Corte de Apelaciones de Valdivia confirma reanudación de procedimiento sancionatorio contra planta de tratamiento de salmones en Puerto Natales 

Según la sentencia, el Plan de Cumplimiento de la Procesadora Dumestre Ltda. no es eficaz para corregir una infracción cometida en la etapa de construcción de la planta. 

Agosto, 2025. La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió rechazar la apelación presentada por Procesadora Dumestre Ltda., titular de la planta procesadora procesadora de salmones “Puerto Demaistre” en Puerto Natales, confirmando así el fallo del Tercer Tribunal Ambiental (3TA) que en enero de este año había anulado la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la empresa para responder por la infracción grave cometida entre 2019 y 2021.

El reciente fallo argumenta que las medidas contempladas en el PdC (entre las que estaban control satelital de camiones, mejoras en seguridad vial y humectación de rutas para reducir el polvo) no cumplen con el criterio de eficacia exigido por la ley, ya que la obligación de usar rutas autorizadas aplicaba únicamente durante la etapa de construcción, la que ya finalizó. Por lo tanto, las acciones propuestas para la fase operativa no pueden reparar ni revertir el incumplimiento cometido. 

Este pronunciamiento representa un avance importante para las comunidades y organizaciones ambientales, pues reafirma que los incentivos para cumplir con las normas solo tienen sentido si se logra un retorno efectivo a la legalidad. Para Sofía Barrera, encargada del área de Acceso a la Justicia en ONG FIMA, “Esta sentencia indica que cuando se genera un incumplimiento en una fase ya finalizada de un proyecto, como por ejemplo la fase de construcción, no es posible volver al cumplimiento a través de un programa, porque precisamente ya se produjeron los efectos sobre el medioambiente”. Respecto a  los impactos de esta sentencia, la abogada agrega que, “vemos como una señal correcta que la respuesta de la institucionalidad no sea promover un cumplimiento ineficaz, cuando en realidad lo que procede es iniciar una formulación de cargos, que debiese terminar con una sanción proporcional al incumplimiento total de las rutas de los camiones para la construcción del Puerto Dumestre, y que interfirieron completamente en la vida de las personas de Puerto Natales al pasar en medio de la ciudad y por un lugar muy importante para los Natalinos, como es la costanera”.  

Antecedentes 

La planta procesadora de recursos hidrobiológicos Puerto Demaistre, operada por la Porcesodadora Dumestre Ltda. (parte de Australis Seafoods), se dedica al procesamiento de salmones y se ubica en la ciudad de Puerto Natales, en el camino que conecta la ciudad con el Seno Obstrucción. Su cercanía a zonas de alto valor ambiental y turístico, como las Torres del Paine, significa un desafío para la conservación del territorio, ya que cualquier actividad que genere un aumento de tránsito pesado de forma irregular puede afectar el bienestar de las comunidades y de las zonas protegidas. 

La infracción apelada, se remonta a la etapa de construcción de la planta, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) recibió denuncias por irregularidades. Las fiscalizaciones comprobaron que la empresa extrajo áridos desde canteras distintas a las aprobadas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y utilizó rutas no autorizadas para el transporte, incluyendo la Ruta 9, la Ruta Y-340 y la costanera de Puerto Natales. Estos caminos atraviesan la Zona de Interés Turístico “Destino Torres del Paine”, lo que incrementó el tránsito pesado en áreas de alto valor ambiental y turístico.

La RCA autorizaba la extracción de 31.000 metros cúbicos de áridos desde una cantera ubicada a 500 metros del sitio de construcción. Sin embargo, la SMA constató que se utilizaron 62.000 metros cúbicos, de los cuales más de la mitad provino de otras canteras. La infracción fue calificada como grave y se sumó a otra de carácter leve, relacionada con la intervención de un área mayor a la permitida.

Para evitar sanciones, Dumestre presentó un Plan de Cumplimiento, el que fue aprobado por la SMA en marzo de 2024. Ante esto, desde la  organización A.C.U.E, presentaron una reclamación, argumentando que el plan no servía para corregir la infracción principal, ya que las acciones propuestas se aplicarían en la etapa de operación, cuando el incumplimiento había ocurrido exclusivamente en la fase de construcción.

En enero de este año, el 3TA dio la razón a la reclamante y anuló la aprobación del PdC en lo relativo al cargo grave, ordenando a la SMA reanudar el procedimiento sancionatorio, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Candidatos al debe en debate

  • Por Roxana Núñez, experta en Incidencia en Greenpeace Chile; Cristina Lux, abogada senior en AIDA; Sofía Barrera, encargada de litigios en FIMA.

Hace unos días se realizó la segunda edición del Salmon Summit, encuentro organizado por SalmonChile y que en esta oportunidad contó con la presencia de los principales candidatos a la presidencia. Más allá de la evidente falta de autocrítica de esta industria –sobre todo considerando los mediáticos casos de sobreproducción, las múltiples sanciones y fraudes que involucran a algunas de sus empresas–, llaman profundamente la atención los discursos de los aspirantes a La Moneda: mientras un candidato expuso que impulsaría “una profunda desregulación”, otro invitó al sector a “usar la fuerza” para lograr los cambios que demandan.

Aunque comprendemos que buena parte de estos discursos están dirigidos a sus votantes, es fundamental que exista un respeto por las instituciones que nos gobiernan y entender que las regulaciones, aunque perfectibles, existen para proteger los bienes comunes y garantizar operaciones sostenibles social, ambiental y económicamente. En este caso, no debemos olvidar que se trata de una industria particularmente asidua a los incumplimientos, sanciones e, incluso, escándalos. Por eso es aún más grave que los candidatos fueran tan tímidos al exigir (o, en algunos casos, derechamente no lo hicieran) una mayor fiscalización para asegurar el cumplimiento apropiado de la normativa vigente.

Apostar por propuestas que favorezcan la expansión de una industria que pone en riesgo nuestras áreas protegidas e indígenas, pretende disminuir la fiscalización de sus prácticas y, aparentemente, busca desprestigiar a quienes demandan el cumplimiento de la ley habla de una profunda falta de amor y respeto por el país y da cuenta de una grave incomprensión sobre la dignidad del cargo al que aspiran.

Publicada en El Llanquihue – 11/08/25

La ética de Cooke

  • Por Estefanía González (Greenpeace Chile) y Sofía Barrera (ONG FIMA)

Sr. Director:
En relación a las controvertidas acusaciones realizadas por Cooke Chile a la SMA durante la última semana, es importante recordar que esa empresa productora de salmones, enfrenta desde 2021 un proceso sancionatorio por infracciones en tres centros de cultivo, con nueve cargos por serios incumplimientos ambientales, entre los que destacan sobreproducción, instalación de jaulas fuera de su concesión y, lo más grave, elusión al SEA, al realizar siembras sin autorización.
Es por ello que resulta absurda la acusación de que la autoridad tendría «razones ideológicas» para prohibirles la siembra de salmones. Es evidente, que ante un infractor contumaz como la empresa a la que representa el señor Parodi, la SMA debe cumplir con su mandato de fiscalizar y sancionar.
Esta victimización no es otra cosa que un nuevo (y desesperado) intento de evadir su responsabilidad respecto a los daños ambientales ya provocados. Es fundamental que la institucionalidad siga velando por el cumplimiento de la normativa, y que la empresa asuma las consecuencias de sus malas acciones en lugar de desinformar a la opinión pública.

Carta publicada en El Mercurio – 3/03/25

La necesidad de una mirada integral y ecológica en la Zonificación del Borde Costero de Magallanes

La claridad de las respuestas que dé -o que no dé- el proceso, servirán como ejemplo para el resto de las regiones que a nivel nacional aún no cuentan con una Zonificación del Uso del Borde Costero, pudiendo contribuir a su posicionamiento como una política útil, que sea un ejemplo a nivel nacional.

A lo largo de su historia, Magallanes ha experimentado grandes procesos industriales que han moldeado el territorio y modos de vida de la región.

No obstante, los pocos instrumentos y políticas existentes en la región no han logrado regular de manera efectiva y responsable esta industrialización, y por lo tanto, su instalación se ha hecho sin considerar la diversidad geográfica, cultural, ambiental e histórica que coexiste en este espacio, ni sus interrelaciones.

Un ejemplo evidente de esta ausencia de planificación -y de los impactos que esto genera- ha sido la salmonicultura, donde la principal herramienta para prever externalidades de su emplazamiento ha sido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, el SEIA analiza proyectos caso por caso, careciendo de los mecanismos necesarios para abordar el escenario integral y complejo a escala provincial o regional, puesto que ese no es su objetivo ni alcance.

Esta limitación ha resultado en que los efectos de la instalación de industrias no se estén considerando adecuadamente en la toma de decisiones sobre el desarrollo regional. Como consecuencia, los impactos sinérgicos y acumulativos de diversos proyectos han aumentado, contribuyendo al incremento de la conflictividad socioambiental y al deterioro de los ecosistemas que sustentan la vida en Magallanes.

Encontrar una forma de llenar este vacío representa un desafío fundamental para Magallanes, tanto por las industrias en desarrollo como por las que se pretenden instalar. La más reciente de ellas es la producción masiva de hidrógeno para exportación, que contempla la instalación de miles de aerogeneradores, puertos, desalinizadoras, líneas de transmisión y plantas de hidrólisis, utilizando principalmente la estepa y la zona costera de la región. En ese marco, los instrumentos y políticas de ordenamiento territorial emergen como una necesidad para definir las compatibilidades e incompatibilidades de las distintas actividades que se realizan en una misma zona, con el fin de guiar de forma integral el desarrollo de la región.

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5 años de la Reserva Nacional Kawésqar: los temas que siguen pendientes para su protección

Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental.

El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo?

Los reclamos de la comunidad

Con la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace “que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel”, dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los “acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta”.

Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga “sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024”.

Una zona sobreexigida

Dentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura.

A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, “lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades”, afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

“El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.

De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.
“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales”, agrega Barrera.

“Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina”, aporta González.

A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. “¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?”, plantea Barrera.

Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, “no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad”.

Fotografía de portada por Patricio Miranda | Greenpeace Chile

Columna: «El capital natural y los platos rotos del crecimiento»

Por Santiago Correa 

Investigador de ONG Fima

El capital natural y los platos rotos del crecimiento

Créditos: Agencia Uno.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

Hasta 1989, la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos, no contaba con conectividad por tierra con el resto del territorio, por lo que su historia estaba marcada por la dificultad en el acceso a bienes y servicios básicos. Tras decenios de rezago, y de la mano de las salmoneras, llegó a fines de los noventa la esperada promesa del desarrollo.

La economía agrícola, ganadera y pesquera local fueron en parte reemplazadas por el empleo en la salmonicultura, que capacitó y contrató mano de obra local. Toda una generación acostumbrada a migrar a Puerto Montt en búsqueda de oportunidades laborales o educacionales vio un futuro y se estableció en el pueblo. Durante este boom, algunas casas de la comuna cambiaron, ampliándose incluso al punto de poder arrendar a trabajadores de la propia salmonicultura. Gracias al aporte directo de la industria, el último tramo que conecta Cochamó con Puerto Varas fue pavimentado, mejorando las condiciones materiales de sus habitantes.

En paralelo, la irresponsabilidad ambiental de esta industria implicó que paulatinamente se fuera acumulando una capa de alimento y de heces de salmón en el fondo marino, la que en su proceso de degradación agotó el oxígeno disponible en el estuario, dañando así el desarrollo de la vida. Ello sin mencionar la contaminación por plásticos y plumavit, la matanza indiscriminada a lobos marinos y otras especies que rompían las jaulas, entre otros daños a los ecosistemas y su biodiversidad. A medida que el agua se enturbió, la mayoría de las salmoneras abandonaron sin siquiera tomarse la molestia de retirar sus instalaciones.

Hoy el pueblo renace de la mano del turismo, pero los nuevos restaurantes que han surgido en los últimos años no sirven ni pescados ni mariscos locales, casi nadie vive ya del mar. El desarrollo fue real y algunos de sus beneficios se pueden disfrutar aún, pero este es uno de los muchos ejemplos donde el capital producido tuvo por contrapartida una depredación del capital natural.

Como sociedad no nos hacemos cargo aún de estos costos, en parte, porque no los medimos. Mientras que los salarios que recibió cada persona que trabajó en las salmoneras, la ampliación de viviendas, el pavimento del camino y todos los beneficios están cuantificados y sumaron al “milagro chileno” de aquellas décadas, no hay registro de los peces muertos ni de las oportunidades laborales truncadas por ello. Tampoco sabemos cuántas toneladas de gases de efecto invernadero dejó de absorber el estuario por la pérdida de su capacidad de fijación de carbono, o el efecto que pudo causar la menor presencia de insectos sobre las aves migratorias.

Es por ello que cabe celebrar la iniciativa del Gobierno de crear un Comité de Capital Natural que avance en mecanismos de medición de la riqueza contenida en la naturaleza, la posibilidad de monetizar algunos de sus servicios ecosistémicos y, con ello, tener una gestión que permita su conservación en el tiempo.

Desde algunos sectores ambientalistas se critican iniciativas como estas por ser antropocéntricas, pues consideran el valor de la naturaleza en términos de los servicios que le presta al ser humano. Sin embargo, reconocer que parte del valor de la naturaleza es monetizable no excluye en ningún caso el reconocimiento de su valor intrínseco en cuanto vida. A partir del hecho de que nuestros cuerpos inspiran oxígeno y expiran CO2 en adelante, todas nuestras decisiones deben tomarse pensando en la menor afectación posible, y ahí el valor intrínseco de la naturaleza (que sin duda existe y es altísimo) no establece criterios que permitan priorizar acciones, si no que nos condenan al inmovilismo.

El concepto de capital natural, en cambio, nos permite tener nociones del patrimonio natural del país y con ello gestionarlo de forma de que este pueda ser conservado para las futuras generaciones. ¿Está Cochamó en mejores condiciones que antes de la llegada de las salmoneras? No sabemos, pero sí sabemos que la respuesta es mucho más compleja que el majadero discurso que contrapone el crecimiento y el empleo con “los pescaditos y los pajaritos”. Es de esperar que este comité ayude a desentrañar parte de esas complejidades.

Columna publicada en El Mostrador- 22/01/2023

Columna: «Las alertas y avances en el resguardo de la Reserva Nacional Kawésqar»

Por Macarena Martinic Christensen

Coordinadora de Acceso a la Justicia de ONG FIMA

El Parque y la Reserva Nacional Kawésqar son un patrimonio biocultural de dimensiones difíciles de imaginar. Durante miles de años, comunidades Kawésqar habitaron, navegaron e interactuaron con él, ejerciendo una cosmovisión que hoy se encuentra al borde de la extinción.

El maritorio de los Kawésqar ancestralmente ha sido comprendido como dos grandes sectores, divididos de este a oeste: Jáutok y Málte. El Málte, es el nombre que recibe la costa exterior que da al Océano Pacífico, donde la navegación es peligrosa. Es un lugar sagrado, porque por ahí el jekslok (“espíritu”) se va al hótk’a álowe, “más allá del horizonte”, donde el mar se junta con el cielo. En el Málte se producen las más fuertes marejadas provenientes del océano y es donde se reciben las mareas que traen salinidad y nutrientes que activan la productividad primaria, posibilitando la vida de muchas especies. Este se cuida porque es tránsito de ballenas y, por tanto, lugar de ceremonias.

Jáutok es el nombre que le dieron al área de los canales interiores, donde el mar es más calmo y existen muchos lugares de resguardo. Al interior, el aporte de agua dulce desde los campos de hielo sur y precipitaciones es mayor y, por tanto, hay una mayor variedad y particularidad única de biodiversidad. Ambos sitios constituyen la Reserva Nacional Kawésqar, lugar en el que al día de hoy hay 67 concesiones de salmonicultura aprobadas en su interior y otras 107 solicitudes en trámite.

El año 2020 fue aprobada la instalación de dos centros de engorda, “Clarence 6” y “Clarence 14”, que pretendían ubicarse al interior de la Reserva (porción marítima del Parque), específicamente en el Jautok. Ambos proyectos, de 10.000 toneladas anuales cada uno, forman parte de la intención del titular Nova Austral de relocalizar sus operaciones desde el Parque Nacional Alberto d’ Agostini, lugar donde no solo la empresa enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado por incumplimiento a la Ley Navarino, sino que tres de sus RCA han sido revocadas por la Superintendencia del Medio Ambiente por daño al fondo marino, tergiversación de información e incumplimientos a sus permisos.

Las comunidades Kawésqar y habitantes de la región de Magallanes, apoyados por las organizaciones AIDA, Greenpeace y FIMA, presentaron reclamaciones judiciales ante el Tercer Tribunal Ambiental, para evitar estas relocalizaciones, instancia que en diciembre recién pasado les dio la razón. Dos aspectos de este fallo son importantes de destacar.

El primero de ellos es que el tribunal concluye que ambos centros de engorda forman parte de un mismo proyecto que ingresó de manera dividida a evaluación ambiental, subestimando sus impactos sinérgicos. Ello lo sostiene observando varios elementos: titularidad común; rutas de navegación compartidas ( que, por lo demás, ninguno considera dentro de sus áreas de influencias); la simultánea evaluación ambiental; cronogramas de ejecución; el hecho de que ambos formen parte de un mismo proceso de relocalización; ubicación adyacente; y relación territorial de ambos proyectos.

De esa manera, el fallo es un precedente de que una evaluación íntegra para este tipo de industria exigiría, primero, que los centros de engorda emplazados próximamente y de un mismo titular deben ser estudiados como un solo proyecto; en segundo, incorporar adecuadamente las rutas de navegación en sus áreas de influencias y, por último, que se evalúen los impactos sinérgicos que ellos podrían producir.

El segundo aspecto a destacar responde a una demanda de larga data de defensores, comunidades y organizaciones ambientales. La sentencia abre la discusión sobre la compatibilidad de la Reserva con la salmonicultura. Primero, al resaltar que las actividades de acuicultura en general estarían permitidas por la Ley General de Pesca y Acuicultura en Reserva Nacionales, siempre y cuando esta sea compatible con los fines para los cuales se creó el área protegida en específico. Constata que, en este caso, su creación fue para dar cumplimiento a las demandas que este pueblo expresó en el proceso de consulta indígen, es decir, la protección de sus aguas, la necesidad de ejercer actividades productivas en dicho espacio marítimo y el reconocimiento a través del cambio de nombre.

El tribunal adentra en su razonamiento señalando que, mientras actividades como el turismo de baja escala y pesca artesanal sí serían concordantes con dichos fines, distinto sería el caso de la salmonicultura, que – a diferencia de otras actividades de acuicultura- es de carácter intensivo y de especies exóticas.

En su sentencia, el tribunal no termina de pronunciarse sobre esta compatibilidad, debido a las deficiencias en una evaluación que no permite comprender adecuadamente los impactos de la actividad, sin perjuicio que habrían evidencias para sostener que estos podrían afectar los fines por los cuales se creó la Reserva Nacional Kawésqar.

Si bien esperamos que esta decisión sea ejemplificadora para otros proyectos de salmonicultura que intentan ubicarse al interior de la Reserva, el hecho de que permanezcan 67 concesiones de acuicultura aprobadas en su interior, es evidencia de que nos enfrentamos a una categoría de área protegida que ha sido insuficiente hasta el momento para proteger sus ecosistemas y vinculación con el pueblo Kawésqar.

El fallo sienta un precedente, pero nos recuerda que en Chile una Reserva Nacional tiene que ser llevada a Tribunales para que verdaderamente se proteja y que, a falta de Estado, sigue siendo el pueblo Kawésqar, los defensores y defensoras ambientales, el custodio de Málte y Jáutok.

Columna publicada en El Mostrador – 09/01/2022

Salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar: Tribunal Ambiental anuló la RCA de dos centros de cultivo de salmones

De acuerdo con el Tercer Tribunal Ambiental, la evaluación de los proyectos no permite descartar impactos sobre el medio marino, el paisaje y el turismo que se lleva a cabo en la Reserva.

Diciembre 2022. Se trata de dos de los nueve centros de cultivo de Nova Austral que se emplazan al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, Clarence 6 y Clarence 14, ambos parte del proceso de fusión y relocalización que la empresa intenta llevar a cabo con sus centros de engorda ubicados en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Actualmente, más de la mitad de estos centros ha reportado condiciones anaeróbicas. 

Las comunidades Kawésqar y los habitantes de la región de Magallanes, junto con las organizaciones Greenpeace, AIDA y ONG FIMA, alegaron que se trataba de centros de cultivo incompatibles con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar, poseían evaluaciones deficientes que impiden descartar impactos en el medio marino, paisaje y turismo que se lleva a cabo en la Reserva, y omitían la consideración del territorio como ancestral y de relevancia para las comunidades Kawésqar.

El tribunal señaló que la evaluación sería ilegal, ya que el Servicio de Evaluación Regional no habría advertido la potencialidad de los proyectos para generar impactos sinérgicos, los cuales podrían derivar de la utilización simultánea de tramos comunes de las rutas de navegación, los efectos que el tránsito de embarcaciones puede generar sobre la fauna marina y los eventuales impactos sobre el valor turístico y paisajístico. Asimismo, indicó que los proyectos son parte de uno mayor que se encontraría dividido. 

Según explicó Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA: “el fallo es un avance en la protección de la Reserva Nacional Kawésqar, ya que derechamente anula dos RCA de dos centros de Nova Austral que forman parte de la estrategia de la empresa de relocalizar los centros de cultivo que hoy enfrentan diversas sanciones y demandas por el daño ambiental que causaron en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Esperamos esto pueda ser un puntapié inicial para la prohibición de la salmonicultura debido a la incompatibilidad de la actividad con la Reserva Nacional Kawésqar”.

De acuerdo con Leticia Caro, representante de los Grupos Familiares Nómades del Mar, “Hoy fue una lluvia de alegría y esperanza frente al fallo del Tribunal ambiental, pues luego de mucho tiempo y trabajo, buscar indagar y exigir que los procesos se cumplan según lo dictamina la ley, la invalidación de estos permisos no hace más que demostrar que lo que decimos es real, que nuestro territorio no es compatible ni lo será con la industria Salmonera y que nuestros antiguos hoy nos ven desde las memorias del territorio.”

“Celebremos la decisión del Tribunal Ambiental que reconoce la ilegalidad del fraccionamiento, que impide evaluar los impactos sinérgicos, que son más complejos que la suma de todos los impactos”, declaró Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El rápido avance de la industria salmonera hace que los impactos sinérgicos sean cada vez más peligrosos. Faltan medidas disuasivas para que las empresas dejen de intentar el fraccionamiento”. 

“Es realmente insólito que empresas que están hoy enfrentando incluso juicios por demanda ambiental por el propio Consejo de Defensa del Estado producto de un historial de malas prácticas y que ya tienen comprobados efectos en los fondos marinos en parques nacionales como NOVA AUSTRAL, busque hoy casi como un premio instalarse en estas aguas puras y sanas. Anularle estos permisos es una importante victoria del trabajo conjunto con comunidades, pero también un llamado de atención para que de una buena vez las autoridades eviten esta invasión en los fiordos patagónicos de nuestro país” señaló Matías Asún, director nacional de Greenpeace.

Columna: «El fin de la era de las multas: Sanciones eficientes para industrias negligentes»

Por Cristina Lux, Macarena Martinic y Estefanía González

Por primera vez, el pasado 6 de julio, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) revocó los permisos ambientales de tres centros de cultivo de salmones de la empresa Nova Austral. Se trata de los centros Cockburn 14 y 23 y Aracena 10, todos emplazados al interior del Parque Nacional Alberto D’Agostini.

Esto es inédito. El organismo fiscalizador rara vez había sancionado con más que multas, a pesar de que las infracciones graves y gravísimas no son ninguna novedad. La Superintendencia recalcó, al fundamentar su sanción, que la revocación guarda relación con la contumacia de la empresa; es decir, que se trata de un infractor persistente. Tan solo en el Parque Nacional Alberto d’ Agostini existen 19 concesiones de salmonicultura, todas de la empresa Nova Austral. En sus años de operación, 12 han presentado condiciones anaeróbicas en al menos una ocasión. Las malas prácticas de Nova Austral han quedado demostradas en otros numerosos procesos judiciales y administrativos en su contra, los que incluyen cargos como ocultamiento de daño ambiental, entrega de información falsa a la autoridad, alteración del fondo marino y fraude al fisco.

La revocación, que anula el permiso ambiental sin posibilidad de recuperarlo salvo por una nueva evaluación ambiental, no se había dado nunca por la SMA, desde que inició operaciones en 2010. La clausura, -esto es, la paralización temporal de los permisos- se ha dado en apenas nueve ocasiones, pero nunca para la industria salmonera.

Cuando hablamos de sanciones ambientales y, en particular, de hacer frente a una industria que ha demostrado ser altamente contaminante, se requiere que éstas cumplan dos grandes objetivos: en primer lugar, que desincentiven futuras conductas indeseadas de los infractores (fines disuasivos); y, en segundo lugar, que los impactos de dichas infracciones sobre el medio ambiente cesen y se remedien. El tipo de sanción impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente no es baladí. Éstas deben ser idóneas y eficientes, de lo contrario, seguirán siendo dañados y en riesgo ecosistemas, áreas protegidas, y modos de vida de otros pueblos.

Actualmente, existen dos procedimientos judiciales en tribunales ambientales respecto de centros con infracciones similares a los proyectos sancionados mencionados. Se trata de los centros de salmones Aracena 19 y Aracena 14, también de Nova Austral, operando en el mismo Parque Nacional. En ellos también se cometieron infracciones calificadas por la Superintendencia como graves y gravísimas; sin embargo, fueron sancionadas apenas con multas pecuniarias (1941,2 UTA y 1.300 UTA, respectivamente).

El primero de ellos, Aracena 19, tiene cargos asociados a discrepancias entre las mortalidades existentes y declaradas; negación de información sobre mortalidades; e incumplimiento de medidas preventivas. Para el caso de Aracena 14, se encontró alteración artificial de la columna de agua y del fondo marino, incluyendo la sepultación bajo las balsas jaula del sedimento, lo que evidencia el anaerobismo (pérdida del oxígeno en los cuerpos de agua que impide la vida en esos lugares) generado por las actividades del centro.

Además, en el segundo caso, la Superintendencia constató que Nova Austral ejecutó una compleja maniobra para ocultar el daño ambiental generado. Luego de un grave caso de anaerobismo en el cuerpo de agua donde operaba, contrató servicios para bombear agua superficial hacia capas más profundas, adquirió más de 130 toneladas de arena para cubrir el sedimento que evidenciaba el problema y arrendó barcazas y maquinarias, para llevar a cabo el plan. Luego, pagó para que monitorearan el anaerobismo, que ya no se podía medir. Aún con todo esto, la SMA sancionó con una simple multa. La sanción simplemente no guarda ningún sentido de proporcionalidad con e fraude que fue cometido.

La incongruencia en la naturaleza de ambas sanciones resultó en dos reclamaciones judiciales, interpuestas por las Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar, con el apoyo de las organizaciones Greenpeace, AIDA y FIMA. Éstas buscan revertir las sanciones pecuniarias cursadas por la Superintendencia, argumentando que sólo la revocación de sus permisos ambientales lograría efectivamente los fines disuasivos y de protección ambiental que busca una sanción. En la reclamación, se explica que las sanciones pecuniarias son poco efectivas para empresas con una alta capacidad económica, como Nova Austral, ya que no evitan que la infracción se vuelva a cometer ni que los daños se sigan produciendo.

Pese a todo lo anterior, se ha permitido la relocalización de concesiones, sin condicionantes relacionadas con el historial de daños que pueda tener la empresa. Esto es precisamente lo que está intentando Nova Austral en 9 centros que buscan relocalizarse al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. Con ello, se abre la posibilidad de que empresas que han infringido la regulación ambiental y que han dañado el medio donde operan, puedan empezar de cero en aguas puras sin tener que responder por el daño causado. El caso es especialmente preocupante cuando las relocalizaciones son solicitadas por las mismas empresas con la excusa de querer salir voluntariamente de zonas protegidas, cuando en realidad lo que hacen es dejar áreas contaminadas (protegidas o no), para empezar en zonas no intervenidas.

La Superintendencia tiene la posibilidad de frenar los perjuicios producidos por una industria que ha generado ya demasiado daño. Lo que corresponde es volver a sancionar con la revocación de permisos ambientales siempre que corresponda, entendiendo que la era de las multas mostró ser infructuosa. Por otro lado, debe existir una mayor coordinación entre la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental y SUBPESCA que no permita la relocalización de centros de cultivo de salmónidos que ya han reportado condiciones anaeróbicas o daños al medio ambiente, pues es premiarlos por sus infracciones con espacios limpios y sanos para seguir operando.

Columna publicada en El Desconcierto – 02/08/2022