Este 11 de septiembre el ex subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, publicó una columna sobre el Acuerdo de Escazú en que analiza algunos de los cambios a la normativa nacional que se tendrían que implementar para dar cabida a los estándares del tratado.
Su análisis resulta muy interesante, pues la comprensión que tiene una ex autoridad de gobierno sobre el tema, parece mucho más realista que las razones que el Ejecutivo ha dado para no suscribir. De la lectura de su columna, podemos ver claramente que la decisión sobre adherir o no al Acuerdo pasa por la voluntad de implementar los derechos que el propio convenio aborda: acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, además de la protección de las y los defensores ambientales.
Como el propio ex subsecretario señala, el reconocimiento de dichos derechos humanos y de los estándares de Escazú significaría algunos cambios normativos, y muchos en la gestión de las instituciones con competencia ambiental. Estos cambios vendrían a mejorar la profunda inequidad ambiental de nuestro país, dirigiendo el actuar del Estado hacia la protección del medio ambiente y las personas, poniendo en el centro de las políticas públicas la protección de la salud, la vida y los ecosistemas.
Pareciera que ni la mejora de estándares ambientales, ni la protección de derechos humanos, son cuestiones que interesen a quienes nos gobiernan hoy. Por eso valoramos la columna del señor Riesco, que nos permite entender a qué se refería el canciller Allamand cuando expresaba que el Acuerdo no era conveniente para los intereses de Chile.
Por Andrea Sanhueza, representante electa del público para el Acuerdo de Escazú; Ezio Costa, Director ejecutivo ONG FIMA; Violeta Rabí, investigadora Espacio Público; Pedro Glatz, Coordinador de Contenido Nuestra América Verde; Matías Asún, Director Nacional de Greenpeace
