos como sociedad, expresando las razones por las que estamos juntos y nos organizamos. Parece prudente, entonces, recordar que nuestra organización tiene entre sus principios la protección del lugar que habitamos, de manera que esta comunidad jurídico-política que constituye a Chile, pueda seguir habitando este territorio y encontrando en él la fuente de su bienestar.

La protección del medio ambiente debiera aparecer entonces como un principio esencial, siendo un deber, para las personas y un paraguas de interpretación de las normas, para el Estado. Lo mismo sucede con la justicia ambiental e intergeneracional, parte importante de las razones de ser de nuestra organización social. Pero además de estos principios, es importante incorporar uno específicamente referido a la Acción Climática, entendiéndola como nuestro compromiso con la reducción de nuestros gases de efecto invernadero y, con la adaptación de nuestras comunidades al cambio climático.

El rol del Estado en los años que vienen para disminuir el daño a los territorios, producto del cambio climático, será esencial. La adaptación a la nueva realidad climática requiere de acciones en muchos niveles y con una conducción del Estado que no es sustituible. El conocimiento científico, la inversión, las potestades de los organismos y la participación de la ciudadanía tendrán que confluir para adaptar los modos de vida en los bordes costeros, en lugares con sequías permanentes, en territorios agrícolas que ya no podrán seguir con sus actividades tradicionales, entre otros. Sobre la mitigación, nuestro compromiso como pueblo, tiene que ver con no seguir dañando un bien común de toda la humanidad, independientemente de lo que hagan los demás y de las negociaciones internacionales.

Un compromiso como este es necesario para afrontar nuestros desafíos en Chile, y  además, podría ser un ejemplo para que otros pueblos se comprometan a lo mismo. A la vez, la Acción climática, como principio, sería una marca precisa sobre el país que queremos tener; uno donde el cuidado sea un valor fundamental, que sustituya a la visión utilitarista de los otros.

En El Desconcierto

Mina Invierno: Nuevo informe reafirma el rechazo a las tronaduras en Isla Riesco

El documento de la ex jefa de la división de sanción y cumplimiento de la Superintendencia Del Medio Ambiente (SMA) se incluye como un aporte a la deliberación de los magistrados de la Corte Suprema, quienes deben fallar si la resolución del Tercer Tribunal Ambiental de paralizar las tronaduras se ajustó a lo que indica la ley o no.

 Informe en derecho de destacada abogada, académica y ex jefa de la división de sanción y cumplimiento de la SMA, Marie Claude Plumer, fue presentado ante la Corte Suprema para apoyar que, al no contarse con la información suficiente para probar la inocuidad de las tronaduras en los restos paleobotánicos de la formación Loreto en Isla Riesco, la decisión del Tercer Tribunal Ambiental de rechazar las tronaduras es la adecuada.

Así lo constata el documento titulado “El Componente Paleontológico en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – Proyecto Tronaduras, Mina Invierno”, el que fue adjuntado este lunes 10 de agosto a la causa, la cual se encuentra a la espera de que la Corte Suprema llame a las partes a audiencias de alegatos, como apoyo a los argumentos del fallo del tribunal ambiental que el 20 de agosto de 2019, el que resolvió paralizar la extracción de carbón por medio de tronaduras.

“Este informe confirma las razones que llevaron al Tercer Tribunal Ambiental a rechazar el proyecto de Tronaduras, pues sostiene que el impacto sobre el componente paleobotánico debe ser estudiado detalladamente, en razón del tratamiento que le da la legislación vigente. En el caso, en cambio, el SEA y Mina Invierno han utilizado información que no es completa ni útil para saltarse la obligación de hacer un estudio de línea de base y una adecuada predicción de impactos”, comenta Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA.

Entre sus argumentos, Plumer sostiene que las formaciones paleontológicas son particulares ya que el patrimonio cultural es esencialmente frágil, por lo que es indispensable la acción de tutela del Estado para proteger su integridad. El patrimonio cultural es un componente no renovable, que requiere una aproximación científica y técnica para su protección, siendo esta conservación relevante para el conocimiento acerca de la historia de la vida y la geología del país.

En ese sentido, correspondería que en el caso se evalúen los impactos significativos, es decir, la magnitud (importancia) de las alteraciones que el Proyecto Tronaduras generará en el patrimonio paleontológico, y no la extensión de estos efectos como indica el informe presentado por la Minera. En otras palabras, una correcta evaluación deberá realizar un análisis cualitativo de los impactos, considerando la trascendencia de las piezas, el sitio donde se emplazan, el carácter extraordinario y único de su especie, el valor científico e histórico para nuestro país y mundo de aquellos ejemplares, entre otras consideraciones.

Desde Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic señaló que “este informe sustenta los argumentos que hemos venido sosteniendo desde que se inició este proyecto, ya que es imposible evaluar los impactos de las tronaduras en un territorio tan delicado como la Formación Loreto en Isla Riesco sin la existencia de una línea de base, estudio que nunca fue exigido a Mina Invierno, por lo que nunca debieron aprobarse las tronaduras”.

 Antecedentes del caso

Antecedentes del caso

Es importante recordar que Mina Invierno es el proyecto de extracción de carbón a cielo abierto de mayor envergadura conocido en la historia de Chile y la primera de cinco minas en total proyectadas para Isla Riesco, la cuarta isla más grande de nuestro territorio ubicada en medio de la Región de Magallanes, donde más de la mitad de su extensión está destinado a la protección ambiental a través del Parque Nacional Kawésqar. Lugar en el que habitan, entre otras especies, la manada de huemules más austral del mundo, reconocidas en peligro de extinción

El Carbón que es explotado en Isla Riesco, es de tipo subituminoso tipo B y C, alto en metales pesados y bajo en poder calorífico, llevado por mar a las termoeléctricas de zonas como Quintero y Puchuncaví, donde sufren constantes derrames en la costa y que afectan en la calidad de vida y salud de su población, transformándose en una Zona de Sacrificio.

Por otra parte, este proyecto se presenta en medio del liderazgo de Chile en el combate del cambio climático, como presidencia de la COP 25 y del plan de descarbonización que busca el fin de las termoeléctricas a carbón para el 2040.

 

 

Ezio Costa Cordella lanza su nuevo libro “Participación ciudadana: conceptos generales, deliberación y medioambiente”

Ezio Costa Cordella, Director Ejecutivo Fima

¿Qué es la participación ciudadana?¿Cómo se relaciona este concepto con la democracia y política? ¿Qué ocurre con la participación ciudadana en materia ambiental?

Nuestro Director Ejecutivo, Ezio Costa Cordella -abogado y docente de la Universidad de Chile con un magíster en regulación de London School of Economics – responde estas y otras preguntas en su nuevo libro. Una obra que se deja leer con facilidad, donde el autor habla desde su propia experiencia, estudios e investigaciones sobre temáticas que van desde la participación política, democracia y deliberación hasta llegar a ejemplos internacionales, donde Costa toma como referencia los sistemas estadounidense y español para estudiar las formas del estado, la participación administrativa y legitimidad.

Un texto que tiene su foco puesto en la materia ambiental, y cómo esta se relaciona con todo el resto de las cosas. “Participación ciudadana: conceptos generales, deliberación y medioambiente” hace un recorrido completo que lleva al lector a una compresión profunda de lo que es la participación ciudadana en materia ambiental, y los elementos que esta temática desprende. Una lectura intrigante y que deja entre sus páginas un aprendizaje profundo sobre el medioambiente.

 

 

 

 

 

Solicitan que Contraloría se pronuncie sobre legalidad de funcionamiento de Central Termoeléctrica Mejillones

En la región hoy en día existen nueve centrales a carbón, siendo esta una de las más antiguas y cuyos impactos nunca fueron correctamente evaluados afectando gravemente la salud y la vida de las personas.

30 de julio 2020 – La acción es presentada por las agrupaciones Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Mejillones, Agrupación Juvenil de Batucada Axe Tim Baue, y ONG FIMA, con el objeto de que el órgano contralor se pronuncie sobre la legalidad de funcionamiento de la unidad a carbón propiedad de Engie, toda vez que esta obtuvo su aprobación ambiental en 1995, antes de que entrara en funcionamiento el reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de 1997, que puso mayores exigencias al ingreso de este tipo de generadoras.

“La Central opera en virtud de una resolución de calificación ambiental que es anterior a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que en su otorgamiento no hubo una evaluación de impactos propiamente tal, es decir, no se estudió la línea de base, no se predijeron todos los impactos ni se establecieron medidas de mitigación, compensación ni reparación. Un proyecto en estas circunstancias se encuentra gozando prácticamente de un derecho adquirido de funcionar, cuestión que ni la Ley 19.300 ni los sucesivos reglamentos del SEIA, ni la naturaleza jurídica de la RCA permiten. Por este motivo, creemos que es urgente que Contraloría se pronuncie respecto a la necesidad de que el proyecto se ajuste al cumplimiento de la normativa vigente. En caso de que contraloría determinara la ilegalidad, entonces, según nuestro entendimiento, lo lógico sería que al menos se abriera un procedimiento de revisión ya sea a partir del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 o de las reglas generales del derecho administrativo”, explica Diego Lillo, Coordinador de Litigios de ONG FIMA.

En las sucesivas reformas que ha sufrido la institucionalidad para la evaluación de proyectos, se han incorporado nuevas exigencias como la realización de un estudio detallado de línea de base, predecir sus impactos y riesgos que conlleva, así como presentar un plan de medidas que mitigue, repare o compense ese impacto, entre otros, todos aspectos que no se evaluaron en esta unidad.

Para las agrupaciones de Mejillones, localidad considerada como “zona de sacrificio” según el informe del INDH de 2012, es urgente acelerar el proceso de cierre de esta planta, ya que se encuentra obsoleta y no cumple con los estándares mínimos para asegurar la correcta convivencia con la población.

“Como habitantes de una zona de sacrificio, creemos que instancias como estas, nos dan la oportunidad de buscar justicia y visibilizar las problemáticas que compartimos con otros territorios. Cabe señalar que Mejillones es una de las ciudades con más centrales termoeléctricas de Chile y nueve de ellas son a base de carbón”, explica Manuel Carvajal, vocero Axe Tim Baue y miembro de la coordinadora Despierta Mejillones.

De esta manera, desde la localidad ponen en cuestionamiento el rol que ejerce el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual ha permitido la instalación indiscriminada de industrias contaminantes en la región, sin evaluar los efectos sinérgicos que estos tienen.

“Hoy en día, sabemos que existen numerosos estudios que demuestran el daño que las termoeléctricas provocan a la salud y el medio ambiente, también nos damos cuenta de que existe un problema bastante serio a la hora de evaluar los proyectos ambientales en Chile. Nosotros vemos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental más como un aliado de las empresas que un ente evaluador y es necesario una mejor o reestructuración de este sistema que tome en cuenta factores importantes a la hora de la evaluación, por ejemplo el cambio climático y la participación real de los habitantes de los territorios. Con este escrito que presentamos a Contraloría, tenemos la esperanza de sentar un precedente a nivel local, tenemos estudios que demuestran el daño al medio ambiente, es por ello que ahora vamos por la justicia”, puntualiza Carvajal.

Por otra parte, es importante destacar que a nivel internacional en materia de cambio climático, nuestro país es parte del Acuerdo de París, en el cual los Estados se comprometen a evitar el aumento de las temperaturas a nivel global por sobre los 2ºC y una vez alcanzado, ir reduciéndolo cada vez más. Además, recientemente el gobierno presentó su NDC 2020, en el cual se fija una meta de neutralidad de carbono al año 2050, consistente en absorber tanto dióxido de carbono (CO2) como el que genera. Siendo imperante, terminar cuanto antes con todas las centrales a carbón que operan en Chile.