Plan del Ejecutivo se enfocó en reducir las emisiones de dióxido de azufre, el principal contaminante industrial de la zona.
‘Llevan años envenenándonos. Sólo este año llevamos más de 50 episodios donde se supera la norma permitida para la calidad del aire, siete emergencias sanitarias, y las cosas continúan igual en Quintero y Puchuncaví’, describe tajante Katta Alonso, vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio.
La dirigenta vive en Ventanas, localidad costera de Puchuncaví, y vivió de cerca el episodio del 21 de agosto del 2018, cuando una emanación de gases gatilló cerca de 1.700 consultas médicas e intoxicaciones masivas.
A dos años de lo ocurrido, aún no existe la claridad de qué gases provocaron al fenómeno. En abril, del año pasado el gobierno desplegó un plan de descontaminación con 11 medidas y cuyo énfasis era el control de emisiones de material particulado, óxido nitroso y éxido de azufre. En septiembre de 2018, el Presidente Sebastián Piñera había comprometido avances ante el pleno de las Naciones Unidas en Nueva York y pidió disculpas por las denominadas zonas de sacrificio.
¿Cuánto se avanzó en este plan? La Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Victoria Gazmuri, dice que gracias al plan en marcha se redujeron los peaks de dióxido de azufre, el principal contaminante, en un 80%.
‘El plan congela las emisiones de las empresas en forma inmediata y les da un plazo de tres años para cumplir con metas adicionales de reducción’, explica la profesional que fue definida como vocera en el ministerio liderado por Carolina Schmidt.
En paralelo a la acción gubernamental, en mayo del año pasado un fallo de la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección contra las empresas que operan en la zona como Enap, Enel, Copec, GNL Quintero, Codelco Ventanas, Oxiquim y AES Gener, entre otras, en el que si bien no estableció culpabilidades, sugirió al Gobierno implementar 15 puntos para solucionar el problema de raíz. Entre ellos, contiuar la búsqueda del culpable de la crisis de agosto de 2018, la relocalización de niños y adultos mayores cuando se superen las emisiones y una revisión de los permisos ambientales de cada una de las empresas de la zona.
Para el abogado que ganó el juicio, Ezio Costa, en términos generales, ‘no se ha cumplido’ con las medidas que ordenó la Corte Suprema. ‘El Estado pretende haber cumplido parcialmente, por el hecho de haberse dictado un plan de prevención y descontaminación atmosférica, estar en proceso una norma de compuestos orgánicos volátiles y haber abierto una página web’, sostiene.
Agrega que ‘si miramos las obligaciones del fallo, podemos ver de manera sencilla que eso es abiertamente insuficiente. La primera medida es establecer cuales fueron los contaminantes que causaron la emergencia, eso no se ha hecho. Tampoco se han instalado detectores de los mismos, no se han revisado las RCA, no se han tomado medidas de salud’.
Niños y Ventanas
Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente en el segundo período de Michelle Bachelet y actual director del Centro de Acción Climática de la UCV, reconoce una mejora marginal en la calidad del aire en los últimos dos años, pero sostiene que uno de los grandes ‘pendientes’ en la zona es la Fundición Ventanas de Codelco. El ingeniero hoy asesora a la Defensoría de la Niñez en una demanda contra el Estado, y sus dardos se dirigen a la operación de la minera estatal y a sus efectos en la salud de los vecinos.
‘Uno de los principales costos de no tener la COP 25 en Chile fue no tener el anuncio del cierre de Ventanas. Por lo que yo pude averiguar, el Gobierno tenía la determinación arriba de la mesa. Mientras no se refaccione o no se cierre, seguirán existiendo episodios y niños con riesgo de tener cáncer por la exposición al polvo de metales pesados’, asegura Mena.
PUBLICADO EN: La Segunda 08/09/20
